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DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS

(Aprobada en la XLI Asamblea General de la OEA)

LAS MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFAS Y JEFES DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Salvador, El Salvador, en el marco de la celebración del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA;

RECONOCIENDO que la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación, son pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros;

CONVENCIDOS de que todo esfuerzo de carácter multilateral y cooperación en el ámbito de la seguridad, debe respetar plenamente los principios de soberanía, integridad territorial, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional, así como considerar las diferentes perspectivas sobre las amenazas y prioridades a la seguridad de los Estados;

RECONOCIENDO que la Declaración sobre Seguridad en las Américas reafirma que la concepción de seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto a la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto de la soberanía nacional;

RECONOCIENDO que con la adopción del Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, durante la Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA I) celebrada en México del 7 al 8 de octubre de 2008, los Estados Miembros expresaron su voluntad política y la prioridad que asignan para enfrentar la delincuencia, la violencia y la inseguridad en forma conjunta, solidaria, preventiva, integral, coherente, efectiva y permanente;

RECONOCIENDO ASIMISMO el Consenso de Santo Domingo por la Seguridad Pública en las Américas adoptado en la Segunda Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA II) celebrada en la República Dominicana del 3 al 5 de noviembre de 2009;

REAFIRMANDO que las Reuniones de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) y otras reuniones de autoridades en materia de justicia penal son foros importantes y eficaces para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las amenazas a la seguridad;

RECORDANDO los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

TOMANDO NOTA del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentado por ésta en diciembre de 2009;

RECONOCIENDO que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece el Estado de derecho y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger el disfrute de todos sus derechos;

TENIENDO EN CUENTA que la participación ciudadana y comunitaria es fundamental en la promoción y sostenibilidad de las políticas de seguridad pública;

RECONOCIENDO que las condiciones de seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, así como la promoción de la educación, de la cultura, de la salud y del desarrollo económico y social;

RECONOCIENDO ADEMÁS que se deben fomentar y fortalecer políticas de Estado de largo plazo e integrales en materia de seguridad pública de que garanticen la protección y la promoción de los derechos humanos, haciendo énfasis en enfrentar las causas de la criminalidad y la violencia;

Destacando la necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes;

REITERANDO el compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad;

RECONOCIENDO que la delincuencia y la violencia afectan negativamente al desarrollo social, económico y político de nuestras sociedades;

CONSIDERANDO ASIMISMO que en la Carta de la OEA, los Estados Miembros convinieron en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral;

RECONOCIENDO la necesidad de adoptar acciones para generar condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural a fin de fomentar la inclusión social, reducir las inequidades y crear oportunidades para sus pueblos, contribuyendo a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad;

REITERANDO el compromiso de atender los desafíos relacionados a las pandemias, los desastres naturales, así como los originados por el hombre;

REAFIRMANDO que los Estados tienen la obligación y la responsabilidad de proveer la asistencia humanitaria necesaria para proteger la vida, la integridad y la dignidad de sus habitantes en situaciones de desastres naturales, así como los originados por el hombre;

CONSIDERANDO la importancia de adoptar políticas, programas y acciones para prevenir y contrarrestar la delincuencia, la violencia y la inseguridad, que incluyan medidas para la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en la sociedad; así como de la importancia de incorporar una perspectiva de género en las políticas de seguridad;

RECONOCIENDO la importancia de brindar a los jóvenes, particularmente a aquellos en situación de riesgo, oportunidades y acceso en materia de educación, capacitación, empleo, cultura, deportes y recreación, con miras a prevenir la violencia;

REAFIRMANDO que la prevención, sanción y erradicación del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la explotación en todas sus formas, incluida la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, son un compromiso de los Estados Miembros que debe ser abordado de conformidad con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia y, cuando corresponda, en cooperación con la sociedad civil;

TENIENDO EN CUENTA que las actividades de la delincuencia organizada transnacional pueden ser utilizadas para financiar y facilitar el terrorismo;

Reconociendo la importancia de continuar reforzando la aplicación de las leyes y las capacidades en materia de justicia penal;

Reconociendo la importancia de la asistencia mutua en materia penal y extradición en respuesta a la preparación, planificación, comisión, ejecución o financiación de actos de terrorismo, así como la corrupción y delincuencia organizada, de conformidad con su legislación interna y convenios internacionales;

CONSIDERANDO la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales y su consecuente impacto sobre el fortalecimiento de la seguridad pública;

REAFIRMANDO la importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública;

DECLARAN:

1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.

2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacifica de sus comunidades.

3. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la seguridad publica y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.

5. Que las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, a fin de fortalecer la promoción de una cultura de paz y no violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras, programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.

7. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.

8. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.

9. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que sus poblaciones tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable.

10. La necesidad de continuar promoviendo sistemas penitenciarios fundados en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción social.

11. Su compromiso de fortalecer los vínculos entre el desarrollo y la seguridad y, en ese sentido, promover la creciente interacción entre las áreas de desarrollo integral y seguridad multidimensional de la OEA.

12. La importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública.

13. El compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo integral y fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.

14. La necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes.

15. La necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales de cooperación, de conformidad con los principios establecidos en la Carta de la OEA, para enfrentar, prevenir y combatir de manera integral y efectiva la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético, por cuanto éstos pueden afectar, en algunos casos, el desarrollo social, económico, político y el orden jurídico e institucional.

16. Encomendar al Consejo Permanente que elabore, en consulta y coordinación con las autoridades nacionales de la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), con la colaboración de la Secretaría General, un proyecto de plan de acción hemisférico para dar seguimiento a la presente Declaración de San Salvador, a ser considerado por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.

17. Que solicitan a la Secretaría General procurar el financiamiento adecuado para la elaboración del Plan de Acción e informar al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre las gestiones realizadas.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Referencia: S-37