Contexto


EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN COLOMBIA

  18 de marzo de 2003


El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Eduardo A. Bertoni, condena el asesinato del periodista colombiano Luis Eduardo Alfonso Parada. Asimismo, insta a las autoridades colombianas a que inicien una investigación sobre este hecho y se sancione a los responsables. Alfonso Parada había trabajado en radio y prensa Arauca durante los últimos 10 años y actualmente se desempeñaba como corresponsal del diario El Tiempo en Arauca y como periodista del noticiero “Actualidad Informativa” de la emisora “Meridiano 70”, para los cuales cubría notas que tenían que ver con el orden público y la administración municipal.

Según la información recibida, el periodista fue asesinado en la madrugada del 18 de marzo de 2003 cuando abandonaba su domicilio, recibiendo varios impactos de arma de fuego por parte de desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

No se conocen hasta el momento los móviles del asesinato, sin embargo, según información recibida, el periodista se caracterizaba por hacer denuncias de corrupción y realizar comentarios en los que cuestionaba a la gestión administrativa, razón por la cual había tenido que abandonar temporariamente la población hace algún tiempo por amenazas contra su vida. Alfonso Parada se encontraba amparado por el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio del Interior desde el mes de junio de 2002.

El Relator Especial recuerda que el asesinato de periodistas es la forma más brutal de coartar la libertad de expresión. Tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato y la amenaza a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Colombia es parte, señala que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, cabe señalar que el asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales tiene dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre abusos e irregularidades a fin de que las mismas no puedan concluirse y por otro, intenta ser una herramienta de intimidación dirigida a todas aquellas personas que realizan tareas de investigación.

El Relator Especial insta al Estado colombiano a realizar inmediatamente una investigación efectiva de este asesinato. Asimismo, insta a las autoridades colombianas a que busquen mecanismos que otorguen una protección efectiva a todos los comunicadores sociales para que puedan cumplir con su valiosa tarea de informar a la sociedad. Al respecto, recuerda el compromiso manifestado por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Tercera Cumbre de las Américas en cuanto a que: “...los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias...”




Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
18 de marzo de 2003
Washington, D.C.

Referencia: PREN-ES-71