Contexto


HOJA INFORMATIVA: Proceso para analizar si la situación en Venezuela merece ser trasladada a la Corte Penal Internacional

  15 de septiembre de 2017

Antecedentes: 

  • Desde el fin de la guerra fría el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la relación entre la comisión de crímenes masivos dentro de un estado y la paz internacional y la seguridad.
  • El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya puso a disposición de la fiscalía de la Corte Penal Internacional los casos de Darfur (Sudán) en 2005 y de Libia en 2011, por considerarlos “una amenaza a la paz internacional y a la seguridad”. La misma consideración dio en 1991 a “la represión de la población civil en partes de Irak”, en especial por  el efecto desestabilizante para la región del “flujo de refugiados a través de las fronteras”. Esa situación se está produciendo en las Américas, donde miles de venezolanos están exiliándose hacia los países vecinos.
  • Venezuela es parte del Estatuto de Roma, por tanto la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para actuar si lo considera necesario.
  • El Secretario General en su informe del 17 de julio de 2017 consideró que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que podría considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la Corte Penal Internacional.

Investigación: 

  • Con el objetivo de facilitar un proceso de análisis adecuado sobre la situación de violencia y represión en Venezuela, el Secretario General de la OEA nombró como Asesor especial en Temas de Crímenes de Lesa Humanidad a Luis Moreno Ocampo, quien fuera el primer Fiscal de la Corte Penal Internacional (2003-2012).
  • El Dr. Moreno Ocampo facilita, a través de un proceso imparcial e independiente, la recolección de evidencia que permita acreditar en forma razonable la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la identificación de sus posibles autores, la existencia de procedimientos nacionales de investigación y los demás elementos requeridos por el Estatuto de Roma.
  • El Secretario General también nombró un panel de  tres expertos internacionales que, a la conclusión del proceso de recolección de evidencia, darán su opinión sobre si el caso de Venezuela debe ser llevado a la Corte Penal Internacional.
  • Dicho panel lo componen el costarricense Manuel Ventura Robles, ex-Juez la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Dr. Santiago Cantón de Argentina, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y previamente Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Profesor Irwin Cotler, de Canadá, Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y previamente Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá.
  • El artículo 15 del Estatuto de Roma exige que para identificar situaciones bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional el fiscal conduzca un examen preliminar de la información recibida.
  • El proceso facilitado por el Dr. Moreno Ocampo busca recolectar la información para eventualmente facilitar la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra un examen preliminar de la situación en Venezuela.
  • Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente de la OEA y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Proceso:

  • El pasado 14 y 15 de septiembre en la sede de la OEA se realizaron las primeras sesiones a fin de analizar si la situación de Venezuela reúne los requisitos exigidos por el Artículo 53(1)(a)–(c) del Estatuto de Romapara abrir una investigación frente a la Corte Penal Internacional (CPI). Vea la agenda de las sesiones aquí
  • En la primera audiencia, celebrada el 14 de septiembre, comparecieron representantes de la sociedad civil venezolana.
  • En la segunda audiencia, el 15 de septiembre, participaron miembros de las fuerzas armadas venezolanas.
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  • Durante el mes de octubre de 2017 (fecha exacta aún por determinar) se realizarán dos nuevas sesiones.
  • La primera sesión de octubre contará con la participación de jueces y fiscales, para analizar cómo funciona el aparato fiscal venezolano y determinar si se realizan investigaciones genuinas a nivel nacional de los casos presentados.
  • La segunda sesión de octubre contará con la participación de miembros del cuerpo diplomático y dirigentes políticos para analizar cómo funcionan las demás entidades y el aparato diplomático venezolano en relación con los posibles crímenes de lesa humanidad.
  • Durante las audiencias se discuten los siguientes temas:
    • Privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que muestren un patrón de que han sido producidas como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil.
    • Homicidios que muestren un patrón de que han sido producidos como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil.
    • Identificación de las personas o grupos que serían responsables de los crímenes
    • Comprobación de la existencia de investigaciones judiciales genuinas sobre las personas identificadas.
  • La información obtenida a través de las audiencias públicas y por el equipo de investigación será recogida en un informe que realizará la secretaría general de la OEA de acuerdo a las pautas que presente el Moreno Ocampo. Con base a dicho informe, los expertos internacionales presentarán su opinión antes del 30 de octubre de 2017.

Referencia: D-027/17