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“Los desafíos de la pandemia de COVID-19 en el hemisferio: Un enfoque para afrontar las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia en tiempos de crisis, tomando como base los cuatro pilares de la OEA” - Discurso del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, durante la sesión Inaugural de la Asamblea General

El formato virtual en que nos reunimos hoy es un signo de la realidad que vivimos, separados pero juntos. El coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas políticos, sociales y económicos en los que vivimos. Debemos unirnos para salir adelante y vencer este flagelo invisible que golpea por igual a los países pobres y ricos.

Distinguidos Ministros, Ministras, Jefes de Delegación,

Estamos aprendiendo a manejar las consecuencias de la nueva pandemia del coronavirus, que  ha cobrado la vida de más de un millón de personas en todo el mundo. 

Nuestro hemisferio se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19, con más de una cuarta parte de los casos del mundo. No hay refugio seguro ante este enemigo invisible, pues el número de casos en América del Norte, en todo el hemisferio sigue creciendo.  

Este virus ha puesto a prueba las instituciones más fuertes y las culturas democráticas más consolidadas.

Estas presiones adicionales han agravado los problemas de gobernanza y prestación de servicios. La eficiencia se juzga por las respuestas dadas a una crisis a la que nadie estaba preparado.

Como principal foro político de la región con capacidad para reunir a los Estados Miembros, la sociedad civil, el sector privado, trabajadores, académicos y otros actores clave, la OEA ha hecho importantísimos trabajos para fortalecer y construir coordinación.

Hemos construido diálogo basado en el logro de estrategias y soluciones regionales para abordar los cuatro pilares claves de nuestra Organización: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

La democracia es en sí misma un acto social, es la manera en que nos comprometemos con nuestros conciudadanos y se basa sobre todo en el diálogo.

La función misma de las campañas electorales, los órganos legislativos y los procesos judiciales requiere que las voces y las personas se unan.

Nuestros sistemas políticos se han visto muy afectados, se han pospuesto elecciones y en algunos casos ha sido preciso que las necesidades del control de la salud pública  hayan obligado a los Estados a priorizar esta tarea, en el marco del ejercicio de ciertos derechos que hemos considerado fundamentales en nuestra sociedad.

En el último proceso electoral en Bolivia felicitamos al ganador y felicitamos a cada uno de los participantes porque  -como lo señalaba un boliviano ayer- un pueblo que tiene un umbral alto de dolor, una gran capacidad de resiliencia demostró la posibilidad de hacer una elección libre, transparente y justa, con un resultado que definitivamente deja claramente establecida la legitimidad del próximo gobierno de Luis Arce.

El derecho a la libertad de movimiento, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Nos hemos visto obligados a reconsiderar el espíritu de estos derechos para garantizar el orden público necesario para preservar la vida.

La realidad de una pandemia cuyo virus invisible se propaga por el aire, es que la respuesta a la crisis ha requerido de todos nosotros el esfuerzo mayor para que esas libertades fundamentales de los ciudadanos sean también una parte de la responsabilidad que debemos asumir, porque la ciudadanía también tiene una responsabilidad fundamental en la contención y limitación de la propagación del virus.

Es esencial que estas decisiones sean proporcionales a los objetivos que queremos alcanzar.

En los casos en que se han invocado estados de emergencia, impuesto cuarentenas o confinamientos, los Gobiernos han asumido responsabilidades de asegurar el acceso a las necesidades básicas como los alimentos, el agua potable y la atención de la salud.

Al elegir los Estados su forma de respuesta se ve cada vez más difícil distinguir entre una respuesta defectuosa o inadecuada  y debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad de garantizar todas las libertades.

No cabe duda que no podemos permitir o condonar que esta crisis sea utilizada como excusa de prácticas autoritarias.

Debemos distinguir con plena conciencia entre lo que es necesario ahora y cómo se verán afectados nuestros derechos fundamentales mañana. La verdadera prueba de nuestros sistemas residirá en la rapidez con que seamos capaces de restaurar las libertades civiles y las libertades en nuestras democracias, al tiempo que garantizamos la salud pública y la seguridad de nuestros pueblos.

Al preparar una respuesta holística, debemos cerciorarnos de prestar especial atención a los más vulnerables, quienes se encuentran más afectados por la pandemia.

Los datos muestran de manera contundente cómo la crisis generada por la pandemia ha golpeado mucho más a los grupos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas en situación de pobreza, los trabajadores no asalariados, los migrantes y refugiados, los indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, niñas, niños,  jóvenes y adultos mayores, entre otros.

Las desigualdades estructurales que se traducen en enormes brechas en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos de nuestros pueblos.

Esas diferencias que ya eran muy notorias mucho antes de la pandemia de COVID-19, se han hecho más evidentes durante la misma, convirtiendo a estos grupos en las primeras y principales víctimas de la crisis.

Nuestra región alberga a unos 45 millones de indígenas, esta población es afectada no solo por la pobreza y la pobreza extrema, sino también por su acceso limitado a los servicios básicos y a la tecnología. Esta situación de nuestros pueblos originarios, les impide dar el paso adecuado para acceder a la educación en línea e incluso a los servicios públicos y médicos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Somos testigos del impacto desproporcionado en sectores predominantemente ocupados por mujeres, los servicios, la economía informal, el turismo, el trabajo doméstico. La pandemia ha creado una crisis de seguridad sin precedentes en el lugar de trabajo, porque los empleos que se consideraban relativamente seguros ahora son calificados como peligrosos.

Nos estamos viendo obligados a reconocer una clara falta de protección en el lugar de trabajo. Además, en algunas subregiones, hasta el 95 por ciento de las mujeres trabajan en el sector informal, donde no hay seguridad laboral ni red de seguridad social si se pierde la fuente de ingresos.

También hemos visto un gran número de mujeres que se ven obligadas a abandonar sus empleos como resultado de la emergencia sanitaria. Su labor como proveedoras de atención —que ahora incluye más que nunca la enseñanza y el cuidado de personas mayores— ha sido sometida a tantas exigencias que ya no es posible asegurar su participación en la fuerza laboral.

Las mujeres están en la primera línea de la crisis: el 70 por ciento de los proveedores de servicios sanitarios y sociales en todo el mundo son mujeres y están altamente expuestas al COVID-19 por su trabajo. Sin embargo, las mujeres están en gran medida ausentes en la conformación de políticas y la toma de decisiones ante esta crisis, lo que significa que sus preocupaciones rara vez se ven reflejadas en las políticas y medidas adoptadas. Tenemos que promulgar medidas y políticas que garanticen que las mujeres no desaparezcan de las esferas económicas, sociales y políticas.

Una de cada tres mujeres ha sido o es víctima de violencia doméstica en este contexto.  La familia, por su parte, también ha sido crucial en brindar contención y apoyo material, sicológico, físico, tan fundamentales para todos en el contexto pandémico.

Los Estados Miembros de la OEA también continúan enfrentando una de las crisis migratorias más severas del mundo causada por la dictadura venezolana. Los migrantes suelen ser los primeros en perder sus empleos, la mayoría no cuenta con servicios de salud y tienden a vivir en condiciones de hacinamiento, donde el distanciamiento social es difícil o imposible.

La crisis también está generando hambre e inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos prevé que este año habrá un aumento del 269 por ciento en el número de personas en la región de América Latina y el Caribe que padecerán inseguridad alimentaria.  Preocupa en este caso también la situación migratoria referida.

La pandemia no ha disminuido los desafíos de seguridad que enfrenta nuestra región, de hecho, los puede haber exacerbado.

El tráfico de drogas sigue amenazando nuestra seguridad y estabilidad. Las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad de adaptación para encontrar nuevas rutas de tráfico, tecnologías y métodos de ocultación, principalmente por mar y aire, a fin de llegar a sus consumidores.

La venta al menudeo por Internet y el uso de narco-aviones que operan en pistas y campos de aterrizaje clandestinos es cada vez más evidente y también se han descubierto drogas ocultas en envíos de artículos de primera necesidad destinados a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19.

El uso de nuevas tecnologías y la creciente digitalización de los gobiernos e industrias del hemisferio como resultado de la pandemia ha puesto de relieve la importancia de contar con sistemas y políticas de seguridad cibernética eficientes.

Entre marzo y junio de este año, nuestra región sufrió un aumento del 50 por ciento en el número de ataques cibernéticos y más de 4.000 cuentas corporativas fueron comprometidas. Ningún país ha quedado libre de esto.

Esta misma dependencia creciente de Internet también ha creado nuevas oportunidades para el reclutamiento y la radicalización de extremistas y terroristas en jóvenes de nuestra región.

Hemos también aprovechado Internet para prevenir la delincuencia. Hemos creado una comunidad virtual de sistemas nacionales de emergencia y seguridad en el  hemisferio, que ofrece un espacio común para el intercambio de información sobre buenas prácticas que se están aplicando actualmente para contrarrestar los efectos de la pandemia. 

Todos nuestros proyectos y programas en el ámbito de la seguridad pública, así como nuestros esfuerzos contra la delincuencia organizada transnacional, se han trasladado al espacio virtual para seguir apoyando a los Estados Miembros en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, la minería ilegal, la creación de capacidad y la lucha contra la trata de personas, entre otras actividades.

La seguridad económica también es prioridad. La crisis económica desencadenada por la pandemia irrumpió en la economía mundial en un contexto de acumulación generalizada de deuda. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), antes de la crisis global, la deuda había alcanzado un porcentaje histórico del 320 por ciento del PIB mundial y fue superada en el primer trimestre de 2020 cuando alcanzó el 331 por ciento.

Si bien los ingresos públicos han disminuido durante el último año, las demandas para aumentar el gasto público para proteger la salud pública y prestar asistencia a aquellas personas que han perdido sus empleos han obligado a los países a asumir una carga adicional e inesperada de la deuda.

América Latina y el Caribe, como región, ha sido la más afectada por la pandemia de COVID-19. Ha sufrido una fuerte caída de la demanda externa, una mayor incertidumbre económica, un colapso del turismo y las consecuencias de los meses de confinamiento para tratar de contener la propagación de la enfermedad. La CEPAL pronostica una nueva caída del PIB de 9,1 por ciento para finales de 2020, la peor cifra en 120 años.

En el Caribe, las implicaciones de esta situación pueden verse en todos lados. No solo se han eliminado las posibles ganancias, sino que además el desempleo sigue en aumento y algunos prevén contracción de hasta el 25 por ciento en las economías de los Estados del Caribe, el año próximo.

A pesar de tener solo un ocho por ciento de la población, cinco de los diez países más infectados por el COVID-19 en el mundo son de nuestra región, en donde se ha registrado el 34 por ciento de las muertes de todo el mundo.

Según los epidemiólogos, la pobreza es una de las causas. La región cuenta con el 60 por ciento de trabajadores del sector informal, lo cual implica que si llegaran a guardar la cuarentena, se morirían de hambre. Solo el doce por ciento de los trabajadores latinoamericanos tienen derecho a seguro por desempleo, en comparación con el 44 por ciento en América del Norte y Europa.

Según la OIT, la tasa de desocupación promedio en la región aumentará entre cuatro y cinco puntos porcentuales, y alcanzará un récord histórico de 41 millones de personas desempleadas.

Se prevé que la pobreza alcanzará niveles de 2005, con 231 millones de personas en la pobreza, mientras que la pobreza extrema alcanzaría los niveles de 1990, un retroceso de 30 años, con 96 millones de personas en la pobreza extrema. De los 650 millones de personas, 52 millones dejarían la clase media para vivir con menos de dos dólares al día.  

Según un reciente informe de Unicef, la crisis de salud ha significado un triple shock para los niños, niñas y adolescentes, con el cierre prolongado de escuelas, el confinamiento por medidas de salud y la pérdida de la seguridad económica en los hogares, que tendrá repercusiones a corto, mediano y largo plazo y pone en riesgo a toda una generación.

Como ninguna otra crisis en tiempos recientes, esta pandemia nos recuerda que estamos todos conectados y que las decisiones individuales -que parecen tan íntimas- como lavarse las manos, acatar la cuarentena o el distanciamiento social, usar mascaras tienen consecuencias inmediatas a nivel local, nacional y global.

La única forma entonces de ganar esta batalla es, como en ningún otro momento histórico, apostando a solidaridad y a la cooperación regional y global.

Tenemos un largo camino por delante y no podemos perder de vista lo que viene después de la pandemia del COVID-19. Al elaborar una respuesta, necesitamos centrarnos en los elementos clave que ayudarán a construir un futuro más sólido y resiliente.

Tendremos que ayudar a transformar nuestras sociedades, con un mayor compromiso con la educación y un enfoque que permita que nuestros países gocen de seguridad alimentaria, acceso a la atención sanitaria y a medicamentos y que el respeto de nuestros derechos humanos se convierta en la norma.

Debemos ser diligentes con las muchas contradicciones que deben abordarse en nuestro camino a seguir. Uno de los más evidentes es la transición acelerada a un mundo más virtual, ya que nos hemos visto obligados a encontrar nuevas formas de conectarnos, trabajar y aprender.

Si bien esto ha demostrado ser una oportunidad increíble para quienes están conectados para continuar con sus vidas de manera segura, para otros, solo los ha marginado aún más debido a la brecha digital.

Los Estados tienen ante sí una oportunidad histórica para diseñar respuestas innovadoras que, en lugar de reproducir lo ya conocido, apunten a resolver las vulnerabilidades que han quedado tan expuestas en esta crisis, eliminar la desigualdad y la discriminación preexistentes, teniendo como norte los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. 

Está en nuestras manos cambiar la llamada “normalidad” antigua y nueva. Tenemos la obligación de responder con un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos, con cambios en los abordajes a los mismos retos.

No tenemos otra opción más que aprender de este momento y crear una mayor resiliencia para el futuro.

Gracias  .

Referencia: D-016/20