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Comunicado de Prensa

Cátedra de las Américas de la OEA examina la Abolición Universal de la Pena de Muerte

La 56 Cátedra de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatió hoy en Washington DC el tema de la abolición de la pena de muerte, con ocasión de la reciente celebración el pasado 10 de octubre, del Día Internacional contra este castigo. El evento contó con una presentación magistral por parte del Presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos y expresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jean-Paul Costa, titulada: “Reflexiones sobre la Abolición de la Pena de Muerte”.

Al introducir la Cátedra, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, comentó que el tema “no es ajeno en la OEA, particularmente a su Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acaba de emitir un nuevo llamado a la abolición de la pena de muerte”, y recordó en este sentido las significativa contribución que dicha Comisión ha realizado al tema. En tal sentido, el Secretario General mencionó el reporte publicado en el 2012 sobre las restricciones a la abolición de la pena de muerte en el hemisferio y recordó que aunque los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos no prohíben explícitamente su imposición, estos “ponen importantes restricciones y limitaciones, particularmente en su aplicación y alcance”.

El líder de la institución hemisférica aludió igualmente a la “larga tradición abolicionista” que caracteriza al continente, en donde 19 Estados ya la abolieron por delitos comunes y en 15 de ellos aún subsiste “pero con moratoria de ejecuciones y sólo hay un Estado que continúa con esta práctica”.

El Secretario General Insulza recordó que se trata de un tema controvertido en la región. “Algunos piensan equivocadamente que la instauración de la pena de muerte es importante como un disuasivo, sin embargo, desde hace bastante tiempo quedó establecido que cuando se quiere disuadir a los delincuentes lo que tiene que hacer es asegurar que se haga justicia; la magnitud de la pena es menos importante que la certeza de la pena”, recalcó.

Asimismo, el máximo representante de la OEA insto a procurar el fortalecimiento de la cadena institucional y de todos los sistemas que juzgan y persiguen a los delincuentes “sobre todo un sistema de rehabilitación que sea adecuado”. Insistió en que la pena de muerte nunca ha demostrado ser un disuasivo y subrayo que “este no es un tema en el que se pueda tener una posición oficial de la Organización, pero sí vale la pena anotar que en 34 de los países miembros la pena de muerte ya no es practicada”.

En su conferencia, el Juez Jean-Paul Costa analizó como la abolición de la pena de muerte ha ganado terreno en muchas regiones del mundo, comentando que en varios países ha sido eliminada “ya sea por legislación o por práctica”. Comentó que actualmente cerca de dos tercios de los países miembros de las Naciones Unidas la han abolido para todos los delitos y sesenta aún mantienen y la aplican en su legislación. El Juez Costa añadió que las aproximaciones a la abolición varían de región a región siendo Europa el continente donde menos ejecuciones se han realizado en los últimos años.” En África 17 de 48 Estados han abolido la pena capital en el derecho y se ha observado una tendencia positiva de no recurrir a su aplicación”.

“Los instrumentos de mayor influencia a nivel internacional toleran la pena de muerte, entre ellos la Declaración Universal de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966 en Derechos Humanos los cuales no la prohíben” afirmó el Presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, aunque recordó que “más recientemente instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos han apelado a su abolición”. “El mundo ha avanzado en la eliminación de la pena, aunque países grandes y muy poblados aún la mantienen, como los casos de China, India, Indonesia, Japón y Estados Unidos” afirmó.

El Juez Costa hizo referencia a la resolución del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptada el 26 de junio pasado en la que por primera vez se “deploran las violaciones a los Derechos Humanos derivadas de la aplicación de la pena de muerte”. La reso­lu­ción ins­ta a los Es­ta­dos que to­da­vía no lo han hecho "a que pro­te­jan los de­re­chos de los con­de­na­dos" a la pe­na ca­pi­tal y lla­ma a que ve­len por­que no se les im­pon­ga es­te cas­ti­go a me­no­res de 18 años. Costa relató que el pasado 10 y 11 de octubre se realizó en San José de Costa Rica la Conferencia internacional sobre la abolición universal de la pena de muerte que buscaba “crear conciencia entre jueces, abogados, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general sobre la importancia de trabajar con mayor ahínco en abolición de esta pena” y comentó que la meta es lograr la abolición universal para el año 2025.

Al hablar de las perspectivas futuras de la pena capital, el expresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que “es un futuro incierto”, señalando que “por un lado tenemos la situación política y de seguridad en muchos regiones que le resta fortaleza al movimiento debido a conflictos y al terrorismo de gran escala, la delincuencia organizada, y la trata de personas; y por otra parte tenemos la evolución de los últimos 20 años que muestra una clara tendencia hacia la abolición de facto o de ley”. “Desde mi perspectiva, sin los esfuerzos de la sociedad en general será muy difícil lograr el objetivo que nos hemos planteado de abolir la pena de muerte”, concluyó.

Luego de la presentación del Juez Costa, la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Abi-Mershed, resumió la labor que la CIDH ha realizado en el tema y especialmente su rol en el establecimiento de normas internacionales relativas a la aplicación de la pena de muerte. “La Comisión fue el primer órgano internacional de derechos humanos en evaluar las consecuencias de la aplicación obligatoria de la pena de muerte en el goce de los derechos humanos, concluyendo que la misma es incompatible con los derechos a la vida, al trato humano y al debido proceso”, explicó Abi-Mershed. Aludió al informe titulado “La Pena de Muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a su abolición” en el cual se analiza el marco de derechos humanos aplicable a la pena de muerte y presenta lineamientos para abordar su abolición. “Las decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana se han convertido en una guía decisiva en las reformas legales en la región” afirmó Abi-Mershed y comentó la manera como la CIDH ha abordado casos relativos al tema de la pena capital y como su reciente posición de llamado a la abolición de la pena capital “muestra que en el marco de la OEA existe la capacidad de ser un motor de cambio”.

Por su parte, el Representante Permanente de Costa Rica ante la OEA, Pablo Barahona, analizó las distintas aristas históricas y políticas de la pena capital en la región y en el mundo, afirmando que “el mejor sismógrafo de cada país es su Código Penal, muestra de un lado cuáles son los bienes jurídicos tutelados mientras del otro coloca la tasación de las penas, y así, establece la balanza del orden”, y calificó dicha pena como una “salvaje sanción penal”, “producto de una política muy escasa y espejo de la incultura más primaria”. El Embajador Barahona coincidió con lo planteado por el Secretario General Insulza respecto a la inaplicabilidad de “los supuestos fines preventivos o disuasorios de la pena de muerte” afirmando que la misma “no previene a delincuentes violentos, siendo los crímenes violentos por lo general los más irracionales, ni enseña nada bueno al resto”.

El Embajador Barahona recordó cómo su país se convirtió en uno de los primeros en abolir la pena de muerte, “Costa Rica ha reafirmado a través de su historia política, su firme compromiso con la abolición universal de la pena de muerte, y así, su defensa de la vida” anotó y recordó que para 1945, sólo 7 Estados suscribientes de la Carta de la ONU habían abolido la misma y que para el 2008, “141 países prescindieron de tan deshonrosa práctica punitiva”. Recordó que según cifras de Amnistía Internacional, en 2013 se registraron al menos 1.925 condenas de muerte en 57 países y que hoy hay más de 23.000 condenados a muerte en el mundo que esperan su ejecución. “Entre ellos habrá inocentes, lo sabemos bien”. Concluyó anotando que la pena de muerte “no es hacer justicia, ni siquiera orden, sino demostrar su fracaso; no es ni siquiera el fracaso del derecho, es el fracaso de la sociedad toda, y hasta cierto punto, de cada uno de nosotros”.

Al cierre el evento, el Observador Permanente de Francia ante la OEA, Jean-Claude Nolla, ofreció palabras de agradecimiento a los presentadores en las cuales analizó la relación entre pena de muerte, derechos humanos y democracia. “La gran mayoría de texto internacional marca una separación entre la pena de muerte y los derechos humanos”, afirmó y recordó que en muchos de los países de Europa y América ésta es descrita como “cruel e inhumana”. Analizó igualmente los tres argumentos que sustentan la abolición “el error judicial que mata a los inocentes, la ineficacia de la pena de muerte y la idea de la integridad de la persona humana que no parece compatible con la pena misma” y comentó en tal sentido que “todos los argumentos son válidos”. Finalmente instó a los países miembros de la OEA a que como institución, entreguen un mensaje unido para la abolición de dicha pena.

Previo a la Cátedra, el Secretario General Insulza sostuvo un encuentro privado con los panelistas participantes en la misma en su oficina. La 56 Cátedra de las Américas fue moderada por el Secretario de Relaciones Externas de la OEA, Embajador Alfonso Quiñonez.

La galería de fotos del evento está disponible aquí.

El B-Roll de este evento está disponible aquí.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Referencia: C-438/14