Comunicado de Prensa


Comité Anticorrupción de la OEA se reunió con especialistas de organismos internacionales y sector privado

  11 de septiembre de 2014

El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISC) celebró hoy, en el marco de su XXIV reunión, una sesión sobre temas de interés colectivo en la que varios especialistas de organismos internacionales y representantes del sector privado expusieron sobre diferentes experiencias en la lucha contra el flagelo de la corrupción.

El primer panel analizó “la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate contra la corrupción”. La Vicepresidenta del Centro para la Responsabilidad de la Empresa y el Comercio, (CREATE.org), Leslie Benton, indicó que su organización trabaja con las empresas con el objetivo de expandir las prácticas de luchas contra la corrupción y protección de la propiedad intelectual a todo el sector privado. Para cumplir con esta meta, el grupo de Benton ha desarrollado dos tipos de servicios, uno que se especializa en prácticas anti-corrupción y otro en prácticas de protección de propiedad intelectual, indicó. Ambas iniciativas, agregó, están disponibles en chino, inglés, portugués y español.

Michael Hershman, Presidente del Grupo Fairfax, explicó que a nivel mundial, son mayores los controles en materia de corrupción en el sector privado que en el sector público. “Seamos francos, hay muchos países donde la supervisión de las empresas a sus filiales que hacen negocios en América Latina o en África, no son muy rigurosas respecto al control de la corrupción”, señaló. Por otra parte, indicó que ha constatado una mayor presión en las empresas para que cumplan con las convenciones y tratados contra la corrupción que han firmado sus respectivos países.

Gonzalo Guzmán, representante del Colegio Internacional de Abogados (IBA por sus siglas en inglés), aseguró que en 2013 el IBA realizó una encuesta sobre corrupción a estudios de abogados en todo el mundo, que reveló que más del 80 por ciento de los entrevistados percibían que el resto de los abogados poseen un cierto nivel de corrupción o se encuentran en riesgo de caer en esta práctica. Guzmán agregó que los encuestados expresaron su preocupación por las relaciones que desarrollan los abogados con las autoridades del sector público. En este sentido, indicó que el 60 por ciento de los encuestados señaló que ven a la justicia como el más vulnerable de los poderes públicos.

En el segundo panel, la economista del Banco Mundial Francesca Recanatini expuso sobre los desafíos y buenas prácticas para las autoridades anticorrupción. Al referirse a los desafíos que enfrentan las Agencias Anticorrupción (AAC), sostuvo que “hay una necesidad de contar con instituciones claves y también con el apoyo del líder del país” al que pertenecen. Advirtió que las AAC cuentan con recursos limitados y que existe “tensión entre la prevención y la persecución”. En relación a la estructura y los mandatos, dijo que las AAC son muy diversas y pueden adoptar distintas formas y desarrollar diferentes funciones como la prevención, la investigación, la persecución, la investigación y la divulgación. En relación a los mandatos que deben de regir a las ACC, afirmó que “la teoría organizacional” recomienda un mandato único para lograr una mayor efectividad, porque “un mandato claro conduce a una mejor coordinación entre las diferentes agencias”.

El tercer panel estuvo a cargo de la Coordinadora General de Cooperación y Convenios Internacionales de la Contraloría General de la Unión (CGU) del gobierno federal de Brasil, Camila Colares Bezerra, quien expuso sobre “la cooperación internacional no penal en el combate contra la corrupción”. Colares Bezerra relató que si bien históricamente a la corrupción se le ha hecho frente con instrumentos penales, recientemente en algunos países de América del Sur, como Brasil, se han adoptado una serie de instrumentos no penales para enfrentar el problema. Una de las diferencias principales entre los instrumentos penales y los no penales, dijo la experta, es que en el primer caso se busca enviar a la cárcel a la persona que se persigue, mientras que en el segundo caso la sanción se basa en multas o sanciones monetarias. Además, afirmó que se ha percibido que los instrumentos no penales son más eficaces y más prácticos porque a la hora de usar la norma de prueba no es necesario ser tan estricto como los procedimientos de índole penal. A modo de ejemplo, dijo que de un total de 4.938 funcionarios públicos de Brasil que fueron destituidos por la CGU, el 67 por ciento fue por actos de corrupción, de los cuales apenas el 6,8 por ciento fue objeto de revisión judicial.

Desde sus inicios, el MESICIC ha ejecutado tres rondas de análisis y la cuarta se encuentra en proceso. La XXIV sesión del Mecanismo, que comenzó el lunes, es presidida por Ecuador, y mañana viernes, cuando finalice de la reunión, se elegirán a las nuevas autoridades, además de adoptar los informes sobre Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Suriname, Belize y Haití, países que fueron sujetos de visitas in situ durante la presente ronda.

El MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, establecido en el marco de la OEA, en que se analizan los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención Interamericana contra la Corrupción y los resultados objetivos alcanzados. La incorporación de las visitas in situ con la anuencia del país anfitrión, como una etapa y parte integral del proceso de análisis, constituye un desarrollo innovador en el ámbito de la OEA que ha consolidado aún más este mecanismo de análisis recíproco entre los Estados, con el apoyo de su Secretaría Técnica.

La galería de fotos del evento está disponible aquí.

Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org

Referencia: C-369/14