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Reportaje

• La OEA combate la violencia de género con el MESECVI, una herramienta que evalúa los avances de los países de las Américas.

• La conclusión más reciente: “Se necesita una transformación cultural para la erradicación de la violencia contra las mujeres basada en el género”.

23 de noviembre de 2015.

América Latina y el Caribe es, según la OCDE, la región mundial que más ha avanzado en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres. Hace ya veinte años, los Estados de las Américas dieron el enorme paso de aprobar, en el marco de la OEA, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer” -conocida como “Convención de Belém do Para”. Hoy, 32 de los 34 miembros de la OEA han ratificado la Convención, y están comprometidos a adoptar “sin dilaciones” medidas para proteger a las mujeres.

Los motivos para el regocijo son sin embargo mínimos, porque la realidad sigue siendo dramática: según CEPAL, 1.678 mujeres -en los 17 países de la región que ofrecen datos- fueron asesinadas en 2014 por el mero hecho de serlo. Según la ONU, en fin, hace 20 años una de cada tres mujeres podía esperar ser víctima de la violencia en algún momento de su vida. Hoy esa inquietante cifra se mantiene invariable.

¿Qué ha pasado? Eso es, en gran parte, lo que intenta responder el Segundo Informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA. Su conclusión es la plasmación en palabras de lo que dicen los números: hay algunas luces, pero aún quedan muchas sombras: “Los avances en la región en el combate a la violencia de género son desiguales y quedan grandes retos a todos los niveles”.

Las luces

Hay hechos que reflejan los esfuerzos de los Estados por cumplir con las directrices de la Convención:

• 29 países han adaptado su legislación nacional a las disposiciones de la Convención
• Hasta el cierre del informe, ocho países habían promulgado leyes de “segunda generación”, que han erradicado o dejado en segundo plano el concepto de violencia “intrafamiliar”, para abarcar también los ámbitos privado y público. En los últimos días, a este grupo se sumó Perú.
• Nueve estados tienen leyes que reconocen la diversidad de las mujeres, como su origen étnico, preferencias sexuales o condiciones de discapacidad, entre otros aspectos.
• Entre los avances concretos, figuran el establecimiento en numerosos países de albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia, la instalación de teléfonos de emergencia, la disponibilidad de asistencia legal gratuita y la creación de campañas de información y sensibilización sobre la materia.

Las sombras

A pesar de que el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha pasado de “invisible” a ser identificada “como una problemática real y sistemática”, persisten demasiadas dificultades:

• Solo 8 de 32 países tienen leyes integrales sobre la violencia contra las mujeres, siendo sobre violencia intrafamiliar la mayoría de leyes afines”.
• Persisten obstáculos para evaluar el grado de avance de los Estados - falta de información sobre la asignación del presupuesto público a la prevención, la atención y la sanción de la violencia.
• Las mujeres todavía no tienen garantizados sus derechos a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y violencia.

Las explicaciones

Según el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, “la erradicación de la violencia contra la mujer requiere del compromiso de la sociedad entera -el gobierno, a través de los sectores de educación, desarrollo y seguridad y los mecanismos de apoyo a las mujeres, así como de los medios de comunicación (públicos y privados), las agencias de publicidad, el sector privado y las empresas y asociaciones y, por supuesto, de un actor central que es la sociedad civil – en la tarea de cuestionar los roles de género vigentes y plantear un nuevo paradigma donde tanto hombres como mujeres podamos convivir en condiciones de igualdad y justicia y sin violencia”.

Para la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía, el escaso avance en materia de protección a los derechos de las mujeres se debe, principalmente, a “la ausencia de respuestas institucionales efectivas que al final, más allá de las condenas públicas, lanzan un mensaje permanente de impunidad a la sociedad”. Esta afirmación está respaldada por el nivel de aceptación social de las propias mujeres a la violencia, que en los países que incluye el informe va desde el 2,9 al 38,2 por ciento de la población femenina.

La presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, Diana González, lamenta por su parte que algunos países se han planteado disminuir el nivel jerárquico de las entidades a cargo de la ejecución de políticas públicas destinadas a proteger los derechos de las mujeres, “lo que implicaría una disminución importante de su poder operativo, de su relevancia política y financiera y, en consecuencia, un retroceso en la respuesta del Estado a las mujeres en situación de violencia de género”.

Las dificultades para conocer y abordar cabalmente el problema de la violencia de género son de variada naturaleza, pero la presidenta del Comité Directivo de la CIM y ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, Alejandra Mora, considera que para avanzar en ello es urgente una mejora de las estadísticas, “con datos en cada una de las instituciones, de las mujeres que ingresan en la salud, de las niñas abusadas, datos regionales, para poder tener la mirada que permite el diseño de una política pública con vista a la realidad”.

Referencia: C-341/15