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Reportaje

• El poder judicial juega un papel clave en la protección efectiva del medio natural.

• Una nueva iniciativa de la OEA empodera a los jueces del Hemisferio para tomar decisiones con impacto positivo en el medio ambiente.

• Secretario General Almagro: “Más derechos para más gente incluye el derecho a un medioambiente sano”.

12 de febrero de 2016

A  los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en Argentina, les llevó más de 200 años hacer valer su derecho de vivir en un ambiente sano y limpio. Los mataderos, saladeros, frigoríficos, curtiembres, y petroquímicas ubicados en los alrededores hicieron que la contaminación aumentara de tal modo que casi no se podía respirar en sus orillas, carentes de servicios cloacales y recolección de residuos.

A mediados del siglo XIX las autoridades sanitarias ya habían verificado que en las aguas del Riachuelo no existía vida orgánica, lo que indicaba el alto grado de contaminación que ya tenía por esa época. En 2004 la problemática de la cuenca fue llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos de la Villa, quienes presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente.

En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que condenó por daños y perjuicios al Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas aledañas por volcar al río sus residuos peligrosos.

El derecho a vivir en un medio natural limpio y cuidado es parte integral de la agenda de más derechos para más gente que la OEA promueve.

Esta situación se conoció como el "Fallo Mendoza", considerado un hito sobre cómo hacer efectivos los derechos ambientales, y que puso a Argentina a la cabeza del Hemisferio en la materia. La resolución exige a las autoridades el control de la contaminación industrial, la limpieza de basurales, la relocalización de habitantes, la extensión de obras de agua y la realización de un plan sanitario, lo que ha cambiado la calidad de vida de los pobladores de la zona para proveerles condiciones sanitarias adecuadas y un medio ambiente sano. Nada de ello hubiera sido posible sin una conciencia medioambiental y sin una legislación de protección medioambiental, pero tampoco sin la firmeza de los jueces para aplicar las leyes.

Protegiendo la Casa Común desde el Poder Judicial

Con la intención de reforzar y promover el papel de la judicatura en la protección del medio, la Organización está lanzando la iniciativa “Protegiendo la Casa Común desde el Poder Judicial: Garantizando los derechos de más gente en las Américas”, con el objetivo de avanzar aún más en el goce del derecho a un ambiente sano y de otros derechos fundamentales. El proyecto parte de la base de que proteger el planeta Tierra es ofrecer “Más derechos para más gente”, y que esa es una responsabilidad común de legisladores, jueces, abogados, fiscales y, en última instancia, la gente.

La iniciativa cuenta con cinco componentes:

• Implementación del Programa Interamericano de Capacitación Judicial sobre estado de derecho ambiental.
• El Poder Judicial como Embajador de Buena Voluntad por la Justicia ambiental.
• Desarrollo de un Protocolo Modelo de Actuación para el poder Judicial en materia ambiental y de derechos de acceso
• Participación del Poder Judicial en el Día Internacional de la Madre Tierra y erl Congreso Interamericano sobre el estado de derecho ambiental.
• La puesta en marcha del Portal sobre el estado de derecho ambiental en las Américas.

Todos los componentes de la iniciativa tienen en común buscar la creación de una ciudadanía ecológica y un cambio de paradigma para lograr que la justicia y el estado de Derecho puedan trabajar en una ética que favorezca a los más vulnerables. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, recordó que “más derechos para más gente incluye el derecho a un medioambiente sano”.

“Más derechos para más gente”

El derecho a vivir en un medio natural limpio y cuidado es parte integral de la agenda de más derechos para más gente que la OEA promueve. El rol de las Cortes en este esfuerzo es cada vez más relevante, y aunque 24 Estados miembros de la OEA han reconocido el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado como un derecho fundamental, la Organización ha puesto como parte central de su agenda de desarrollo sostenible el ampliar la cobertura y aplicación de este derecho.

Al igual que en Argentina, ha habido otros importantes ejemplos en la región de cómo lograr la protección de los derechos colectivos a través de una sentencia, como son los casos del STJ en Brasil con la implementación de los principios de in dubio pro-natura y no-regresión;  Chile con sus innovadoras sentencias implementando el principio precautorio y reparando el daño sustituyendo naturaleza por naturaleza;  y México con el caso Tulum protegiendo el patrimonio ambiental cultural.

Más que una causa común

El Papa Francisco, en su reciente encíclica, hizo un llamado a “escuchar tanto el grito de la tierra como el de los pobres”. El derecho ambiental se convierte así en algo trascendental en el presente, pero también en un derecho ligado a que las futuras generaciones puedan usufructuar los recursos naturales de un modo sustentable. La OEA aporta al debate no sólo desde el intercambio de ideas, sino como gestora y promotora del cambio.

Los programas de la Organización en la materia buscan crear leyes adecuadas y aplicables, el acceso a la justicia e información, participación pública, equidad e inclusión, rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad por daños al medio ambiente, y los derechos humanos.

El año pasado la OEA, en colaboración con otras organizaciones internacionales y el gobierno de Jamaica, organizaron el Primer Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho en materia medioambiental en Montego Bay, Jamaica, que llamó a reforzar la legalidad para hacer frente a los desafíos medioambientales en las Américas.

Como parte del debate, la OEA asiste a los países a identificar los marcos legales para la gestión de los recursos hídricos, crear pautas para la relación entre comercio, inversión y medio ambiente, avanzar en la prevención y manejo de conflictos en recursos naturales compartidos, y lograr la efectiva aplicación y cumplimiento de la ley ambiental.

Referencia: C-015/16