PRIMERA SESIÓN DE LA SERIE DE FOROS VIRTUALES “JUSTICIA Y MEDIO AMBIENTE” ORGANIZADOS POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

11 de junio de 2021 - Washington, DC

En esta serie de foros virtuales tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias sobre las respuestas que se han dado a los retos ambientales y reconocer los retos que como región americana seguimos enfrentando.

En la OEA estamos convencidos de que no podremos proteger y restaurar nuestro planeta sin leyes e instituciones ambientales sólidas, tanto a nivel nacional como internacional. Tanto la Organización como sus Estados Miembros deben redoblar los esfuerzos para fortalecer los instrumentos normativos sobre gobernanza ambiental.

El intercambio de hoy busca proporcionar algunas perspectivas comparadas sobre el Estado de Derecho y la justicia ambiental, en apoyo a los compromisos de la Agenda 2030, en particular el objetivo de incrementar la paz, la justicia, la inclusión y las instituciones fuertes para el desarrollo sostenible.

Si bien nuestro hemisferio es considerado una de las mayores zonas de paz en el mundo, las tendencias hemisféricas, muestran que la conflictividad social asociada al uso de los recursos del ambiente y al desarrollo se ha incrementado.
Esto en gran medida se debe a la simple escasez o degradación de los recursos naturales, las carencias en el diálogo significativo e inclusivo o en la falta de diplomacia preventiva alrededor de la toma de decisiones, del riesgo y cambio medioambiental, así como de las incipientes capacidades de los actores políticos y del marco legal que rige la explotación de los recursos y de la distribución de los beneficios.

Frente a amenazas como la degradación, el daño ambiental y el cambio climático, el objetivo de la OEA continúa siendo apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para prevenir y combatir los efectos sociales de estas amenazas, y así promover la paz y la estabilidad regionales de acuerdo con los propósitos y principios de la Organización.

Los objetivos y la agenda para el desarrollo sostenible, reconocen la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que garanticen un acceso equitativo a la justicia.

Instituciones que coadyuven a cerrar brechas en nuestras sociedades y que estén basadas en el respeto de los derechos humanos (incluyendo el derecho al desarrollo), en la eficacia del Estado de Derecho, en la buena gobernanza en todos los niveles y que sean transparentes, eficaces y responsables.

Resulta oportuno recordar las palabras de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el sentido de que “la lucha por el medio ambiente y los derechos humanos también aborda las desigualdades estructurales y sistémicas de las sociedades”.

Los poderes judiciales del hemisferio, como institución del Estado, tienen un papel fundamental en la satisfacción de estas necesidades, en particular en lo que respecta al Estado de Derecho y a todos sus elementos que son esenciales tanto para la integridad ambiental como de los derechos inherentes a las personas, es decir para la integridad de nuestra casa común.

Es precisamente en este sentido que la Secretaría General de la OEA, desde la Cumbre de Río +20 ha forjado una importante alianza con ONU Ambiente y la Comisión Mundial de Derecho Ambiental involucrando a actores clave, como autoridades de sostenibilidad ambiental, parlamentarios, fiscales y jueces para avanzar en el dialogo y el fortalecimiento institucional para el estado de derecho ambiental.

Desde 2017 hemos reunido a jueces, autoridades, parlamentarios y académicos de 26 países del hemisferio donde se discutió la constitucionalización de los derechos ambientales en 24 Estados Miembros de la Organización y cómo continuar avanzando en estos temas.

Hemos firmado acuerdos con Altos Tribunales de Justicia de diferentes países, donde se implementó junto con las Escuelas Judiciales Nacionales, el Programa Interamericano de Capacitación Judicial sobre Estado de Derecho Ambiental.
También en el 2016, tuve el honor de designar a cuatro Embajadores de Justicia Ambiental, representados hoy por el Ministro Lorenzetti.

Estos Embajadores han sido invaluables en todo sentido, han sido un apoyo fundamental para la Organización y para el desarrollo del derecho ambiental.

Es parte de nuestros esfuerzos por contribuir a crear las condiciones propicias para mejorar la cohesión social, las interacciones de diálogo y el proceso de toma de decisiones sobre acceso y uso de recursos naturales, así como para lograr una mejor implementación de los derechos ambientales fundamentales.

El trabajo de la Secretaría General en Seguridad y Justicia Ambiental también ha estado enfocado en promover la agenda de prevención y lucha contra los delitos que repercuten en el medio ambiente y en el abordaje de las amenazas ambientales y del cambio climático para la seguridad en el hemisferio.

Esta labor también incluye la garantía de derechos fundamentales, mediante el fortalecimiento de las legislaciones nacionales, la cooperación internacional, la creación de capacidades y respuestas encaminadas a la protección de las personas, de la infraestructura crítica y al fomento de la confianza.

En este sentido, celebramos, que el 22 de abril de 2021 haya entrado en vigor el Acuerdo de Escazú, como primer instrumento internacional en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe.

La Secretaría General viene trabajando en una iniciativa muy interesante sobre Jóvenes por el cuidado de la Casa Común. Hoy la cuestión ecológica ha tomado tales dimensiones que implica una responsabilidad común. Las inequidades derivadas del impacto ambiental cada día resultan en mayores demandas de la sociedad hacia mayor equidad, seguridad y justicia en cuanto a los recursos del ambiente.

En este contexto, la situación de la Casa Común y la Agenda 2030 son un llamado a que se aborde la crisis ética de la humanidad desde la ecología integral.

La mejor forma de tratar estas cuestiones es con la participación de todas y todos y las y los interesados y en particular de la generación del milenio. En este contexto, a través de esta iniciativa se trabajará en el fortalecimiento del liderazgo de la juventud en las Américas para el cuidado del medio ambiente.

Sin duda hay que reconocer los aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha sido clave en el desarrollo de estándares normativos de protección al medio ambiente. Tanto la Comisión como la Corte han insistido en la estrecha relación entre los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

En su opinión consultiva sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, la Corte Interamericana reconoció que tanto la degradación ambiental como los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos; y resaltó que los efectos adversos pueden darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad: pueblos indígenas, niños y niñas, personas en situación de extrema pobreza, personas con discapacidad, entre otros.

Sobre estos puntos es que la Secretaría General de la OEA y sus Estados Miembros deben enfocar sus esfuerzos. Nos complace que la OEA, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, dé inicio a una serie de foros virtuales sobre “Justicia y Medio Ambiente” que buscarán ser un aporte y discutir temas actuales y relevantes alrededor de los retos que supone la protección al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Las referencias bibliográficas y los principios de derecho ambiental extraídos de los libros de Ricardo Lorenzetti, son una referencia muy clara y muy fuerte en los esfuerzos que hacemos a nivel interamericano en la materia.

Muchas gracias