DURANTE EL CONSEJO PERMANENTE PARA TRATAR SITUACIÓN EN NICARAGUA

24 de junio de 2020 - Washington, DC

Llegar a la situación actual ha sido un camino doloroso y trágico para los nicaragüenses. En todo este tiempo se han hecho esfuerzos para encontrar una salida política que permita reconducir a Nicaragua en una senda democrática, de bienestar económico y de tranquilidad social.

Lamentablemente, las condiciones no han mejorado, el país continúa en deuda con la justicia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una salida democrática a la situación del país.

En la carta que enviamos al Presidente del Consejo Permanente, hemos solicitado la convocatoria de esta sesión para consignar la evolución que ha tenido la situación en Nicaragua.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y en particular la Secretaría General han recorrido varios caminos para contribuir al fortalecimiento democrático de Nicaragua, pero las condiciones no han mejorado y el país sigue inmerso en la misma problemática política y social.

De acuerdo al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al 10 de mayo de 2020 las cifras de la crisis incluyen:

• 328 personas asesinadas
• Más de 405 profesionales de la salud despedidos
• 150 estudiantes expulsados como represalia
• Más de 90 trabajadores de medios independientes exiliados
• Más de 103,600 nicaragüenses huyeron a países vecinos
• Según distintas fuentes, en el período hubo entre 450 y 700 presos políticos, miles de heridos y decenas de desaparecidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado el 16 de mayo del 2020 que a dos años de la visita inicial a Nicaragua persisten patrones represivos de ataques a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social, el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa, la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes. Asimismo, remarcó el debilitamiento a las instituciones públicas a través de la concentración del Poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y adicionalmente el impedimento del escrutinio internacional en terreno.

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados y la disposición de la Secretaria General para colaborar en acercamientos que permitan encontrar una salida a la crisis institucional en curso, al día de hoy no ha existido la voluntad política para restablecer el Estado de Derecho y emprender un proceso serio y participativo de reformas que conduzcan a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.

Hemos hecho nuestras las recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado ante el Consejo Permanente, que leo a continuación:

“En vista de la negativa del Gobierno de Nicaragua a colaborar con la Comisión, regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país, las gestiones diplomáticas de la Comisión han sido infructuosas. Aunado esto al testimonio e información recibida de diversos actores, lleva a la Comisión a recomendar al Consejo Permanente que, declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

“Y sobre la base de los testimonios recibidos, la Comisión considera que cualquier solución pacífica a la situación en Nicaragua debe incluir: el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión y libertad de prensa y un sincero esfuerzo por todas las partes para volver a la mesa de diálogo”.

“La Comisión reitera la urgente necesidad del regreso al país de los mecanismos de derechos humanos, esto es un imperativo fundamental.”

La reinstitucionalización es el único camino adelante para Nicaragua, la Secretaría General de la OEA reitera que la opción para reencauzar el orden constitucional es la electoral. Para ello es indispensable un proceso político de reformas electorales, en un marco definido de diálogo que incluya a todos los actores, todos los sectores políticos y sociales, para convenir una ruta que garantice elecciones libres, justas y transparentes.

Las reformas político-electorales deben apuntar a la generación de un marco jurídico y administrativo permanente, que brinde certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia en los diversos procedimientos o actos de carácter electoral.

Una reforma al diseño institucional electoral, a través de la conformación de un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) que genere confianza en la población y brinde garantías a todos los actores y sectores políticos.

Definir mecanismos de integración de los órganos electorales intermedios y las juntas receptoras de votos que garanticen el profesionalismo e imparcialidad en sus actuaciones.
Una ley de partidos políticos que establezca procedimientos claros para su creación, funcionamiento, participación, democracia interna, acceso a financiamiento, entre otros. Los partidos deben tener un rol activo en las actividades del poder electoral y un espacio formal de diálogo con el Consejo Supremo Electoral.

Definir mecanismos para garantizar el acceso equitativo y transparente de los partidos y candidatos a los medios de comunicación.

Regular los procedimientos contenciosos y medios impugnatorios, que permitan definir con claridad las diferentes actuaciones y resoluciones de los organismos electorales que son impugnables.

Garantizar la participación amplia y plural de la sociedad civil en los procesos electorales, que permita asimismo una observación electoral nacional, profesional, imparcial y objetiva.

Las reformas y posteriores normas administrativas en considerar las diversas recomendaciones que ha realizado la Secretaria General.

La Secretaría General reitera -y lo ha demostrado con creces- su disposición al acercamiento a las partes y su disposición al diálogo permanente.

Mucha prudencia y capacidad de diálogo e iniciativas diversas y complementarias deberán desarrollarse para en construcción de un nuevo escenario en el cual puedan debatirse, acordarse y operativizar un proceso de distensión y de acuerdos.

La comunidad internacional, los organismos regionales e internacionales tienen un papel imprescindible que desempeñar, así como todos los países y organizaciones civiles preocupadas por la situación en Nicaragua.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar, a brindar el apoyo que sea necesario al Gobierno y a todos los sectores políticos y sociales de Nicaragua, para retomar el camino del diálogo y encaminar el proceso de reformas necesarias.

Nada será posible si los propios nicaragüenses, no llegan o no encuentran la forma de
volver a la mesa a negociar, a discutir, a volver a tratar de establecer parámetros
de convivencia política.

Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la Comisión de Alto Nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional.

Si vemos las responsabilidades constitucionales de Nicaragua y sus responsabilidades con la Carta Democrática Interamericana tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, al acceso y ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho.

En Nicaragua lo que encontramos es la criminalización de los derechos de la gente, la criminalización de derechos civiles y políticos de la gente, la criminalización de los derechos
económicos y sociales de la gente que vive en condiciones particulares para acceder a necesidades básicas y atención de salud básica.

Lo que vemos en Nicaragua es el excesivo uso de la fuerza de las fuerzas represivas del Estado, la falta de responsabilidad y la falta de verdad en la represión que realizan las fuerzas represivas del Estado. Vemos graves violaciones de derechos humanos que llevaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a calificar esos crímenes como de lesa humanidad.

Nicaragua definitivamente tiene un proceso electoral que no es transparente ni imparcial en sus autoridades, que no es transparente en su ejecución, que no es transparente en los mecanismos de resolución de conflictos, que no respeta el principio de una persona un voto porque su registro electoral está completamente alejado de la realidad y de lo que debe ser un registro electoral.

No es transparente en cuanto a la financiación de campañas políticas, no es transparente y no es justo en cuanto al acceso a la prensa.

El sistema plural de partidos ha quedado completamente avasallado por las fuerzas represivas del régimen, no existen las posibilidades de registro de candidatos, registro de
Partidos. No existen posibilidades reales más que las que surgen de la cooptación de los pequeños partidos por parte del régimen, el desbande de partidos por parte de la Suprema Corte nicaragüense, la descalificación de los candidatos individuales por parte de la Corte y por parte del sistema. Una completa asimetría en la situación de participación política de los diferentes sectores políticos y sociales, y la deslegitimación absoluta de que la soberanía radica en el pueblo, de la cuál ha sido completamente arrebatada; y sobre todo eso, la persecución política y el exilio forzoso de los nicaragüenses y de los candidatos y políticos nicaragüenses.

Hemos visto como el Poder Ejecutivo ha extendido sus poderes de facto, hemos visto a la politización completa del Poder Judicial y la judicialización de la política. Hemos visto que las Fuerzas Armadas y la Policía se han re-politizado y actúan de una forma política.

En cada una de estas variables vemos como no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia que establece el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. No hay
respeto a las los derechos humanos y a las garantías fundamentales, no existe un ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, no hay un sistema electoral que permita la representación justa, una persona un voto. No existe la separación de poderes en ninguno de los casos.
Hemos visto cómo el Estado de Derecho ha sido completamente avasallado y no existen garantías en ningún caso, no existe ninguna posibilidad de hacer valer estas garantías.

Señor Presidente, nosotros vamos a presentar un informe complementario con la actualización más contundente de los datos de este avasallamiento de las condiciones políticas, sociales y jurídicas de Nicaragua.

Agradezco la posibilidad de esta presentación y espero que las condiciones de trabajo nos lleven a encaminar posibles soluciones en Nicaragua. Ese ha sido el compromiso de la Secretaria General y es nuestro compromiso restablecer los principios y valores elementos esenciales de la democracia, el restablecimiento del Estado de Derecho en Nicaragua y trabajar junto al pueblo nicaragüense para la consecución de un sistema electoral que dé las máximas garantías a la gente.

Gracias señor Presidente.