SESIÓN ESTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE “LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PSICOSOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS”

11 de diciembre de 2019 - Washington, DC

Amigos y amigas,

El 14 de Octubre de 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo y concientizar sobre su situación de vida.

En nuestro Hemisferio podemos afirmar orgullosos que nuestros Estados están comprometidos en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Ello queda demostrado a través de los diferentes mandatos y proyectos elaborados a través de la Organización de los Estados Americanos, enfocados en asegurar que todos los habitantes de las Américas, sin exclusiones, alcancen su pleno desarrollo y se beneficien de los resultados del progreso y crecimiento.

La lucha contra la exclusión es un tema prioritario dentro de la agenda hemisférica. Reconocemos que el desarrollo de la región no será posible sin el reconocimiento y goce de sus derechos por parte de todos los habitantes de las Américas, y en especial los grupos en situación de vulnerabilidad, en condiciones de igualdad. Acceso a la educación, la salud, el trabajo, la movilidad, la vida independiente, el ejercicio de su capacidad jurídica, el acceso a la información y a la justicia, por mencionar algunos derechos.

Según un estudio de CEPAL sobre el panorama social de la Región, más de un 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con discapacidad. Las cifras se acrecientan entre los grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, adultos mayores, habitantes de las zonas rurales, indígenas, afrodescendientes y las personas con menores ingresos. La pobreza, los conflictos armados, la violencia urbana, la violencia de género y la falta de políticas preventivas, de acceso a la salud, y de atención oportuna tienen un fuerte impacto en estas cifras. Los estigmas, los prejuicios, las percepciones negativas y la desvalorización de la persona con discapacidad por causa de su diferencia en la sociedad son las principales causas de exclusión, además de las barreras de acceso a políticas públicas, servicios, el empleo y la educación y a la vida política y social en general.

Hay una histórica discriminación múltiple, interseccional y estructural que asocia “discapacidad” a “incapacidad”. Para reducir y eventualmente eliminar esta brecha, los Estados Miembros de la OEA han trabajado arduamente en la adopción e implementación de intrumentos jurídicamente vinculantes para la protección de derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así, en 1999 se adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS), y posteriormente la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Más recientemente, en 2018 se aprobó el Programa de Acción por el decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad por un nuevo decenio hasta el 2026.

Todos estos instrumentos fijan para los Estados la obligación de adoptar legislación, políticas especiales y acciones afirmativas con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y personas con otras identidades interseccionales.

Espacios de intercambio como el de hoy son una excelente oportunidad para repasar los progresos y dificultades en la consecución de este objetivo y propiciar la cooperación internacional.

Para finalizar, deseo invitarlos a que reflexionemos todos sobre la incidencia que cada uno de nosotros deberíamos tener para garantizar el reconocimiento y ejercicio igualitario de todos los derechos humanos por parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, más allá de los mandatos que nos son encomendados como organizaciones o Estados.

Cada uno de nosotros es también capaz de asumir una responsabilidad en este objetivo. Desde nuestros diferentes entornos, siempre tendremos la oportunidad de luchar contra la discriminación:

- Podemos observar nuestras propias actitudes o prejuicios.

- Podemos colaborar codo a codo con las organizaciones que representan a los grupos en situación de vulnerabilidad para impulsar una cultura de naturalización de la diversidad humana, de apreciación de su valor y potencial humano, su autodeterminación e independencia.

- Podemos promover una mayor conciencia de sus derechos y aportes, y de la necesidad de incorporar a las propias personas con discapacidad,

Reconozcamos también nuestra responsabilidad de esforzarnos para prevenir o detener la discriminación en cualquiera de sus formas, de luchar por una sociedad más justa e inclusiva, en donde todas las personas, sin importar su raza, religión, género, etnia, edad o discapacidad, sean respetadas en igualdad de condiciones en atención a la diversidad que nos caracteriza como seres humanos, y el objetivo compartido de construir una sociedad con más derechos para más personas.

FIN