DURANTE LA REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS PARTE DEL TIAR

23 de septiembre de 2019 - Ciudad de Nueva York

Responsabilidad de Proteger y TIAR

Esta reunión y el proyecto de resolución presentado demuestran que la normativa interamericana está vigente, la institucionalidad para hacerla valer existe, y los mecanismos y procedimientos están disponibles. Debemos seguir construyendo en la comunidad interamericana las prácticas que nos lleven al sentido público de la justicia, basado en la necesidad de inmediatez de nuestro trabajo como denunciantes y como garantes.

Los intereses políticos de los dictadores, de los violadores de derechos humanos, de los que cometen crímenes de lesa humanidad, se han impuesto demasiadas veces respecto a las víctimas, simplemente porque ganar tiempo es una ventaja para un dictador y ocasiona perjuicios irresolubles a las víctimas. Endless patience parece ser en muchos casos la recomendación permanente para las víctimas; no es así cuando existe la determinación de llevar adelante reuniones como esta.

Por supuesto que los victimarios, los violadores de derechos humanos y los criminales de lesa humanidad trabajan permanentemente narrativas de permisividad y transforman el abordaje de los casos en una discusión política, que nos aleja a veces de las soluciones concretas para las víctimas. El hecho de salir de la lógica jurídica para entrar en una lógica política, en que la verdad de los hechos como son ejecuciones extrajudiciales o tortura es dividida por esa discusión. Literalmente, el que encarcela políticamente a miles de ciudadanos, ciudadanas, se quiere presentar como el que vela por la “garantía de la nación” y el que tortura, el que ejecuta a miles extrajudicialmente, se quiere presentar como el de las soluciones pacíficas. La persistencia de estos razonamientos se va transformando en excusas recurrentes para dilatar en el tiempo la necesaria acción política.

Hemos visto demasiadas veces la justicia de los libros de historia, que constituye la crueldad en su peor formulación. Cuando la justicia queda para los libros de historia es porque la dimensión humana ha fracasado de la peor forma, no ha sido capaz de solucionar el sufrimiento de las víctimas en su momento histórico, ni de brindar memoria, verdad, justicia posteriormente. La historia contará este drama de Venezuela, reconocerá a las víctimas y su sufrimiento, pero eso no aportará las soluciones que necesita su pueblo hoy. Para eso están las reuniones como ésta y el proyecto de resolución presentado.

La acción política tiene que ser adecuada y apropiada. El motivo es un dictador que comete crímenes de atrocidad, está cometiendo crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales no existe la menor duda. Sabemos que ha torturado por miles de casos, que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales en aproximadamente 8.000 personas y que 14.000 personas han sido arbitrariamente detenidas a lo largo de este proceso. Pero cuando la comunidad internacional analiza el caso ve este presente, donde pueden estar las víctimas en el futuro y debemos actuar para ellas.

Fundamentalmente la razón de la dictadura usurpadora se sostiene al estar inmersa en dinámicas de criminalidad propia de los que han mantenido el conflicto armado en Colombia, como son el ELN y los disidentes FARC, sumado también a sus asociaciones con los carteles extranjeros de la droga, que reciben de la dictadura venezolana la logística completa del Estado para operar en el narcotráfico, así como también el involucramiento directo de los tiranos en los esquemas de narcotráfico. Estos actores no creen en procesos pacíficos de ninguna naturaleza, son agresores directos del pueblo venezolano.

Las acciones del régimen madurista son esencialmente crímenes contra la paz. Son crímenes contra la paz las ejecuciones extrajudiciales detalladas en los informes sobre Venezuela de la OEA, la CIDH y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; constituyen crimen contra la paz del continente los crímenes de lesa humanidad perpetrados, como la tortura metodológica del régimen. La agresión también constituye crimen contra la paz, como apoyar las acciones terroristas de disidentes FARC y ELN, así como apoyar su financiamiento; así como constituye crimen contra la paz el apoyo a otras organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah y su financiamiento a través del narcotráfico.

Son muchas las acciones del régimen madurista que constituyen crímenes contra la paz y que directamente afectan la paz y la seguridad internacionales. Hay una responsabilidad criminal directa, ya sea en la forma de la usurpación del Estado, que es culpable de acciones cuya tipificación es clara, como agresión o crímenes de lesa humanidad, pero también existe responsabilidad directa por el involucramiento directo de los dictadores en el narcotráfico y en los crímenes de lesa humanidad cometidos y que han sido oportunamente denunciados.

La población civil venezolana es víctima de acciones de discriminación política, no sólo en lo que respecta al ejercicio de sus libertades fundamentales, sino que también sufre discriminación política para recibir tratamiento médico y para acceder a alimentos. Estos criterios de opresión se han impuesto como política de Estado para reprimir a la población y han sido tan eficaces como sus acciones de ejecuciones extrajudiciales, traslado forzoso de población, encarcelación por motivos políticos, torturas, violaciones, violencia sexual, la desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos que atentan directamente contra la dignidad y la integridad de los venezolanos y las venezolanas.

Las políticas deliberadas de hambre, desnutrición infantil, apagones y escasez de agua han tenido un impacto directo sobre la población, agudizando la crisis humanitaria, la crisis migratoria y la crisis de derechos humanos. Ello, también, ha producido un impacto directo sobre la paz y seguridad hemisférica. Es imposible ignorar esto y es jurídicamente inviable pretender que estas acciones están amparadas por el derecho internacional, específicamente el principio de no intervención. El principio de no intervención no es una construcción permisiva de crímenes de lesa humanidad, ni de delitos de agresión como los señalados; no lo es para el derecho internacional, no lo es para el sistema interamericano en ninguno de sus instrumentos, ya sea para la Carta de la OEA, las convenciones de derechos humanos y la Carta Democrática Interamericana. Es un desatino jurídico, no exento de perversidad, pretender transformar el principio de no intervención en un principio de impunidad en cuanto a crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad.

Es obvio afirmar que estas acciones criminosas aquí expresadas son contrarias a la paz y la única posibilidad de una solución pacífica es poner fin a esto. La impunidad de la violencia contra la propia población no constituye una solución pacífica; asegurar a la dictadura sus capacidades para continuar su política de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de prisión política, así como su apoyo a políticas de agresión en el continente es lo más alejado posible de una solución pacífica.

Las muertes violentas, en sus múltiples formas, perpetradas por una dictadura, no constituyen una solución pacífica; la solución pacífica es detenerlas. Las torturas realizadas por las dictaduras no constituyen una solución pacífica; la solución pacífica es detenerlas. La complementariedad del derecho internacional público nos otorga instrumentos para ello, tenemos responsabilidades para ellos.

Debemos asumir nuestra responsabilidad de proteger al pueblo venezolano y de defender a la comunidad hemisférica de los crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad del régimen madurista. Sabemos que no es la retórica, sino la acción política, la que puede cambiar una situación intolerable en cualquier dinámica de paz en el continente.

El carácter defensivo del tratado para afrontar los temas de agresiones es claro: es un instrumento de paz. Queremos desde la Secretaría General de la OEA que definitivamente el TIAR sea un instrumento de paz hemisférica.