Discursos y otros documentos del Secretario General

APERTURA DE CONFERENCIA DE COOPERACIN JURDICA

2 de noviembre de 2017 - Buenos Aires, Argentina

No hay estado de derecho sin un ordenamiento jurídico que enfrente adecuadamente los desafíos del mundo actual. Debemos de fortalecer el estado de derecho democrático para que los poderes nacionales -sin perder su independencia- cooperen entre sí y puedan lograr una mejor legislación internacional, que cada vez es más difícil de separar de la legislación interna. 

Amigos y amigas, 

  • Los desafíos que impone la revolución tecnológica obligan a un  trabajo conjunto de los poderes del Estado, basado en el respeto a su independencia. Tampoco se puede tener un continente democrático sin una cooperación entre nuestros países para la construcción de un derecho que logremos construir y hacer respetar juntos.
  • En estos dos días de reunión, jueces, abogados, académicos, expertos legales de Argentina  compartirán una amplia temática en torno a algunos de los mecanismos de cooperación que, a través de la Organización de los Estados Americanos, están a su disposición.
  • Siempre es más fácil destruir que construir; es más fácil corromper que combatir la corrupción; es más fácil debilitar que fortalecer nuestras instituciones democráticas. Pero todos merecemos instituciones sólidas, derechos protegidos y tener a la delincuencia bajo el peso de la ley.
  • Durante la conferencia dialogarán acerca de  compar los más recientes desarrollos jurídicos en Argentina en temas tan sensibles como son el combate a la corrupción, la protección del medio ambiente, la lucha contra el lavado del dinero y el narcotráfico, es la búsqueda de una cooperación judicial regional más efectiva. 
  • El propósito de tener un primer intercambio entre los actores argentinos fue para que ellos puedan debatir propuestas para el fortalecimiento de los mecanismos existentes y abrir las puertas de nuestra organización para asegurarles el ámbito más adecuado de nuevos instrumentos jurídicos. 
  • No hay instrumentos jurídicos idóneos si estos no nacen de quienes luego tendrán que aprobarlos y aplicarlos. Los parlamentarios y los jueces tienen que tener un papel protagónico en la formulación de las nuevas normas interamericanas.
  • Hoy disponemos de un rico patrimonio convencional interamericano en campos como la cooperación jurídica y judicial civil, comercial y penal; en el combate a la corrupción; en la protección de los derechos humanos; en la defensa del sistema democrático. 
  • Contamos también con leyes-modelo que ya han dado sus frutos en algunas legislaciones nacionales como aquellas sobre garantías mobiliarias, contratos comerciales o acceso a la información, que el Congreso argentino supo tener en cuenta al aprobar su propia ley.
  • Hemos desarrollado sistemas informáticos que permiten una rápida cooperación entre autoridades nacionales en asuntos que requieren una urgente acción  como las relativas al combate al delito cibernético que es aquel que se ejecuta simultáneamente en varios países utilizando la computadora como medio, o los referidos a los procesos de extradición o de asistencia penal.
  • Contamos con las instancias técnicas y políticas para la negociación y la adopción de estos instrumentos jurídicos.
  • Pero nada de ello tiene verdadera utilidad si no responde, desde sus inicios, a las necesidades reales que viven los países. Y nadie mejor que ustedes, hoy reunidos en esta sala de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para decirnos sobre qué y cómo tenemos que promover nuevas normas comunes.
  • Cuenten con todo el apoyo de la Secretaría General de la OEA para seguir avanzando en la cooperación jurídica.. En ese sentido, pronto firmaremos un acuerdo de cooperación con la recientemente creada Asociación de Jueces Federales.
  • Ya venimos trabajando con el Ministerio de Justicia argentino, que hace veinte años promovió en Buenos Aires, la primera Reunión de Ministros de Justicia de las Américas. La Autoridad Central, dependencia de vuestra Cancillería, es su punto de contacto en varias de nuestras redes de cooperación. Distintas oficinas nacionales participan activamente de nuestros mecanismos de seguimiento en asuntos de combate a la corrupción o al narcotráfico.
  • Esperamos que esta reunión sirva para fortalecer el vínculo con la Suprema Corte con cuyo Presidente ya venimos trabajando en el área de la protección ambiental.
  • El Congreso de la Nación tiene entre otras funciones ver la posible inclusión de nuestras leyes-modelo al tiempo de legislar, así como el trámite de aprobación de los nuevos acuerdos previa a la ratificación por el poder ejecutivo.
  • A diferencias de las reuniones anteriores donde debatíamos una agenda común a todos los países, en esta reunión intentamos algo distinto: nos centramos en un solo país -la República Argentina- para saber sus necesidades y pedirles que nos indiquen las áreas que deberán ser objeto de nuevas normas, cuál deberá ser su contenido y cómo asegurar su efectividad. 
  • ¿Cuántas reformas han fracasado porque quienes tienen a su cargo la aplicación no han sido ni informados ni mucho menos escuchados durante su proceso de preparación?.
  • Queremos contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales con el mejora de un orden jurídico nacional que responda a los reclamos y necesidades de los ciudadanos en un tiempo de evolución tecnológica imprevisible, de circulación acelerada de bienes, personas e informaciones, y con la consiguiente posibilidad de globalización de actividades delictivas.
  • De lo que se trata, en suma, es fortalecer el estado de derecho democrático donde sin perder su independencia, los poderes nacionales cooperen entre sí para el logro de una mejor legislación internacional hoy, como nunca antes, difícilmente separable de la normativa interna.
  • Por ello, solo me resta hacer votos para que ustedes puedan avanzar con los temas que tienen previsto analizar y debatir.
  • Muchas gracias, con antelación, a los jueces federales que coordinan los paneles, al Ministerio de Justicia, a la Suprema Corte y a la Facultad de Derecho de la UBA.

FIN