FORO DE ALTO NIVEL SOBRE FLUJOS DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN LAS AMÉRICAS

12 de septiembre de 2017 - San José, Costa Rica

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Los Estados Miembros de la OEA han expresado en reiteradas ocasiones su voluntad política de proteger los derechos humanos de los migrantes. Nos faltan, sin embargo entendimientos básicos comunes, pautas y lineamientos para enfrentar los retos actuales y los futuros, así como promover consensos de cara a las negociaciones del Pacto Global para una Migración Segura, Regular y Ordenada. Consolidar un espacio de diálogo constructivo para ello es un paso imprescindible.

Estamos aquí reunidos para cumplir un doble objetivo:

Primero, para dar continuidad a la construcción de una respuesta conjunta a los desafíos que plantean los flujos migratorios en situación irregular en nuestro continente, documentados en el estudio que preparamos y presentamos en marzo de este año ante el Consejo Permanente, y que servirá como insumo para las discusiones y propuestas a lo largo de los trabajos en este evento.

Segundo, para dar un paso más en el proceso de consulta que permita que proporcionemos como región aportes a las negociaciones hacia el Pacto Global de Migración.

El objetivo de este Pacto Global es establecer una serie de principios, compromisos y entendimientos entre los Estados sobre la migración internacional en todas sus dimensiones, ofreciendo un marco para la cooperación internacional amplia respecto de los migrantes y la movilidad humana, abordando todos los aspectos de la migración internacional incluyendo los humanitarios, de desarrollo y de derechos humanos, entre otros.

Nuestro continente se ha caracterizado por movimientos migratorios superiores a los del resto del mundo, y alberga países con perfiles migratorios diversos. Por eso la tarea que tenemos por delante implica abordar la temática de la migración desde una perspectiva multidimensional, en toda su complejidad.
En lo que se refiere a los derechos humanos de todos los migrantes, décadas de leyes migratorias restrictivas y anacrónicas dieron por resultado grandes contingentes de migrantes en situación irregular, pasando a conformar un grupo social de particular vulnerabilidad.

Los avances en los procesos democráticos en los países de América Latina y el Caribe en el pasado reciente han sido determinantes para impulsar una nueva forma de conceptualizar los marcos normativos y las políticas públicas en materia de migración.

Durante décadas, la migración se concibió casi exclusivamente desde una óptica de seguridad nacional: el migrante era una potencial amenaza.

Ahora, la óptica predominante afortunadamente es la de derechos: el migrante es una persona, un ser humano que es sujeto de derechos y es también actor relevante para el desarrollo.

Muchos Estados miembros han cambiado radicalmente en estos últimos años la forma de conceptualizar la migración en esta línea. Reconocer los derechos de los migrantes y garantizar su acceso a esos derechos ha contribuido indudablemente a generar sociedades más justas e inclusivas.

Sin embargo, persisten grandes dificultades en la implementación de estas nuevas leyes y todavía falta avanzar mucho en la asimilación generalizada de este nuevo paradigma en la práctica.

Todavía es muy frecuente encontrar en nuestros países contradicciones entre las nuevas leyes y anacrónicas prácticas administrativas del día a día que terminan impidiendo el acceso de los migrantes a sus derechos.

Con demasiada frecuencia se sigue asociando a los migrantes con el delito. Los datos, las estadísticas no sólo refutan la noción de que el migrante es más propenso a cometer un delito, sino que demuestran que el migrante es en realidad más propenso a ser víctima de delitos, como el tráfico ilícito y la trata de personas.

Las estrategias de prevención y combate a estos delitos han tenido hasta ahora un limitado éxito. Las propias autoridades migratorias han señalado en diversas ocasiones su temor de que, entre los propios grupos de migrantes se encuentren sus traficantes. Además, reconocen las grandes dificultades que enfrentan para identificar a traficantes y tratantes, sancionar los delitos que cometen y, aún más importante, identificar y proteger a sus víctimas.
Otro tema central que abordaremos en este evento es la relación entre el impacto del cambio climático y las migraciones.

Un estudio que presentamos recientemente con el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional de las Migraciones, documenta el efecto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria en el Corredor Seco centroamericano, lo que contribuye manera directa al incremento de los flujos migratorios desde esta región. Sólo la acción concertada a nivel internacional permitirá enfrentar este fenómeno y mitigar sus efectos devastadores.

El tema de la protección de los derechos de los trabajadores migratorios también es central en la agenda de la región. En términos económicos, la migración laboral beneficia a todos: empleador y trabajador, país de origen y de destino. Pero de todos ellos, el trabajador migrante es el que en demasiadas ocasiones menos derechos tiene. Es necesario avanzar en la adopción de políticas coherentes y justas para gestionar con eficiencia los procesos de migraciones laborales y asegurar la protección de migrantes trabajadores.

Es clave en este sentido impulsar el compromiso de los países de nuestra región con el trabajo decente para todos, buscando la cooperación de las diversas organizaciones internacionales para lograr la aplicación de políticas de migración laboral más justas que respeten los derechos al empleo de los trabajadores migrantes, y protejan también sus derechos a la seguridad social.

Por último, quiero referirme a la gobernanza de la migración, tema central en el marco del Pacto Global. A pesar de que reconocemos la necesidad de una cooperación para garantizar una gestión eficaz de la migración, esta se sigue gestionando en su mayor parte a nivel de cada gobierno.

Aunque debemos siempre tener presente y reconocer el derecho soberano de los Estados a ejercer el control sobre sus fronteras, es igualmente importante reconocer que este derecho no es ilimitado y está restringido por las obligaciones que el Estado ha asumido voluntariamente en virtud del derecho internacional.

El desafío al que nos enfrentamos consiste en cooperar con otros Estados sin perder el control de un asunto que es central para diversos ámbitos de interés nacional.
Además, tendremos que combatir la falta de voluntad política para emprender la tarea políticamente ardua de construir un marco jurídico-político global.
En suma, tenemos mucho trabajo por delante. Debemos caminar hacia la humanización de la gestión migratoria, que implica comprender que el proceso migratorio de una persona no concluye con la llegada de ésta a su lugar de destino o de retorno, sino que continúa hasta el momento en que la persona logra integrarse a la sociedad de destino o a la de retorno.

Por lo tanto, una gestión migratoria con rostro humano no puede limitarse a regular la salida, tránsito, entrada y retorno de los flujos migratorios, sino que también debe incluir entre sus principales tareas la inclusión social y la reintegración de las personas migrantes. Para ello, es necesario velar activamente por el bienestar y los derechos de las personas migrantes, en todo momento y sin importar su estatus migratorio.

El día de hoy y mañana, es nuestra tarea establecer la ruta que permita fortalecer la cooperación y las alianzas regionales basadas en la responsabilidad compartida.

Confío que en el transcurso de los trabajos de este Foro:

lograremos identificar los retos y los avances alcanzados, así como recomendaciones para la creación de políticas públicas transformadoras;

propiciaremos también el intercambio de experiencias, información y buenas prácticas

identificaremos los desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo

y analizaremos, en particular, la viabilidad de alcanzar acuerdos multilaterales para abordar el fenómeno de la migración irregular.

Desde la OEA llamamos a todos los representantes de Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil, aquí presentes a hacer uso del espacio que nos brinda el gobierno de Costa Rica para contribuir a la construcción de una respuesta integral para los desafíos apremiantes que enfrentamos en materia migratoria.

Dialoguemos, pero hagámoslo con el claro objetivo de llegar a resultados, a entendimientos básicos, pautas y lineamientos que permitan avanzar en la gobernanza migratoria internacional conducente al respeto de los derechos y la inclusión social de todos los migrantes, para beneficio de todas las comunidades involucradas.

Muchas gracias.