Discursos y otros documentos del Secretario General

PRESENTACIN DEL SECRETARIO GENERAL LUIS ALMAGRO ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
APLICACIN DE LA CARTA DEMOCRTICA INTERAMERICANA

23 de junio de 2016 - Washington, DC

Antes de comenzar, señor Presidente, quisiera rendir tributo a todos los actores que han hecho viable la paz en Colombia, en especial al Presidente Juan Manuel Santos y a los líderes de las FARC, pero también a todos los países garantes de este proceso.

Este es un paso trascendental para Colombia y nuestro hemisferio. Es una muestra de que el diálogo, cuando se orienta hacia resultados tangibles, puede brindar dividendos para todos.

Nuestra mayor virtud hoy será ser justos, ése es el trabajo de la OEA, ése es el principio que anima a la Organización. La justicia es la principal y la primera virtud de las organizaciones sociales como se ha dicho ya desde Platón.

La OEA tiene que saber hoy si su Carta Democrática es un instrumento fuerte para defender los principios de la democracia, o si es para los archivos de la Organización. Ustedes, definitivamente, tienen la palabra.

Tenemos que ser justos porque de ello dependen las reglas básicas de nuestra convivencia. Debemos partir de la decisión que se tome hoy para ser responsables respecto a lo que entendemos que debemos hacer como miembros de las comunidades políticas, por lo que la dimensión social de la justicia como virtud es la mejor forma de construir convivencia y coexistencia.


Coexistencia entre nosotros, porque compartimos valores y principios de democracia, Derechos Humanos, desarrollo y seguridad. Nunca podemos vaciar de contenido esos principios. Nunca podremos dejar por el camino esos principios principistas.

La indiferencia, o solamente abarcar nuestro interés, es una forma de vaciamiento de contenidos. Debemos ser justos porque se los debemos a Venezuela y se lo debemos a la historia de nuestro continente que ha estado signada por actos de injusticia, de indolencia, y de impunidad.

Actos por los que todavía pagamos, heridas que todavía están abiertas, y que de muy poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición.


Hace poco tuvimos que desandar por un acto de injustica que fue cometido por la Asamblea General de la OEA en abril de 1965, con la validación de la invasión a República Dominicana.

Hoy podemos trabajar para que esa justicia emane naturalmente de nosotros. Tenemos por delante un trabajo importante, tenemos para adelante el hecho de concentrarnos y focalizarnos en el problema de fondo que Venezuela y los venezolanos enfrentan cotidianamente.

Cada uno de los problemas aquí expuestos procuran dar un marco de trabajo para este tema, pero con el mejor sentido, con el sentido más instructivo.

Nosotros nos hemos expresado –está escrito en la página 125 de nuestro informe- contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo, o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller. Hemos sido muy claros al respecto. Y reafirmamos esos principios de una manera drástica y de una manera contundente.

Ustedes hoy decidirán. Estará en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, decidir si el pueblo de Venezuela puede recibir asistencia humanitaria a través de una canal internacional, si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela de elegir su destino, o se lo negamos. Si permitimos que los obstáculos administrativos previstos prevalezcan sobre la voluntad de a gente. Todo esto es responsabilidad nuestra.

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta Organización, y en mi calidad de Secretario General solicito al Consejo Permanente que realice "una apreciación colectiva de la situación" en Venezuela y adopte "las decisiones que estime conveniente".

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una alteración del orden constitucional en ese país; una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad la incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de situaciones en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados:

En la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
En la resolución de la Asamblea General 1080, "Democracia representativa",
Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.
Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos con los otros.
Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar.

Nuestra obligación es señalar los problemas donde quiera que estén, en particular, cuando además existe una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El "respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto [...]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

"la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales, y la libertad de expresión y de prensa".
En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos al respecto y cómo esta situación afecta el orden constitucional en Venezuela.

Les pido que consideren las vidas, la salud, seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería también tomar medidas para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los presos políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un revocatorio.

Es conforme a estos principios que debemos actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: "si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor".

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un ejercicio público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos buscarán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado es que no podemos ser solamente testigos de la pérdida del propósito moral y ético de la política.

Todo Gobierno debe defender el bien mayor, el bien colectivo. Eso es válido para Venezuela.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.
El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura del mismo, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá, de acuerdo a los pronósticos, un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en el 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale de acuerdo a la tasa oficial, a 24 dólares, esto es menos de un dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo desde el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas. Esto lo paga el pueblo.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han debido cerrar sus puertas.
A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café, de ingenios azucareros, de productores de arroz y pasta, de Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas, de Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos, de más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros, de por lo menos 5 productores de harina de maíz, de fabricantes de aceites, de la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez también ha dado lugar a una economía de mercado informal o "negro" de productos regulados. Eso, definitivamente es una responsabilidad directa.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población, un cuarto de la población, vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejarían de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades que se pueden transmitir -bacteriológicas, virus- por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas respecto a equipos, doctores, medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas, hasta frazadas.

Cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias sólo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley para "atender la crisis humanitaria en salud".

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada. La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo en este año en todo el país. Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana; en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por falta de servicios básicos del Gobierno.
Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estas pérdidas irreparables del aumento de la violencia como consecuencia del aumento del desabastecimiento.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán, de acuerdo a cifras internacionales es el segundo país más violento del mundo.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.
Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. Tres de cada cuatro.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en temas de delincuencia organizada, incluso secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

Las fuerzas paramilitares han sido acusadas de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años sí podemos decir que 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares murieron; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad. Es un estado perpetuo de lucha civil y violencia.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares que podrían estar involucrados en temas de corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez –con todos mis respetos- han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.
Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países afectados, devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos, considerando que hay hoy corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema que incluye la persecución en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas, y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación independientes son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica.
Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan acciones de Gobierno, lo cual crea un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

Se controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas. Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma; los que están en la tumba, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda.
Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

Este domingo pasado, Francisco Márquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interrogados extensivamente por la policía y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para desconocer e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.
El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Desde el 6 de diciembre hasta la fecha 13 titulares y 21 suplentes.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder aún más y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

Se ha disparado el activismo del Tribunal Supremo desde febrero a marzo de 2016, comparado con el 2015, al pasar de dos casos a 252.
Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado en la gran mayoría de sus decisiones.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.
Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se llevara a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de los electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos por el 20%.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25%.

Nadie está por encima de la Constitución.
Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, incluso esto último de la verificación de firmas, aparte de lo que está contenido en el informe, entre ellas:

Demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas; retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas; creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad necesarias. El proceso de validación recién se inició esta semana.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) pertenecen al partido de gobierno.

Hay disposiciones claras, que no han sido cumplidas, incluso la cantidad de máquinas que deben estar a disposición de los ciudadanos para las firmas. Esa disposición, definitivamente ha sido violada y la cantidad de máquinas es cinco veces menor que la que debería existir.

El objetivo hoy no es castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:
Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio, que aún en el cumplimiento del plazo máximo después de la recolección de firmas en 90 días, darían los plazos para que se realizara en este año.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos y detenciones arbitrarias.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos para socavar a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, que puede estar compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Por último, ofrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La democracia requiere diálogo. Para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.
La democracia no tiene nacionalidad. La democracia es más que una elección, es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión. Es una ciudadanía empoderada. Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza de la gente, del pueblo y que le rinda cuentas. Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

El ofrecimiento que se realizara de un Grupo de amigos los estimamos sumamente conveniente, y consideramos un extraordinario primer paso para acercar a la OEA a la soluciones que demanda la comunidad internacional.

Agradezco especialmente la atención de todos ustedes en el día de hoy.

Gracias señor Presidente, he hecho esto lo más breve y compacto posible atendiendo su solicitud. Obviamente que ha quedado muchísima más información para poner a disposición de los países.

Gracias señor Presidente.