Discursos y otros documentos del Secretario General

CONFERENCIA DEL SECRETARIO GENERAL EN WASHINGTON DC, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL INFORME EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN LAS AMERICAS

20 de mayo de 2013 - Washington, DC

Hace un año atrás, en la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, Colombia, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno encargaron a la OEA la elaboración de un Informe sobre el problema de las drogas en las Américas. Hace apenas un par de días hemos cumplido este encargo, entregando al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien presidió esa Cumbre, y a todos los Presidentes y Primeros Ministros el documento titulado El Problema de Drogas en las Américas.

Hoy tengo la satisfacción de presentar este Informe al Consejo Permanente de la OEA y a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas.

¿Por qué era necesario este Informe? En primer lugar, porque en las Américas vive aproximadamente el 45% de los consumidores de cocaína en el mundo, aproximadamente la mitad de los que consumen heroína y opioides y una cuarta parte de los que fuman marihuana. Se ha incrementado el consumo de pasta base de cocaína, de crack, de inhalables, de anfetaminas y el uso indebido de fármacos legales. El consumo de drogas en nuestro Hemisferio es, a la par con el de Europa, uno de los mayores del mundo y produce una amplia gama de efectos nocivos en la salud a corto y largo plazo. Y la dependencia a la que están expuestos todos los consumidores de drogas, tanto lícitas como ilícitas, destruye no sólo la vida de quienes las padecen, sino también de sus familias y todos quienes los rodean.
Pero además de este daño a la salud, el proceso de producción, tráfico, venta y consumo de drogas ha generado un negocio ilícito que atenta contra el bienestar humano y material de nuestros ciudadanos y contra la integridad de nuestras instituciones.

Una economía ilegal que se eleva a los miles de millones de dólares y es operada por redes delictuales transnacionales, expande sus acciones al tráfico ilegal de armas, al contrabando, a la piratería, a la trata de personas, la prostitución, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. También se traduce en crímenes que elevan el total de víctimas de la violencia en las Américas a centenas de miles y hace que algunos de nuestros países registren las mayores tasas de homicidios del mundo. Además el narcotráfico corrompe a funcionarios públicos y actores privados en distintos niveles, afectando así nuestras economías y nuestras instituciones y, en casos extremos incluso poniendo en riesgo nuestra gobernabilidad democrática.

Conscientes de este desafío, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas decidieron dar un paso adelante en la búsqueda de caminos para desentrañar sus complejidades y avanzar en fórmulas para alcanzar una mayor efectividad en su manejo.
Para cumplir con tal propósito se confirió un mandato explícito a la Organización de los Estados Americanos. El texto de ese mandato, anunciado por el Presidente de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, Juan Manuel Santos, encarga a la OEA:
(cito) ““Analizar los resultados de la actual política (de drogas) en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos (en ella)” (fin de la cita)
Para asumir esa responsabilidad reunimos a servidores públicos, especialistas privados, expertos académicos y líderes sociales y políticos de todo el continente que contribuyeron con sus opiniones, con sus aportes en aspectos específicos y, en todo momento, con su experiencia y buena voluntad, a la realización de este Informe.
En la práctica, el mandato nos planteaba dos tareas, que era necesario compatibilizar: Por una parte, debíamos evaluar, con todos los conocimientos disponibles, la actual política (o políticas) de drogas y sus resultados; y por otra parte, se nos pedía explorar nuevas ideas, nuevos enfoques que permitieran un debate amplio mirando hacia el futuro.

Hemos hecho lo primero en el documento que hemos llamado Informe Analítico y lo segundo en el llamado Informe de Escenarios. Estas dos partes están ligadas entre sí, aunque su temática y metodología sean distintas. El Informe Analítico muestra el “Problema de las Drogas” tal cual es y cómo se manifiesta, en cada paso, en nuestros diversos países y subregiones. El volumen de dinero que mueve y quiénes se benefician de él. Cómo erosiona nuestra organización social y cómo debilita no sólo la salud de nuestros pueblos, sino también la calidad de nuestros gobiernos y aún de nuestra democracia.

A partir de esa realidad y de las percepciones de sus protagonistas, el Informe de Escenarios nos muestra distintas evoluciones posibles de esa realidad, según las políticas y decisiones que se vayan adoptando en el futuro. Frente a un fenómeno que afecta de maneras distintas a distintos países y actores, puede haber también reacciones distintas. Los cuatro escenarios que presentamos intentan indagar cuales podrían ser esas reacciones y a que efectos conducirían.

A continuación describiré brevemente estos Informes en sus principales contenidos.


EL INFORME ANALITICO

A todos nos preocupa el Problema de las Drogas, principalmente por su violencia e ilegalidad. Pero, al partir, debemos poner en el centro el problema humano de las víctimas de la droga. Por ello, nuestro Informe analítico se inicia con una explicación del daño que provoca en los seres humanos el consumo de drogas, para entender las razones que llevaron a la sociedad a preocuparse por ese consumo y a decidir controlarlas, esto es a los efectos de las drogas sobre la salud humana.

La investigación desarrollada en las últimas décadas en el campo de las neurociencias ha aportado evidencia que permite sustentar una relación íntima entre las estructuras cerebrales y las conductas asociadas con el consumo de drogas. Como ya he dicho, este consumo produce una amplia gama de efectos nocivos en la salud a corto y largo plazo. Desde la formación de coágulos en el interior de los vasos sanguíneos e infartos del corazón y el cerebro, hasta la atrofia cerebral. Las diferentes drogas impactan y modifican múltiples sistemas y órganos, especialmente el cerebro, con consecuencias aún más severas entre los jóvenes.

La adicción a las drogas no es, como se pensaba tradicionalmente, una “mala decisión”, voluntaria y por lo tanto modificable por otra decisión. El consumo adictivo de drogas es una enfermedad y debe ser tratado como tal.

Sin embargo, ese consumo da lugar a la actividad económica ilícita destinada a abastecer la demanda de productos prohibidos.

Nuestros países sienten y viven de manera diversa lo que denominamos “Problema de las Drogas” e incluso en regiones de cada uno de ellos puede llegar a plantearse de manera diversa, tiene protagonistas y hasta realidades geográficas diferentes, que se viven en cada país con distinta intensidad e impactos.

Se hace, por ello, difícil capturar en un solo conjunto de recomendaciones políticas la variedad y extensión de desafíos que surgen de un proceso en que se tienen tantos roles distintos.

Por esta razón, el Informe Analítico se organizó como un proceso, siguiendo el curso de la actividad ilícita, desde el cultivo de los productos naturales, a la producción de drogas, a su tránsito, con sus rutas y la violencia que le es inherente, a la venta y consumo final.

Dedicamos los capítulos 3, 4, 5 y 6 del Informe al examen detenido de las formas como, en nuestro continente, tiene lugar cada una de estas fases, desde, por ejemplo, la hoja de coca hasta la venta final de la cocaína. En el contexto de ese examen nos detenemos en la revisión del volumen y las distintas formas que adopta la actividad así como su impacto ambiental y la reacción del Estado, sus consecuencias y limitaciones.

El capítulo 7 está dedicado al estudio del consumo de las diferentes drogas que son usadas en nuestros países, exponiendo el volumen de cada producto, a quienes llega, las formas de tratamiento y prevención posibles y practicadas en la actualidad y a sus efectos sobre la exclusión social y el ejercicio de los derechos humanos.

La información de que disponemos señala que el 24% del total de consumidores de marihuana del mundo viven en la región de las Américas y que de ellos el 81% se encuentran en Norteamérica.

El total de usuarios de cocaína en las Américas, a su vez, se sitúa entre 7 y 7,4 millones de personas, lo que arroja una prevalencia de 1,2 por ciento, porcentaje equivalente al de la población europea. Aunque el consumo de Norteamérica ha disminuido y ha aumentado en América del Sur, el principal destino de esta droga, exclusivamente americana, sigue siendo el Norte de nuestro continente y Europa.

Durante los últimos 10 años el consumo de pasta base de cocaína (PBC) por su parte, que anteriormente se limitaba principalmente a los países de la región andina, se ha ido extendiendo a otros países. El mayor consumo de heroína en nuestra región se sitúa en Norteamérica. Sin embargo, también en este caso comienza a afectar a algunos países del resto de la región.

A nivel mundial, los estimulantes tipo anfetaminas son el grupo de drogas de mayor uso después de la marihuana. En los países de las Américas el uso de estas drogas es muy variado. También se ha detectado un consumo importante de sustancia tipo éxtasis en la población joven de muchos países del hemisferio.

En lo relativo a los esfuerzos del Estado con relación al consumo de drogas, se debe decir que sólo 18 de los 33 países de las Américas evaluados por el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de la OEA han informado la existencia de un plan o estrategia nacional antidrogas, mientras que 15 no contaban con planes actuales vigentes o no proporcionaron información.

Un problema que afecta a muchos países del hemisferio tiene que ver con el crecimiento de la población penitenciaria debido a las drogas controladas. Para la sociedad esto resulta en costos fiscales cada vez más altos, no solamente debido al costo de mantenimiento de los reclusos sino por la pérdida de su potencialidad laboral.

Por otra parte el consumo de drogas está asociado también a una importante situación de exclusión y aún de rechazo social. En la medida que el consumo de drogas está penalizado o estigmatizado, las poblaciones más vulnerables al consumo problemático se ven inhibidas de recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y, en general, a los programas de prevención y tratamiento. Por ende, el consumo de drogas podría considerarse tanto una consecuencia como una causa de la exclusión social.

Las representaciones sociales tienden a considerar al usuario problemático de drogas como una suerte de “minusválido” o de “desviado” social, generalmente asociado a delincuencia, violencia, peligrosidad y amenaza para la sociedad. Por ello el usuario problemático de drogas es excluido de los espacios cotidianos, de los espacios socio-afectivos, de los espacios de integración social y, en múltiples ocasiones, incluso de los mismos programas de tratamiento para su propia dependencia.

El examen de este proceso nos permite analizar en detalle dos realidades que provocan especial inquietud en nuestras sociedades y gobiernos: la economía del narcotráfico y la violencia que lo acompaña.

Sobre la base de estudios previos de las Naciones Unidas y agencias de diversos gobiernos, establecemos que los mercados de venta minorista de drogas en las Américas son estimados en US$151.000 millones, lo que equivale aproximadamente al 47% del total mundial. De estos, los mercados de venta minorista en Norteamérica equivalen por sí solos a aproximadamente el 44% del total mundial.

Sobre la base de diversas fuentes es posible establecer que un kilo de pasta base, que en la selva colombiana tiene un costo de entre 585 y 780 dólares, puede llegar a transformarse en dos kilos de cocaína con un valor total de venta al detalle de 330.000 dólares en Norteamérica. Esto es, puede llegar a incrementar su valor alrededor de 500 veces a lo largo de la cadena de valor constituida por el negocio ilegal de drogas.

Siempre haciendo referencia sólo a la cocaína, el mayor valor de esta economía ilegal es agregado en los mercados de venta final, con lo que presumiblemente también una parte importante de las ganancias se genera en esos mercados. Sólo un poco más del 1% del valor generado corresponde al ingreso de los productores originales en los países andinos, en tanto que los vendedores minoristas de los países consumidores reciben cerca del 65% de esos ingresos.

Esos enormes volúmenes de ganancias son a su vez enormes volúmenes de dinero que generan otro grave problema en nuestro continente, aunque de manera principal en los países productores y de tránsito. Se trata de la corrupción de funcionarios públicos y privados que se ven envueltos como facilitadores u operadores en algún punto de ese proceso económico. Y también la de instituciones, principalmente del ámbito financiero, que se ven comprometidas en actividades que buscan “lavar” esos dineros estableciendo peligrosos enlaces entre las esferas de lo legal y lo ilegal.

Cuando la corrupción generada por el problema de las drogas ilegales y los niveles de penetración del crimen organizado en las instituciones alcanzan gran intensidad, pueden llegar a producir la cooptación y/o reconfiguración de las instituciones del Estado. No hay otra economía ilegal en la región con tal capacidad de erosionar la institucionalidad.

La segunda gran vertiente de corrupción generada por la economía ilegal de drogas es aquella asociada a su necesidad de ocultar el origen ilícito de sus bienes y fondos a fin de integrarlos al sistema económico legal, o “lavado de activos”.

Tradicionalmente el sector financiero, y los bancos en particular, han sido utilizados para el lavado de activos. Sin embargo y en buena medida como respuesta a las acciones de prevención aplicadas al sector financiero, las organizaciones delictivas han diversificado sus procedimientos y ahora utilizan también otros agentes económicos, entre ellos compañías de seguros, corredores de bolsa y de valores, agencias de cambio de monedas, empresas de envíos de giros, casinos, comerciantes y concesionarios de minerales y piedras preciosas, bienes inmuebles y profesionales independientes.

Basados en estimaciones de las Naciones Unidas establecemos que las ganancias relacionadas con las drogas, disponibles para el blanqueo a través del sistema financiero, se sitúan entre el 0,4 y el 0,6% del PIB mundial. Es posible estimar, igualmente, que alrededor de la mitad de estas ganancias son blanqueadas dentro de la jurisdicción donde se han generado y que ingresan al sector bancario, al de bienes inmuebles o a otros tipos de inversiones. En el caso particular de la cocaína y basados en la misma fuente, es posible estimar que el 46% de las ganancias brutas producida por la venta minorista de esta sustancia y el 92% de las ganancias brutas de los mayoristas están disponibles para el blanqueo, lo cual resulta en una proporción de dinero disponible para el blanqueo que asciende al 62% de las ganancias brutas generadas por el trafico de esta sustancia que, como hemos visto, son inmensas.


El segundo tema crítico que examina el Informe Analítico se refiere a las diferentes formas de violencia criminal asociadas a las diferentes etapas de la cadena de valor de la economía ilegal de drogas, incluida aquella que se presenta en la fase de consumo de esas sustancias.

Todas las actividades relativas al “Problema de las Drogas” son, por sí mismas, constitutivas de delitos, sin perjuicio que algunos consumos estén despenalizados. La perpetración de esos delitos, en particular aquellos relacionados con la economía ilegal de drogas, genera otros delitos y, sobre todo, una abrumadora violencia criminal relacionada con la “protección” de esas actividades delictivas y con las disputas entre facciones criminales.

Ese mundo de delito y violencia que envuelve al “Problema de las Drogas” es hoy su cara más visible y aquella que provoca más daño a las personas en nuestro Hemisferio y entre las instituciones que están destinadas a protegerlos y procurar su bienestar y prosperidad.

Como ya he señalado, esta actividad ha propiciado el surgimiento o el fortalecimiento de gigantescas redes criminales transnacionales, que han terminado por expandir sus acciones a otras áreas delictivas a un grado que lleva a pensar que ni siquiera la desaparición de la economía ilegal de drogas podría poner fin a su accionar criminal.

Directamente asociado a la violencia generada por la economía ilegal de drogas se encuentra el tráfico ilegal de armas, que se ha convertido en uno de los principales problemas para la seguridad ciudadana en la región. La violencia letal producida por las armas de fuego en América Latina y el Caribe supera ampliamente al promedio mundial de 42% del total de homicidios. Según el Informe Sobre Seguridad Ciudadana 2012, de la OEA, en el Caribe el 68% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, en América Central el 78%, en Norte América el 55% y en América del Sur el 83%.

Con relación a la violencia criminal asociada al problema de las drogas nos detenemos en el Informe en la consideración de las posibles razones que explican por qué esa violencia se hace presente con mayor intensidad y virulencia en algunos países y no en otros.

Nuestra conclusión es que es muy probable que esa diferencia se deba, principalmente, a dos razones: la condición económica y social de los países; y especialmente las capacidades también diferenciadas de los Estados para garantizar la protección de sus ciudadanos y, principalmente, para garantizar que las leyes sean efectivamente cumplidas.
En cuanto a la primera, se señalado muchas veces y este Informe considera a lo largo de su texto, las relaciones que existen entre la exclusión social, la pobreza y el delito. Un rasgo del narcotráfico es que, aunque algunos de sus jefes llegan a ser extremadamente ricos, ellos, sus lugartenientes, sus secuaces y sus soldados y esbirros proceden de sectores sociales desposeídos, en los cuales la droga juega un doble papel: convertirse en fuente de empleo y modo de vida; y a la vez permitir el reclutamiento de mano de obra barata y abundante.

El desarrollo social y la eliminación de la exclusión, especialmente en los países de producción y tránsito, está en la base de la superación del Problema de las Drogas. No es, como algunos pretenden, el único factor condicionante, pero si uno que debe ser mencionado.

En cuanto a la segunda razón, aquellos países en los cuales la actividad criminal alcanza los niveles más intensos de violencia criminal y crueldad son también países en los que tiende a encontrarse una cobertura geográfica institucional deficiente, falta de coordinación y articulación institucional, recursos financieros y humanos limitados y falta de información apropiada para guiar la definición e implementación de las políticas de seguridad. Detrás de estos problemas, se sitúa una situación de impunidad generalizada que explica la existencia de una cultura igualmente generalizada de irrespeto del Estado. En el marco de este irrespeto del Estado se genera un círculo vicioso en que la comunidad decide no recurrir a las instituciones (delitos que no se denuncian, litigios que son resueltos privadamente, justicia que es tomada por la propia mano), porque la policía no persigue a los delincuentes, los tribunales no juzgan y las cárceles no rehabilitan y muchas veces sirven como refugio de criminales que continúan operando como tales desde esos recintos.

Resulta claro que la certeza de la impunidad disminuye el costo de la violencia en la misma medida en que el riesgo del castigo lo aumenta. Por ello es probable que el mismo
traficante de drogas que emplea la violencia y la crueldad como método para resolver sus disputas con competidores o defensores de la ley en países en los que no corre un riesgo real de ser castigado por sus delitos, emplee métodos diferentes en países en los que ese castigo puede considerarse ineludible.


El Capítulo 9 de nuestro Informe Analítico, está dedicado al examen de las alternativas legales y regulatorias frente al problema, en particular sus orígenes y características. En este capítulo exponemos y analizamos en particular las tendencias actuales a la despenalización, reducción de sanciones y legalización, los posibles costos y beneficios de estas distintas alternativas así como a la revisión de otras alternativas distintas a la acción en el plano jurídico.


Pero además de mostrar la realidad tal cual es, en nuestro Informe mostramos la realidad que podría ser. Como he señalado antes, el Informe sobre El problema de las Drogas en las Américas tiene una segunda parte que es complementaria de la que acabo de describir. En ella no quisimos mostrar la realidad que es sino la que podría ser. Es decir mostrar algunas posibilidades de futuro con relación al problema que nos preocupa.

Para ello hemos elaborado escenarios que muestran lo que podría llegar a ocurrir en función de los diversos cursos de acción que se abren ante nosotros. Sobre la base de una metodología que se ha mostrado exitosa en numerosos casos, hemos identificado cuatro escenarios que hoy no existen en la realidad pero que podrían llegar a materializarse de ocurrir algunos hechos y de adoptarse determinadas decisiones políticas. Conocer esas posibilidades, analizar sus causas y efectos, sacar conclusiones respecto de ellas, es una tarea necesaria para nuestra reflexión individual y colectiva sobre el Problema.
Hemos denominado Escenarios Para el Problema de Drogas en las Américas a esta Segunda Parte de nuestro Informe.
Y como somos conscientes de que no existe un solo futuro, sino que muchos futuros que se construyen sobre la base de nuestras decisiones del presente, ofrecemos cuatro escenarios posibles sobre lo que podría llegar a ser en el futuro el problema de las drogas en las Américas. Tres de los cuatro escenarios expuestos –y que hemos llamado “Juntos”, “Caminos” y “Resiliencia”- describen distintas alternativas de futuro según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional, la experimentación con modificaciones legales o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad.

Para poder compararlos y usarlos de la mejor manera, es importante comprobar que ellos se formulan a partir de visiones distintas del Problema de las Drogas. Esta es, por lo demás, una comprobación que surge de la práctica: los escenarios fueron construidos en sesiones sucesivas, por protagonistas reunidos para ello, que tienen esas visiones.

“Juntos” considera el problema de las drogas como un problema grave de inseguridad generalizada, no sólo provocada por el daño de la droga, sino también por la presencia de instituciones débiles, incapaces de controlar el fenómeno criminal. Su acento, naturalmente está puesto en el fortalecimiento de esas instituciones, que de esa manera pueden ejercer de manera su acción de control.

(Es importante recalcar aquí que este escenario no niega ni mucho menos la importancia del tratamiento y la prevención; pero otorga importancia fundamental al fortalecimiento institucional de los mecanismos para combatir el delito. Ningún escenario se presentará de manera “pura” en la realidad, pero pone de relieve donde están los énfasis principales).

“Caminos” parte de una visión muy distinta al considerar que el régimen regulatorio y el uso de medios represivos para controlar la droga son parte muy medular del problema mismo. La visión aquí es que la forma en que se persigue al consumo y al tráfico no resuelve el problema, sino que lo agrava. Por consiguiente, este escenario pone énfasis sustantivo en la búsqueda de tratamientos y regímenes legales y regulatorios alternativos, que incluyen despenalización del consumo, e incluso legalización de algunos productos.

“Resiliencia”, el tercer escenario, tampoco niega la posibilidad de fortalecimientos institucionales o de reformas de fondo al enfoque general, pero parte de la base de que el Problema de las Drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes, que son la causa de la adicción y la violencia. Consecuente con ello, pone el acento en la acción de la comunidad organizada, fundada sobre los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales.

El cuarto escenario, que denominamos “Ruptura”, se aparta de los demás, por cuanto nos advierte sobre lo que podría ocurrir si no somos capaces en el corto plazo de arribar a una visión compartida que nos permita sumar nuestros esfuerzos para enfrentar el problema, respetando al mismo tiempo nuestra diversidad frente a él. Su visión de partida es que el costo del Problema de las Drogas es ya excesivo, que probablemente no habrá cambios de fondo en la estrategia y, por lo tanto, se acerca el momento en que cada actor deberá decidir la política de acuerdo a sus propios intereses.


De cada uno de estos escenarios surge una gran variedad de oportunidades y desafíos colectivos y multilaterales que deben ser los factores sobresalientes del debate posterior. En las drogas, como en cualquier otro problema social complejo, existe una amplia gama de motivaciones y convicciones que influyen en el tejido social. Por eso es que estamos convencidos que los escenarios son un buen punto de partida para que nuestros líderes, y nuestros pueblos en última instancia, definan rumbos colectivos y sostenibles en medio de la diversidad.

Al mandatar a la OEA a elaborar este Informe, las Jefas y Jefes de Estado de nuestro continente nos asignaron una alta responsabilidad. Al mismo tiempo, sin embargo, nos definieron límites muy precisos para responder a ella. Por eso el Informe que hoy estoy presentando expone hechos que sirvan a la toma de decisiones, pero no propone soluciones. Ello les corresponde a nuestros líderes, quienes podrán contar en el debate futuro con una base firme para sus deliberaciones. Creemos, sin embargo, que también es parte de nuestra obligación y responsabilidad contribuir a esas deliberaciones. La mejor forma de hacerlo es ofreciendo a la consideración de los mandatarios del continente y de todos aquellos que participarán en el futuro en este diálogo, algunas conclusiones que emanan directamente del análisis que presentamos en este Informe. Quiero exponer ante ustedes, ahora, las que considero cuatro conclusiones principales de nuestra reflexión: Primero, si bien el problema de las drogas en las Américas se expresa en un proceso único, admite tratamientos distintos en cada una de sus fases y en los países en los cuales ellos tienen lugar. El problema de salud asociado al consumo de sustancias está sin duda presente en todos nuestros países, pues en todos ellos existe evidencia de uso de drogas. Sin embargo los efectos de ese problema en términos del número de las personas afectadas y en comparación con otros problemas de salud que también aquejan a la población, son indudablemente mayores en los países del norte de Norteamérica, en que ese consumo es mayor. Por contraste, el impacto en la economía, las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad democrática es mayor en los países de cultivo, producción y tránsito situados en América del Sur, América Central, en México y en el Caribe.
De igual manera, mientras que algunos países tienen mayores recursos y mayor fortaleza institucional para enfrentar mejor los daños relacionados con el mercado ilegal y con el consumo de drogas, otros sufren una manifiesta debilidad institucional que los lleva a una práctica incapacidad para enfrentar el problema.
Es necesario admitir, en consecuencia, que aunque todos nuestros países tienen responsabilidades en la búsqueda de soluciones, éstas son diferenciadas entre ellos.
Segundo, los vínculos entre drogas y violencia en nuestros países son complejos, con más impacto sobre aquellos países en los cuales el Estado no está en condiciones de entregar respuestas eficaces.
Admitimos que es probable que existan otras condiciones que explican el imperio del delito y la violencia en algunos de nuestros países. Que nuestras historias individuales como naciones, nuestras culturas e idiosincrasias y sobre todo las situaciones de pobreza y desigualdad social que caracterizan a algunos países, están presentes también, de manera determinante, en la explicación de ese fenómeno. Sin embargo, parece igualmente innegable que en la base de su solución siempre se va a encontrar la necesidad de una institucionalidad formal, que garantice efectivamente la seguridad ciudadana y vele realmente por el bienestar y la prosperidad de todos.
Tercero, el consumo de drogas requiere un enfoque de salud pública en todos nuestros países, con más recursos y programas para tener éxito.
Las políticas nacionales, internacionales y hemisféricas sobre drogas han adoptado gradualmente la visión de la dependencia como una enfermedad crónica y recurrente, que requiere un enfoque orientado hacia la salud que integre una amplia gama de intervenciones. Estas incluyen la promoción de estilos de vida saludables, la protección de los usuarios con medidas para limitar la disponibilidad de sustancias psicoactivas, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social.

El tratamiento a los adictos a las drogas debería estar presente en todos los niveles de atención general y especializada del sistema de salud, con especial énfasis en la detección temprana e intervención breve a nivel de atención primaria. En nuestro Informe mostramos que existe una brecha significativa entre la visión de salud pública y los servicios para la atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas en mucho de nuestros países.
Finalmente, enfrentar el problema de drogas requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y, sobre todo, del convencimiento de que, para ser exitosos, debemos mantener la unidad en la diversidad. Una mayor flexibilidad, ciertamente, podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional, enfocados sobre todo en la marihuana, donde ya existen iniciativas en marcha en algunos de nuestros países, en las áreas de la despenalización y la legalización.

Sobre este último punto, que ha provocado una cierta conmoción en los últimos días, quiero puntualizar lo siguiente: es claramente contradictorio decir que se quiere tratar al adicto a las drogas como un enfermo y, al mismo tiempo, penalizarlo por su consumo. Ello no quiere decir que este enfermo no deba ser tratado para sacarlo de su adicción y que ello puede suponer, cuando el adicto puede atentar contra su vida o contra la seguridad de otros, una internación en un establecimiento de salud. Pero no estimamos que enviar a los adictos graves a cárceles sea un tratamiento adecuado y, más aún, pensamos que ello puede agravar su condición y hasta hacerla irrecuperable.

Naturalmente ninguna de esas transformaciones debería poner en duda o cuestionar lo avanzado hasta este momento en materia de acción colectiva en nuestro Hemisferio en materia de drogas, sino más bien basarse en la identificación de aquello que sirve a las necesidades de cada cual y aquello que sirve a las necesidades de todos. Debemos recordar a cada instante que justamente en ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre la soberanía nacional y la acción multilateral, se basa toda nuestra convivencia y toda la estructura asociativa que hemos logrado crear en el curso de nuestras historias como naciones independientes pero unidas y solidarias en el ámbito internacional.
Estimadas amigas y amigos:

De esta forma la Secretaría General de la OEA ha respondido al mandato explícito que la Sexta Cumbre de las Américas nos confiriera.

Creo que este es el mejor momento para agradecer a las 178 personas de prácticamente todos los países de nuestro Hemisferio, que participaron de este esfuerzo de manera directa, elaborando estudios sobre aspectos del problema, concurriendo a reuniones de trabajo y talleres, aceptando ser entrevistadas o entregando, con sinceridad y entusiasmo, opiniones y comentarios que contribuyeron a la elaboración definitiva del Informe que hoy pongo en sus manos.

Igualmente quiero agradecer a los países amigos y las instituciones que, de manera pública o reservada, facilitaron la realización material de esos trabajos.

Muchos de estos protagonistas deberían ser mencionados, pero como ello es imposible, quiero dar solamente seis nombres que estoy obligado a mencionar. Paul Simons, Secretario Ejecutivo de CICAD y Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, fueron los responsables directos de todo el trabajo por parte de la Secretaría General y Paul coordinó directamente, junto con el equipo de CICAD, la elaboración de todos los estudios que se volcaron en el Informe Analítico. En la redacción final de este Informe, Álvaro Briones, que ya participaba del desarrollo de ambos Informes, entregó su contribución fundamental.

El Informe de Escenarios es producto de nuestra cooperación con el Centro de Liderazgo y Gestión, de Bogotá, Colombia y especialmente con su Presidente Gustavo Mutis, con Joaquín Moreno, quien tuvo un papel ejecutivo principal y con Adam Kahane, el creador del método y conceptos básicos del Informe de Escenarios, con quien ha sido un agrado y un honor interactuar en este Informe.


Finalmente, al entregar este Informe hace algunos días a los Primeros Mandatarios y hoy día al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, quiero agradecer una vez más el respaldo y concurso de todos Uds.

Hemos dicho varias veces que nos anima la sincera aspiración de que este documento no sea entendido como una conclusión, sino sólo como el inicio de un debate largamente esperado. Creemos haber abierto una puerta para fortalecer nuestra acción hemisférica en un tema que afecta a nuestros pueblos, a todos por igual, y que requiere, por lo mismo, nuestro compromiso colectivo y solidario.