- English
- Español
La falta de seguridad ciudadana constituye una de las principales amenazas a la estabilidad, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano sostenible. En América Latina y el Caribe, los homicidios duplican el promedio mundial, y en algunas zonas lo quintuplica. En una región donde habita sólo el 8% de la población mundial, se llevan a cabo el 42% de los homicidios y el 66% de los secuestros de todo el planeta.
Aunque la inseguridad ciudadana es un problema que afecta toda la población, podemos afirmar que las mujeres viven la violencia, despojo, trata y otros problemas de seguridad de una manera distinta a los hombres (ver cuadro 1) – diferencia resultante principalmente de las construcción de los roles sociales de género. Como afirma un informe del PNUD Costa Rica, “No se trata de una simple diferencia cuantitativa, por ejemplo, en el número de homicidios de unos y otras, o de sus autorías.”
Sin embargo, como afirma Rainero, “…es posible observar que tanto los debates públicos sobre la inseguridad en la ciudad, como las acciones y políticas públicas que intentan dar respuesta a la misma, se basan en indicadores que reducen la violencia a tipologías delictivas que por lo general excluyen la violencia que se ejerce hacia las mujeres.”
Aunque todos los derechos humanos existen tanto en el ámbito privado como en el público, la violencia contra las mujeres (en particular la intrafamiliar o doméstica) se considera todavía a nivel social como un problema privado, a resolverse entre parejas, en vez de una amenaza a la seguridad ciudadana de las mujeres. Esto ha significado en la práctica que el tema no se incluye en la política pública nacional sobre la seguridad ciudadana, ni esta visible como parte del trabajo de protección que realiza el sector de seguridad en la mayoría de los países de la región. Por otro lado, es claro que las mujeres están, por la mayor parte, excluidas de la discusión, formulación e implementación de políticas y programas de respuesta ante la inseguridad ciudadana.
La falta de consideración de la necesidades de seguridad de las mujeres, por un lado, y su ausencia de los espacios de toma de decisiones y de acción en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, por otro lado, significa que la política de seguridad de la mayoría de los países de la región ignora a más del 50% de la población de estos países. Esto significa en la práctica que las mujeres tienen menos capacidad, y menos probabilidad, de acceder a las instancias del sector de seguridad para abordar la violencia que sufren.
Dentro de este contexto, la CIM trabaja en las siguientes áreas estratégicas: