Comunicado de Prensa

La CIDH publica su informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil y destaca los impactos de los procesos históricos de discriminación y desigualdad estructural en el país

5 de marzo de 2021

Enlaces útiles

Situación de los derechos humanos en Brasil


Situação dos direitos humanos no Brasil


Situation of human rights in Brazil

Datos de Contacto

Oficina de Prensa de la CIDH

cidh-prensa@oas.org

Lista de distribución

Suscríbase a nuestra lista de distribución de correos para recibir comunicaciones de la CIDH

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su informe sobre Brasil, a través del cual se hace un diagnóstico integral de la situación de los derechos humanos en ese país hasta diciembre de 2019, con base en la copiosa información recibida durante y con posterioridad a la visita realizada del 5 al 12 de noviembre de 2018, así como en audiencias públicas de país y temáticas, entre otras fuentes.

En su análisis, la Comisión observa que, a pesar de disponer de un Estado de Derecho, y contar con un sistema democrático e instituciones en materia de derechos humanos, Brasil enfrenta desafíos estructurales para superar aspectos relacionados con la discriminación históricamente desatendida, lo que impacta de forma exacerbada a grupos específicos, como personas afrodescendientes, mujeres, comunidades quilombolas, pueblos indígenas, trabajadores campesinos y rurales, personas en situación de calle y personas viviendo en tugurios o áreas periféricas.

La CIDH constata en su informe que la discriminación estructural está intrínsecamente  vinculada con la exclusión social y el acceso a la tierra, generando ciclos de desigualdad y pobreza extrema. Lo cual expone a las personas en situación de vulnerabilidad a la violencia perpetrada por organizaciones criminales como milicias y grupos narcotraficantes, así como a aquellos dedicados a la trata de personas y otras formas modernas de esclavitud.

Asimismo, la Comisión considera que estos desafíos también tienen un impacto negativo en la seguridad ciudadana. A pesar de que la desigualdad extrema conduce a un incremento en la violencia a la que están expuestas las personas en situación de vulnerabilidad, el Estado ha optado por diseñar e implementar políticas de seguridad que se basan en la acción institucional violenta y punitiva de la policía militarizada, resultando en graves violaciones de derechos humanos. La Comisión también analiza el rol de los órganos de justicia en la implementación de dichas políticas, así como respecto del cuadro de impunidad que caracteriza la violencia institucional.

Adicionalmente, la CIDH encuentra que las políticas de seguridad utilizan prácticas de perfilamiento racial que llevan a que las personas afrodescendientes y residentes de barrios periféricos estén más expuestas a ser detenidas arbitrariamente y sufrir abusos. Esto se ve especialmente reflejado en los lugares de privación de la libertad, que, con frecuencia, presentan hacinamiento y terminan por convertirse en entornos institucionales tolerantes con las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tal es el caso de centros carcelarios, unidades socioeducativas y comunidades terapéuticas.

La Comisión toma nota del alto nivel de impunidad en los casos de violencia institucional, que, en su mayor parte, no han ofrecido avances en las investigaciones, condenas y reparaciones de las víctimas por parte del sistema de justicia. Pese a sus diferencias, el estado de impunidad que rodea los actuales casos de violencia institucional puede compararse con lo observado en relación con los crímenes ocurridos durante el período de la dictadura cívico militar en Brasil. Al respecto, reconoce los avances realizados por diferentes comisiones de la verdad a nivel estatal y federal con relación a casos de tortura y desapariciones forzadas. No obstante, subraya que, en su mayoría, estos permanecen en la impunidad.

La CIDH también observa el aumento de amenazas contra la vida de periodistas y comunicadores por parte de las autoridades, situación que se agravó tras las elecciones nacionales de 2018. Ese fenómeno igualmente impactó a las personas de orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales diversas, que experimentaron un aumento en los crímenes de odio cometidos en su contra.

En el plano institucional, la Comisión realiza un diagnóstico sobre distintos avances dirigidos a respetar y garantizar los derechos humanos en el país, como la instalación de mecanismos de prevención de la tortura y el fortalecimiento de las fiscalías e instituciones nacionales de derechos humanos. Igualmente, toma nota con satisfacción de importantes políticas públicas que buscan disminuir la brecha de la desigualdad estructural y avanzan en el combate contra el racismo y la discriminación histórica, como los programas de transferencia de renta y acceso a habitación y tierras, así como las políticas dirigidas a personas afrodescendientes e indígenas para acceder al sistema de educación universitaria.

La Comisión Interamericana finaliza el informe planteando distintas recomendaciones para consolidar un sistema de promoción y protección de los derechos humanos, de conformidad con los compromisos asumidos por el Estado en el ámbito interamericano e internacional. No obstante, también hace un conjunto de advertencias a Brasil sobre acciones que tienden a debilitar e incluso extinguir ese sistema, cómo el debilitamiento de espacios democráticos.

Por fin, la CIDH agradece al Estado por toda la información aportada durante y con posterioridad a la visita; a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes por toda la información aportada; y en particular a las víctimas y familiares que han acudido a la Comisión Interamericana.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 050/21