Misiones Políticas

Facilitación del Diálogo en Nicaragua

El conflicto se originó tras la negativa del Gobierno del Presidente Enrique Bolaños de reconocer una reforma parcial de la Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional, en dos legislaturas, con los votos de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El Ejecutivo, decidió no publicar el texto sancionado por la Asamblea, con la intención de impedir su entrada en vigencia. Se produjo entonces un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el que más adelante también intervino el Poder Judicial.  

En medio de este conflicto de poderes, el Gobierno del Presidente Bolaños invitó a la OEA a facilitar el diálogo político e institucional para superar la crisis. Atendiendo este llamado, en junio de 2005 la OEA envío una misión especial a Nicaragua, con el fin de acompañar el diálogo. Esta Misión, que estuvo liderada por Dante Caputo, como representante personal del Secretario General, permaneció en el país durante 5 meses.

La OEA se encontró frente a una decisión estratégica. Durante su presencia en el país, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de la constitucionalidad de la reforma; mientras que la Corte Centroamericana de justicia calificó adversa su aplicación por atentar contra el principio de la separación e independencia de los poderes del Estado. Debido a que el Gobierno mantuvo su posición de desconocer la reforma constitucional, se comenzó a discutir el desafuero de los ministros e incluso del propio Presidente Bolaños.

Los diálogos entre las tres partes - Gobierno, Frente Sandinista y Partido Liberal Constitucionalista – llegaron a un punto muerto. Por eso, en palabras de Raúl Alconada, Asesor Político de la Misión, la OEA "abandonó el camino de los tres" y "exploró alternativas de dos, sin ser ella (la OEA), quien decidiera cuáles dos debían sentarse a la mesa". Finalmente el Gobierno y el Frente Sandinista lograron el primer acuerdo.

En octubre de 2005 finalizaron las negociaciones, y con 47 legisladores pertenecientes al FSLN y afines al Ejecutivo, comenzó la sesión en que se sancionó la Ley Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad del País, aunque el Partido Liberal Constitucionalista luego se sumó a ellos. La Ley Marco tenía como propósito solucionar el conflicto político y generar condiciones que aseguraran la estabilidad del Gobierno y el normal desarrollo del proceso electoral.

La Ley Marco, incorporó los acuerdos logrados entre las fuerzas políticas, incluyendo la suspensión de la aplicación de la reforma constitucional, y generó condiciones para el normal desarrollo del proceso electoral que se desarrollaría en marzo y noviembre de 2006. Por otro lado, y más importante aún, la Ley Marco institucionalizó el diálogo, por medio de la instalación de una Mesa de Diálogo, con la presencia en calidad de garantes de la Iglesia católica y la OEA. Esta última iniciativa facilitó la tarea legislativa en campos muy importantes.

Para dar continuidad al trabajo que se venia realizando desde junio de 2005, la OEA desplegó una Misión de Observación Electoral de amplio alcance, con el fin de acompañar las elecciones regionales de la Costa Atlántica, del 5 de marzo, así como los comicios presidenciales y legislativos que se celebrarían el 5 de noviembre de 2006.

La resolución de la crisis permitió destrabar el funcionamiento del poder legislativo. Durante siete miércoles seguidos, las autoridades gubernamentales y los representantes de los partidos discutieron, con miembros de la OEA y de la Iglesia como testigos, textos jurídicos que estaban pendientes de aprobación en la Asamblea.