Misiones Políticas

El Reestablecimiento de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador

El Secretario General de la OEA, en respuesta a la solicitud del Gobierno del Ecuador, estableció una Misión Especial para acompañar el proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia durante los meses de julio a noviembre de 2005. La Misión estuvo integrada por sus Representantes Especiales, Sonia Picado (Costa Rica) y José Antonio Viera-Gallo (Chile). La Misión Especial se desarrolló de conformidad con las provisiones de la Carta Democrática Interamericana y, en particular, con lo estipulado en la Resolución 883 del Consejo Permanente (5 de mayo de 2005) que solicitó al Secretario General de la OEA poner a disposición del Gobierno del Ecuador los recursos y la experiencia de la Organización en apoyo al fortalecimiento de la democracia.

Cuando la Misión llegó a Ecuador, el país llevaba más de un año sin Corte Suprema de Justicia. Dos veces, en diciembre de 2004 y en abril de 2005, una mayoría parlamentaria, con apoyo del Presidente de la República, destituyó a los magistrados de la Corte, a quienes acusaba de corrupción y vínculos con los partidos políticos. "Esta situación anómala", afirmó Viera-Gallo, "guarda una relación estrecha con la crisis de gobernabilidad y estabilidad de las instituciones del sistema político ecuatoriano." En efecto, la aprobación que el Presidente Lucio Gutiérrez dio a la disolución de la Corte lo llevó a perder apoyo popular. La salida del Presidente Gutiérrez del poder se debió a que el Congreso declaró "el abandono del cargo", conforme a la causal estipulada en el artículo 167 de la Constitución Política de la República y determinó la sucesión constitucional por el Vicepresidente en funciones, Alfredo Palacio, para completar el período de gobierno.

El Congreso realizó una Reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial para determinar el mecanismo de elección de los magistrados y conjueces de la Corte en esta coyuntura política-institucional. Por medio de dicha reforma, el Congreso estableció un mecanismo ad hoc para el reestablecimiento de la máxima instancia de la función judicial ante la imposibilidad de aplicar el sistema de cooptación contemplado en la Constitución de la República. Varios sectores consideraron dicha reforma a la Ley Orgánica, así como el mecanismo ad hoc estipulado por la misma, como inconstitucional ya que la Constitución establece que la Corte Suprema debe ser seleccionada por sus propios miembros. Aún así, más de 300 candidatos presentaron sus hojas de vida para ocupar 31 puestos de magistrados y 22 de conjueces. Todos ellos debieron someterse a un intricado sistema de selección que incluyó un examen de conocimientos, así como el detallado escrutinio de sus antecedentes profesionales y académicos pasado. El Comité de selección contaba con representantes del Colegio de Abogados, las facultades de derecho y los miembros del poder judicial.

El problema principal al cual se enfrentó la OEA fue el escepticismo abismal de la población. ¿Serán seleccionados los mejores?, ¿influirán los grupos económicos y políticos?, ¿cuánto durará esta nueva Corte Suprema?, ¿podrán sus jueces actuar de manera independiente?, se preguntaban a diario los ecuatorianos. Por eso, la primera labor de la OEA se concentró en la creación de un clima de confianza. En esta ocasión, a diferencia del caso de Nicaragua, la Misión Especial consideró pertinente estrechar lazos con la prensa para lograrlo. Los medios de comunicación ecuatorianos sembraban dudas todos los días. Por eso, Viera-Gallo se reunió con sus directores, líderes de opinión y periodistas de la radio, prensa y televisión. Poco a poco, los medios comenzaron a transmitir un doble mensaje: por un lado, en torno a la honestidad del comité y, por otro, en torno a la relevancia de las veedurías internacionales y nacionales. Al menos, recalcó Viera-Gallo, se consiguió voltear el clima de aprensión hacia uno de espera cautelosa. Pero la creación de confianza también necesitaba de hechos contundentes. En consecuencia, la OEA contribuyó a facilitar que el Ministerio de Hacienda transfiriera los recursos al comité de selección para que éste pudiera iniciar su trabajo.

Varios elementos enrarecieron el ambiente político en el cual se desarrolló la selección de los magistrados. La discusión sobre la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente hubiese podido poner un freno al proceso. ¿Para qué nombrar una Corte Suprema de Justicia en espera de una nueva Constitución? En el marco de la discusión sobre la Asamblea Constituyente, tuvo lugar una fuerte confrontación entre el ejecutivo y el legislativo. Además, los bruscos cambios de gabinete, tanto en la cartera del interior como en la de relaciones exteriores, contribuyeron a incrementar la incertidumbre política.

Según Viera-Gallo, la experiencia de la OEA en Ecuador dejó como enseñanza la necesidad de ganar la confianza de los actores políticos y de la opinión pública nacional así como la importancia de respetar la cultura política del país. Con su presencia en Ecuador, la Organización ayudó a garantizar la transparencia en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, a fortalecer la independencia de la rama judicial.

De esta manera, la OEA apoyó los esfuerzos del Gobierno del Ecuador en el crítico proceso de reestablecimiento de la Corte Suprema de Justicia después de una seria crisis política-institucional que desencadenó en la salida del Presidente Lucio Gutiérrez y en la asunción al poder por el Presidente Alfredo Palacio. La labor realizada en apoyo al reordenamiento de las instituciones del Estado, destacó el valor de la acción coordinada de la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como de organismos nacionales y de la sociedad civil. El acompañamiento incluyó la participación del Secretario General de la OEA en la toma de posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia, un paso decisivo en el proceso de normalización democrática del país.