I thank the Government of Panama, especially President Torrijos and his Minister of Education, and the Inter-American Institute of Human Rights, for gathering us to work on this important topic. I am certain that this meeting will produce important recomendaciones on how we should develop our educational curricula in order to promote and protect human rights. I should also thank the United Nations Children's Fund for supporting this activity, both financially and academically.

Two areas of fundamental concern to our Organization are involved. In this connection, one cannot fail to emphasize the importance of the Inter-American Commission on Human Rights, a unique international protection body that has played a leading role for nearly 40 years in defending human rights and democratic institutions in our Hemisphere. How could we fail to recall the importance of the substantive decisions taken at the end of the 1980s by the Commission, in cases that had an impact on many countries of the Americas, especially on the building of their democratic systems. These were reports and recomendaciones on the incompatibility of amnesty laws with the American Convención on Human Rights and on the administración of justice, which led to a significant change in Latin American legal systems, echoing the appeals of víctims, their families, and civil society organizations, who refused to accept the impunity imposed by de facto regimes.

Our governments are demonstrating the same intent and political commitment to the full exercise of fundamental freedoms in the Hemisphere. This was recognized recently by the Inter-American Commission on Human Rights in its 2006 Annual Report. The Commission emphasized the judgment by the Supreme Court of Justice of Argentina, which, in compliance with the provisional measures ordered by the Inter-American Court of Human Rights, recognized the gravity of the problems facing the penitentiary system in a province of that country. De igual modo la Comisión ha destacado las declaraciones de la Presidenta de Chile afirmando que el Estado cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la no aplicabilidad de la ley de amnistía por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en su país y ha subrayado, también, la ratificación por parte de Bolivia del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Comisión ha resaltado asimismo la situación de Brasil, país que verificó un avance considerable en la adecuación de su legislación interna a las normas internacionales de derechos humanos mediante la sanción de la Ley de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer, conocida como “Lei Maria da Penha”, que mejora los mecanismos de protección para las víctimas. Y de la misma manera la Comisión ha señalado que la inauguración en República Dominicana de nuevos centros penitenciarios y el empleo de personal civil ha mejorado las condiciones de un importante número de personas privadas de libertad.

Sin embargo y no obstante la voluntad política de mejorar la situación de los derechos humanos en la región, reflejada en antecedentes como los que acabo de mencionar, se debe reconocer que aún existen graves debilidades estructurales de las instituciones democráticas del hemisferio que los afectan negativamente y de manera muy severa. Así, si bien América Latina y el Caribe es una región donde la democracia está instalada y consolidada, es al mismo tiempo una de las regiones más violentas del mundo, constituyendo tanto el crimen como la violencia problemas críticos para la ciudadanía.

Los habitantes de la región siguen enfrentando amenazas a su seguridad derivadas del terrorismo, las drogas, el tráfico de personas, la violencia de pandillas y los delitos comunes. Después del desempleo, la inseguridad constituye la amenaza más importante a la gobernabilidad democrática. En los años noventa, más del 70% de la población urbana de América Latina fue víctima de algún tipo de delito. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial han establecido que la tasa de homicidios en la región se encuentra entre las más altas del mundo, con Colombia, Brasil y Jamaica encabezando la lista. La violencia es una de las cinco principales causas de muerte entre nosotros, siendo la primera en Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador y México. Y aunque América Latina representa sólo el 8% de la población mundial, respondió por el 75% de todos los raptos ocurridos en el mundo en 2003.

No obstante que la violencia afecta en general a toda la población, son los sectores excluidos y en desventaja social los que resultan particularmente impactados. La desigualdad y discriminación continúa siendo un eje central del diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos en el continente. Debemos mencionar en este ámbito la situación de los pueblos indígenas, la situación de la mujer y las cifras cada vez más alarmantes de “feminicidio” en diferentes localidades de las Américas. Otros grupos en situación de vulnerabilidad y que es preciso mencionar son los pueblos indígenas y los afrodescendientes. En nuestra región pobreza y desigualdad están asociadas a discriminación. Una gran mayoría de los indígenas son pobres y también lo es un número importante de afroamericanos. Un número significativo de hogares pobres en la región es encabezado por una mujer. La pobreza, en consecuencia, tiene color y tiene género en América Latina y el Caribe y ese es un grave e inaceptable problema de derechos humanos.

Los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestro continente se ven afrentadas, todavía y lamentablemente, en diversos ámbitos. Ven limitados o no ejercen realmente sus derechos colectivos como las mujeres, los pueblos indígenas, los trabajadores migratorios y sus familias, los discapacitados, las personas privadas de libertad y las niñas y niños de nuestra región. Igualmente se ve amenazada, por múltiples razones, la libertad de expresión que encuentra en la creciente ola de asesinatos de periodistas en nuestro continente una expresión tan atroz como repudiable.

En el período transcurrido desde nuestra anterior Asamblea General, al menos 20 personas fueron asesinadas en las Américas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la actividad periodística y cuatro han desaparecido. El asesinato de periodistas por el ejercicio de su actividad profesional es la forma más brutal de coartar la libertad de expresión, uno de los derechos humanos esenciales. Los periodistas y los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el periodismo es la manifestación primaria y principal del derecho a la libertad de expresión” y en los anexos de la Declaración Interamericana sobre la Libertad de Prensa o Declaración de Chapultepec, se puede leer: “la libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”. Desafortunadamente, sin embargo, no obstante estos principios y estas declaraciones, la libertad de prensa en la región se ve afectada directamente de la más vil de las maneras. Y, lamentablemente, se trata de crímenes que frecuentemente quedan en la impunidad, lo que propicia la ocurrencia de nuevos asesinatos. Por ello es que frente a todos estos casos nuestra Organización ha demandado una "rápida y eficaz" investigación y el castigo a los responsables.

Debe tenerse presente, por otra parte, que ninguna de las situaciones que podrían calificarse como efectivamente críticas vividas por América Latina en los últimos años fue provocada por revoluciones o golpes militares o tuvo una raíz ideológica, sino que se originaron en momentos de descontento popular que terminaron por expresarse de manera tumultuaria. Tal descontento está bastante extendido entre la gente común, que esperan hoy de sus democracias aquello que hasta ahora les ha sido negado: un crecimiento económico sostenido y sustentable, una distribución menos injusta de la riqueza, la eliminación de la pobreza y la discriminación, mejores servicios sociales para todos, una mayor seguridad, un mejor acceso a la justicia y un pleno respeto a los derechos humanos.

La política no es sólo materia de ideas o valores sino también, y mucho más importante, de resultados que sean benéficos para el pueblo. Para hacer un buen gobierno no basta con sentir y comportarse como un demócrata: el verdadero desafío es mantener la estabilidad de la democracia proveyendo al mismo tiempo a los ciudadanos de todos aquellos beneficios y soluciones a sus problemas que esa misma democracia les promete. Esa es una cuestión que la Carta Democrática Interamericana ha dejado perfectamente clara. En ella, tras quedar establecido que democracia y desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente, se deja explícito que la pobreza y el analfabetismo, entre otros temas sociales, son factores negativos para el desarrollo de la democracia. En ese marco la Carta Democrática Interamericana compromete a los gobiernos a promover y observar los derechos económicos y sociales así como a respetar los derechos de los trabajadores y condena decididamente toda forma de discriminación, señalando que su total eliminación fortalece la democracia y la participación ciudadana. El último artículo de la Carta Democrática Interamericana compromete a los Estados signatarios a promover la participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras políticas de la sociedad. La Carta, en suma, indica claramente que sin un progreso en el plano económico y social no es posible preservar y ampliar una democracia que responda las expectativas de sus ciudadanos.

Ahora bien, el progreso económico y social, así como el respeto o irrespeto a los derechos humanos, se explican fundamentalmente por las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos. Es en esos sistemas en los que desarrollamos no sólo las habilidades y conocimientos que demanda el uso de la ciencia y la tecnología contemporáneas, sino también la experiencia, la información y los hábitos necesarios para abordar la resolución pacífica de conflictos, la participación política informada y responsable, el respecto a la diversidad y a las diferencias, la solidaridad y el amor a la justicia.

Es por ello que resulta una tarea prioritaria de los Estados fortalecer las políticas públicas y las acciones concretas que se han venido adoptando en torno al tema de la educación. Existen avances significativos en la región, es verdad, pero los problemas sociales que acabo de describir nos llevan a la conclusión de que todavía es largo el camino que falta por recorrer.

La educación es la clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el desarrollo del potencial humano y la igualdad y comprensión entre nuestros pueblos. No conozco un mejor camino para combatir la pobreza, generar empleo y crear más oportunidades para el crecimiento económico. Por ello estoy convencido de que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a hacer de la educación la columna vertebral de la estrategia regional de desarrollo. En materia de derechos humanos debe concebirse el trabajo educativo como necesariamente complementario al trabajo de denuncia, defensa y protección. Si bien las acciones de defensa atienden a la violación pasada, actual o inminente, mientras la educación se dirige a la prevención de violaciones futuras, ambas comparten los mismos fines últimos: la construcción de sociedades más justas, libres y solidarias.

Por otro lado, la Educación de Derechos Humanos es más que la formación de personas capaces de reconocer y hacer valer sus derechos frente al Estado. Es también un proceso de internalización de los derechos humanos como principios éticos de convivencia pacífica y democrática. El respeto a los derechos humanos y la vivencia de los principios democráticos no son competencias de adquisición automática: se pueden y se deben desarrollar en el ámbito educativo mediante una educación sistemática y de buena calidad.

Las reuniones de Ministros de Educación, que se iniciaron en 1998 en Brasilia a raíz de las Cumbres de las Américas, y han tenido lugar en Punta del Este, Ciudad de México y Trinidad y Tobago, han brindado una oportunidad única de trabajo colectivo en la que los gobiernos, la OEA y las agencias multilaterales han puesto en marcha proyectos relacionados con la promoción y el desarrollo humano en la región.

Hace exactamente un año, en la Asamblea General de la OEA en República Dominicana y en respuesta a las decisiones acordadas por los Ministros de Educación, introdujimos en el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral las tareas que implementaremos en los tres próximos años.

Estamos apoyando a los Estados Miembros en la puesta en marcha de un programa en evaluación de la calidad y equidad educativas; y otro en intercambio de experiencias sobre la preparación y certificación de docentes. Compartimos las mejores prácticas en educación infantil, educación de adultos, aprendizaje continuo y educación para la democracia; y tenemos como meta contribuir al objetivo de reducir el analfabetismo y lograr un aumento del número de jóvenes que finalicen la escuela secundaria.

Haciéndonos eco del compromiso asumido por los Ministros en Punta del Este y reforzado en Trinidad y Tobago sobre la necesidad de impulsar la construcción de un programa continental de formación de valores, el Departamento de Educación y Cultura de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, de nuestra Organización, desarrolla el Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas. Esta iniciativa, que pusimos en marcha en 2005, se está consolidando como una fuerte alianza entre gobiernos, organizaciones internacionales, académicos y organizaciones de la sociedad civil que tienen como meta crear y fortalecer una cultura democrática mediante la educación.

Debemos seguir avanzando en la construcción de modelos de valores y percepción, pero también en modelos de educación de responsabilidad compartida para todos aquellos que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. Celebro, por ello, que la Asamblea General de la OEA, que se inaugurará el próximo domingo, considere un proyecto que ratifica el apoyo a la implementación del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas y otro que presenta la propuesta de que se incorpore la educación en derechos humanos en el currículum para la edad escolar de 10 a 14 años.

Si bien la adecuada implementación de la Educación de Derechos Humanos en los espacios escolares responde a criterios técnico-pedagógicos, la posibilidad de su realización efectiva requiere de decisiones políticas concretas que apunten en esa dirección. Este Encuentro es una ocasión propicia para reconocer los grandes avances que los Estados han logrado en este propósito, así como facilitar el intercambio de experiencias, ofrecer referencias para el diseño y ejecución de nuevas políticas públicas en la materia y para ofrecer a los Estados el apoyo y respaldo a sus esfuerzos en este campo.

Tengo plena seguridad de que las ideas de esta reunión contribuirán a la consolidación de la educación en derechos humanos como un instrumento principal para alcanzar nuestro desarrollo, para lograr sociedades menos pobres, más justas, más iguales y más democráticas. Por ello les deseo éxito en sus deliberaciones y les reitero el compromiso de la OEA, sus órganos y entidades con la educación para los Derechos Humanos en las Américas.