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ECONOMÍAS ILÍCITAS EN AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO

8 de diciembre de 2020 - Washington, DC

El problema de las economías ilícitas es de gran preocupación para todos los países americanos. Es un fenómeno que erosiona lentamente nuestro sistema internacional basado en normas, las instituciones democráticas y que tiene impactos negativos en nuestra seguridad y desarrollo.

Es un honor estar hoy con ustedes, junto con el Senador Cassidy, para promover un espacio de diálogo y acción sobre la materia.

El término “economía ilícita” representa un fenómeno complejo que es difícil de definir, pero que abarca tanto las actividades tradicionalmente asociadas con la Delincuencia Organizada Transnacional, como las actividades relacionadas con el comercio de bienes legales, que han sido producidos, transportados o comercializados ilegalmente.

En las discusiones sobre economías ilícitas el foco tiende a centrarse en el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego. Sin embargo, también es importante tener en cuenta el componente de la economía ilícita que se refiere a los bienes legales que se comercializan ilegalmente —que pueden ser bienes de consumo cotidiano pero que a menudo son parte de un inframundo poco conocido.

Los bienes del comercio ilícito se pueden encontrar en casi todos los países del mundo y en prácticamente todos los sectores de la economía mundial. Este componente del comercio ilícito —que según estimaciones de un reciente estudio de Atlantic Council representa entre el 3 y 7 por ciento de todo el Producto Interno Bruto Global— es un problema transfronterizo complejo, que afecta a una amplia variedad de partes involucradas —incluidos los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos.

Asimismo, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también se advierte que la economía ilícita global está creciendo a un ritmo más rápido que la economía lícita y está ampliando su porcentaje de participación en el comercio mundial.

Si bien todos hemos oído hablar de artículos de lujo falsos, existe una sorprendente variedad de productos disponibles en todos nuestros países que son falsos o de calidad inferior. Estos pueden variar desde dispositivos móviles falsos, piezas mecánicas, productos industriales y productos alimenticios, hasta medicamentos y productos médicos falsos.

Solamente centrándose en el tema de los medicamentos falsificados, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta un millón de muertes al año pueden atribuirse a los medicamentos falsificados. También estiman que uno de cada diez productos médicos utilizados en los países en desarrollo puede ser falsos o de calidad inferior.

A principios de este año, cuando el COVID-19 se extendió por todas partes del mundo, vimos el aumento de los equipos de protección personal falsos y la proliferación de pruebas, tratamientos y hasta presuntas curas falsas para el coronavirus. Advertimos así como actores criminales se aprovecharon de una pandemia mundial para enriquecerse con el dinero de personas desesperadas en medio de una recesión económica.

En consecuencia, es evidente a la luz de crónicas recientes que los delitos relacionados con la economía ilícita no son ahora —ni lo fueron nunca— delitos sin víctimas.

También es motivo de grave preocupación el efecto corrosivo de la economía ilícita sobre el Estado, especialmente en los países en desarrollo, que siguen trabajando en la consolidación de sus instituciones y el fortalecimiento de sus capacidades.

Los desafíos que presenta el comercio ilícito se sienten más agudamente en los países en desarrollo, en donde los niveles de confianza pública en las instituciones y el Estado de derecho se ven seriamente afectados por las percepciones de corrupción, inseguridad e incompetencia. La enorme pérdida de ingresos fiscales debido a la actividad económica ilícita solo sirve así para disminuir la capacidad del gobierno para fortalecerse, invertir en el desarrollo y proporcionar servicios a la ciudadanía. También debilita la capacidad del Estado para proteger a las empresas legítimas e implementar eficazmente las políticas económicas que conducirán al desarrollo nacional.

Al considerar cómo enfrentar de manera más eficaz esta amenaza creciente y obtener mejores resultados de nuestros esfuerzos, debemos tomar en cuenta la naturaleza internacional del problema, sus aspectos económicos y comerciales y su impacto social. Podemos visualizar roles claros para los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y el público en general, así como la necesidad de fortalecer el compromiso, la cooperación y la coordinación.

Para ser efectivos y exitosos en nuestros esfuerzos, la cooperación público-privada resulta esencial. Es importante contar con mejores datos sobre el comercio ilícito, que sirven como insumos empíricos para el desarrollo de políticas públicas que aborden el tema sin imponer obligaciones indebidas a los actores legítimos o incrementar costos a los consumidores. El sector privado también cuenta con conocimientos técnicos y tecnologías muy innovadoras que pueden ser contribuciones muy importantes en el esfuerzo.

Este es un tema que merece alta prioridad en la agenda política y debemos trabajar juntos para crear una conciencia mayor y más amplia sobre el fenómeno de la economía ilícita en toda su complejidad, incluyendo su impacto en el desarrollo en nuestro hemisferio.

Esta concientización debe involucrar a los formadores de políticas públicas, pero también que hay que educar a nuestros ciudadanos sobre el impacto pleno del comercio ilícito en la vida cotidiana.

Esta podría ser la clave que lleve a un equilibrio más estratégico y efectivo de los esfuerzos e inversiones de nuestros gobiernos en la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la economía ilícita en todos sus aspectos.

En este sentido, queremos alentar a los Estados Miembros a que aprovechen los foros de la OEA —tales como la Comisión de Seguridad Hemisférica— para incrementar su cooperación y entablar un diálogo con el sector privado y la sociedad civil, para trabajar hacia una mejor comprensión de la amplia gama de riesgos y amenazas complejos que representa el comercio ilícito para las economías nacionales e internacionales, las instituciones y las sociedades.

En la pasada Asamblea General de la OEA, los Estados Miembros señalaron la necesidad de mejorar o fortalecer sus capacidades institucionales en aspectos de la seguridad hemisférica que fueron impactados por el COVID-19, tales como la falsificación y contrabando de medicamentos e insumos médicos.

Además, solicitaron a la Secretaria de Seguridad Multidimensional que, a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DDOT), se proporcione asistencia técnica para mejorar o fortalecer sus capacidades institucionales en el combate a la Delincuencia Organizada Transnacional vinculada a nuevas tendencias delictivas —entre ellos, el contrabando de productos y sustancias ilegales, así como el comercio y contrabando de mercancías falsificadas y pirateadas.

Por lo tanto, contamos con mandatos claros para comenzar este trabajo y con el compromiso de la Secretaría General para el cumplimiento de estos mandatos.


Muchas Gracias.