Entre los principales problemas identificados que afectan al desarrollo agropecuario están la falta de conciliación entre el uso de los recursos y su capacidad productiva, la que trae como consecuencia una expoliación que, en algunos casos, es agravada por aspectos de tenencia de la tierra y, en todo caso, por la explosión demográfica cuya consecuencia más inmediata es la incesante y progresiva demanda de productos agrícolas.
El crecimiento económico general del país, en los últimos años, se ha manifestado en forma acelerada. Sin embargo, ese crecimiento no se ha manifestado en el sector agrícola, el cual se ha venido logrando en forma improvisada y más que nada debido a la iniciativa privada. En este sentido, los esfuerzos oficiales no han conseguido conciliar la capacidad específica de producción de los recursos físicos y humanos con su aprovechamiento racional. Los problemas o factores limitantes que el sector agrícola confronta para su desarrollo están mucho menos relacionados con el aprovechamiento del potencial de sus recursos, aspecto de solución relativamente fácil por mejoras tecnológicas, que con factores de política económica y planificación.
Para el incremento y mejoramiento de la calidad, la producción cuenta con áreas donde es evidente que las favorables condiciones indican un alto potencial para el desarrollo. En estas áreas sólo es preciso corregir deficiencias en infraestructuras y establecer condiciones aparentes para transformarlas de áreas productoras de materia prima en áreas con economía agroindustrial.
Sin embargo, también es cierto que existe una gran parte del país con escasas posibilidades de desarrollo agrícola, ya sea por estar sus suelos sujetos a procesos de erosión acelerada, contar con topografía muy accidentada o una baja fertilidad, inherente o por presentar otras condiciones que las hacen inapropiadas para usos agrícolas. Entre ellas, no obstante, existen algunas cuyos recursos pueden orientarse a otros tipos de desarrollo, como el forestal o el turístico.
Uno de los factores limitantes más severos es la falta de agua durante la mitad del año. El país entero sufre de sequía estacional que reduce su capacidad de producción; de ahí la importancia de tomar medidas para un desarrollo racional de los recursos hídricos disponibles.
El bosque, que originalmente cubría a El Salvador en un 90 por ciento de su extensión territorial, principalmente con especies deciduas y de madera dura, ha sido eliminado por la actividad humana. En la actualidad hay pocas áreas, con limitada extensión, que conservan aun la vegetación natural. Estas áreas están ubicadas, por lo general, en la Montana Fronteriza o Septentrional. Las masas de vegetación diferenciadas son de bosques densos, bosques abiertos de pino y roble, matorrales y vastas áreas de bosques salados o manglares que bordean la costa.
Los matorrales decíduos, densos y esparcidos y que carecen al presente de valor comercial, se encuentran en mayor proporción en el país y forman una trama muy estrecha con las áreas de terrenos cultivados. Finalmente, los bosques salados o manglares más importantes están localizados en las islas de la bahía de Jiquilisco, en un área al oeste de la desembocadura del Lempa y en otra al oeste de la boca del río Paz. Estos bosques salados, productores de leña y madera, son una de las pocas fuentes de riqueza forestal inmediata, y su aprovechamiento y manejo constituyen un importante desafío tecnológico para el país.
El sistema eléctrico nacional cuenta con una capacidad instalada en 1972 de 154645 kilovatios, de los cuales 108696 son de origen hidroeléctrico y 45949 de origen térmico. Siete empresas generadoras de servicio publico representan una capacidad instalada total de 20000 kw y el resto corresponde a la empresa estatal Corporación Eléctrica del Lempa (CEL).
La electrificación rural beneficia solamente al 8 por ciento de la población total o al 13.6 por ciento de la población rural, considerada para 1968 en 2109000 habitantes. Para proporcionar este servicio, los totales de obras construidas hasta la fecha de este informe comprendía 25 subestaciones rurales; 315 km de líneas de subtransmision; 1698 km de líneas de distribución primaría y 286 redes de distribución en comunidades rurales, proporcionando servicio a 261 de las unidades de población inferiores a 2000 habitantes. Sin embargo, las posibilidades de aumentar el suministro de energía eléctrica son favorables en un país con topografía adecuada y recursos hídricos abundantes, que indican un alto potencial hidroeléctrico.
El Salvador cuenta, por otra parte, con campos geotérmicos, especialmente en el oeste del país, y se espera que a fines de 1974 se pondrá en uso la primera planta para el aprovechamiento de esta fuente de energía. La energía geotérmica es más barata y limpia que la producida por los combustibles convencionales o por fuentes de energía nuclear. Puede ser convertida en electricidad; utilizada para calefacción; en la desalinización de las aguas del mar y para la extracción de minerales del vapor o del agua caliente que transporta dicha energía. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones recientes se consideraba el uso de la energía geotérmica principalmente como un substituto adicional de energía y no como un reemplazo de las fuentes actuales. Esta evaluación puede sufrir profunda modificación como consecuencia de la actual crisis energética internacional.
Los recursos forestales del país han desaparecido casi por completo; los de suelo están desapareciendo en forma continuada y en grandes proporciones, y los recursos de agua no están siendo aprovechados conforme a su potencialidad. De acuerdo con cálculos realizados en el estudio de Zonificación Agrícola, el 77 por ciento de las tierras del país están afectadas por una erosión acelerada. Las ciudades están creciendo a expensas de las mejores tierras agrícolas, agravando en esta forma la disponibilidad de recursos para la producción actual y futura.
La responsabilidad relativa a la evaluación y desarrollo de los recursos naturales se encuentra diseminada entre varios ministerios y sus dependencias, y si bien se han dado grandes pasos de avance recientemente, aun son necesarios esfuerzos adicionales para coordinar las actividades de este sector, particularmente en cuanto a los recursos de agua.
El alto costo de los vehículos y combustibles, el estado y calidad de las carreteras, y la falta de una entidad nacional encargada de coordinar y organizar el transporte de carga en general, dan lugar a altos costos de transporte que constituyen un serio obstáculo al desarrollo agropecuario.
Si a lo anterior se suma la falta de personal técnico especialmente preparado y del equipo necesario para llevar a cabo las labores de investigación continua y fiscalización de las operaciones de transporte, se explica la escasa información estadística sobre los distintos medios de transporte con que se cuenta en el país. Paralelamente con estos problemas institucionales, existen otros de naturaleza técnica que son objeto de atención en el epígrafe de recomendaciones.
No todos los aspectos del transporte, sin embargo, son negativos. Existe en la actualidad un sistema de transporte de carga bien establecido, que cubre las principales rutas del país y registra gran movimiento en las áreas de producción de café, maíz, carnes y leche. El transporte por carretera compite con el ferrocarril entre San Salvador y Cutuco, y con la línea férrea nacional entre San Salvador y Acajutla para los servicios de acopio y distribución de artículos de importación y exportación.
Existe en total una capacidad de almacenamiento inventariado en el país (1972) de 1349000 quintales, de los cuales 50000 quintales son exclusivos para sal. Los almacenes se encuentran, por lo general, ubicados en las principales ciudades consumidoras y su uso establecido para los grandes productores. Los pequeños agricultores dependen de los intermediarios, cuya función es, naturalmente, especulativa.
Los canales de comercialización de los productos de exportación están bien definidos. Sin embargo, los de los productos alimenticios se caracterizan por la actividad de un elevado numero de intermediarios, que tiene efecto directo en la reducción de los precios de compra al agricultor y en la elevación del precio de venta al consumidor, con los resultantes efectos desfavorables para el desarrollo rural.
Estudios realizados indican que los problemas más serios, aparte de la insuficiente base tributaria que impide al sector publico ser un instrumento más activo en la creación de la infraestructura y en la prestación de servicios económicos y sociales, son: el desequilibrio en la distribución de los beneficios del crecimiento económico, la presión demográfica reflejada en desocupación y la demanda creciente de vivienda y de servicios de educación y salud.
La composición de la estructura de la población rural por edades indica, como característica fundamental, un intenso y constante aumento en los grupos de menor edad, mientras la distribución por edad y áreas denota que, a medida que los grupos alcanzan la edad productiva, se concentran más en el área urbana.
Un análisis de los coeficientes de dependencia económica ha determinado un acentuado desequilibrio entre la población dependiente y la laboral.
En todo el país prevalece un sistema de tenencia de la tierra que constituye un obstáculo al desarrollo agrícola. Este sistema se caracteriza por la acentuada explotación de microfincas y de fincas subfamiliares grandes con los consecuentes problemas. La relación hombre/tierra determina una baja disponibilidad de 0.3 hectáreas por habitante rural que, unida al limitado trabajo estacional, influye en los excesivamente limitados ingresos de la familia rural y hace evidente la necesidad de adoptar medidas encaminadas al incremento de las fuentes de trabajo rural.
