H.5.1 Gobierno local
H.5.2 Cooperativas
H.5.3 Congresos indígenas
H.5.4 Misiones religiosas
Se ha considerado que la población del Darién puede ser clasificada como marginada, entendiendo por eso:
- Que la población no se encuentra integrada adecuadamente al sistema cultural, socio-económico y político de la nación, sino como grupos o sectores sociales subordinados y/o dependientes de otros más amplios y dominantes.- Que dichos grupos o sectores sociales carecen por un lado del respaldo decisivo de los centros que formulan las decisiones, y por el otro de los instrumentos necesarios para influir en su favor sobre esos centros de decisión.
Los factores más importantes que condicionan esta situación en el caso de los grupos humanos del Darién son el aislamiento geográfico; la distancia o barreras culturales; los desniveles económicos y poco desarrollo tecnológico, y la discriminación social.
Esta situación de marginalidad tiene raíces históricas; sin embargo actualmente está sufriendo cambios, y este proceso se verá acelerado a través de la construcción de la Carretera Panamericana y de los proyectos que surjan del estudio. Por lo tanto es importante destacar los mecanismos existentes de información, motivación, toma de decisiones e integración social del área. A través del análisis de estos canales de comunicación se puede llegar a un mejor entendimiento del proceso de implementación de la estrategia de desarrollo social y hasta de implementación de los proyectos de desarrollo económico.
Se considera que son cinco los mecanismos que se están utilizando para romper el aislamiento y marginación de la población, o que deberían orientarse con este propósito:
- La estructura política de los representantes de corregimientos, juntas comunales y el Consejo Provincial de Coordinación.- Las cooperativas.
- Las estructuras tradicionales de los indígenas.
- Las misiones religiosas.
- Los medios de comunicación de masas.
Estos cinco mecanismos en realidad pueden considerarse también como las estructuras de poder a través de las cuales la población participa en las decisiones que afectan su vida.
A partir de la Constitución Política de 1972 fue implantado un sistema que tiene muchas implicaciones para la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre asuntos que le afectan directamente a nivel nacional.
La unidad básica de tipo administrativo es el corregimiento, de los cuales hay 19 en la Provincia de Darién, 5 en el distrito de Chepo, y 3 en el distrito de Chimán. En 1972 se organizaron elecciones a nivel de corregimiento por un total de 505 representantes, quienes se reúnen en una Asamblea Nacional una vez al año durante un mes. En cada corregimiento se ha formado una junta comunal compuesta por el representante, el corregidor, y tres ciudadanos adicionales elegidos por el Consejo Municipal, que es el órgano correspondiente a nivel de distrito, Según la Ley 105, del 8 de octubre de 1973, el propósito de las juntas comunales es "impulsar la organización y acción de la comunidad para promover su desarrollo social, económico, político y cultural, y para velar por la solución de sus problemas".
Se supone que la junta comunal en cada corregimiento debe organizar una junta local "en cada una de las comunidades, barrios o regidurías de la jurisdicción del respectivo corregimiento" (Ley 105, Art. 12).
Los miembros de la directiva de la junta local son elegidos por la comunidad y deben ser mayores de 15 años y residentes en ella. Su vocero debe reportar a la junta comunal. De la función de las juntas locales se ha dicho que son un mecanismo para canalizar las interacciones que hay entre individuos a nivel de barrio a través de una organización de tipo político. Las gentes del barrio son las que mejor conocen su propia realidad, y a través de la junta local pueden hacerla conocer.
Las juntas comunales tienen una serie de atribuciones que van desde gestionar crédito para realizar obras comunales, promover organizaciones de producción, participar en programas de salud, educación, protección de la niñez, etc., hasta celebrar matrimonios y contribuir al resguardo de la moralidad pública. Pueden montar empresas, como ha hecho la junta comunal de Río Congo, con la compra de un barco pesquero. Además, aunque todos los demás comités organizados a nivel de comunidad mantienen su autonomía para manejar sus fondos propios, deben remitir informes a la Junta Comunal sobre sus actividades. Esos comités incluyen Clubes de Padres de Familia, Pro-Mejoras de Salud, Ayuda Mutua, etc. También exige la ley que la ayuda o servicio que realice el Estado en los corregimientos tendrá que hacerse a través de las Juntas Comunales. Así, estas juntas toman una posición de liderazgo en todo lo relacionado con acción a nivel de corregimiento, y el representante es una persona clave en este proceso.
Los representantes forman parte del Consejo Municipal, presidido por el alcaide del distrito. A este Consejo le compete formular la política de desarrollo del distrito y de los corregimientos, crear empresas de utilidad pública, construir obras públicas en el distrito, fomentar pequeñas industrias, etc. Actualmente el Gobierno ha emprendido un ambicioso programa de fomento municipal con fondos para crédito y asistencia técnica. Con este propósito se está contratando un préstamo por $4.1 millones con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).
A nivel provincial funciona el Consejo Provincial de Coordinación, el cuál se reúne una vez al mes. Las funciones de dicho Consejo incluyen: "Estudiar los problemas de la población y sus posibles soluciones y fomentar el espíritu de participación y cooperación ciudadana en el desarrollo de la provincia", y "coordinar la preparación del programa anual de desarrollo de la provincia... haciendo resaltar el orden prioritario de las obras" (Ley 50, Art. 4).
La Junta Técnica Provincial, como organismo auxiliar permanente del Consejo reúne a todos los representantes de las agencias estatales que integran el Consejo, bajo la coordinación del Planificador Provincial del Ministerio de Planificación y Política Económica. Los representantes de corregimientos son miembros de las comisiones de trabajo que deben identificar y estudiar los problemas y necesidades de la población en campos específicos, como por ejemplo, salud y asistencia social, educación y deportes, comunicación y electrificación, vivienda, y obras comunales, producción y economía (Ley 50, Artículo 18). A través de la estructura descrita se ha implantado un sistema de comunicación que une a los moradores de la comunidad más pequeña con los centros de poder gubernamental, lo que debería hacer de la planificación un instrumento mucho más sensible que corresponda a las necesidades sentidas del pueblo.
La experiencia del funcionamiento de este sistema, que tiene apenas tres años de existencia, es positiva aunque variada, y sin lugar a dudas ha proporcionado un mecanismo institucionalizado de participación popular a nivel local y provincial. De esta forma se ha emprendido un diálogo entre los moradores de la comunidad, las autoridades nacionales y los funcionarios públicos con responsabilidades para la acción estatal en el área. Uno de los resultados más notables es la educación cívica que se imparte a través de la participación en reuniones sobre asuntos que interesan a las comunidades.
El estado de marginalidad definida arriba va reduciéndose a través de las funciones que se les ha asignado a las juntas comunales y a los representantes, por lo menos en algunas de sus características. Pero precisamente por los factores citados, que condicionan la situación de marginalidad, el funcionamiento del sistema en algunos casos se ve limitado. Por ejemplo, en un corregimiento donde viven personas de diferentes grupos humanos, como darienitas, chocoes y colonos, pueden producirse problemas de discriminación social y cierta fricción y conflictos por el poder, y además puede haber parcialidad en los beneficios resultantes de actividades de la junta comunal.
Los orígenes del movimiento cooperativista en el Darién son recientes y están fuertemente vinculados a la problemática del pequeño agricultor, sobre todo en lo referente a sus relaciones con los intermediarios, quienes tradicionalmente habían controlado el sistema de mercadeo en detrimento de los agricultores en general. Estos, debido a su dispersión geográfica a lo largo de los nos y a su falta de organización, se presentaban individualmente a los centros de mercadeo como Yaviza, El Real y Pinogana, en donde los compradores privados unilateralmente fijaban los precios de mercado con escasa o ninguna participación de los agricultores. Para los chocoes el problema del mercadeo más agudo era el del plátano, mientras que para los libres era el del maíz y el arroz. Sobre los gobiernos anteriores recae también parte de la culpa del problema de mercadeo, ya que no trataron de intervenir en este injusto sistema dejándolo completamente en manos de los intermediarios, y no fue sino hasta principios de 1970 cuando se establecieron tímidamente los primeros centros de compra estatales.
El grupo más afectado por el sistema de mercadeo eran los indios chocoes, que son los mayores productores de plátano en el Darién. Vale indicar que la mayor parte del plátano consumido en los centros urbanos de la zona de tránsito procede de esta provincia. Los intermediarios del plátano fijaban precios bajos (B/. 1.10 por ciento de plátanos) y con frecuencia se tomaban la libertad de seleccionar sólo las frutas más grandes; por lo tanto, muchas veces el agricultor tenía que tirar al río una parte importante de su carga. Una vez que llegaba a los puestos fluviales de compra, el productor de plátanos no podía rechazar el precio y las condiciones que le fijaban los intermediarios, puesto que se trata de un producto perecedero de muy rápida descomposición.
Para 1972 el agricultor del Darién estaba en una posición apremiante porque los artículos manufacturados comenzaban a subir rápidamente. Entre estos insumos, el que guarda mayor relación con el precio del plátano es la gasolina, ya que gran parte de la producción se transporta por los ríos en piragua con motor fuera de borda. Un aumento en la gasolina y aceites lubricantes afecta rápidamente los costos de transporte fluvial y por tanto, el precio del plátano. El aumento en el costo de los insumos afectaba también a los intermediarios y a los dueños de barcos que traen los productos del Darién a la capital. Presionados por la inflación, los intermediarios decidieron unilateralmente, sin consulta con los productores, bajar el precio del plátano de B/. 1.10 a B/. 0.90 el ciento. Para obligar a los productores a aceptar el nuevo precio, los intermediarios realizaron un paro negándose a comprar plátano, lo que fue una acción catastrófica para los chocoes porque el grueso de su ingreso en efectivo dependía de ese producto.
Es necesario hacer un paréntesis aquí para describir la importancia económica de los intermediarios del Darién, y por tanto la magnitud del poder y presión que podían ejercer sobre los productores. Los intermediarios del Darién con frecuencia desempeñan a la vez varias funciones económicas. Es común que uno de estos individuos sea comprador de productos agrícolas y tenga la única pesa del pueblo para pesar los productos, y la piladora para trillar el grano. Al mismo tiempo es comerciante de víveres y productos manufacturados que vende en su tienda a los agricultores a precios altos, ya sea al contado o a crédito e incluso haciendo trueque por productos agrícolas. También es dueño de la cantina en donde el agricultor deja sus excedentes. Finalmente hay algunos casos de intermediarios que son dueños de barcos, aunque este caso es menos común. El intermediario del Darién ha logrado a través del tiempo una integración vertical de funciones económicas: le compra al agricultor su producto, le vende los artículos manufacturados y finalmente lo entretiene en su cantina: este poder económico se traducía en poder político, que no comenzó a disminuir hasta después de las elecciones de representantes de corregimientos en 1972.
Confrontados por el paro de los intermediarios, los caciques y dirigentes chocoes, sobre todo del distrito de Pinogana, nombraron una comisión que viajó a la capital de la república, donde se reunió con las más altas autoridades del Gobierno. La comisión solicitaba originalmente que el plátano se pagase al productor a razón de B/. 2.50 el ciento. Oficiales del gobierno consideraron que la propuesta era demasiado alta y encarecería demasiado el plátano en los mercados de la capital, lo cuál no convenía políticamente por ser este artículo una de las bases de la alimentación popular. Esta visita a Panamá a las más altas esferas gubernamentales fue un paso muy significativo. Por vez primera, los dirigentes chocoes acudían organizadamente, en representación de todos los ríos, a plantear su problema económico más urgente al más alto nivel del gobierno central y a buscar soluciones inmediatas. Resultado directo de estos contactos fue que tanto el Jefe del Estado, como el Director de Planificación viajaron a Unión Chocó, en Río Tuira a una reunión con todos los caciques y dirigentes y en la cuál se acordó que el precio del plátano sería de B/. 1.30.
Inicialmente los intermediarios rechazaron este precio y de inmediato comenzaron a presionar a los agricultores. Plantearon los intermediarios que ellos mantendrían un paro indefinido y que de ser necesario cerrarían por completo sus actividades, ya que el nuevo precio los llevaría a la bancarrota. Además mantenían que comprarían a B/. 1.10 el plátano pero que sólo pagarían B/. 1.30 por el plátano más grande. Esta presión comenzó a tener efecto sobre los productores libres, muchos de los cuales tenían deudas o eran clientes de los intermediarios. Por esta razón, los dirigentes chocoes convocaron a los agricultores libres a una reunión en Yaviza, donde se logró un acuerdo que ni los "emberas" ni los libres cortarían plátanos hasta que los intermediarios aceptaran el nuevo precio fijado en Unión Chocó. Se inició así en Pinogana un evento singular en la historia del campesinado del Darién; la primera huelga de agricultores, con los chocoes sirviendo de punta de lanza del movimiento. Paradójicamente, lo que comenzó como un paro o movilización de los intermediarios desembocó en una huelga de los productores chocoes, quienes lograron arrastrar consigo a los agricultores libres. Esta huelga, que tuvo lugar en 1972, sólo duró una semana, al cabo de la cuál capitularon los intermediarios, quienes aceptaron el nuevo precio de B/. 1.30 sin proceso de seleccionar.
Finalizada la huelga, los productores quisieron ir más allá, y comenzaron a plantear al Estado la necesidad de que apoyara la creación de una cooperativa de mercadeo que eliminara a los intermediarios del plátano. Sin embargo, las divisiones étnico-culturales obstaculizaron la formación de una sola cooperativa que cubriera tanto a chocoes como a libres. Los productores libres querían que la organización fuera para ambos grupos pero con la condición de que fueran los libres los que ocupasen los puestos administrativos arguyendo que los chocoes no tenían experiencia ni capacidad de organización. Los chocoes se resistieron diciendo que eran ellos quienes habían iniciado la huelga y obtenido el triunfo, y que lo correcto era que a ellos les tocase dirigir la cooperativa. Por fin los chocoes decidieron actuar separadamente organizando la cooperativa de mercadeo "Embera". Los productores libres, apoyados por los intermediarios, crearon la cooperativa "Yaviza" para contrarrestar la cooperativa de los chocoes. Sin embargo, por ser los chocoes los mayores productores, la cooperativa "Yaviza" pronto quedó en quiebra. Asimismo, los caciques y el pueblo chocó acordaron que todos los socios de la cooperativa "Embera" deberían pagar a la organización 0.10 centavos por cada centenar vendido, a fin de poder sufragar los gastos administrativos de la cooperativa.
La eficacia de la organización cooperativista quedó comprobada nuevamente en 1974 cuando los productores chocoes, acorralados por los efectos de la inflación mundial, se lanzaron a la huelga, logrando que el precio del plátano subiera de B/. 1.30 a B/. 1.35. Un hecho que demuestra la creciente visión política de esta organización indígena es que antes de dar inicio a la huelga una delegación chocó visitó el distrito de Barú, en Chiriquí, la región más productiva de plátano del occidente del país. Allí se entrevistaron con dirigentes de las juntas agrarias de pequeños propietarios y de los asentamientos campesinos. Como resultado de estos contactos, chocoes y chiricanos acordaron una huelga nacional de productores de plátano que duró 15 días, durante los cuales no era posible obtener este producto en los mercados públicos de las ciudades del área metropolitana. Sin embargo, la cooperativa de mercadeo sólo solucionaba el problema del agricultor chocoe como productor más no como consumidor, porque tenía que seguir acudiendo a las tiendas de los intermediarios. Por tal razón, en 1973 la cooperativa "Embera" se amplió a una cooperativa de servicios múltiples cambiando su nombre a "Jumarasó", o sea corazones unidos. En 1975 esta organización obtuvo un préstamo estatal de B/. 70 000 con el cuál adquirió un barco para transportar el plátano directamente de Yaviza a Panamá, y de regreso llevar mercaderías para la cooperativa de consumo.
Se ha tratado de dejar en claro que el movimiento cooperativista en Darién es de origen reciente y ha sido la respuesta de los agricultores para tratar de resolver sus problemas como productores y luego sus necesidades como consumidores. Al mismo tiempo es significativo que el cooperativismo surge con mayor fuerza entre los agricultores chocoes, los más oprimidos por el sistema de mercadeo pero al mismo tiempo los que tienen mayor poder para afectar el sistema por ser los mayores productores de plátano. El éxito logrado en estas actividades ha tenido fuertes repercusiones socio-políticas, no sólo para los chocoes sino también en cuanto a sus relaciones con otros grupos del Darién. Los triunfos tangibles obtenidos por las huelgas del plátano en 1972 y 1974, además de fortalecer el movimiento cooperativista sirvieron para dar mayor cohesión a la organización política interna y mayor confianza en su capacidad de defender sus intereses frente a otros grupos del Darién.
Políticamente los chocoes son el grupo indígena menos organizado del país, situación que ha sido el resultado de múltiples factores históricos y sociales. Entre ellos hay un nomadismo de los núcleos familiares que con relativa facilidad migran de un río a otro sin establecerse permanentemente en un solo sitio. Detrás de esta movilidad se ocultaban causas muy variadas, algunas de tipo económico, como por ejemplo cuando las pestes destruían los cultivos básicos como el plátano y el guineo, o cuando iban en busca de mejores lugares para cacería, actividad que suplía gran parte de la dieta proteica. A veces las migraciones eran producto de conflictos sociales con otros grupos étnicos o con las autoridades a nivel local, o también podían estar vinculadas a las empresas que en diferentes períodos han explotado las riquezas naturales del Darién (madera, caucho, oro, etc.).
Sin embargo, este histórico patrón de migración a lo largo de las cuencas fluviales del selvático oriente panameño está llegando a su fin. A principios de esta década emerge un nuevo patrón de poblamiento cuando se organizan los primeros caseríos en El Salto (Chucunaque), Unión Chocoe (Tuira) y Común (Río Chico), donde se comienza a concentrar la dispersa población chocoe, reflejando el principio del fin de esta última frontera nacional que ya comienza a estabilizarse o consolidarse. Para los chocoes ya no hay muchas áreas adonde migrar. El Bayano ya está cerrado y hacia Colombia tampoco les es provechoso emigrar. Viéndolo en una perspectiva histórica, el nomadismo y la dispersión de la población eran patrones culturales, que en los siglos en que el Darién fue una frontera abierta, daban las mejores garantías para la defensa o protección del grupo. Ahora, con la lenta pero segura desaparición de esa frontera, la mejor estrategia para los chocoes debe ser precisamente la concentración de población.
Durante los últimos años los chocoes venían sintiendo la necesidad de organizarse para presentar un frente común ante problemas concretos como la tierra y el mercadeo del plátano. Luego del Primer Congreso Nacional Indígena celebrado en Veraguas, en 1969, en el que participaron dirigentes de todos los grupos indígenas del país, se acordó entre otras cosas que caciques y dirigentes cunas y guaymíes visitarían el Darién para prestar asistencia organizadora. Esta experiencia de organización fue de gran valor para los chocoes. La idea del Congreso Regional emergió de este tipo de colaboración y es un ejemplo que demuestra el surgimiento de una conciencia panindigenista a nivel nacional.
Fue así como en 1970 se celebró en el recién fundado caserío de El Salto (río Chucunaque) el Primer Congreso Regional Indigenista del Darién, donde se dio un paso importante en la evolución política de los chocoes. El uso del término "indigenista" puede llevar a pensar que el evento involucraba a todos los grupos indígenas del Darién; sin embargo, el Congreso fue organizado sólo por y para los chocoes, tanto emberas como waunanas. Los cunas no participaron, manteniéndose dentro de la estructura de sus propios congresos locales.
Como resultado de las actividades de las misiones religiosas, en algunos casos se han creado divisiones sociales dentro de un pueblo o de un grupo humano, como el grupo indígena chocó. Se nota una región oriental será especialmente necesaria para conseguir el tipo de personal adecuado para los proyectos de desarrollo del área.
