4. Evaluación individual de los proyectos

4.1 Evaluación social de proyectos y análisis a precios de mercado
4.2 Beneficios
4.3 Costos de los proyectos
4.4 Resultados de las evaluaciones

La evaluación individual de los proyectos constituye una primera etapa hacia la definición de un programa de realizaciones compuesto por múltiples aprovechamientos hídricos, algunos de ellos excluyentes entre sí. Se parte de la premisa de considerar la viabilidad técnico-económica de cada uno de los proyectos, como si se debiera decidir su realización en el año base (1973) y considerando cada uno de ellos en forma aislada.

Esta técnica permite establecer un ordenamiento inicial de los proyectos, dado por las ventajas que desde el punto de vista social y económico presenta el encarar en primer término aquellas obras que, prestando iguales servicios, engendren costos mínimos a la sociedad. En segunda instancia, es obvio el ordenamiento temporal de la puesta en marcha de los sucesivos proyectos que se requieren para atender las demandas en un horizonte dado de estudios. En tercer lugar, permite descartar aquellos que dentro de los alcances de la tecnología actual son ineficientes frente a otros proyectos o sistemas alternativos.

La metodología a utilizar es la usualmente empleada en estudios de factibilidad, aun cuando, tratándose de una evaluación a nivel de prefactibilidad, la aproximación requerida en la determinación de costos y beneficios tiene una amplitud mayor.

4.1 Evaluación social de proyectos y análisis a precios de mercado

En el capítulo IV se ha presentado un primer ordenamiento de los proyectos realizado mediante un análisis comparado de los costos monetarios directos de inversión y de operación del proyecto considerado con respecto al de un alternativo, considerando solamente el propósito principal. Este define la conveniencia de elegir una solución u otra, desde el punto de vista de la empresa individual, sea ésta privada, pública o mixta.

En este apartado se presentará, en cambio, un análisis comparado de la conveniencia de realizar cada uno de los proyectos, considerando todos los propósitos múltiples y desde el punto de vista del interés de la comunidad a la que estos proyectos servirán; es decir, se empleará el criterio de evaluación social. Para ello, el análisis de los costos y beneficios monetarios es sustituido por un análisis comparado sobre la base de los "costos de oportunidad" de los factores, a precios unitarios constantes.

La evaluación desde el punto de vista de la comunidad puede hacerse a precios de mercado siempre que dichos precios reflejen adecuadamente la escasez de insumos y productos desde el punto de vista del país; escasez resultante de la capacidad productiva del país y los deseos de los consumidores, dentro de su capacidad de compra determinada por la distribución del ingreso. Sin embargo, en el mundo real esto ocurre raramente. Por ello, prácticamente todos los precios de mercado se alejan en mayor o menor grado del precio de escasez, también llamado precio sombra, precio social o precio de cuenta.

En estos proyectos de la ACRB, teniendo en cuenta el nivel de evaluación y el valor relativo de los factores, se consideran tres precios de escasez; ellos son: los del capital, los de la mano de obra y los de la divisa extranjera.

El manejo de estos precios obliga a considerar la mayor o menor participación que tiene en cada proyecto o sistema alternativo la mano de obra común o calificada, así como los insumos directos o indirectos de productos importados, dados en cada caso por el tipo de dique, presa, canales, central, etc. Naturalmente, la evaluación social de un proyecto produce un resultado diferente que la evaluación a precios de mercado, y ello puede implicar un cambio en el ordenamiento prioritario de los proyectos.

4.1.1 Criterios de evaluación. El índice usado para el ordenamiento de los proyectos evaluados socialmente fue el valor actual neto (VAN). Correlativamente se usó la relación Beneficio Total Actualizado/Costo Total Actualizado (B/C), para medir diferencias con la evaluación a precios de mercado.

Para la determinación de los precios-sombra, el principio general adoptado fue el de suponer que estaban dadas las decisiones de política y la estructura legal e institucional que están fuera del alcance de la institución para la que se lleva a cabo la evaluación. Este enfoque implica aceptar, por ejemplo, la existencia de impuestos, la existencia de las barreras tarifarias de ambos países (Bolivia y Argentina) y considerar la imposibilidad de que dichas barreras desaparezcan en el futuro.

Otro principio de evaluación empleado es "el principio del con y el sin" el proyecto. Consiste en analizar qué beneficios hubieran existido aun sin la presencia del proyecto, excluyéndolo del cálculo. Una aplicación directa de este principio es el descartar todos los beneficios de los proyectos de riego que pudieran encararse en base a los aportes naturales de los ríos, o descontarlos si el proyecto tuviera como base un área mayor resultante de una regulación parcial o total.

4.1.2 Costo de oportunidad de los factores. El costo económico o de oportunidad de un bien necesario para la construcción de un sistema, es definido como la productividad física marginal que esos bienes o factores de la producción podrían tener en otros usos o empleos diferentes. En este informe esas estimaciones han sido realizadas considerando su productividad en el año base 1972. En situación de equilibrio pleno o bajo condiciones suficientemente competitivas, el "costo de oportunidad" de los factores de la producción es aproximadamente igual a su precio de mercado menos los impuestos indirectos netos, ya que ese valor equivaldría a su productividad física marginal bajo los supuestos antes enunciados.

En cambio, en situaciones de equilibrio económico con desempleo parcial de algunos factores de la producción, esa consideración no se cumple. En estas circunstancias, un incremento de la demanda real de bienes, como consecuencia de la realización de proyectos de inversión, producirá probablemente un aumento en la ocupación de los factores de producción disponibles que se traducirá en un incremento efectivo del ingreso real de la comunidad. Este incremento del ingreso real será equivalente al aumento de la productividad física de los factores disponibles debido a un mayor empleo de la fuerza de trabajo y de las instalaciones productivas ociosas.

En condiciones de pleno empleo, la realización de una inversión adicional en el sistema económico supone para la sociedad un costo: sacrificar la productividad que los factores de la producción necesarios para ese propósito tienen en sus empleos presentes. Su costo de oportunidad es en este caso equivalente a su costo monetario, previa deducción de impuestos indirectos y subsidios. Cuando existe desempleo parcial, este sacrificio, o costo de oportunidad para la sociedad. Sólo se verifica en el caso de aquellos factores que están plenamente ocupados, ya que, en la medida que se requiera emplear a factores desempleados, ese sacrificio o costo de oportunidad es nulo.

De esta forma, la diferencia existente entre el costo monetario de los factores y su costo económico o de oportunidad tiende a ser equivalente al aumento del ingreso real que se producirá en el sistema económico como consecuencia de haberse efectuado una inversión adicional. Esto es, sin lugar a dudas, un beneficio económico que no se reflejará necesariamente en la rentabilidad de la empresa que llevará a cabo la inversión, pero sí en la rentabilidad real del conjunto de la comunidad.

Si el proyecto productivo que se busca a través de la inversión puede lograrse de igual forma mediante proyectos alternos, con diferente composición de factores, es necesario considerar en cada caso los beneficios que le son atribuibles por su contribución a un más eficiente empleo de recursos económicos ociosos. Indudablemente, la opción que emplee la mayor proporción de factores ociosos será la conveniente desde el punto de vista del interés económico de la comunidad.

Para la determinación de los costos unitarios de oportunidad de los factores o bienes necesarios para la construcción y operación de aprovechamientos hídricos, se han empleado los siguientes procedimientos:

a) Tasa de descuento. Para el caso del capital, el costo de oportunidad es interpretado de dos maneras diferentes. Uno es el costo en que se incurre por retirar del sector privado fondos que se destinan a la inversión pública por medio de impuestos. Dichos fondos, de no haber sido recaudados, habrían sido usados en consumo e inversión. El costo de oportunidad se determinaría descontando tanto la corriente de consumo que no se lleva a cabo por razón de los impuestos (empleando la tasa social de preferencia en el tiempo) como la corriente de inversión privada no ejecutada debido a la recaudación, usando la productividad marginal del capital.

La otra manera de interpretar el costo de oportunidad del capital de inversión en el sector público, que es la finalmente adoptada, es tomar la existencia de los impuestos como un dato, aceptándolos como una realidad. Por tanto, el costo de oportunidad de los fondos de inversión del sector público no es lo que el sector privado hubiera hecho con ellos de no existir la recaudación, sino la productividad marginal de la mejor inversión alternativa.

Lo ideal sería determinar el costo de oportunidad del capital en el conjunto de la economía. Pero ello no es así si la inversión está restringida a un cierto subsector de la actividad económica. Por ejemplo, si el gobierno está decidido a satisfacer las demandas de electricidad a precios corrientes, el conjunto de inversiones posibles incluye sólo a proyectos capaces de producir electricidad: plantas térmicas, hidroeléctricas, nucleares, etc.

Por lo tanto, el conjunto alternativo de oportunidades para los fondos de inversión está severamente restringido. Como medida del costo alternativo del capital, ya no interesa saber cuál es su productividad marginal en inversiones alternativas en el conjunto de la economía, sino sólo en actividades productoras de electricidad. Como ese es precisamente el caso en la ACRB, se analizó cuál es el retorno de Agua y Energía Eléctrica (Argentina) y de la Empresa Nacional de Electricidad (Bolivia) en la región.

El retorno social de la inversión productividad del capital incluye la ganancia de la empresa (pública o privada) más los impuestos que paga, más los intereses pagados sobre el capital usado. De allí que si se adopta como tasa de descuento la productividad del capital, el precio sombra nunca podrá ser igual al precio de mercado o interés de plaza. En efecto, cuentas que son costos para el sector privado y empresas autárquicas, como intereses e impuestos pagados, son beneficios desde el punto de vista social.

Para los propósitos de este Estudio, se incluyó la ganancia de las empresas más las contribuciones. El resultado fue para AyEE del 10,37% de retorno social sobre la inversión, por lo que se tomó como tasa de descuento el 10% como aproximación razonable para ambos países.

En el caso de los beneficios y costos de irrigación, se debió considerar que, mientras en el campo energético hay una decisión implícita de satisfacer toda la demanda de electricidad a precios corrientes (lo que permite aplicar el método de costos alternativos), no sucede lo mismo con los proyectos agrícolas.

En el sistema Tarija - Bermejo, los proyectos prioritarios al producir electricidad durante todo el año, proveen agua durante la estación seca, en particular durante los meses críticos de agosto y septiembre, en exceso de toda demanda que sea posible esperar en términos realistas en el futuro relevante. Dicho futuro, dadas las tasas de descuento usadas, es entre 10 y 15 años. Por lo tanto, es cero el costo económico del agua en los meses de agosto y septiembre en las bocatomas para irrigación. Luego, la inversión en irrigación debe considerarse como un proyecto independiente. Como el conjunto alternativo de inversiones es, pues, ilimitado, la tasa de descuento a usar tiene que ser la productividad social del capital en la industria o en otros proyectos de irrigación. Dicho retorno social en la industria argentina ha sido determinado por Petrei (1972) como igual a 20%. En cuanto a la productividad social en irrigación en la Argentina ha sido determinada por Zapata (1970) también igual a 20%. Por lo tanto, la tasa de descuento a usar es el 20% en este propósito de los proyectos.

En la subcuenca Grande - San Francisco, incluyendo el río Colorado, los déficit de agua se manifiestan en los sistemas de irrigación existentes, y en las estaciones secas. En consecuencia, cabe aplicar un criterio similar al de las inversiones energéticas.

En los proyectos de riego inscritos en el Polo de Desarrollo y El Ramal, los cuales deberían y podrían encararse en el futuro relevante, y donde además el uso consuntivo de las aguas presenta una elevada prioridad frente a otros propósitos, la tasa de descuento adoptada ha sido del 10%, definida como costo de oportunidad del capital. El entorno utilizado fue entre el 8% y el 10%. Los proyectos se descontaron al 10% y las cotas inferiores fueron utilizadas en el análisis de sensibilidad a que se sometieron las alternativas para determinar la influencia de la variación de este parámetro en las mismas.

b) Precio sombra de la divisa. Hay diversos enfoques para la determinación de este precio. El usado por la Unidad Técnica es coherente con los principios generales indicados anteriormente respecto de tomar como dada la estructura institucional. En el contexto de la discusión del precio sombra de la divisa, debe aceptarse como dato la estructura tarifaria para las importaciones y se supondrá que ésta continuará en el futuro sin variaciones substanciales.

El enfoque adoptado es el propuesto por Schydlowsky (1968) y por Marglin - Sen - Dasgupta (1972) en "Guidelines for Project Evaluation" publicado por Naciones Unidas en 1972. Se supone que el precio de mercado de la divisa, así como el nivel de transacciones de divisas, es determinado por las funciones de oferta y demanda en conjunción con la estructura tarifaria. Por lo tanto, el precio de la divisa de mercado es incrementado en un porcentaje igual al promedio ponderado de las tarifas. El promedio es ponderado por el porcentaje que le corresponde a cada bien del total de las importaciones, multiplicado por la respectiva tarifa. A ello se suman los impuestos indirectos existentes, como impuestos a las ventas que efectivamente trasladan el precio al consumidor. En caso de existir cuotas en lugar de tarifas, se determina cuál sería la tarifa equivalente de la cuota.

Con este procedimiento, Schydlowsky (1973) obtuvo un valor de 2,7 para la divisa en Argentina.

En un criterio alternativo del expuesto, se aduce que la escasez de divisas produce el paro parcial de industrias que no pueden producir a plena capacidad por la falta de insumos intermedios y materias primas. Esto genera desocupación de mano de obra y capacidad instalada, lo cual, por un efecto multiplicador, produce adicional desocupación de factores. Si esta interpretación es correcta, entonces el precio-sombra de la divisa debe ser corregido. En efecto, la disponibilidad de una unidad de moneda extranjera adicional produciría el reempleo de mano de obra y capacidad ociosa por un equivalente de varias veces dicha unidad. Lo ideal sería determinar la reocupación marginal de factores ociosos producida por dicha disponibilidad. Schydlowsky (1973) llegó a un valor de 13 para Argentina. A este valor se lo distinguirá como aquél que incluye el efecto macroeconómico.

Con el propósito de determinar el efecto de la aplicación de uno u otro criterio, ambos serán empleados en estas evaluaciones.

A los fines de aplicar el precio sombra de la divisa, se usará no solamente el componente importado directo, sino también el importado indirecto. El componente importado indirecto es la cantidad importada por los fabricantes de insumos nacionales usados en el proyecto. Los porcentajes de importaciones indirectas fueron estimados excepto en transmisión de electricidad y subestaciones eléctricas. El porcentaje de importación directa tiene un fundamento más firme por cuanto depende de verificaciones más inmediatas.

En lo que respecta a Bolivia, no existen antecedentes relativos al precio sombra de las divisas extranjeras. Para el conjunto de bienes que integrará el gasto directo e indirecto de monedas extranjeras se adopta el criterio de evaluar las importaciones aplicando el precio de equilibrio de las divisas calculado según la proposición de Schydlowsky, resultando un valor de 1,30.

c) Precio sombra de la mano de obra. En el sector argentino, durante seis meses, la mano de obra no especializada está totalmente ocupada debido a la zafra. En la misma participan no sólo la población adulta masculina de la zona, sino también mujeres e inmigrantes de otras regiones.

Durante el resto del año, si bien la actividad no es tan grande como durante la zafra, la población adulta masculina argentina está ocupada. Más aún, parte de los inmigrantes bolivianos permanece en Argentina por encontrar en ella oportunidades de empleo. Por lo tanto, es razonable aproximar el problema asignando un precio sombra de la mano de obra no calificada igual al salario de mercado.

En cuanto a la mano de obra calificada, sin la menor duda está en condiciones de pleno empleo (excepto desempleo friccional) por lo que se adopta el mismo criterio.

En el sector boliviano, en base a informaciones oficiales, puede establecerse que se constatan tasas elevadas de desocupación de la población activa, que afecta principalmente a la mano de obra no calificada. El porcentaje de desocupación se eleva casi al 10%. Para evaluar el costo económico de la fuerza de trabajo no especializada, en el año base de 1972, se aplicó el criterio de Havenan y Krutilla, suponiendo que la desocupación friccional es del 5% de la población activa y además que la desocupación máxima admisible es del 15%. Los coeficientes de ajustes para determinar el costo de oportunidad del trabajo, en función del salario monetario neto, resultó así en 0,40.

4.2 Beneficios

Los beneficios directos de los proyectos a evaluar se generan en la venta de energía eléctrica, la imposición de tasas por uso de agua potable e industrial, la generación de beneficios netos para los productores agropecuarios y la economía en los costos anuales de dragado en los canales navegables. Los beneficios indirectos son determinados a través de los costos de oportunidad.

Los métodos de evaluación de los beneficios varían de acuerdo con la prioridad en el uso del agua y la ubicación geográfica del proyecto y se analizarán por separado.

4.2.1 Suministro de agua potable. De una manera general puede indicarse que los beneficios asignables a este propósito son mínimos en toda la ACRB. En cualquiera de los casos analizados, la oferta de agua potable tiene prioridad absoluta sobre los otros propósitos y aun sobre los derechos y concesiones de agua otorgados para su uso en el riego, la industria y la generación de energía.

En toda la Cuenca y salvo algunas aisladas excepciones, los aportes naturales de los cursos de agua y las fuentes subterráneas son suficientes para atender la demanda de agua de los centros urbanos y nucleamientos rurales, aun en el dilatado horizonte del estudio. En consecuencia, ninguna obra de regulación aporta a las comunidades beneficios que ya no disfrutaran, si se descartan las obras propias de conducción, tratamiento y distribución, cuyos costos no fueron considerados en los análisis de los proyectos a evaluar.

4.2.2 Suministro de agua industrial. Caben distinguir aquí los suministros de agua para las industrias localizadas dentro del Polo de Desarrollo, de aquellos que se demandan en el resto del área. En el primer caso, el suministro de agua industrial fue considerado prioritario. En el resto del área, el riego tiene prioridad sobre la industria en la distribución del recurso escaso.

En el Polo de Desarrollo el beneficio derivado del abastecimiento garantido de agua industrial, garantía emergente de la construcción de obras de regulación, se medirá por cualquiera de los dos procedimientos siguientes:

a) El costo del sistema alternativo más económico, que se muestra capaz de atender el suministro con igual volumen y calidad de aguas y con similares garantías.

b) En el caso de proyectos de propósitos múltiples, por el costo de un proyecto similar ubicado en el mismo emplazamiento, dimensionado exclusivamente para asegurar el abastecimiento de agua industrial.

En el caso de que por indicaciones de las autoridades provinciales se desee reservar en los embalses un volumen de agua que exceda claramente toda demanda razonable que pueda esperarse en los próximos 30 años, no se asignará valor positivo a esas aguas en la etapa de evaluación. Desde el punto de vista económico, cualquier bien ofrecido en el mercado en exceso de lo que el demandante está dispuesto a recibir a precio cero, tiene, obviamente, valor nulo.

4.2.3 Irrigación. Los beneficios de irrigación han sido evaluados teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los proyectos.

En primer lugar, dentro del cuadrángulo del Polo de Desarrollo y sus adyacencias, y teniendo en cuenta la elevada concentración humana previsible dentro del horizonte del estudio, cabe esperar que las tierras bajo riego serán destinadas primordialmente a atender las demandas de productos de consumo local, como hortalizas, frutas y parcialmente otros cultivos de alta rentabilidad, incluyendo forrajes para atender el ganado vacuno generador de leche fluida.

En las zonas restantes de la subcuenca Grande - San Francisco, las aguas de riego deberán asignarse a cultivos industriales o al mercado nacional, como en el caso del tomate de primicia en la Colonia Santa Rosa.

En cuanto a los beneficios agrícolas en la llanura chaqueña, que sean claramente asignables a la regulación de caudales en la ACRB, serán evaluados social y económicamente en términos de las cosechas que son exportables en forma directa o indirecta al liberar producciones de otras zonas del país, tales como la de forrajes, exportables directamente o en forma de carne. En estos casos, si bien los beneficios a precios de mercado son bajos, la factibilidad social no disminuye necesariamente, por cuanto los ingresos de dichos productos exportables, al ser analizados los proyectos desde el punto de vista social, deben ser multiplicados por el precio sombra de la divisa.

La forma esquemática de dividir la ACRB a los efectos de los beneficios de riego quizás presente algunas objeciones, pero refleja un criterio práctico y de sentido común dentro de un sistema tan vasto como es el de la ACRB y con la perspectiva de un largo plazo como es el del año 2000.

4.2.4 Reutilización de las aguas de retorno. Las aguas derivadas para uso de poblaciones, la industria o las actividades agrícolas bajo riego, no son consumidas totalmente. Un elevado porcentaje de los dos primeros usos es devuelto a los cauces de origen; en el último, las pérdidas por uso consuntivo son muy elevadas. En cualquier caso, dichas aguas son retornadas al cauce con diferentes grados de contaminación.

En ciertas áreas, las aguas de retorno poseen elevadas posibilidades de reutilización, para diferentes fines. En la Cuenca, algunos proyectos de riego (El Acheral p.e.) prevén la utilización de aguas servidas del parque industrial y del núcleo urbano de Güemes y eventualmente de Las Maderas. El criterio utilizado para evaluar proyectos con reutilización es el de incluir en el costo del agua de retorno los costos asociados de su tratamiento, para posibilitar el uso posterior si la dilución natural fuera insuficiente.

Dichos costos asociados deben ser evaluados a nivel de subcuenca o tramo de río como el de un conjunto de obras tendientes a mantener un nivel mínimo de calidad en los cursos de agua, medido por el contenido de O₂, con el aporte cooperativo de todos los contaminantes. A los efectos de la evaluación en valores relativos de dichos costos asociados, se han considerado, a falta de antecedentes en Argentina y Bolivia, los estudios realizados en cuencas de otros países, con industrias preponderantes de base metalúrgica o azucarera como será el caso del Polo de Desarrollo y del Triángulo del Bermejo. Se adoptaron los valores porcentuales resultantes aplicados en función de la carga creciente de contaminación en el horizonte del estudio.

Estos costos fueron incluidos en las evaluaciones del conjunto del sistema con y sin la proyectada reutilización de las aguas.

4.2.5 Generación de energía eléctrica. Las leyes existentes que regulan los derechos de agua dan prioridad para su uso a la provisión de agua potable, luego al riego y después a la generación de electricidad. Esto está francamente reñido con el aprovechamiento racional del recurso, dado que el mismo debe repartirse de modo tal que el beneficio social obtenido de su uso sea maximizado, lo que se logra en algún punto en que el beneficio marginal de cada uso es igual a los demás. En este caso, el aprovechamiento prioritario de las obras de regulación fue fundamentado en capítulos anteriores, y considerado por subregiones económicas. Esto tiene sus implicancias en cuanto a los criterios de evaluación.

Particularmente en el sistema Tarija - Bermejo, el agua erogada de los embalses a los efectos de producir electricidad, genera una oferta en el mes crítico (agosto o setiembre según zonas y cultivos) varias veces superior a la posible demanda para riego en los próximos diez años, que es el futuro relevante para las tasas de descuento usadas. Por tanto, queda como única demanda para el agua embalsada por diques la generación de energía, y como política de uso, válida para ambos países, la de proveer toda la cantidad demandada de electricidad a precios corrientes. En este marco debe aplicarse el método del costo alternativo, consistente en considerar como beneficio de un proyecto (un modo de satisfacer la demanda: hidroelectricidad, en este caso) el costo del sistema alternativo (plantas termoeléctricas) capaz de satisfacer la misma demanda a igual nivel de calidad.

A los efectos de comparación se ha considerado que la demanda de punta para la que se han diseñado las centrales de pie de presa en la subcuenca, podrá ser satisfecha alternativamente por plantas termoeléctricas compuestas dos tercios por plantas de vapor y un tercio por turbinas a gas. La potencia de la central equivalente fue dimensionada igual a la potencia firme de la central hidro (garantizada para el 95% del tiempo) incrementada con una reserva técnica del 20%. Los costos empleados para las plantas térmicas incluyen la instalación en condiciones de funcionamiento, provisión de repuestos, ensayos, instrucción al personal y gastos indirectos, estimados en 12% de los costos anteriores. Los gastos indirectos incluyen imprevistos, gastos de administración y generales, estudios de preinversión, etc. Los costos directos de las turbinas de 20 MW incluyen el correspondiente transformador elevador, mientras que la de 6 MW se la ha supuesto conectada directamente a la red. Se incluyó en las evaluaciones sociales no sólo el efecto de los insumos importados directos sino también una estimación de los insumos importados indirectos, tanto para las centrales como para el combustible usado. Los valores adoptados para los componentes importados se establecen en el cuadro V-4-1.

En los proyectos correspondientes a la subcuenca Grande - San Francisco, el propósito generación de energía es precedido por todos los demás: suministro de agua potable, agua industrial y agua para riego. Los programas de desembalse, en consecuencia, se supeditan a las necesidades de los usos consuntivos determinando potencias firmes en las centrales instaladas de muy limitado valor. En este caso, el límite económico de su utilización fue determinado a partir del costo marginal de la energía producida en una central térmica a vapor, teniendo en cuenta solamente el gasto de combustible y la amortización variable (la que depende de la energía producida).

La inversión admisible en estas condiciones fue evaluada en alrededor de US$ 0,065 por kWh/año.

Sin embargo, en algunos proyectos con una gran preponderancia de desembalses de agua para consumos industriales que manifiestan una elevada constancia anual, la construcción de embalses de compensación ha permitido obtener centrales con una importante potencia firme, en relación con la total instalada. En dichos casos, la evaluación se realizó también por el procedimiento utilizado para la subcuenca Tarija - Bermejo.

4.2.6 Control de sedimentos. Con el control de sedimentos se obtienen dos tipos principales de beneficios: ahorro en dragados de canales navegables y ahorro en insumos para clarificación de las aguas destinadas al uso humano e industrial.

En lo que respecta al segundo, ahorro en procesos de clarificación, el beneficio es irrelevante; en primer lugar por el volumen usado y en segundo lugar por el hecho de que las partículas que permanecen en suspensión en el río y son derivadas hacia las tomas de agua, tienen un tamaño inferior a 0,002 mm. Tal tamaño de partículas no es controlado por los embalses; los materiales suspendidos cruzan los decantadores artificiales y son descargados a través de las turbinas o conducciones, aun sin la presencia de descargadores de fondo. En consecuencia, no debe considerarse ningún beneficio en términos de ahorro en insumos de los procesos de clarificación.

Para la determinación de los ahorros en dragados de los canales navegables del sistema Paraná - Paraguay, se consideraron las incertidumbres existentes sobre varios de los parámetros necesarios para medir dichos beneficios. A esos efectos se utilizó el procedimiento aceptado para el tratamiento de la incertidumbre: el uso de toda la información existente en combinación con hipótesis de trabajo "razonables" para los parámetros sin información.

El proceso incluyó la determinación de los tamaños de las partículas del material dragado en los canales de navegación, la evaluación de los porcentajes de distintos tamaños de partículas que se originan en el sistema del Bermejo, la correlación de caudales líquidos y sólidos y la formulación de hipótesis respecto a la evolución de estos sedimentos en el desarrollo de la cuenca inferior del Bermejo hasta el río Paraguay. El tamaño crítico para el dragado son las partículas de tamaño menor de 50 micrones.

Cuadro V-4-1. Componentes nacionales e importados de Centrales Térmicas

4.3.1 Costos directos. Tal como se ha indicado en el capítulo IV, los costos directos de los proyectos fueron determinados en las etapas de diseño, a nivel de estudio de prefactibilidad.

En la etapa de evaluaciones se adicionaron a los costos directos los montos de intereses a pagar durante la etapa de construcción (usualmente llamados intercalares) desde el momento en que se incurría en el gasto. A esos efectos se analizó, en primer término, el número de años requerido para la puesta en operación del proyecto, a partir del momento de la resolución gubernativa de realizarla, incluyendo la realización de los planos ejecutivos de obras. El plazo de realizaciones se fijó considerando el tipo, magnitud y complejidad del proyecto, así como una distribución tentativa del flujo anual de fondos. Se utilizó la hipótesis de que debía contarse con los fondos respectivos al empezar cada año de construcción, lo que redunda en valores conservadores para la evaluación.

Para cada uno de los proyectos y a los efectos de considerar la influencia de los precios sombra de la mano de obra y divisas extranjeras, se analizó cada uno de los ítems que integran el respectivo costo directo. Se asignó a cada ítem el componente de importación (directo e indirecto) de los insumos usados en la construcción de las obras, así como el componente de la mano de obra no calificada.

Para cada proyecto evaluado se asignó un porcentaje del 15% para atender imprevistos de obras y contingencias (así como un 7,5% para gastos de ingeniería, dirección y supervisión de obras) con sus respectivos componentes de importación.

A los efectos de la determinación de los valores actuales de los costos y los de renovación de equipos y obras, se consideraron los valores de vida útil que para los distintos rubros y proyectos fueron establecidos por la SRH de Argentina, en sus Pautas y Criterios para el Desarrollo (diciembre de 1972).

4.3.2 Costos de operación y mantenimiento. Las normas para determinar los costos de operación y mantenimiento fueron asimismo establecidas por la misma SRH en forma de porcentajes anuales aplicables sobre los costos directos, excluyendo los intereses intercalares.

Se usó asimismo la hipótesis de que todos los costos de operación y mantenimiento no tienen componente importado directo o indirecto, ni que tampoco lo poseen los costos de renovación. Esto último supone que se renovarán tanto plantas térmicas como hidro con equipos de producción nacional, lo que es previsible en el mediano y largo plazo. En caso contrario, el error incurrido es de menor cuantía, dada la tasa de descuento usada.

4.4 Resultados de las evaluaciones

Los resultados de las evaluaciones realizadas se indican en el cuadro V-4-2. Se refleja claramente que, considerando cada uno de los proyectos en forma individual, existe un grupo de obras a ubicarse en el cauce principal de los ríos Bermejo y Tarija que presentan elevados valores de los índices de evaluación, lo que da mérito a una selección preliminar.

Otras obras factibles para su implementación en forma inmediata son aquellas destinadas a asegurar el cumplimiento de las demandas increméntales de agua potable, industrial y riego en la zona del Polo de Desarrollo. Algunos proyectos de riego para atender cultivos industriales u otros de elevada rentabilidad, poseen índices suficientes para encarar estudios posteriores.

Se destaca, asimismo, que los criterios de evaluación social incluidos a través de los precios sombra, han acentuado los resultados de la factibilidad, pero no han introducido alteración en el orden de prioridades, ni tampoco han transformado en proyectos factibles a los no viables y vice versa. Ello indica que los proyectos no presentan sensibilidad frente a los diferentes criterios de evaluación, lo cual otorga firmeza a las conclusiones alcanzadas.

Sin embargo, otros factores que hacen a la selección de proyectos dentro de un estudio global de cuenca, se analizan en el apartado siguiente.