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Kathleen Hamann, funcionaria del Departamento de Estado
norteamericano
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEBE COMPROMETER A LA SOCIEDAD
Porlamar, 10 octubre (Especial).- Kathleen Hamann,
funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, durante su
intervención en la sesión “La Corrupción: Obstáculo crítico para el Desarrollo
Social”, efectuada en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza,
Equidad e Inclusión Social, dijo que las soluciones para enfrentar las
prácticas corruptas que afectan los procesos sociales no tienen que ser
desesperadas, sino que deben plantearse acciones que comprometan a la sociedad
en esta lucha.
“Nuestro rol debe ir dirigido a involucrar a la sociedad, a
la prensa libre para que denuncie los casos y, por su parte, los gobiernos
debemos cooperar con la asistencia legal y con la extradición. Los sitios donde
los corruptos se pueden esconder cada vez menos -y la voz de intolerancia a
esto en el Hemisferio- tienen cada vez más fuerza”, señaló.
Afirmó que la corrupción socava las bases institucionales de
las cuales depende el desarrollo, reduce la calidad de los servicios públicos y
la infraestructura, distorsiona las decisiones para el gasto del Gobierno y
daña la confianza en el derecho de la ley.
“La corrupción reduce el crecimiento económico de muchas
formas, desalentando las inversiones en el gasto social. Los datos del Fondo
Monetario Internacional indican que la tasa de corrupción en los países en
desarrollo es mucho más alta que la de los desarrollados. Por su parte,
estudios del Banco Mundial muestran que el incremento de la corrupción produce
un aumento en los índices de mortalidad infantil, reduce las tasas de
alfabetización y los ingresos per cápita”, comentó.
La funcionaria norteamericana explicó alguno de los
programas y avances de su país en la lucha anticorrupción. Dijo que aún cuando
Estados Unidos ha tenido sus propios escándalos, sigue luchando contra la
impunidad y gran parte de los logros positivos han sido gracias al Estado de
Derecho levantando, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria cuando se presentan
delitos de esta naturaleza.
Precisó que cada rama de la administración pública de
Estados Unidos dedica recursos a la educación de sus empleados sobre ética para
perseguir con éxito la corrupción y han centralizado una autoridad mediante la
cual se reportan estos actos delictivos que posteriormente son investigados y
revisados por el Departamento de Justicia y el FBI.
“Aunque los funcionarios de alto nivel en nuestro país,
tales como presidentes, jueces y miembros del Congreso, disfrutan de inmunidad
para realizar sus actividades oficiales, no están inmunes a las acusaciones
legales cuando abusan del poder, por el contrario, están sujetos a castigos
civiles y penales. En el año 2000 fueron acusados 750 funcionarios públicos
federales y del Estado por delitos de corrupción pública, 250 individuos
privados y empresa por participar en este tipo de delitos. Nuestros programas
actuales anti corrpución incluyen el aumento de nuestra capacidad de
investigación, apoyo a la educación en áreas de ética, asistencia técnica y
legal para la extradición. También damos soporte para grupos de trabajo de
acción legal y el mejoramiento la disponibilidad de presupuesto e información
financiera entre programas y estamos trabajando para aumentar el compromiso del
sector privado a través de asociaciones privadas y pactos de integridad”. |
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