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Isla de Margarita, Venezuela
8 al 10 de octubre, 2003
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Oficina de Coordinación de Prensa
Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social 

10 de octubre, 2003
 

REPÚBLICA DOMINICANA COMBATE LA POBREZA
A TRAVÉS DE LA COGESTIÓN

Porlamar, 10 octubre (Especial).- El establecimiento en la Repùblica Dominicana de centros comunales, clínicas rurales, escuelas, sistemas de agua potable y paneles solares –estos ùltimos dentro del esquema de utilización de fuentes alternas de energía no convencional- son un ejemplo de còmo la gestión gubernamental fomenta y ejecuta proyectos de infraestructura social.

La experiencia fue dada a conocer durante la tercera sesiòn plenaria de la Reuniòn de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad y Exclusión Social efectuada en la Isla de Margarita (Venezuela), relativa a las prácticas en la aplicación de polìticas y programas para combatir la pobreza y las brechas de iniquidad.

Cristino del Castillo, consultor jurìdico de la Direcciòn de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD) del paìs caribeño, hablò de la labor llevada a cabo por esta dependencia y por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) en aras de beneficiar a pequeñas comunidades, hogares marginales y rurales. Sus funciones se centran en fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias para que tomen sus propias decisiones en el marco de un proceso de autogestión, y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos mediante la ejecución de obras de infraestructura en las áreas de salud, educación, desarrollo social, agua potable y saneamiento básico, entre otros, que contribuyan a reducir la pobreza que actualmente padece más de la mitad de la población de la Repùblica Dominicana.

A tal fin, se adelanta un plan nacional de largo plazo denominado “Estrategia para la Reducción de la Pobreza”, cuyos programas, líneas de acción y aspectos estratégicos fueron consensuados con todos los sectores de la vida nacional, incluyendo partidos políticos, iglesias, el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales, las cuales realizaron importantes aportes al documento base discutido y analizado en el marco de una consulta nacional celebrada en los 32 municipios que concentran mayor nivel porcentual de pobreza, lo que ademàs permitiò identificar las principales necesidades de esas jurisdicciones.

 

 


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