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Por un lado, los propósitos e incentivos de la recolección
de información varían dependiendo en el tipo de actor y, por
el otro, los derechos del individuo son también distintos
frente al gobierno de lo que lo son frente al sector privado.
En varios estados, inclusive, existen regimenes jurídicos
distintos para cada uno.
Con respecto al sector público, el gobierno, organismos y
dependencias del Estado, estos obtienen información personal
de los ciudadanos para el control y regulación del país, por
ejemplo respecto la identidad personal, la educación, los
servicios de salud, el cobro de impuestos, la seguridad
nacional, y varios otros servicios gubernamentales. Éstos
procesan datos como la natalidad, mortalidad, estado civil,
propiedades, e ingresos de los ciudadanos, etc.
Con respecto al sector privado, las personas físicas y/o
morales (en particular los actores económicos del país),
emplean plataformas electrónicas para la realización de
actividades cotidianas. Asimismo, el uso del Internet, los
buscadores (search engines), las redes sociales y los
sistemas de comunicación electrónica, recopilan información
sobre la persona de manera consistente. A tales efectos, las
empresas privadas pueden tener acceso a información personal
que utilizan para fines comerciales. Esta información puede
incluir información crediticia, número telefónico,
preferencias políticas o religiosas, domicilio, viajes, etc.
Ambos sectores, aunque el tipo de información que procesen
sea diferente, deben hacerlo garantizando la protección de
los datos personales de conformidad con la legislación y las
prácticas vigentes. |
