Este foro ha generado un intercambio de opiniones muy interesante.  Ha motivado además encomiables trabajos de investigación, según lo reflejan muchas de las presentaciones[1].  La experiencia ha resultado pues –indudablemente– muy enriquecedora.

En el comentario de los distintos artículos debemos, sin embargo, tener siempre presentes las observaciones preliminares formuladas por el experto Diego Fernández Arroyo, de que existen cuestiones previas sobre los objetivos y el contenido de la eventual normativa en sí que deben ser acabadamente debatidos, cosa que muy difícilmente se va a lograr con el avance del debate virtual así como se viene planteando[2]. 

Como sea, esta innovadora iniciativa del foro virtual merece ser aplaudida, como así también las intervenciones allí formuladas.  Ahora, si bien los aportes allí efectuados resultarán de suma valía para los ulteriores trabajos preparatorios, no debería darse por sentado de que existiría consenso sobre lo esencial del proyecto ahora analizado, en cuanto a sus objetivos y su metodología técnica.  A esta lectura parece llevar lo señalado recientemente por la proyectista ante este foro[3].

Existen cuestiones capitales que aún no fueron acabadamente debatidas, como precisamente las de técnica legislativa y las del alcance de la normativa propuesta, preocupaciones que han surgido de más de un experto en este foro.  Corresponde asimismo acotar aquí que si bien las intervenciones resultan sumamente interesantes, son muy pocos los expertos que han emitido sus comentarios.  No se han escuchado en el foro a delegaciones de países con economías y población de magnitud, como la estadounidense, la canadiense, la mexicana, la chilena y varios expertos independientes acreditados ante el foro.

Es sabido que voces importantes –como la canadiense– abogan porque el texto resultante no sea una convención. La divergencia se extiende también al contenido en sí de la normativa que eventualmente resulte (ámbito de aplicación, protección en materia de contratación electrónica, etcétera).  De seguro, pues, todo cuanto aquí se exponga será objeto de un profundo reexamen cuando estos temas centrales sean finalmente debatidos a cabalidad, pues de ello dependerá en definitiva el contenido de los textos finales resultantes.

            Dicho lo anterior, cabe acotar que el Proyecto Tellechea Bergman (PTB) y la Propuesta Lima Marques (PLM) contemplan varias exclusiones en el ámbito material de aplicación (por ejemplo, los contratos de transporte; los contratos de seguros; las obligaciones contractuales excluídas expresamente del  campo de aplicación da CIDIP V sobre contratos internacionales (art. 5º PLM; art. 7º PTB).  Ahora bien, en definitiva, lo que quede incluido o excluido deberá ser analizado a la luz de los objetivos específicos perseguidos por el texto, lo que no ha quedado en claro, conforme lo dicho por la delegación salvadoreña, cuyas dudas, extensivas también al contenido de los artículos 6º y 7º, compartimos.