En virtud de la Convención, los padres, tutores o guardianes, o cualquier institución podrán requerir de la Autoridad Central de otro Estado Parte que localice menores que tengan la residencia habitual en el Estado de la Autoridad solicitante.  La solicitud deberá ser acompañada de toda la información concerniente a la localización del menor y a la identidad de la persona con la cual se presume se encuentra aquél.  Si las autoridades de un Estado Parte llegaren a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor ilegalmente fuera de su residencia habitual, deberán adoptar de inmediato todas las medidas que sean conducentes para asegurar su salud y evitar su ocultamiento o traslado a otra jurisdicción. Así mismo se comunicará tal localización a las autoridades del Estado requirente.