Protección de Datos Personales - Noviembre 2012
El Departamento de Derecho Internacional participa
en la 34a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos Personales y Privacidad
Con
más de 90 expositores, representando a 40 países,
incluidos 11 países del continente y más de 700
participantes, finalizó con éxito la conferencia más
importante a nivel mundial en los temas relacionados
con la privacidad y la protección de datos
personales. Este foro reúne tanto a las autoridades
gubernamentales, como a expertos representantes de
la sociedad civil y la academia, vinculados con la
regulación de privacidad y protección de datos
personales. La OEA participó como observador,
conjuntamente con 9 organismos, entre ellos el
Consejo de Europa, la Unión Europea e Interpol.
El evento se realizó en Punta
del Este los días 23 y 24 de octubre de 2012, con el
título Privacidad y Tecnología en Equilibrio y fue
inaugurado por el Presidente de la República
Uruguaya, señor José Mujica.
El principal objetivo de este
encuentro fue generar intercambios, compartir
conocimientos e impulsar proyectos de normas y
regulaciones a ser adoptadas para el trabajo
cooperativo entre los países del mundo, como
requisito indispensable en la regulación de una
temática de alcance global que no reconoce fronteras
geográficas y que, por tanto requiere respuestas que
equilibren la innovación tecnológica y los derechos
de las personas. Las conferencias anuales se
realizan desde el año 1978 y las últimas se
organizaron en Francia, España, Israel y México.
Respecto a Latinoamérica, el
plenario conoció la óptica desde la cual se ha
avanzado en la incorporación del Derecho a la
Protección de Datos, los sistemas por los que se ha
optado y el rol de las entidades garantes, así como
los orígenes del recurso de habeas data en América
Latina, los logros en la creación de leyes
nacionales de protección de datos personales, los
avances en los desarrollos jurisprudenciales, los
programas de difusión y concientización, así como
los desafíos que conllevan las adecuaciones
normativas pendientes en el marco de la tradición
jurídica de los sistemas jurídicos civilistas. Las
presentaciones estuvieron a cargo de expertos
provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Perú, México y Uruguay.
Reconociendo la importancia de
este evento, la Resolución de la Asamblea General
2727 (XLII-0/12) del presente año invitó a los
Estados Miembros a considerar la posibilidad de
participar. La Resolución de la Asamblea General
2661 (XLI-0/11) del año anterior, encomendó al DDI
la elaboración de un estudio comparativo sobre los
distintos regímenes jurídicos, políticas y
mecanismos de aplicación existentes para la
protección de datos personales, inclusive las leyes,
reglamentos y autorregulación nacionales, con miras
a explorar la posibilidad de un marco regional en
esta materia.
Asimismo, próximamente, la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
considerará este tema y estudios preparados por el
DDI y por el Comité Jurídico Interamericano. El
documento elaborado por el DDI se realizó sobre la
base de las respuestas entregadas por los países en
un cuestionario previamente circulado. El CJI
presentará un estudio que identifica y desarrolla
los principios fundamentales que rigen esta materia.
En ese marco, también considerarán la posibilidad de
adoptar un marco regional en la materia, de acuerdo
con el mandato de la resolución de la Asamblea
General arriba citada.
También, los días 22 y 23 de octubre
previos a la Conferencia Mundial, tuvo lugar la
reunión anual de la Red Iberoamericana de Protección
de Datos Personales (RIPD), creada en respuesta a la
necesidad de fomentar, mantener y fortalecer el
intercambio de información, experiencias y
conocimientos entre los países iberoamericanos. Esta
Red se encuentra abierta a todos los países
iberoamericanos y próximamente se espera conceda a
la OEA condición de observador permanente.
El cierre de estos eventos
contó con la participación del presidente de la
República del Uruguay, José Mujica, quien enfatizó
la necesidad de promover un adecuado balance entre
los desarrollos tecnológicos y los derechos de la
ciudadanía.
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