Estas imágenes de mujeres trabajando activamente no son exclusivas de la Alemania de posguerra. Conflictos recientes revelan cómo todo proceso de reconstrucción requiere su participación.

En Alemania, las mujeres proveyeron la mano de obra para reconstruir, físicamente, las ciudades. En la historia reciente, ellas han tenido otras formas de participación en la reconstrucción.

Consideremos, por ejemplo, Ruanda, país que me es caro, en mi calidad de jueza internacional para ese Estado. Inmediatamente después de la masacre de los cien días, que dejó más de medio millón de muertos, el setenta por ciento de los sobrevivientes eran mujeres. Al igual que las mujeres de Alemania, las ruandesas se arremangaron y se pusieron a trabajar. Enterraron a sus muertos, buscaron alojamiento para casi 500.000 huérfanos, tomaron a su cargo oficios no tradicionales, como la fabricación de ladrillos y la construcción. Hoy en día, las mujeres representan el cincuenta y cuatro por ciento de la población y la mayoría entre los adultos que trabajan. Tienen a su cargo un tercio de los hogares y la crianza de sus hijos, además de producir la mayor parte de los alimentos de su país.

Ruanda se distingue, además, por el número sin precedente de mujeres en los cargos públicos. Las mujeres de Ruanda han logrado participar en la tarea de gobernar el país. La recientemente ratificada Constitución les garantiza un mínimo del treinta por ciento de los cargos decisivos. Y en las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias, el país africano estuvo primero en el ranking de la Unión Interparlamentaria Mundial. Las mujeres ahora ocupan más del cuarenta y ocho por ciento de la Asamblea Nacional, lo que hace que el país sea el que está más cerca de la paridad entre géneros en los parlamentos nacionales. El gobierno de Ruanda las incorporó por la influencia que de hecho ejercían. Participaron, asimismo, en la redacción de la Constitución.

Como contrapartida, en Irak las mujeres están excluidas de los procesos de decisión y de la vida política en general. Unicamente tres mujeres integran el Consejo de Gobiernointerino, formado por veinticinco miembros. Por lo demás, quienes participan en el comité de redacción de la nueva Constitución son todos hombres.

A pesar de ello, las mujeres de Irak forman uno de los sectores más organizados de la sociedad civil. Presionan ante la autoridad de la coalición y ante el Consejo de Gobierno, administran decenas de organizaciones y son proveedoras de servicios y entrenamiento. Abren orfanatos y dictan clases.

El recientemente creado Alto Consejo de las mujeres de Irak promete ser una fuerza tendiente a incrementar la participación femenina en el gobierno y a monitorear la integración femenina en la agenda política del país. En los últimos meses, se han celebrado reuniones de unas 250 mujeres de diferentes orígenes. Su meta es una Constitución que incluya una sección sobre sus derechos. Tal vez a su activismo se deba que el artículo 30 de la reciente Constitución interina les garantice un mínimo del veinticinco por ciento de participación en la Asamblea Nacional.

Por más devastador que sea el conflicto armado, cuando cesa ofrece una oportunidad histórica, única, de reformular modelos de gobierno debido a la desintegración de las estructuras sociales preexistentes. Las mujeres, en los períodos posteriores al conflicto, tienen la oportunidad de colaborar en el diseño y la subsiguiente forma de instrumentar su integración en todos los niveles participativos. Tal vez sólo cuando los modelos preexistentes han mostrado ser tan deficientes que el conflicto armado aparece, pueden nuevos modelos emerger con vigor.

En octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció la contribución de las mujeres en los procesos de reconstrucción y adoptó la resolución 1323, para que los Estados miembros incrementaran la representación de mujeres en los organismos ejecutivos y legislativos de los ámbitos nacional, regional e internacional.

Pero, con pocas excepciones, la comunidad internacional ha resistido la aplicación de medidas que aseguren la participación femenina después de los conflictos, y no condiciona la ayuda monetaria a la inclusión de un sistema de cuotas en los ámbitos de gobierno, judicial y de educación. No obstante, el vital funcionamiento de las instituciones reclama que en el poder haya diversidad de géneros.

La autora es jueza de la Cámara de Apelaciones de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.