Recomendaciones para integrar una perspectiva de género en los programas y políticas de los Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas con competencia en el tema

Sobre la base del mandado del Comité Directivo de la CIM de integrar una perspectiva de género en la Declaración y Plan de Acción de la Cuarta Reunión de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA IV) que tuvo lugar en marzo de 2002, y del compromiso asumido por todos los Estados Miembros de la OEA al adoptar, en la XXX Asamblea General de la OEA, el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, y del respaldo otorgado al mismo por los Jefes de Estado y Gobierno de la Tercera Cumbre de las Américas, como estrategia eficaz para la integración de una perspectiva de género a las políticas y acciones de los Estados miembros y del sistema interamericano, se insta a los Estados miembros de la OEA a que consideren las recomendaciones que se presentan a continuación, por medio de sus Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas.

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), reconociendo los avances logrados en la integración de la perspectiva de género en la Declaración y en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, considera que tales avances sólo podrán materializarse en la medida que tengan continuidad y sean concebidos como políticas que deben ser implementadas transversalmente también por los Ministros de Justicia o Ministros y Procuradores Generales de las Américas. Se insta al Consejo Permanente de la OEA a que considere las recomendaciones que figuran a continuación para la implementación de los mandatos recibidos de la Asamblea General de Bridgetown para en la implantación de las recomendaciones de la REMJA IV y elabore un Plan de Acción hemisférica para que sea aprobado por la REMJA V.

Estas recomendaciones son producto de la reunión, de dos días de duración, de expertas y expertos en cuestiones de género y justicia, auspiciada por la CIM. Si bien estas recomendaciones no son obligatorias ni vinculantes, deben considerarse e integrarse, según corresponda.

1. Generales

Solicitar a cada Estado parte que las recomendaciones contenidas en este documento sean distribuidas por los respectivos Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales con competencia en el tema, a las instancias nacionales correspondientes.

• Para asegurar que las necesidades y la situación de las mujeres, tanto como son las de los hombres, sean tenidas en cuenta, se deberá integrar una perspectiva de género en forma transversal en todas las políticas y programas pertenecientes a los sistemas de justicia de los Estados miembros.

• Instar a los Estados parte que aún no han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo, así como la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), a que consideren hacerlo. Una vez ratificados, se insta a los Estados parte a que creen los mecanismos de implementación y difusión y adecuen la legislación vigente.

• Promover que los Estados miembros elaboren, en sus sistemas de justicia, estadísticas desagregadas por sexo, edad, etnia y discapacidad u otra categoría relevante.

• Institucionalizar un programa de capacitación en género para todos los funcionarios/as de los Ministerios de Justicia, Procuradurías Generales y otros ministerios con competencia en el tema

• Institucionalizar un sistema de evaluación del trabajo de los funcionarios/as de estas instituciones que tome en cuenta su desempeño respecto a los temas de género y que sea un factor en la promoción de los mismos.

• Promover el desarrollo, desde una perspectiva de género, de doctrinas jurídica, criminológica y sobre la administración de justicia.

• Promover la reforma de los curricula de las Facultades de Derecho y Justicia para que integren la perspectiva de género.

• Instar a los Estados miembros, donantes privados y públicos, nacionales e internacionales, y a los organismos financieros internacionales presentes en la región a brindar su apoyo para la implementación de estas líneas de acción.

• Promover la cooperación entre los Estados miembros en las áreas de filiación e igualdad jurídica entre niños y niñas; pensiones o asistencias alimentarias; custodia, y adopción internacional.

• Promover la cooperación entre los institutos de investigación jurídica de los Estados miembros e instituciones especializadas en la materia, tales como el CEJA y el ILANUD, a fin de estimular el intercambio de mejores/buenas prácticas y desarrollar programas dirigidos a lograr un acceso equitativo de las mujeres a la justicia.

• Promover la integración de la perspectiva de género en los procesos de reforma de los sistemas procesales penales.

• Formular programas para promover la difusión de los conocimientos básicos sobre los derechos y los procedimientos legales de mayor interés para las mujeres.

• Actualizar el Convenio Interamericano de Derecho Internacional Privado, también llamado Código de Bustamante, aprobado en 1928, para que refleje las necesidades y experiencias contemporáneas de hombres y mujeres.

2. En cuanto al Tema I de las Recomendaciones de REMJA IV, Cooperación jurídica y judicial en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo, se propone la ampliación de la cooperación a otros temas de igual importancia con las siguientes acciones:

• Promover la cooperación jurídica y judicial en los temas de adopción internacional irregular de niños y niñas, tráfico de personas, en especial niños, niñas y mujeres, con fines de explotación sexual, laboral, venta de órganos o cualquier otro propósito, y sobre el derecho de las víctimas y otras áreas relacionadas con éstas.

• Evaluar el impacto desde una perspectiva de género de la cooperación jurídica y judicial vigentes.

• Promover mecanismos de repatriación de fondos ilícitos obtenidos en el tráfico de personas.

• Promover la creación de un fondo o un mecanismo que incluya los recursos repatriados para la reparación y rehabilitación de las víctimas y prevención de estos delitos.

3. En cuanto al Tema II de las Recomendaciones de REMJA IV, Red de intercambio de información para la asistencia judicial mutua en materia penal, se proponen las siguientes acciones:

• Incorporar en la Red de Intercambio de Información de la región datos sobre las situaciones y los delitos donde las mujeres son las principales víctimas, como los casos de tráfico de mujeres, niñas y niños, prostitución forzada, delitos sexuales, turismo sexual, violencia de género, violencia doméstica, pedofilia, entre otros.

• Además, incorporar en la Red de Intercambio de Información de la región datos sobre la identificación de los autores de delitos como tráfico de personas, prostitución forzada, delitos sexuales, pedofilia, entre otros, con miras a prevenir toda reincidencia.

• Instar al grupo de trabajo de la OEA encargado de ampliar y mejorar la Red de Intercambio de Información para la asistencia judicial mutua en materia penal que tenga en cuenta estas recomendaciones.

• Invitar a una experta en género designada por la CIM, para que asista a la reunión de autoridades centrales y otros expertos en materia de asistencia judicial mutua, con el objetivo de que asista a incorporar la perspectiva de género en sus consideraciones y conclusiones.

4. En cuanto al Tema III de las Recomendaciones de REMJA IV, Mejoramiento de la administración de justicia, se proponen las siguientes acciones:

• Instar a todas las entidades del sistema de administración de justicia a institucionalizar un programa de capacitación en género, derecho y justicia.

• Investigar el acceso a la justicia que tienen las mujeres de distintas edades, capacidades, etnias, etc., con el fin de establecer propuestas que garanticen este derecho.

• Hacer un estudio sobre los estereotipos y prejuicios de género que puedan estar afectando la independencia de las y los jueces y otros funcionarios/as del Poder Judicial.

• Establecer mecanismos de seguimiento de cumplimiento de sentencias.

• Evaluar desde una perspectiva de género, los servicios que prestan los centros gubernamentales y no gubernamentales para que en el registro de los medios alternativos de resolución de conflictos se consigne qué servicios son más sensibles a la cuestiones de género y a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

• Promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas de formación y capacitación sobre métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como el diálogo, la negociación, la mediaciòn y otros mecanismos similares.

• Considerar las condiciones diferenciadas de la población penitenciaria con respecto al género, edad, etnia, religión, orientación sexual y discapacidad con el fin de asegurar el goce y disfrute de los derechos humanos que legalmente le corresponde a la población privada de libertad.

• Incorporar una perspectiva de género en las medidas alternativas al encierro carcelario y en la Red de Cooperación e Intercambio de Información que se pretende crear según las recomendaciones de REMJA IV.

• Atender las necesidades integrales de las mujeres privadas de libertad, entre ellas salud, trabajo, educación, derechos reproductcivos y sexuales.

Capacitar a todo el personal penitenciario en los derechos humanos de las mujeres y en el tema de género.

• Registrar los actos de violencia de género cometidos por funcionarios/as del sistema carcelario e implementar mecanismos de denuncia, prevención y sanción contra este tipo de violencia, poniendo especial atención en la violencia contra las mujeres.

• Facilitar el acercamiento familiar de las mujeres privadas de libertad con sus hijos/as menores de edad e incorporar la perspectiva de género en los programas que permiten el cumplimiento de la condena penal en el país donde estén éstos.

• Integrar la perspectiva de género en todos los estudios criminológicos y criminalísticos.

• Instar a los estados miembros a que en sus compilaciones de jurisprudencia incluyan casos de discriminación contra las mujeres.

• Institucionalizar un programa de capacitación en género para todos los funcionarios(as) del poder judicial y otros funcionarios de la administración de justicia.

• Elaborar un estudio por país, con la asistencia de expertas(os) en la materia, sobre la situación de las mujeres privadas de libertad a efectos de posibilitar la elaboración de programas de readaptación social en un marco de respeto y protección de sus derechos humanos.

• Integrar la perspectiva de género en los servicios de atención jurídica gratuita.

• Promover programas para la difusión de los conocimientos básicos sobre derechos y sus procedimientos legales de mayor interés para las mujeres.

5. En cuanto al Tema IV de las Recomendaciones de REMJA IV, Delito cibernético, se proponen las siguientes acciones:

• Dar prioridad dentro del marco de la preparación y actualización de instrumentos jurídicos nacionales e interamericanos o de legislación modelo sobre delitos cibernéticos a la situación de mujeres, niñas y niños como las víctimas principales en los casos de tráfico de personas, protitución forzada, prostitución y pornografía infantiles, pedofilia, entre otros.

• Integrar la perspectiva de género en las consideraciones legales sobre privacidad, protección de la información, prevención de delitos y aspectos procesales.

• Sensibilizar a la población en general sobre las características y los efectos nocivos de los delitos cibernéticos que afectan en particular a las mujeres, niñas y niños.

• Crear mecanismos apropiados de denuncia e investigación de delitos sexuales cibernéticos y otros que afecten en particular a las mujeres, niñas y niños, para evitar la impunidad en la materia.

• Proponer medidas de prevención adecuadas y de sanción contra los delitos sexuales cibernéticos y otros delitos, que afectan en particular a mujeres, niños y niñas, y prever los medios para desmantelar sus redes.

6. En cuanto al Tema V de las Recomendaciones de REMJA IV, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), se proponen las siguientes acciones:

• Que el CEJA incorpore una perspectiva de género en el desarrollo de sus proyectos para apoyar los procesos de modernización de la justicia de la región.

• Invitar a los Estados miembros a que apoyen, mediante contribuciones financieras voluntarias, cooperación técnica e intercambio de información, los esfuerzos del CEJA para implementar estrategias que incorporen la perspectiva de género en sus programas, proyectos y actividades.