El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) ha definido la incorporación de la perspectiva de género como "el proceso de evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de toda acción planificada, incluida la sanción de leyes, políticas o programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Se trata de una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida la perpetuación de la desigualdad".

A nivel regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha señalado que "La igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, social y cultural y de beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es, por lo tanto, la valoración imparcial por parte de la sociedad de las similitudes y diferencias entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega" (Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, II. Marco conceptual).

A nivel mundial, la Declaración de Beijing reconoció el hecho de que la potenciación de las mujeres y su plena participación en el desarrollo social, económico y político de nuestras sociedades es parte integral de la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible centrado en las personas, la consolidación de la democracia, la resolución de conflictos y el logro de una paz duradera, así como el desarrollo de una cooperación armoniosa entre hombres y mujeres.

En la última década, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe aumentó considerablemente como consecuencia, entre otros factores, del incremento de sus niveles educacionales. La presencia de las mujeres en la Población Económicamente Activa se triplicó en las últimas décadas, alcanzando actualmente a la cifra de 60 millones aproximadamente (excluidos Canadá y Estados Unidos).

Las mujeres representan actualmente el 40% de la Población Económicamente Activa de América Latina. Sus tasas de ocupación han crecido a un ritmo más acelerado que las de los hombres en los 90, lo que significa que ellas han ocupado una mayor proporción de los empleos generados en la década. Ellas también vienen crecientemente ocupando posiciones entre los grupos profesionales y técnicos, lo que significa que un sector de la mano de obra femenina viene logrando obtener empleos de buena calidad.

Sin embargo, aun persisten importantes problemas en la calidad de la inserción laboral de las mujeres, así como fuertes desigualdades en comparación con los hombres. El volumen de empleo generado por nuestras economías no ha sido suficiente para absorber la creciente necesidad y disposición de las mujeres en trabajar, especialmente entre los sectores más pobres de la población. En consecuencia, en los últimos años han aumentado sus tasas de desempleo, así como la brecha de desempleo que se observa, en prácticamente todos los países de la región, entre hombres y mujeres. Los diferenciales de remuneración entre hombres y mujeres aun son muy elevados, en especial entre aquellos sectores más escolarizados de la fuerza de trabajo.

Las mujeres trabajadoras en el Hemisferio, ganan menos que sus pares masculinos. Los programas de igualdad de oportunidades en el empleo, o en algunos casos, los sistemas de cuotas establecidos en determinados sectores económicos para incrementar las tasas de mujeres empleadas han ayudado a muchas mujeres educadas a obtener adecuado empleo en el sector privado. No obstante, en Latinoamérica las mujeres siguen percibiendo, en promedio, entre el 60% y el 70% de los ingresos masculinos. Las mujeres con menores niveles de instrucción se orientan cada vez en mayor medida hacia el autoempleo y las microempresas en los sectores informales, u ocupan puestos de trabajo no regulados ni sindicalizados, mal remunerados, en el floreciente sector de la exportación. Muchas de estas mujeres sufren violencia y acoso sexual por parte de sus supervisores masculinos, las condiciones de trabajo plantean riesgos para su salud y comúnmente se les exige someterse a pruebas de embarazo para su contratación, que en muchos casos se utilizan también como causal de despido. Además, el hecho de que sus salarios sean más reducidos y sus períodos de empleo sean más breves hacen que sus contribuciones a los sistemas de seguridad social basados en el sistema de reparto sean menores que las de los hombres, lo que puede agravarse en el caso de sistemas de capitalización individual. En consecuencia, sus jubilaciones son bajas y no logran la seguridad jubilatoria, lo que las obliga a trabajar hasta una edad más avanzada, depender de sus familias para su sustento o vivir en la pobreza.

Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, reconocidos por los gobiernos, como principales entidades públicas encargadas de la formulación de políticas públicas basadas en el género, han logrado el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en la Región. No obstante, la escasez de recursos presupuestarios, la descentralización y la falta de poder político a los efectos de la aplicación voluntaria y coercitiva de políticas, reducen la capacidad de los mecanismos nacionales de aplicar estrategias de incorporación de la perspectiva de género en todos los ministerios de Gobierno. Por lo tanto es imperioso fortalecer ese proceso, incorporando la perspectiva de género a nivel regional, con el respaldo de organismos internacionales y regionales.

En definitiva, el objetivo final es lograr equidad e igualdad de género. La incorporación de la perspectiva de género en los Programas y Políticas de los Ministerios de Trabajo es necesaria para diseñar y aplicar políticas que consideren las experiencias y necesidades de las mujeres en general y, en particular, en las formas del empleo precario, no regulado y escasamente remunerado, proteger sus derechos a la igualdad de oportunidades de empleo, y garantizar el principio de la igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor.

Muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales están trabajando en la incorporación de la perspectiva de género a nivel nacional e internacional. Las siguientes organizaciones han colaborado en la presente iniciativa.

Desde su creación en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) ha venido trabajando activamente como foro intergubernamental de derechos civiles y políticos de las mujeres en el Hemisferio, para lograr igual participación de mujeres y hombres en todas las esferas de la sociedad y para que unas y otros aprovechen en forma equitativa los beneficios del desarrollo. A los efectos de respaldar la labor de los Estados Miembros y de las entidades interamericanas en la incorporación sistemática de una perspectiva de género en sus políticas, programas y estrategias, las Ministras y Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de la Mujer se reunieron en abril de 2000 y elaboraron y aprobaron el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA), ulteriormente aprobado por la trigésima Asamblea General de la OEA.

A la luz de los objetivos del PIA, la CIM ha formulado varias recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, a saber: 1) promover y proteger los derechos de las trabajadoras y adoptar medidas que eliminen las barreras estructurales y jurídicas, tales como la falta de acceso a los recursos productivos: tierra y capital; 2) eliminar las actitudes estereotipadas frente a la igualdad de género en el trabajo; 3) hacer frente, inter alia, a los sesgos de género en materia de contratación, condiciones de trabajo, segregación y acoso sexual; 4) eliminar la discriminación en cuanto a los beneficios de la protección social y promover el reconocimiento de la contribución social y económica efectuada por el trabajo no remunerado realizado por las mujeres, especialmente en el hogar, y considerar programas que les brinden cobertura de seguridad social; 5) hacer frente a los problemas de salubridad y seguridad ocupacional de las mujeres, la desigualdad de sus oportunidades profesionales y una inadecuada participación de los hombres en las responsabilidades familiares; 6) promover políticas encaminadas a garantizar igual pago por igual trabajo o igual pago por trabajo de igual valor entre mujeres y hombres; 7) mejorar el acceso al mercado por parte de los empresarios en situación menos favorable, especialmente las mujeres, elaborando programas que promuevan el empleo local y brinden capacitación, recapacitación y enseñanza durante toda la vida, especialmente en nuevas tecnologías y otros servicios de apoyo, que permitan a esos sectores aprovechar tales oportunidades.

La Declaración de Viña del Mar, aprobada en 1998 por la XI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, destacó varios objetivos encaminados a hacer frente al problema de la pobreza, la desigualdad y la oferta de empleo en la Región. Aunque en ella no se hizo referencia específica a los problemas de las mujeres, los objetivos y temas mencionados en su preámbulo y en su Plan de Acción permiten realizar un aporte significativo a la condición de las mujeres en toda la Región y son compatibles con los objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con los principios de la incorporación de la perspectiva de género definidos por el ECOSOC. Sus principales objetivos consisten en la aplicación de políticas de crecimiento y modernización económicos que promuevan la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo y ofrezcan iguales oportunidades para el desarrollo social y económico y contribuyan a la erradicación de la pobreza y de todas las formas de discriminación. La Unidad de Desarrollo Social y Educación (UDSE)de la OEA ha identificado ámbitos de trabajo prioritarios que beneficiarían en gran medida a las trabajadoras: formación profesional; relaciones laborales y los derechos laborales básicos; seguridad social, seguridad y la higiene en el trabajo; diálogo social y administración de justicia laboral, entre otros ámbitos. Conforme al Plan de Acción se prestará especial atención a la seguridad social en el empleo de dedicación parcial, las microempresas, el autoempleo y los subcontratos, para proteger el bienestar de quienes no trabajan en el sector formal y ni en las empresas privadas.

En la Cumbre de las Américas, realizada en Québec (abril de 2001) los Jefes de Gobierno y Estado acordaron que "integrarán la perspectiva de género en los programas, acciones y agendas de eventos nacionales e internacionales, para garantizar que las experiencias de las mujeres y la igualdad de género sean una dimensión integral del diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y programas gubernamentales e interamericanos en todos los campos" (Iniciativa 15 del Plan de Acción).

Los gobiernos también convinieron que "Promoverán y protegerán los derechos de todos los trabajadores, en particular los de las mujeres trabajadoras y tomarán acciones para eliminar las barreras estructurales y legales, así como las actitudes estereotipadas respecto a la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo; la discriminación laboral y el acoso sexual; la discriminación en materia de beneficios sociales; la salud y la seguridad ocupacional de las mujeres; la desigualdad de oportunidades de progreso profesional y la igualdad en materia salarial"(Iniciativa 11).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera a la equidad de género como una condición esencial para la promoción de la justicia social, la democracia y el desarrollo socioeconómico sustentable. La equidad de género y el desarrollo son definidos como temas centrales y transversales, que abarcan todos los ámbitos en los cuatro objetivos estratégicos definidos por esa organización: promoción de derechos y principios fundamentales en el trabajo; creación de más y mejores empleos para mujeres y hombres; protección social de los trabajadores y diálogo social, que se sintetiza actualmente en la Agenda del Trabajo Decente de la OIT. La Agenda del Trabajo Decente significa, en síntesis, el esfuerzo de promover la creación de oportunidades para que hombres y mujeres obtengan empleo adecuado y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. La Declaración de Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, aprobada en 1998 por la OIT, es el principal instrumento utilizado para promover los derechos de los trabajadores. Sus cuatro principios básicos son los siguientes: libertad sindical y de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

A la luz de esos principios y de la preocupación por la equidad de género, la OIT recomienda que a los efectos del proceso de incorporación de la perspectiva de género, se tengan en cuenta los siguientes principios: libertad sindical y de asociación y el efectivo derecho de negociación colectiva para los trabajadores de ambos sexos; la eliminación del trabajo forzado y del tráfico de mujeres y niñas; la abolición del trabajo de niños y niñas; eliminación de todas las formas de discriminación en el empleo basadas en el género; la garantía de igual remuneración por un trabajo de igual valor. Comprendiendo la complejidad de los problemas que entrañan los derechos laborales y la equidad de género, la OIT recomienda prestar especial atención a la protección de la maternidad de las mujeres que trabajan, ya que la condición actual, futura o probable de las mujeres como madres sigue siendo una de las principales causas de su discriminación en el empleo. Además, recomienda la adopción de medidas que promuevan una mejor distribución de responsabilidades domésticas y familiares y, en especial, que las responsabilidades familiares de hombres y mujeres no constituyan una causa de discriminación en el empleo (Convenio 156 de la OIT, 1981, sobre Trabajadores con responsabilidades familiares).

En relación con el tema de la seguridad social, la OIT cree necesario ampliar la protección social, llevándola a segmentos más amplios de la población, de modo de incluir a quienes están al margen de la esfera laboral regulada y son extremadamente vulnerables. En el caso de las mujeres, la exclusión de la protección social es aún más grave, porque da lugar a la pérdida de derechos de maternidad y a la prolongación de sus años de trabajo en la vejez. La OIT recomienda también promover el diálogo social como elemento fundamental para que las cuestiones que afecten a las mujeres que trabajan y a la equidad de género se conviertan en un componente permanente y sustantivo de la agenda política.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), a través de la Unidad de Salud Ocupacional y del Programa de Salud, Mujer y Desarrollo, ha venido trabajando intersectorialmente para identificar e intervenir sobre los efectos de los cambios socioeconómicos que influyen sobre la salud de las/los trabajadoras/res. El importante vínculo existente entre derechos laborales, salud de las/los trabajadoras/res y productividad de los mismos ha llevado a la OPS a promover políticas y programas dirigidos a mejorar las condiciones de salud y de trabajo, especialmente para las mujeres, por estar estas más expuestas a condiciones de trabajo inadecuadas e inestables. En este contexto, la OPS ha propuesto cuatro objetivos básicos en su Plan Regional de Salud de las/los Trabajadoras/res, 1999-2009, en el que el enfoque de género se transversaliza: mejoramiento del entorno de trabajo, elaboración de políticas sanitarias que protejan la salud de las/los trabajadoras/res, promoción de una población activa saludable, y suministro y ampliación de servicios de salud integrados (prevención, promoción, atención y rehabilitación) de buena calidad para las/los trabajadoras/res.

En la actualidad, la OPS hace especial hincapié en las mujeres que trabajan en dos ámbitos: zonas de comercio para la exportación, conocidas también como maquilas, y la industria de la floricultura. Las mujeres que trabajan en esos dos sectores son especialmente vulnerables, ya que se ven confrontadas con graves riesgos sanitarios, trabajan en entornos insalubres e inseguros, están expuestas a la violencia en el trabajo y carecen de poder de negociación colectiva y de derecho a organizarse. No obstante, las mujeres que trabajan en otros sectores económicos, o que lo hacen en el sector informal, en las microempresas o en condiciones de autoempleo también están expuestas a riesgos sanitarios ocupacionales y a actos de violencia, y están más desprotegidas legal y socialmente.

La OPS, en su cooperación técnica enfatiza los programas e intervenciones intersectoriales, incluyendo tanto al sector público como al privado y a la sociedad civil para hacer frente en forma efectiva a los problemas de salud y condiciones de trabajo de las trabajadoras.

Entre las diversas asociaciones sindicales comprometidas con la incorporación de la perspectiva de género, la Federación Estadounidense de Trabajadores - Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en sus siglas en inglés), a través su División de Trabajadoras, promueve la igualdad de derechos en el empleo para las trabajadoras en los Estados Unidos y en el exterior. La AFL-CIO promueve activamente los cuatro derechos básicos de los trabajadores: libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminación del trabajo forzoso; abolición efectiva del trabajo infantil y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Dada la creciente preocupación mundial por los derechos de las trabajadoras en las economías en desarrollo, la AFL-CIO ha formulado varias recomendaciones para hacer frente a este problema. Primero, recomienda la recopilación de datos adecuados y confiables para llevar a cabo un análisis de género de todos los programas y proyectos que respaldan los Ministerios de Trabajo. Además, recomienda prestar continua atención al impacto de la integración comercial y económica sobre el trabajo y la situación de empleo de las mujeres. La AFL-CIO, preocupada por la situación laboral de las mujeres en el sector de la maquila, recomienda categóricamente brindar apoyo a las organizaciones sindicales de la Región y respaldar el derecho a la negociación colectiva. Asimismo, considera esencial que se extienda la protección de los derechos laborales a las trabajadoras inmigrantes en los países en que trabajan.

• Integrar la perspectiva de género: Para asegurar que las necesidades y experiencias de las mujeres y los hombres sean tenidas en cuenta, es esencial que se integre la perspectiva de género en todas las políticas y programas pertenecientes al sector laboral.

• Recopilación de datos desagregados por sexo y edad: Es fundamental fortalecer y ampliar los sistemas existentes a nivel nacional y regional de recopilación de datos desagregados por sexo y edad. Estos datos, provenientes de registros previsionales y administrativos, censos, encuestas de empleo, encuestas de hogar y de establecimientos, entre otros son esenciales para: a) realizar un análisis y un diagnóstico generales de la situación y el progreso de las mujeres en la Región en relación con sus condiciones de empleo y trabajo; b) identificar las áreas de especial preocupación y de intervención prioritaria para la ejecución de programas dirigidos a promover la equidad y la igualdad de género; c) evaluar y medir los resultados de los programas y acciones implementados; d) definir indicadores de los avances logrados y los obstáculos que persisten en el objetivo de promoción de la equidad e igualdad de género.

• Igual remuneración por igual trabajo o por trabajo de igual valor: En América Latina y el Caribe las mujeres no gozan de los mismos beneficios laborales que sus colegas masculinos. De hecho, las remuneraciones de las trabajadoras equivale, en promedio, al 64% de las remuneraciones de los hombres. La desigualdad de remuneraciones constituye el tipo más común y generalizado de discriminación basada en el género en el sector laboral y en el caso de Latinoamérica y el Caribe, aumenta en la medida en que aumenta el nivel de escolaridad de las trabajadoras. Por lo tanto, tratar de corregir este problema representa el primer paso a los efectos de la incorporación de la perspectiva de género y de lograr la equidad e igualdad de género en el trabajo. Se recomienda desarrollar acciones de difusión del principio de la igualdad de remuneración por trabajo igual o trabajo de igual valor (así como los diversos dispositivos legales existentes a ese respecto en la mayoría de los países de la región), dirigidos especialmente a la administración e inspección del trabajo, promover planes de acción y planes pilotos destinados a garantizar esos principios o a corregir distorsiones existentes, etc.

• Protección de la maternidad para mujeres trabajadoras: Aunque en la mayoría de los países de la región se han sancionado leyes que protegen la maternidad de las mujeres trabajadoras, subsiste considerable discriminación basada en esa condición y en su sexo. Es imperioso el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer y que sean efectivamente respetadas las legislaciones existentes en los países de protección a la maternidad a fin de garantizar la protección de las mujeres embarazadas o con hijos lactantes contra todas las formas de discriminación en el empleo y, en particular contra el despido, y asegurar medidas de protección social adecuadas para ellas. Se propone realizar acciones de difusión de los Convenios de la OIT y de los derechos de protección a la maternidad consagrados en las legislaciones nacionales dirigidas a los diversos actores del mundo del trabajo y en particular a los servicios de administración e inspección del trabajo y desarrollar planes de acción en conjunto con otros ministerios y asociaciones de la sociedad civil.

• Mantenimiento de condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo: En toda la Región las trabajadoras del sector formal e informal están expuestas a condiciones de trabajo y ambientales peligrosas que comprometen su salud e incrementan su morbilidad y mortalidad. Es imperioso adoptar medidas que protejan la salud de las trabajadoras y trabajadores y garanticen un entorno de trabajo exento de riesgos y seguro, que no comprometa la capacidad productiva ni de los hombres ni de las mujeres, ni ponga en peligro la salud de sus hijos.

• Promover el diálogo social para las trabajadoras: El diálogo social, recomendado por la OIT y por la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, representa un tema ampliamente debatido que lleva a pensar que las trabajadoras deben cumplir un papel importante en las estructuras y el proceso de diálogo social, para que los problemas que las afectan se conviertan en un objetivo permanente en la esfera del trabajo.

• Ampliar la protección social a las trabajadoras en el sector informal, el autoempleo, las microempresas, el trabajo a domicilio, el servicio domestico y a las mujeres cuyo trabajo no es remunerado: Las trabajadoras generalmente tienen un período de empleo más breves que la mayoría de los hombres. Asumiendo en general de forma principal o exclusiva la responsabilidades domésticas y familiares muchas mujeres, en especial las que no cuentan con adecuados servicios de apoyo al cuidado infantil, trabajan en régimen de dedicación parcial o interrumpen repetidas veces su trayectoria laboral, lo que les impide realizar un amplio aporte a sus fondos de seguridad social. Además, la mayoría de las mujeres que trabajan en los sectores informal o microempresarial o en el hogar no están amparadas por ese tipo de redes de protección social. Es esencial para el desarrollo económico y social de las trabajadoras que el régimen de seguridad social no establezca discriminaciones contra quienes, por tener que cumplir sus obligaciones maternas o familiares, no logran encontrar empleo en el sector formal o son trabajadoras independientes establecidas en sus hogares.

• Derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización: La organización sindical de las mujeres y la incorporación de las demandas de género a la negociación colectiva, son instrumentos muy importantes para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En muchos países de la Región aun existen dificultades importantes para que las mujeres puedan ejercer estos derechos. En algunos sectores, como por ejemplo en el de las maquilas, son amenazadas con el despido si optan por sindicalizarse. En este entorno de intimidación y discriminación las mujeres trabajadoras no pueden ejercer sus derechos a sindicalizarse y negociar cambios significativos en sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, es esencial asegurar la participación y representación de las mujeres en la negociación colectiva y organización sindical y promover su incorporación efectiva a las organizaciones sindicales de todos los niveles, garantizando sus derecho a la organización y negociación colectiva.

• Equidad e igualdad de género en el desarrollo de recursos humanos: Los prejuicios basados en género y estereotipos afectan negativamente a las mujeres a lo largo de sus años de trabajo en cuanto a las prácticas de empleo, acceso a capacitación y formación profesional, así como a oportunidades de promoción y progreso en el mismo. Para asegurar el pleno e igualitario acceso a las oportunidades dentro del mercado de trabajo, debe eliminarse la discriminación contra la mujer en el desarrollo de los recursos humanos, al igual que los estereotipos sobre sus supuestas capacidades, preferencias y "apropiados" roles de la mujer en el trabajo, basados en el género. Es imperativo tomar acción para eliminar las barreras estructurales y legales y cambiar las actitudes estereotipadas en relación a la equidad de género en el trabajo. Para ello, son necesarias nuevas políticas dirigidas a eliminar los prejuicios en el reclutamiento, eliminar la discriminación ocupacional y el acceso desigual a la formación y capacitación profesional (especialmente en las nuevas tecnologías), así como los obstáculos directos e indirectos a las promociones.