Síntesis del Informe Final sobre Tráfico de Mujeres y Niños para Fines de Explotación Sexual en las Américas

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) ha realizado un estudio sobre el "Tráfico de Mujeres y Niños para Explotación Sexual en las Américas", en asociación con el Instituto Interamericano del Niño (IIN). La investigación fue conducida por el Instituto Internacional de Derechos Humanos (IHRLI) de la Universidad DePaul de Chicago. Tengo el agrado de presentar en este Honorable Comité una síntesis de los resultados que surgen de los informes.

Se ha finalizado la preparación de los Informes Nacionales y Subregional. Actualmente iniciamos un proceso de revisión, corrección y traducción de los informes, los que serán presentados en la Asamblea de Delegadas de la CIM, a realizarse en República Dominicana en octubre de 2002. Los países piloto del estudio son Brasil, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. El informe de Brasil de más de 300 páginas, es producto de una investigación desarrollada en forma independiente por un grupo de mas de 150 ONGs, junto con expertos independientes y con la participación del sector público. En Brasil se creó una red de ONGs que movilizó la participación en todas las regiones del país. La coordinación general fué realizada por CECRIA, ONG dedicada a la defensa de la niñez y adolescencia, y en su extenso informe incluye casos y testimonios de mujeres traficadas hacia dentro y fuera del país, para fines de explotación sexual, mapas con rutas de tráfico interno e internacional y recomendaciones a diversos ámbitos de gobierno y sectores de la sociedad civil.

En los países de América Central y Caribe, el estudio de investigación se realizó en 2 etapas, primero con la participación de ONGs y expertos en el tema, quienes trabajaron sobre la base de un cuestionario guía previamente suministrado por el IHRLI. Una vez recibidas las respuestas a este cuestionario, representantes del IHRLI y de la CIM se trasladaron a los 8 países de la región para completar y verificar los datos existentes, y agregar información producto de entrevistas con autoridades de inmigración, policía nacional y de frontera, ministerios de trabajo, salud y justicia, consulados, ONGs locales y organizaciones internacionales con oficinas en los países (OIM, OIT/IPEC, Save the Children), y expertos independientes, entre otros.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a las Delegadas Titulares y a los Directores de las oficinas de la OEA en Nicaragua, Belice, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, por el sostenido apoyo y colaboración brindados y un sincero interés en el tema. Su ayuda permitió coordinar una extensa agenda de reuniones y entrevistas, y llegar a distantes poblaciones. Haber facilitado vehículos y personal hizo posible recorrer zonas de frontera y sitios donde de difícil acceso, como burdeles, bares y áreas de oferta de trabajadoras sexuales.

Es difícil sintetizar en pocas palabras el contenido de la información recopilada y analizada. Intentaré ofrecer un panorama del problema de tráfico en los países piloto, con los aspectos más relevantes que aparecen en la investigación.

1. Concepto de Tráfico

El concepto de tráfico de personas (en español "trata" en las discusiones preparatorias en Naciones Unidas) se diferencia del término contrabando de personas, o traslado ilícito de personas (Smuggling), y esta diferencia es importante para comprender la necesidad de proporcionar protección adecuada a las víctimas de tráfico o trata.

La facilitación para la inmigración ilegal se refiere al fenómeno de smuggling o transporte ilícito, que no contiene un elemento de coerción o engaño, al menos al comienzo del proceso. Se refiere a la situación por la cual la persona que emigra logra la entrada ilegal en un país del cual no es nacional ni tiene visa o residencia permanente. Smuggling no es reconocido como una violación a los derechos humanos pero es una violación a las leyes inmigratorias, y comprende la participación voluntaria de migrantes con redes de traficantes, con el fin de obtener la entrada o admisión ilegal a otro país.

El trafico o trata es una violación a los derechos humanos que envuelve abuso y explotación.

Utilizamos para nuestro estudio el concepto adoptado por Naciones Unidas, pero quiero resaltar que incluimos no solo el trafico internacional sino también el interno.

Tomando como fuente el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de diciembre 2000, se entiende por tráfico o trata, "la captación, transporte, traslado, recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos."

En muchos casos las víctimas de tráfico comienzan voluntariamente pagando a coyotes (smugglers) para lograr el ingreso a otro país, pero luego quedan atrapadas en el camino en redes de tráfico para explotación, por diversos factores (el coyote las abandona, o aumenta la deuda y no pueden pagar, quedando a merced de traficantes).

2. Informe Subregional

En su contenido dedica la primera sección a definiciones y marco conceptual utilizado en la elaboración y análisis. Luego desarrolla el perfil socioeconómico de la región y patrones o corrientes generales de migración a través del territorio, cuyas características coinciden en muchos casos con rutas de tráfico. Continua proporcionando un panorama de las características de tráfico de mujeres y niños para explotación sexual en los países de América Central y Caribe estudiados. Analiza las rutas, los factores de riesgo, causas, condiciones y consecuencias; compromisos internacionales asumidos, políticas publicas y legislación doméstica relevante; los obstáculos y deficiencias en el combate efectivo del trafico. Finaliza con un grupo de conclusiones y recomendaciones. Los anexos al Informe Subregional contienen los informes nacionales de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá país.

Entre los resultados se demuestra que el tráfico de mujeres y niños para explotación sexual comercial en América Central y el Caribe es una realidad innegable que esta ocurriendo dentro y fuera de las fronteras.

Entre las características que favorecen el tráfico hay factores de riesgo relacionados con los individuos o víctimas: son elementos que contribuyen para que ciertas personas sean más vulnerables al tráfico y explotación sexual. Estos factores no son determinantes, pero su existencia junto a la demanda o clientela y a las redes criminales funcionando con impunidad, incrementan el riesgo de que estas personas caigan en el ciclo de trafico.

Para las mujeres jóvenes mayores de edad y las menores (entre 12 y 17 años de edad), la combinación de necesidad económicas, , responsabilidad como jefas de hogar, analfabetismo o mínima educación, falta de preparación en habilidades técnicas, una historia de abuso físico y sexual, aparecen como contribuyentes al riesgo de que sean traficadas.

Entre las características relacionadas con circunstancias o condiciones externas, podemos decir que de las entrevistas realizadas surge la existencia de un ambiente que conduce al tráfico, como ser discriminación de género, desempleo y pobreza, actitudes de desprecio y falta de respeto a las mujeres y menores, débiles controles migratorios, corrupción y el impacto de la globalización. El mercado o industria del sexo, el turismo sexual y otras formas de demanda de servicios sexuales son componentes fundamentales en la existencia de las redes de tráfico.

Los traficantes conocen las políticas inmigratorias, legislación y practicas, frecuentemente operan por medios legales para propósitos ilegales. Las autoridades de policía y inmigración, que funcionan juntas en las fronteras internacionales, reconocieron que el tráfico existe y esta creciendo. Resaltaron la existencia de problemas que inhiben su capacidad para combatirlo, como la existencia de extensas áreas de fronteras sin ningún control, falta de personal adecuado, de computadoras y sistemas de información compartidos por inmigración y policía, falta de personal entrenado, y una gran corrupción. Muchos manifestaron que la tarjeta de identidad CA-4 promueve el tráfico en la región. Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala por medio del CA-4 permiten que un adulto nacional permanezca en cualquiera de estos países por un periodo de 90 días, luego del cual necesita permiso para permanecer. Esto permite a traficantes y víctimas viajar sin ser detectados como tales por las autoridades.

3. Quiénes son los traficantes

Hay agentes privados y públicos involucrados.

Entre los privados hay transportistas, taxis, tricicleros (rickshaw), y camioneros. Pueden participar en reclutamiento y con acuerdo de dueños de establecimientos, o en forma independiente.

Los medios de comunicación son un método de reclutamiento, a través de avisos clasificados y anuncios en la radio. Los servicios de Internet están siendo usado para instar la demanda, a través de páginas Web que ofrecen turismo sexual y matrimonios fraudulentos.

Los abogados han sido implicados en actividades de tráfico, por falsificar documentación para permitir a menores que puedan viajar sin autorización. Como ejemplo, en Nicaragua, han informado que 15 abogados han sido sancionados por producir documentación fraudulenta. El mismo problema se ha manifestado en Panamá, con matrimonios fraudulentos usados para reclutar mujeres dominicanas.

Los dueños de night clubs, burdeles, cabarets, bares, moteles, etc. participan en el proceso de reclutamiento y destino. Reciben y controlar las ganancias y retienen documentación de las víctimas, lo cual asegura su posición de poder frente a ellas y garantiza un alto grado de impunidad.

Agentes Públicos: Funcionarios de inmigración, policía y otros funcionarios públicos ayudan a los traficantes. Se han identificado casos de certificación de nacimientos fraudulentos, documentación falsificando edades e identidades para cruzar fronteras, y destrucción de documentación para protección de los dueños de burdeles y bares, con el fin de impedir la investigación y continuación del procedimiento judicial.

4. La Demanda

Sin la existencia de clientes el tráfico para explotación sexual desaparecería. La demanda en la región es fundamentalmente para prostitucion y strippers/cabarets. La demanda esta concentrada en zonas de tolerancia, áreas turísticas, puertos, lugares situados en rutas internacionales, y ciertas áreas agrícolas donde trabajadores migrantes son mayormente hombres. El aumento del turismo y la apertura masiva de casinos en la región han abierto un mercado internacional creciente.

Todos estos intermediarios mencionados, dueños de bares y burdeles, taxis, administradores de hotel, vendedores y proxenetas, todos sirven a la demanda de los clientes. En varias ocasiones, recibimos información que drogas y alcohol también son utilizados para controlar a las mujeres y menores. No solo para inducir dependencia hacia el dueño sino para incrementar la deuda de la víctima hacia él.

5.  Legislación

Ningún país en la región tiene legislación contra todas las formas de tráfico de personas, o específicamente contra trafico para explotación sexual comercial. Pero todos contienen leyes en los códigos penales que sancionan el hecho de facilitar la entrada para fines de prostitucion. El crimen de tráfico como tal, no esta explícitamente identificado en las legislaciones. Mas aún, la aplicación de las leyes vigentes contra proxenetas y facilitadores es casi inexistente.

6. Obstáculos Principales en enfrentar 

el tráfico de personas

La ausencia de políticas públicas contra el trafico y vacíos legales o inaplicabilidad de la legislación existente, contribuyen a la impunidad de los traficantes y no proporcionan a las víctimas los servicios necesarios.

La escasez de recursos, humanos, técnicos y financieros es alarmante. Muchas veces, el esfuerzo recae solo en una persona. En la mayoría de los países de la región la policía y personal de inmigración trabajan sin equipamiento indispensable (computadoras, vehículos, cámaras de video, grabadores, teléfonos, fax). Con la limitada o ausente tecnología, actividades como monitorear fronteras y descubrir o detectar operaciones de trafico son extremadamente difíciles y hasta peligrosas. Falta de especialización en la policía de investigaciones, incluyendo la unidad de género de la Policía, perjudica el tratamiento adecuado a las víctimas y ha resultado en ausencia de denuncias, por miedo a las autoridades y falta de confianza en el sistema de justicia.

7. Rutas de Tráfico

Las Rutas o corredores de Tráfico se extienden desde Nicaragua a Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.

En términos de las redes de tráfico, podríamos afirmar que Nicaragua recibe corrientes de Sudamérica y es el punto de origen de las corrientes de tráfico en ambas direcciones, hacia el sur (Costa Rica) y norte (Honduras). Las víctimas en general siguen la ruta pasando por Honduras, El Salvador, y finalizan en Guatemala, Belice o el sur de México. Agregándose a estas corrientes, mujeres y menores se van agregando en el camino reclutados en Honduras para establecimientos en El Salvador, Guatemala y Belice. Al existir mayores requisitos de entrada en Costa Rica y México, el tráfico generado es mayor desde Nicaragua hasta Guatemala. Con promesas de empleos y del "sueño americano" empujando gente hacia el norte, las actividades de tráfico son mas visibles y concentradas a lo largo de la frontera entre Guatemala y México, especialmente en la ciudad Tecún Umán, conocida como la "nueva Tijuana". Lugar que evidencia claramente el grave problema de trafico en la región.

La Ruta de Costa Rica, Panamá y República Dominicana

Los datos informan que mujeres dominicanas han sido traficadas hacia Costa Rica y Panamá y hay datos de trafico en la frontera entre Costa Rica y Panamá. A diferencia de los otros países en la región, Costa Rica, Panamá y República Dominicana han estado implicados en trafico hacia el exterior de la región. Rutas de República Dominicana alcanzan al Caribe (Aruba, St. Martin, Curazao) a Sudamérica (Argentina) y Europa (Austria, Suiza, Alemania, Italia, Holanda y España). Mujeres traficadas desde Colombia, Bulgaria, Rusia y Filipinas han sido llevadas a Costa Rica. Se han detectado mujeres dominicanas y colombianas traficadas a Panamá. Las modalidades de trafico desde, hacia y entre estos países requiere transporte aéreo o marítimo, lo que parece haber reducido el numero de víctimas menores, en comparación con el resto de América Central.

8. CONCLUSIONES

Entre las conclusiones se considera que la tolerancia que existe en la sociedad hacia la explotación sexual comercial de mujeres y menores, los tabúes sobre la sexualidad y una cultura que desalienta denunciar a sospechosos de tráfico y explotación, contribuyen a invisibilizar el problema .

Los mecanismos de respuesta de los gobiernos han sido, en su mayoría, inexistentes o inadecuados. Desinterés, corrupción y limitados recursos afectan las investigaciones policiales, el sistema de justicia y los sectores de inmigración. Los procesos judiciales iniciados por delitos de trafico, son mínimos y las condenas casi inexistentes. Las areas de servicios de salud y atención a la mujer y minoridad rara vez ofrecen asistencia a las víctimas del trafico. Los servicios legales no acompañan a la víctima en forma adecuada. La prensa esta cumpliendo una función de concientizacion importante, aunque hay poco periodismo de investigación.

La región carece absolutamente de formas de prevención, protección, sanción del trafico y de estrategias de reintegración de las víctimas.

La información recogida muestra un panorama perturbador de redes criminales de pequeña y mediana escala, incluyendo bandas juveniles o "maras", actuando con casi absoluta impunidad y en ausencia de identificación, tratamiento y protección de las víctimas.

Muchos foros para la acción, defensa y atención no son utilizados hasta el momento, en parte porque el trafico de personas no ha sido colocado en la agenda nacional en la mayoría de los países de la región. Si existiera más movilización, se generarían campañas de concientización, mejorando el sistema de registro de casos, redactando políticas y reformando legislación, y articulando estrategias para la prevención y protección, asi como la investigación y sanción de los traficantes.

9.  RECOMENDACIONES

A) En el ámbito regional

1. Crear un marco normativo regional, plan de acción o conjunto de principios rectores, para que existan estándares o normas compartidas contra el tráfico o trata de personas, especialmente mujeres y niños, con fines de explotación. Esto facilitaría la creación e implementación de estrategias regionales.

Existen instrumentos internacionales que proporcionan un marco normativo:

a) Ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo Facultativo sobre Tráfico, diciembre 2000.

b) Implementar tratados existentes: Convención sobre los Derechos del Niño; Convención 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer; Convención de Belem do Pará; Convención Interamericana contra el tráfico de menores.

c)  Se recomienda coordinar acciones con el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), considerando las similitudes existentes en legislación, a fin de desarrollar acciones para reformar y armonizar la legislación en la región. de manera que contenga provisiones efectivas tanto para la prevención y protección, como para el procesamiento de los traficantes.

B) En el ámbito nacional

1) A corto plazo se recomienda adoptar legislación contra el trafico de personas, especialmente mujeres y niños, armonizada entre los países de la región.

2) Establecer un mecanismo coordinado de consulta y acción entre agentes judiciales, policía, inmigración, servicios sociales, salud, trabajo, relaciones exteriores a través de consulados, y ONGs, para planificar y articular respuestas efectivas al problema.

3) A mediano plazo, se requiere entrenamiento y capacitación de policías y oficiales de justicia para identificar reales o potenciales víctimas, desde reclutamiento hasta rescate. Entrenamiento a Consulados, por su rol primordial en proteger a sus nacionales en el exterior.

4) Desarrollar asistencia para proteger a las víctimas en caso de denuncias: en la mayoría de los casos, las víctimas son incapaces de participar denunciando ante la policía o prestando declaración ante el Juez, o solicitando ayuda a su consulado, por varias razones, sea miedo, ignorancia o problemas vinculados a su status legal dentro del país al cual fueron traficadas.

5) Se recomienda desarrollar con los Ministerios de Relaciones Exteriores sistemas de registro o "protocolos" consulares uniformes que reporten casos de trafico. Adoptar medidas para efectuar un registro de casos y apoyar desde los consulados la participación de la víctima en proceso judicial contra los traficantes.

10. Mecanismos de respuesta o buenas prácticas

República Dominicana ha puesto el tráfico de personas en la agenda nacional. Ningún otro gobierno de los países estudiados, ha dirigido recursos a programas específicos y políticas sobre el tema. El denominado CIPROM (Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante) creado en 1999 con participación del gobierno y del sector no gubernamental, ha generado importantes políticas públicas contra el tráfico e implementado programas de asistencia a las víctimas y cursos de capacitación a funcionarios del servicio exterior.

Brasil anunció en diciembre de 2001, la creación de un Programa Nacional contra el Trafico de personas y desarrolló ciertas campañas para prevención.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección a las Víctimas Traficadas (2000), creó la oficina que monitorea el tráfico de Personas dentro del Departamento de Estado, y estableció un mecanismo de protección a las víctimas, con la posibilidad de obtener una Visa "T" especial por 3 años mientras sus casos son investigados ante la justicia.

Hemos recibido solicitudes para proporcionar entrenamiento y capacitación en estrategias anti-tráfico desde diversos ámbitos, PARLACEN, la Asociación de Jefes de Policía de América Central y Caribe, y la Asociación de Mujeres Policías de la Unidad de Género.

Se han iniciado conversaciones con especialistas de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Oficina que monitorea el Tráfico de Personas, del Departamento de Estado, quienes han mostrado gran interés en prestar asesoramiento técnico en reforma legal y capacitación a legisladores, personal de justicia y policía nacional y de frontera.

No quisiera extenderme mas y dejo lugar para sus comentarios u observaciones. Estoy a su disposición para aclarar o agregar cualquier información adicional. Muchas gracias por su atención.