La Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

El Instituto Internacional de Derechos Humanos (IHRLI), Facultad de Derecho de la Universidad de DePaul

El tráfico de mujeres y niños para fines de explotación sexual alcanza y afecta a todas las naciones del mundo. La Organización de las Naciones Unidas estima que el número de mujeres y niños que han sido objeto de tráfico y sometidos a servidumbre sexual llega, en todo el mundo, a dos millones de personas. Múltiples factores contribuyen a este problema, tales como la pobreza, la marginalización de mujeres y niños y la inestabilidad política. La facilidad relativa de la migración de personas en todas sus formas también ha contribuido a la proliferación de esta actividad, la cual representa una parte considerable del negocio ilegal de la inmigración controlado con frecuencia por redes delictivas organizadas. La esclavitud sexual, de la que son víctimas, en especial, mujeres jóvenes y niños, se está convirtiendo rápidamente en la actividad delictiva más rentable después del tráfico de drogas.

Un compromiso cada vez mayor de los gobiernos con la lucha contra el crimen organizado transnacional, incluido el tráfico de personas, ha generado una necesidad de datos confiables en los que se pueda basar una política eficaz y sensible al problema. En la Cumbre de las Américas de 2001, la OEA prometió "tomas medidas eficaces contra el tráfico de seres humanos" y específicamente solicitó la elaboración de informes nacionales a fin de combatir el tráfico de personas.

El proyecto IHRLI/OEA está investigando la forma, estructura, contexto y circunstancias del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual en América Latina y el Caribe. El espectro de los países participantes se seleccionó con miras a proporcionar una evaluación hemisférica global del tráfico sexual.

El proyecto sobre el tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual (el Proyecto sobre Tráfico) tiene por objeto proporcionar conocimientos verdaderos y actuales sobre las prácticas de tráfico sexual en América Latina y el Caribe. Si bien la naturaleza clandestina del fenómeno, la multitud de factores que alientan el silencio y la impunidad, y la falta de indicadores específicos sobre el tráfico hacen que sea imposible calcular el número exacto de personas que son víctimas del tráfico, los datos de investigación del proyecto proporcionarán a los gobiernos y a las organizaciones internacionales una base concreta para promulgar leyes y formular políticas destinadas a combatir el tráfico y proteger a sus víctimas.

El Proyecto sobre Tráfico se ha ejecutado siguiendo la metodología que se describe a continuación en siete naciones de América Central y la República Dominicana. Las investigaciones sobre el terreno se están realizando en cuatro regiones del Brasil (norte, noreste, centro occidental y sureste), la cuales incluyen un total de dieciocho estados. El estudio se extenderá a otros once países ― México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Jamaica.

El diseño del proyecto incluye cuatro elementos fundamentales: (1) la colaboración con las organizaciones de contrapartida en cada país participante; (2) el inicio de debates públicos sobre el tema del tráfico por medio de la celebración de un Congreso Nacional en cada país participante; (3) la investigación sobre el terreno del tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual; y (4) el uso de los resultados y conclusiones del estudio para elaborar respuestas regionales y nacionales eficaces ante el problema del tráfico.

Como parte de la investigación sobre el terreno, el IHRLI/OEA y sus contrapartes:

• Entrevistarán a funcionarios del gobierno y realizarán un diagnóstico del reconocimiento del problema y la reacción ante el mismo de cada estado;

• Entrevistarán a representantes del sector no gubernamental y a otros informantes clave sobre la incidencia del tráfico y la eficacia de la respuesta del gobierno;

• Estudiarán y evaluarán las leyes internas, incluyendo políticas y normas legales relativas al tráfico, y su cumplimiento;

• Estudiarán y evaluarán protecciones y mecanismos internacionales que se pueden aplicar y/o están disponibles para la lucha contra el tráfico y sus efectos; y

• Recopilarán y analizarán datos procedentes de todas las fuentes disponibles sobre las tendencias y prácticas del tráfico y la explotación.

Los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio sobre el terreno se publicarán en informes de país individuales. Los resultados de los estudios de país se resumirán en una evaluación regional final que analizará la situación del tráfico en América Latina y el Caribe en un contexto más amplio del debate concerniente a términos y definiciones, disposiciones jurídicas internacionales y los esfuerzos de Naciones Unidas.