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El movimiento mundial de mujeres, junto con algunos Estados comprometidos en erradicar la violencia de género contra las mujeres, han dedicado muchos de sus esfuerzos en prevenir, sancionar, atender y erradicar las diferentes manifestaciones de la violencia en los diferentes espacios que de una u otra forma contribuyen a perpetuar la desigualdad social entre hombres y mujeres. En las tres Conferencias Mundiales sobre la Mujer -México en 1975, Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985- y en los foros paralelos organizados por organizaciones no gubernamentales, el movimiento de mujeres propuso que se discutiera el tema de la violencia contra la mujer y se prestara especial atención a las restricciones que la violencia le impone a la participación plena de la mujer en la sociedad. Las Estrategias de Nairobi Orientadas Hacia el Futuro para el Adelanto de la Mujer, establecieron la preocupación de la comunidad internacional y reconocieron la responsabilidad de los gobiernos en la erradicación de la violencia. En 1986, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) comenzó el análisis de la violencia que afecta a las mujeres y, entre otras medidas, aprobó el Plan de Acción "Participación plena e igualitaria de la mujer para el año 2000" en el cual la violencia contra la mujer fue considerada en el capítulo de "Areas de interés especial" juntamente con otros temas. En 1990 la Asamblea de Delegadas de la CIM aprobó las Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia, así como la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la cual reitera en uno de sus párrafos de la parte dispositiva la necesidad de que la Comisión se encargue inmediatamente de la tarea de preparar el anteproyecto para una convención interamericana sobre la violencia contra la mujer que sería sometido a consideración de acuerdo con los procedimientos normales de la Organización. La CIM redactó el proyecto de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Tras un proceso de consulta llevado a cabo por la CIM con los Gobiernos de la región, la Convención fue adoptada en junio de 1994, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Belém do Pará, Brasil. La Convención fue inmediatamente ratificada por los Estados miembros y entró en vigor el 5 de marzo de 1995. Conforme a los mandatos recibidos por la CIM de la Asamblea General de la OEA y de su propia Asamblea de Delegadas, la violencia contra la mujer es uno de sus temas de acción prioritaria. La entrada en vigencia de la Convención de Belém do Pará fue un evento de importancia vital para la mujer que marcó el inicio de un largo y difícil proceso de cambio. Después de cinco años para aplicar las diversas medidas previstas en la Convención, la CIM consideró que debía examinar detenidamente lo que hemos logrado en ese período de tiempo y lo que queda por hacer. Por ello, la CIM, con financiamiento de la USAID, emprendió un importante proyecto a fin de analizar los programas nacionales de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en las Américas. Además, tiene como objetivo comprender mejor el progreso alcanzado hasta la fecha en la implementación de la Convención, los obstáculos con los que se tropezaron y lo que falta por hacer. Está basado en el análisis de las respuestas recibidas de los Estados miembros a un cuestionario enviado por la CIM, y en estudios sobre el terreno realizados en determinados países de las Américas por medio de consultas y entrevistas a representantes de los órganos nacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y del ámbito académico. El análisis se centró en: (1) la naturaleza y la eficiencia que se percibe de los mecanismos de implementación y programas adoptados por diferentes países de las Américas; (2) las medidas específicas adoptadas en estos países y las repercusiones percibidas o conocidas y (3) las dificultades y obstáculos que se encontraron al implementar estas medidas. Los indicadores para la medición se basaron en los Artículos 7, 8 y 9 de la Convención. Han colaborado en la elaboración del proyecto, el Centro Internacional para la Reforma del Derecho Penal y la Política en Materia de Justicia Penal (ICCLR) y el Instituto Latino Americano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), dos organismos internacionales que forman parte de la Red de Institutos del Programa de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito y Justicia Penal, y han actuado en ese ámbito específico. El proyecto ya ha sido completado y la CIM se propone realizar, previo a su lanzamiento oficial, cuatro reuniones subregionales de expertas, con la participación de sus Delegadas Titulares y organismos de la sociedad civil con experiencia en el tema, para recibir los comentarios al mismo, como así también sus aportes para desarrollar estrategias regionales que contribuyan a acelerar el proceso de puesta en práctica de los objetivos de la Convención. También se propone mejorar los indicadores en vistas a la continuación del proceso de revisión. La primera reunión subregional se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 7 y 8 de diciembre de 2000. La CIM invitó a las Delegadas Titulares ante la CIM y a dos expertas en la materia de organismos no gubernamentales de cada uno los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile. La reunión fue patrocinada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y por el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), sección Latinoamérica y oficina regional del Cono Sur. La ceremonia inaugural tuvo lugar en las dependencias del Ministerio de Relaciones de Exteriores de la República Oriental del Uruguay. Hicieron uso de la palabra el Canciller de la República, Dr. Didier Opertti, la Directora del Programa Regional para Brasil y Cono Sur de UNIFEM, Sra. Branca Moreira Alves; la Secretaria Ejecutiva de la CIM, Srta. Carmen Lomellin, (Anexo I); la Delegada Titular de Uruguay ante la CIM, Prof. Gloria Robaina y el Director de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Uruguay, Ing. Roberto Luis Casañas. Participaron en el acto invitados representantes del Cuerpo Diplomático y de Organismos Internacionales, altos funcionarios del Gobierno de Uruguay y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial. La reunión tuvo como sede un hotel céntrico de Montevideo. La Secretaría Técnica de la reunión estuvo a cargo de la Srta. Carmen Lomellín, del Ing. Roberto Luis Casañas y de la Especialista Principal de la CIM, Mercedes Kremenetzky. Se realizaron tres sesiones de trabajo: dos el día jueves 7, una por la mañana y otra por la tarde y una el día 8. Las mismas fueron coordinadas por la Delegada Titular de Uruguay ante la CIM, Prof. Gloria Robaina. Participaron las Delegadas de la CIM y/o sus representantes, así como dos expertas por país representantes de organismos no gubernamentales. En el caso de la delegación de Uruguay se contó con el valioso aporte de más de 40 expertas representantes de diversos órganos del sector público, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Uruguay. La lista de participantes se encuentra en el Anexo IV. En la primera sesión, se acordó que se seguiría la metodología de la reunión conforme al Programa de Trabajo que fue entregado a todas las participantes y que se encuentra en el Anexo II del presente informe. Conforme al mismo, la Dra. Roxana Arroyo Vargas, Consultora del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latino Americano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), hizo la presentación del proyecto: Violencia en las Américas, un análisis regional incluyendo una revisión de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los vacíos y tendencias que surgen del mismo. Las transparencias que utilizó en su presentación se adjuntan como Anexo III de este informe. Seguidamente, cada una de las representantes de los gobiernos hizo una exposición sumaria de los principales programas desarrollados, los progresos alcanzados en su país en materia de violencia contra la mujer, en particular aquellos relacionados con la puesta en práctica de la Convención de Belém do Pará. De igual forma, las representantes de las organizaciones no gubernamentales se refirieron a los programas exitosos y principales obstáculos que se deben superar para avanzar en la materia en sus respectivos países. Como consecuencia de este rico aporte, en la segunda sesión realizada por la tarde, se expresó coincidencia en los obstáculos que aún existen para avanzar en la implementación de la Convención. Con estas especificaciones, durante la tercera y última sesión, celebrada el día 8 de diciembre, se intercambiaron ideas a fin de lograr consenso sobre las áreas que a nivel regional serían prioritarias para el próximo bienio. Tanto los obstáculos identificados como las recomendaciones, se encuentran a continuación. A las 15 hs. se dió por finalizada la reunión, con un breve acto de clausura en el que hicieron uso de la palabra la Prof. Gloria Robaina, la Secretaria Ejecutiva de la CIM y la Delegada de UNIFEM, Sra. Branca Moreira Alves. III. PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ El principal obstáculo es la falta de compromiso real de los gobiernos de la mayoría de los países en la aplicación de la Convención. Quedó de manifiesto que hubo un avance en la región en cuanto al reconocimiento de la violencia contra la mujer y que se la ha incluido en las agendas de los Estados. No obstante se señalaron los siguientes obstáculos para continuar en una efectiva tutela de los derechos humanos de las mujeres en las Américas.
2. FALTA DE INDICADORES DE MEDICIÓN DE IMPACTO
3. FALTA DE SENSIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON RESPECTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
4. FALTA DE COMPROMISO DE LOS ESTADOS CON EL TEMA, SUSTENTABILIDAD DE LOS PLANES DEL GOBIERNO
5. INSUFICIENCIA EN LA CAPACITACION PARA EL ABORDAJE DEL TEMA DE LA VIOLENCIA
6. INSUFICIENTES INSTANCIAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LAS MUJERES QUE SUFREN DE VIOLENCIA Y DIFICULTADES EN EL ACCESO DERIVADAS DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y RACIAL.
7. INSUFICIENCIA DE ADECUACION DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES A LAS NORMAS Y CONTENIDOS DE LA CONVENCIÓN la moral, las buenas costumbres y la familia. Falta de tipificación y/o adecuación de delitos como violación conyugal, abuso incestuoso, hostigamiento y acoso sexual y la violencia contra la mujer como delito. 8. FALTA DE PROTECCIÓN DE MUJERES EN SITUACIONES DE RIESGO
9. INSUFICIENTE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
10. INSUFICIENTE DIFUSIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
11. INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LOS ESTADOS
12. INSUFICIENTE ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL
1. REGISTROS ESTADÍSTICOS
2. CAPACITACIÓN DE OPERADORES
3. ACCESO A ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER QUE SUFRE VIOLENCIA
4. ARTICULACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL
5. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
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