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INFORME FINAL
REUNIÓN DE EXPERTAS DE LA
SUBREGIÓN ANDINA.
Violencia en las
Américas
Un análisis
regional
incluyendo una
revisión de la implementación
de la Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar
y Erradicar la
Violencia contra la Mujer
Quito,
Ecuador, 21 y 22 junio de 2001
I.
DESARROLLO DE LA REUNION
II.
METODOLOGIA DE TRABAJO
III.
PRINCIPALES OBSTACULOS IDENTIFICADOS EN RELACION A LAS MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION DE BELEM DO PARA, DEFINIDOS EN EL GRUPO DE
EXPERTAS DE LA SUBREGION ANDINA
IV.
RECOMENDACIONES CONSENSUADAS SOBRE AREAS PRIORITARIAS REGIONALES PARA EL
PRÓXIMO BIENIO. GRUPO EXPERTAS DE LA SUBREGION ANDINA.
ANEXO:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - MESA ECUADOR
ANEXO:
SIMPOSIO 2001-LLAMADO A LA ACCION: VIOLENCIA DE GENERO, SALUD Y DERECHOS
I. DESARROLLO DE LA
REUNION:
La
Reunión de Expertas de la Subregión Andina, se realizó en Quito, Ecuador,
los días 21 y 22 de junio del 2001, con la participación de delegadas de
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.
La
CIM, invitó a las Delegadas Titulares de cada país ante la CIM y a dos
expertas representantes de organismos no gubernamentales de los países
participantes, a excepción de Ecuador que participó con su Delegada
Titular ante la CIM y 11 representantes de organizaciones vinculadas al tema.
Se contó con la participación de la Secretaria Ejecutiva de la CIM, Carmen
Lomellin y de la Especialista Principal de la CIM, Mercedes Kremenetzky.
La
Delegada Titular del Ecuador ante la CIM, invitó a representantes de
distintos sectores del Gobierno nacional y local y organizaciones no
gubernamentales a nivel nacional, con el fin de tener una mesa de discusión
que se dedicara exclusivamente a considerar el caso de Ecuador. Esta mesa
estuvo integrada por 36 participantes.
El
evento tuvo lugar en los salones del Hotel Quito. Fue auspiciado por los
siguientes organismos internacionales: CIM/OEA, OPS/OMS, UNIFEM. También,
fue auspiciado por el Centro de Investigación de los Movimientos Sociales
del Ecuador (CEDIME) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de
la Mujer (CEPAM), ambos organismos no gubernamentales, el Consejo Nacional
de las Mujeres (CONAMU), entidad gubernamental y la Coordinadora Política
de Mujeres Ecuatorianas como expresión del Movimiento Social de Mujeres
El
día 21 de junio, a las 8.30 a.m. se iniciaron las inscripciones de las
participantes internacionales y nacionales. Se les entregó una carpeta con
los siguientes documentos:
-
Programa del
evento.
-
Informe del
Proyecto realizado por la CIM, Programas Nacionales para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en la Región
Suramericana.
-
La Convención
de Belem do Pará, cinco años después. El Caso de Ecuador.
-
Memoria de la
reunión de Expertas de la Subregión del Mercosur, Bolívia y Chile.
-
La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer "Convención de Belem do Pará".
-
Violencia
contra las Mujeres y las Niñas Situación del Ecuador- 1995-1999 de Las
Naciones Unidas.
-
La Mujer en la
Historia del Ecuador de Dra. Mercedes Jiménez de Vega.
-
Violencia
Intrafamiliar. Módulos de autocapacitación para profesionales de la
salud.
La
Ceremonia Inaugural se realizó a las 9:30 hs. el Salón Simón Bolívar,
con palabras de la Sra. María Isabel Baquerizo de Noboa, Primera Dama de la
Nación; Dra. Aasse Smedler, Representante Residente en el Ecuador de
Naciones Unidas; Srta. Carmen Lomellin Secretaria Ejecutiva de la CIM y
Miryam Garcés Dávila Delegada Titular del Ecuador ante la CIM.
Acompañaron en la mesa Directiva la Dra. Mariana Yépez, Ministra Fiscal
General de la Nación; Dra. Lucía Salamea Directora Encargada de
UNIFEM-Región Andina, y el Dr. Carlos María Ocampos Arbo, Director de la
Oficina de la Secretaría General de la OEA en Ecuador. Participaron además
en esta ceremonia, representantes de Organismos Internacionales, del Cuerpo
Diplomático, altas autoridades de Gobierno Central y Local.
-
METODOLOGIA DE
TRABAJO.
Se
realizaron dos sesiones plenarias, con asistencia de todas las delegadas, y
tres sesiones de trabajo con los dos grupos que se integraron, uno de ellos
con las expertas de la Subregión Andina, y el otro sólo con participantes
de Ecuador.
Fueron
moderadoras: la Sra. Miriam Ernst, del CEPAM, de las sesiones plenarias, la
Sra. Gloria Mayra, de Feministas por la Autonomía, de las sesiones de la
Subregión Andina, y de las de Ecuador, la Sra. Nelly Jácome, Directora
Nacional de las Comisarías de la Mujer, del Ministerio de Gobierno de
Ecuador.
Se
inició la primera sesión plenaria con la explicación de la Especialista
Principal de la CIM, Mercedes Kremenetzky, de los resultados del Proyecto
Violencia en las Américas, un análisis regional, incluyendo un revisión
de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Seguidamente,
hizo uso de la palabra la Dra. Lucía Salamea, Directora Encargada de UNIFEM,
Región Andina, con comentarios sobre programas de prevención y atención a
la violencia contra las mujeres en la Región Andina.
Luego
de estas dos intervenciones, las representantes de los países tanto a nivel
gubernamental como no gubernamental, hicieron una reseña de los logros y
dificultades en relación a las acciones y programas para atender y prevenir
la violencia hacia las mujeres y para la implementación de la Convención
de Belem do Pará.
Estas
intervenciones sirvieron de marco general para el trabajo posterior, tanto
de la mesa de la Subregión Andina como la de Ecuador.
Por
la tarde se inició el trabajo en dos grupos: en el Salón Simón Bolívar
se reunieron las delegadas de los países invitados y 11 representantes de
Ecuador; y, en el Salón Cayambe las representantes de sectores
gubernamentales y sociedad civil de Ecuador. En este grupo, dando comienzo a
las tareas, la Dra. Rocío Salgado efectuó la presentación del caso de
Ecuador por ser quien realizó la investigación, que fue uno de los
trabajos que fueron tomados como base del proyecto de Violencia en las
Américas efectuado por la CIM.
Los
dos grupos basaron su trabajo en las siguientes líneas temáticas:
-
Mecanismos
legales contra la violencia
-
Implementación
pública de los mecanismos legales
-
Atención y
prevención de la violencia en la práctica.
El
día 22 de junio, se inció a las 7.30 a.m. con un desayuno de trabajo al
que fueron invitados representantes de la prensa internacional para
entrevistar a las delegadas de la Subregión Andina y a la CIM. Luego, se
continuó sesionando en grupos, por la mañana y por la tarde.
Una
vez finalizado el intercambio de opiniones y propuestas, a las 16:30 horas
se procedió a realizar la Segunda Sesión Plenaria en la que se dieron a
conocer los obstáculos identificados en relación a la implementación de
la Conveción de Belém do Pará y recomendaciones consensuadas sobre áreas
prioritarias emanadas de cada uno de los grupos de trabajo.
Las
conclusiones y recomendaciones elaboradas por el grupo de la subregión
andina se encuentran a continuación y las de las expertas de Ecuador se
acompañan en Anexo .
Inmediatamente
después se procedió a la clausura del evento con las palabras del Dr.
Carlos María Ocampos Arbo, Director de la Oficina de la Secretaría General
de la OEA en Ecuador quien resaltó la importancia de este encuentro de
expertas y la incidencia posterior en los países. También hicieron uso de
la palabra para agradecer a las participantes y colaboradoras, la Srta.
Carmen Lomellin Secretaria Ejecutiva de la CIM y la Delegada Titular de
Ecuador ante la CIM.
III.
PRINCIPALES OBSTACULOS IDENTIFICADOS EN RELACION A LAS MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION DE BELEM DO PARA, DEFINIDOS EN EL GRUPO DE
EXPERTAS DE LA SUBREGION ANDINA.
El
principal obstáculo es la falta de compromiso real de los gobiernos de la
mayoría de los países en la aplicación de la Convención. Quedó de
manifiesto que hubo un avance en la región en cuanto al reconocimiento de
la violencia contra la mujer y que se la ha incluido en las agendas de los
Estados. No obstante se señalaron los siguientes obstáculos para continuar
en una efectiva tutela de los derechos humanos de las mujeres en las
Américas.
Se
acoge el Llamado a la Acción del Simposio 2001 "Violencia de
Género, Salud y Derechos", celebrado en Cancún-México el 7 de
junio de 2001 (Anexo)
1. INFORMACIÓN Y
REGISTRO
-
Inexistencia de
registros estadísticos desagregados por sexo y edad sobre violencia.
-
Ausencia de un
sistema nacional de registro sobre violencia contra las mujeres.
-
Ausencia de un
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación sobre el tema.
-
Ausencia de una
línea de base sobre prevalencia para medir impactos.
-
Carencia de
información estadística desagregada por sexo de actos de violencia
cometidos hacia las mujeres por funcionarios.
2.
ERRADICACIÓN DE ESTEREOTIPOS
-
Falta de
políticas sistemáticas y permanentes de los Estados que incentiven a los
medios de comunicación a desarrollar programas destinados a promover la
prevención y erradicación de la violencia y la igualdad de mujeres y
hombres en la sociedad.
-
Carencia de
mecanismos de seguimiento y regulación de programas de difusión masiva
que contienen o refuerzan estereotipos sexistas y de violencia a través
de sus mensajes.
-
Reproducción de
estereotipos de género y socio-culturales que legitiman la subordinación
y la violencia contra las mujeres a través de los medios de comunicación.
-
Priorización de
la protección del vínculo familiar por sobre los derechos de las mujeres,
promoviendo la impunidad frente a la violencia contra las mujeres.
-
Permanencia del
concepto tradicional de familia que invisibiliza la existencia de otras
formas de organización familiar y de violencias que se dan a su interior.
-
Persistencia de
procesos de socialización que mantienen la subordinación de las mujeres.
-
COMPROMISO DE
LOS ESTADOS CON LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
-
El diseño e
implementación de políticas del Estado para la erradicación de la
violencia contra las mujeres no responden a la magnitud y gravedad de
esta problemática.
-
Ausencia de una
perspectiva interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria en
el Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres.
-
Falta de
voluntad política de los gobiernos para desarrollar en forma sostenida
políticas públicas que enfrenten la violencia contra las mujeres.
-
Inestabilidad
de las autoridades y debilidad institucional que afecta la mantención y
continuidad de los programas de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
-
Insuficiente
conocimiento, aplicación y observación de los principios de la
Convención de Belém do Pará en la región.
-
Insuficiente
tratamiento de la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito de la
comunidad como por parte de los funcionarios públicos.
-
Predominio de
un abordaje del tema que no vincula suficientemente la violencia contra
la mujer con su desarrollo integral.
4. ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LOS ESTADOS Y
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Asignación
insuficiente de recursos presupuestarios que impide garantizar la
sostenibilidad en el desarrollo de las políticas y programas estatales
contra la violencia en forma sistemática, planificada y transversal.
-
Insuficientes
presupuestos para la implementación de políticas y programas para la
mujer y tendencia a reducirlos aún más en tiempos de crisis.
-
Ausencia de un
análisis sobre el costo de la violencia contra la mujer en su economía
y en la economía de los países.
-
Escaso
financiamiento de las acciones destinadas a prevenir y erradicar la
violencia por parte de las organizaciones internacionales y las agencias
de cooperación.
5.
FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA EL ABORDAJE DEL TEMA DE LA VIOLENCIA
-
Existencia de
estereotipos y prácticas que toleran la violencia contra la mujer por
parte de los operadores de justicia y los servidores públicos en
general (maestros, personal de salud, funcionarios municipales, etc.).
-
Insuficiente
capacitación de los diferentes operadores (magistrados, técnicos y
funcionarios del Poder Judicial, funcionarios policiales, funcionarios
de la salud, personal docente en todos sus niveles y comunicadores) en
la incorporación de la perspectiva de género y sobre el tema de la
violencia.
-
Falta de
inserción de la problemática de la violencia contra las mujeres en los
pénsum de formación superior y técnica.
-
Falta de
sensibilización y conocimiento de la legislación nacional e
internacional sobre violencia contra las mujeres por parte de los
administradores y operadores de justicia
-
Falta de
profesionales capacitados para la atención a las mujeres víctimas de
violencia.
-
ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÌCTIMAS DE VIOLENCIA
-
Ausencia de un
modelo de atención integral a las distintas modalidades de violencia
contra las mujeres
-
Inexistencia
y/o insuficiencia de programas de atención a la violencia que
consideren la diversidad étnica, etárea, socioeconómica y de
orientación sexual de las mujeres.
-
Falta de
evaluación y seguimiento de la calidad de atención de los servicios
estatales y privados.
-
Dificultad para
abordar el tema de la violencia psicológica contra las mujeres en la
prevención, la atención y la rehabilitación.
-
Falta de
atención a los efectos que la violencia contra las mujeres produce en
los y las prestadoras de los servicios de atención.
7.
ACCESO A LA JUSTICIA
-
Dificultad de
las mujeres para acceder al ejercicio efectivo de sus derechos debido a
desconocimiento de los mismos e insuficiente patrocinio jurídico
gratuito y adecuado.
-
Insuficiencia
de medidas de protección y tutela de los derechos de las mujeres
víctimas violencia.
-
Problemas en la
interpretación y aplicación de los marcos legales relativos a la
violencia contra las mujeres.
-
Insuficiente
conocimiento y sensibilización de los agentes y administradores de
justicia que impiden la utilización efectiva de los recursos legales,
políticos y sociales existentes.
-
Banalización y
tolerancia de la violencia contra las mujeres por parte de los
administradores de justicia.
-
Invisibilizaciòn
de los daños que la violencia causa a las víctimas y dificultad para
hacer efectiva la reparación o medios de compensación justos.
-
Existencia de
la mediación y conciliación en los casos de violencia contra las
mujeres.
-
Existencia de
mecanismos probatorios discriminatorios que obstaculizan el acceso
efectivo a la justicia y el ejercicio real de los derechos de las
mujeres.
-
Insuficiente
atención de los Estados para solucionar los problemas de acceso a la
administración de justicia y servicios de atención integral a las
mujeres víctimas de violencia en zonas rurales y áreas suburbanas.
8.
ADECUACION DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES A LAS NORMAS Y CONTENIDOS DE LA
CONVENCIÓN
-
Persistencia
de conceptos discriminatorios en los ordenamientos jurídicos que
perpetúan las distintas manifestaciones de la violencia, con especial
énfasis en las normas que tipifican los delitos sexuales y/o en las que
tutelan la
moral, las buenas costumbres y la familia.
-
Falta de
tipificación como delitos a la violación conyugal, abuso incestuoso,
hostigamiento y acoso sexual, pornografía infantil, tráfico con fines
sexuales, prostitución forzada y la violencia contra las mujeres.
-
Persistencia de
normas de legislación interna que contradicen la Convención.
9.
PROTECCIÓN DE MUJERES EN SITUACIONES DE RIESGO
-
Insuficiente
legislación y/o políticas estatales sobre tráfico de mujeres y niñas/os,
prostitución forzada, pornografía infantil y turismo sexual.
-
Insuficiencia
de políticas públicas y programas de atención y prevención de la
violencia para mujeres migrantes, desplazadas, indígenas, negras, de
zonas rurales o alejadas de centros urbanos.
-
Invisibilización
de la violencia contra las mujeres y la violación de sus derechos
humanos en situaciones de conflicto armado.
10.
PROMOCIÒN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POR
PARTE DE LOS ESTADOS
-
Falta de
sostenibilidad en los programas de divulgación de los derechos de las
mujeres.
-
Limitadas
acciones de prevención de la violencia
-
Ausencia de
programas que permitan la transformación de patrones culturales sexistas
y discriminatorios.
11.
SOCIEDAD CIVIL
-
Insuficiente
participación de la sociedad civil en espacios de negociación
democrática con los Estados, con lo organismos internacionales y con
las agencias de cooperación para la definición de políticas y
programas sobre violencia contra las mujeres.
-
Uso limitado de
la Convención Belem do Para en la exigencia de los derechos de las
mujeres.
IV.
RECOMENDACIONES CONSENSUADAS SOBRE AREAS PRIORITARIAS REGIONALES PARA EL
PRÓXIMO BIENIO. GRUPO EXPERTAS DE LA SUBREGION ANDINA.
1.
REGISTROS ESTADÍSTICOS
-
Apoyar La
recomendación de la reunión MERCOSUR ampliado respecto a un proyecto
regional conjunto, patrocinado por UNIFEM, que permita recoger y
sistematizar la información que reciban los distintos sectores que
atienden situaciones de violencia contra la mujer, habilitando la
compilación de datos ciertos, contrastables y oportunos.
2.
ERRADICACIÓN DE PATRONES SOCIOCULTURALES DISCRIMINA-TORIOS
3.
COMPROMISO DE LOS ESTADOS CON LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Promover la
priorización de la violencia contra las mujeres en la agenda pública del
Estado.
4. ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
5. FORMACIÓN
Y CAPACITACIÒN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
6.
ACCESO A ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
7. ACCESO
A LA JUSTICIA
8. ADECUACION
DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES A LAS NORMAS Y CONTENIDOS DE LA CONVENCIÓN
9.
PROTECCIÓN DE MUJERES EN RIESGO
-
Diseñar
políticas públicas y programas de atención y prevención de la
violencia para mujeres migrantes, desplazadas, indígenas, negras, de
zonas rurales y alejadas de centros urbanos.
10. PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
11. LA
SOCIEDAD CIVIL
Quito-Ecuador
21 y 22 de junio de 2001
ANEXO
CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES- MESA ECUADOR
MESA
DE REPRESENTANTES DE SECTORES GUBERNAMENTALES Y SOCIEDAD CIVIL DEL ECUADOR
TEMAS
PRIORIZADOS
1.
Educación que aporte a la construcción de una cultura de respeto a los
derechos humanos con enfoque de género, étnico, intergeneracional y otros
tipos de diversidades.
LÍNEAS
DE ACCIÓN:
-
Realización de
campañas de Información, Sensibilización, Capacitación y Educación
a nivel nacional y local exigiendo que los medios de comunicación
contribuyan con espacios y cumplan con su obligación de difusión de
los derechos de las mujeres.
2.
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES Y LOCALES PARA ATENDER Y
PREVENIR LA VIOLENCIA.
LÍNEAS
DE ACCIÓN:
3.
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
LÍNEAS
DE ACCIÓN:
4.
CONSTRUIR UNA CULTURA DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES COMO CIUDADANAS
SUJETAS DE DERECHO GARANTIZANDO EL ACCESO A LA JUSTICIA.
LÍNEAS
DE ACCIÓN:
a)
Instancias y recursos efectivos
b)
Respeto al debido proceso desde las víctimas.
-
Generación de
capacidades (técnicas, humanas, económicas, etc) desde el Estado, para
la realización de peritajes.
c)
Que las resoluciones se enmarquen en el respeto a los derechos humanos.
d)
Reparación al daño causado.
5. GARANTIZAR
LA IMPLEMENTACION Y EL ACCESO A UN SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO CON CARACTERISTICAS DE CALIDAD Y CALIDEZ
LINEAS
DE ACCION:
-
Crear y
fortalecer mecanismos de interacción entre el sector público, privado
y sociedad civil en prevención y atención de violencia.
-
Difusión y
aplicación de las normas y procedimientos de salud sexual y
reproductiva
-
Garantizar el
seguimiento y monitoreo de los servicios de atención
-
Crear
mecanismos de apoyo y estímulo a iniciativas locales.
RECOMENDACIONES
1.
Asignar en el Presupuesto General del Estado una partida presupuestaria
destinada para impulsar la y para la prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
2. Sugerir a los
gobiernos locales se asigne una partida presupuestaria para la
implementación de políticas de género para la prevención y atención de
la violencia contra las mujeres.
3. Exigir y vigilar
el trato equitativo para las instituciones publicas que trabajan por la
defensa de los derechos humanos de las mujeres, particularmente al CONAMU,
la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer, la Dirección Nacional de
los Derechos de las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría
del Pueblo.
4. Que el CONAMU se
responsabilice del impulsar un debate alrededor de la problemática de
violencia de la mujer que conlleve a un plan nacional de prevención y
atención que incluya un sistema de información.
5. Incluir
especialmente en áreas de mayor población indígena y afroecuatoriana a
mujeres que representen a dicho sector en los servicios de atención y
respetando diversidades étnicas.
6. Impulsar
programas de prevención y atención a mujeres privadas de libertad.
ANEXO
SIMPOSIO
2001- LLAMADO A LA ACCION
VIOLENCIA
DE GENERO, SALUD Y DERECHOS.
7
de junio de 2001
Las
y los participantes en el Simposio 2001, Violencia de Género, Salud y
Derechos en las Américas, llamamos la atención a los Estados, sociedad
civil, medios de comunicación y organismos del Sistema Interamericano y de
Naciones Unidas, y los instamos a tomar en consideración que:
-
Los Estados han
asumido responsabilidades y obligaciones a través de las diferentes
convenciones y acuerdos internacionales, especialmente la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Belem do Pará), la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo
Facultativo, la Convención sobre los Derechos de los Niños y sus
Protocolos Facultativos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Violencia contra la Mujer, así como las Conferencias Mundiales de las
Nacionales Unidad sobre Derechos Humanos, Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer;
-
La violencia
contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, a lo largo del ciclo de
vida y tanto en el ámbito público como privado, constituye una
violación de los derechos humanos. Es también un obstáculo para la
equidad y un problema de justicia. Por las graves implicaciones que
tiene para la salud de las mujeres, debe ser considerada una prioridad
de salud pública;
-
Esta violencia
se ha perpetuado y tolerado como resultado de inequidades históricas,
culturales, raciales y estructuralmente arraigadas en las relaciones
entre mujeres y hombre en los diferentes ámbitos socioculturales,
económicos y políticos.
-
A pesar de la
existencia de legislaciones protectivas que sancionan la violencia
contra la mujer, en la mayoría de los países de la región persiste la
impunidad, lo cual es agravado por las dificultades que todavía
enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia;
-
La violencia
contra las mujeres conlleva un alto costo social y económico para el
desarrollo individual, comunitario y nacional, y afecta negativamente
las perspectivas de las futuras generaciones para vivir libres de
cualquier forma de violencia que tenga lugar en la familia y la
comunidad, así como de la tolerada y perpetrada por el Estado;
-
Para abordar
las complejidades de la violencia de género se deben emprender acciones
conjuntas y coordinadas por parte de todos los sectores relevantes, que
garanticen la protección y respeto a los derechos humanos de las
mujeres tomando en consideración la diversidad etárea, étnica, de
orientación sexual y de creencias, entre otras;
-
La violencia
contra las mujeres, basada en el género, constituye también un
problema de salud pública. En este sentido, el sector salud, tiene
responsabilidad en su abordaje, debiendo aportar una respuesta integral,
que considere el bienestar emocional, mental y físico a lo largo del
ciclo de vida de las mujeres.
-
Es esencial,
además, que las mujeres tengan acceso tanto a información y educación,
como a recursos sociales, económicos y jurídicos que les permitan
construir sus vidas libres de violencia.
Las
y los participantes reunidos en el Simposio 2001, representantes de
gobiernos, organismos de la sociedad civil en particular del movimiento de
mujeres, organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano y de
agencias de cooperación internacional, recomendamos lo siguiente:
-
El Estado debe
garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres, incluidos sus derechos a una vida libre de violencia y a
la salud integral y al ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, mediante mecanismos de protección eficaces y accesibles
a las mujeres, para que de esta manera se propicie el ejercicio pleno de
su ciudadanía y su empoderamiento.
-
El Estado debe
garantizar el pleno acceso de las mujeres a la justicia asegurando la
aplicación efectiva de la legislación nacional vigente en
correspondencia con las convenciones internacionales ratificadas sobre
los derechos humanos de las mujeres;
-
Los Estados
deben ratificar el Proyecto Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para
garantizar el pleno acceso de las mujeres a los mecanismos de
protección internacional;
-
Instar a los
Estados a que asignen recursos humanos y financieros suficientes en los
presupuestos nacionales, regionales y locales, especialmente en el
sector salud, así como involucrar al sector privado y la cooperación
al desarrollo, para reducir los altos costos que la sociedad enfrenta
como consecuencia de la violencia de género;
-
Promover la
creación de una cultura de no-violencia mediante estrategias de
educación y sensibilización dirigidas a hombres y mujeres,
especialmente a través de los medios masivos de comunicación y del
sector educativos, como herramientas fundamentales para evitar la
reproducción generacional y social de la violencia;
-
Eliminar
estereotipos y actitudes que legitiman o exacerban la violencia contra
las mujeres y las niñas, fomentando la participación de hombres y
niños en su prevención y erradicación;
-
Promover
legislaciones e institucionalizar políticas y programas que aborden,
desde un marco intersectorial, la equidad de género y la violencia
contra la mujer y niñas, en todas sus manifestaciones;
-
Integrar y
reforzar la prevención y la atención de la violencia de género en las
políticas y programas del sector salud, en sus normas y protocolos, en
el marco de la reforma del sector salud, y a todos los niveles,
especialmente en la atención primaria, en la salud sexual y
reproductiva; y en intervenciones de salud mental, enfatizando la
protección a las mujeres migrantes y a quienes conforman grupos
étnicos discriminados;
-
Mejorar la
calidad de la atención, a través de servicios integrales, de tal
manera que ofrezcan un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas
discriminatorias institucionales;
-
Sensibilizar y
capacitar al personal de salud en la identificación, diagnóstico y
atención a la violencia de género, así como brindarles las
herramientas conceptuales y técnicas, apoyos psicosociales y de
protección jurídica y personal para que participen activamente con el
sistema legal en la canalización y peritaje de los casos;
-
Reforzar los
mecanismos de coordinación entre el sector salud y otros sectores clave
para la prevención, atención y protección, tanto en instituciones
gubernamentales, como en las privadas, incluyendo las no-gubernamentales,
asegurando la protección de mujeres en situaciones de alto riesgo;
-
Garantizar el
derecho a la privacidad y la confidencialidad en la atención a las
mujeres y adolescentes;
-
En caso de
violación, promover y facilitar la anticoncepción de emergencia, la
prevención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),
incluyendo al SIDA y acceso a servicios seguros para la interrupción
del embarazo, donde sea permitido por la ley.
-
Asegurar
atención especializada al incesto a menores de edad en los servicios de
salud;
-
Estandarizar
metodologías y conceptos en la recolección de información y
estadísticas en el sector salud que visibilicen la magnitud de la
violencia de género y que permitan su seguimiento y evaluación de
impacto, incorporando mecanismos de vigilancia ciudadana;
-
Promover
investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia de
género en la salud de las mujeres;
-
Promover que la
problemática de la violencia de género sea tratada en foros nacionales,
regionales e internacionales, al más alto nivel;
Exhortamos a todas
las instancias pertinentes a suscribir este Llamado a la acción del
Simposio 2001, con el convencimiento de que el alcance de sus objetivos
contribuirá a construir sociedades en las que el disfrute y ejercicio
integral de los derechos humanos de las mujeres sea una realidad, logrando
un desarrollo sostenible basado en relaciones equitativas de género.
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