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UNA REALIDAD QUE GOLPEA

ASUNTO PUBLICO, DOLOR PRIVADO

Angelina Ríos

En la actualidad, la violencia se constituye en la limitante principal del desarrollo económico y social de América Latina. Los expertos consideran este fenómeno como multicasual. Las acciones por ende deberán orientarse en términos generales a diferentes niveles: el de la comunidad, el del individuo y el del hogar.

El término violencia se utiliza para descubrir situaciones muy diversas que según su clasificación, abarca a la persona que la sufre, el motivo y la naturaleza de la agresión. Uno de los trabajos presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) sostiene que América Latina es "una de las regiones más violentas del mundo", con una tasa de homicidios de 30 por cada 100.000 habitantes, estimando que entre el 30 y el 40 por ciento de las mujeres de la región son víctimas de la violencia doméstica y que uno de cada cinco días laborables que pierden las mujeres por razones de salud es el resultado de problemas relacionados con este flagelo.

Si bien la más explícita es la violencia física, la violencia doméstica reviste otras múltiples formas, tales como la agresión verbal, la restricción de la libertad y las conductas que llevan a la discriminación de la autoestima.

La violencia contra la mujer que incluye la violencia física, la sexual, la sicológica y la patrimonial, ocurre tanto en el ámbito publico como en el privado. Según los mencionados estudios la violencia doméstica daña el tejido social y le cuesta entre un 1,6 y un 2 por ciento del producto bruto a la región en términos de medidas preventivas y curativas.

En América Latina las cifras sobre el impacto económico de la violencia doméstica, aun no están disponibles en su totalidad.

De todas formas, la medición del fenómeno en algunos países del continente arroja cifras que bien pueden ser aplicables al resto, teniendo en cuenta que aún faltan datos de incidencias, de naturaleza, de quien los genera. Muchas de las acciones violentas no son registradas, ni percibidas socialmente como tales y por tanto no se conocen.

Es imperativo iniciar un proceso de medición. Hay que conseguir la información más detallada de cada uno de los países de la región, ya que los costos indirectos pueden superar ampliamente a los costos directos.

Por ejemplo informes procedentes de Canadá revelan que este tipo de violencia causa un gasto de unos US$ 1.600 millones anuales, incluyendo atención médica de las víctimas y las pérdidas de productividad. Mientras que en Estados Unidos se determinó que las pérdidas anuales por las mismas causas van entre US$ 10.000 millones y US$ 67.000 millones.

Aquí, igualmente falta la medición de la magnitud del hecho frente a los costos que el problema tiene para la sociedad, como así su impacto global en los sistemas de salud, aparatos policiales y regímenes judiciales.

La forma en que las mujeres viven la violencia no sólo es invisibilizada, sino además se tolera a través de las leyes, los medios de comunicación, la educación y otras instituciones que la legitiman y la justifican.

Al respecto, la senadora norteamericana Hilary Clinton afirma en cada conferencia que participa que la violencia doméstica contra la mujer constituye una de las violaciones a los derechos humanos mas desvastadoras en las Américas. Dijo también, que no es un problema cultural, sino un crimen y que "debemos enseñar a una generación de familias que las reglas han cambiado, que levantar la mano en forma violenta no será ya más tolerado".

El problema de la violencia doméstica encarado desde la perspectiva de la violación de los derechos humanos, debe concitar además un amplio interés de parte de cada país por sus consecuencias, debiéndose incorporar a sus políticas de Estado componentes que colaboren a la prevención y al tratamiento, particularmente en las áreas de la salud, la justicia, de la educación y de la instrucción de los jueces en el tema.

No hay una política de género en la mayoría de los países, sólo esfuerzos que pueden tildarse de aislados.

La legislación por ejemplo en Uruguay le concede a la violencia doméstica un artículo dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana - ley compuesta por 40 artículos-. La disposición que se incorporó al Código penal establece:

"El que por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo, causara una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia del vínculo legal, será castigado con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión.

La pena será incrementada de un tercio a la mitad cuando la víctima fuere una mujer o mediara las mismas circunstancias tuviera su capacidad física o psíquica disminuida y que tenga con el agente relación de parentesco o cohabite con él".

Si bien en la mayoría de los países esas normas tipifican la violencia contra la mujer como un delito, aún se carece de una asignación de recursos presupuestarios para garantizar el desarrollo de políticas estatales contra la violencia en forma sistemática, planificada e integral, cuyo contexto macrosocial debe asociarse a una mejor educación para la población, unido a un crecimiento económico equitativo para reducir a la pobreza.

Recientemente en una reunión, realizada en Uruguay con la participación de expertas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y el país anfitrión, se realizó un análisis sobre la violencia contra la mujer. Allí, entre otros puntos, una jueza uruguaya subrayó con especial hincapié el hecho que "aún nos tiembla la mano" cuando debemos procesar a quien a efectuado un acto violento contra alguna mujer. No siendo así en los delitos de otra naturaleza.

El objetivo del simposio, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la colaboración del Instituto Latino Americano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y el Centro Internacional para la Reforma del Derecho Penal y la Política en Materia e Justicia Penal(ICCLR), se concentró en la revisión y aplicación de la Convención de Belén do Pará (Brasil) que trata la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Los Estados miembros, en esta oportunidad se comprometieron y posteriormente ratificaron el acuerdo.

Transcurridos más de cinco años la CIM a través de estas jornadas que se irán realizando por subregiones, esta examinando y verificando los avances obtenidos en la materia y los obstáculos que persisten para la aplicación de la Convención.

Este proceso iniciado en Uruguay, es el primero de cuatro a desarrollarse en la región. En estos encuentros se trata de definir líneas conjuntas de acción a seguir e instrumentar. Las conclusiones se basaron principalmente en los obstáculos que continúan impidiendo los resultados en el tratamiento del fenómeno.

Se registró una insuficiencia de recursos destinados a la prevención, a la atención de las víctimas de violencia y al desarrollo de las políticas públicas que garanticen la permanencia de abordajes integrales al tema.

Se sostuvo además que no existen prácticamente datos estadísticos y periódicos que permitan saber cabalmente que ocurre, como ocurre, donde y entre quienes ocurre, para poder definir las dimensiones del problema y a partir de allí decidir las acciones que deberán llevarse a cabo desde los ámbitos involucrados: justicia, policía, salud y educación.

También se destacó la falta de capacitación y conocimiento de los diversos operadores que intervienen cuando se plantea una situación de violencia y la falta de servicios integrales que contemplen la atención, el seguimiento y la rehabilitación de víctimas y de victimarios.

Se notó una articulación insuficiente entre los Estados y las instituciones de la sociedad civil que trabajan en la temática. En cuanto a los avances se destacó el hecho que aumentó en los países la sensibilización y concientización hacia el problema, comprendiendo que el fenómeno de la violencia contra la mujer es un producto de relaciones de poder desiguales entre las personas.

Así pues la violencia no es un instinto, no es un reflejo ni tampoco una conducta necesaria para la supervivencia. La violencia se aprende en el proceso de sociabilización a través de la familia, de la escuela, los medios de comunicación, del grupo de iguales.

De ahí la necesidad de abordar este fenómeno en forma integral.

El objetivo final, que es erradicar la violencia contra la mujer, queda a veces relegado. Parece haberse disipado en cierta manera el impulso que existió para sustentar cambios significativos.

El tiempo enseñó a las mujeres a vivir con el problema y a la sociedad a tolerarlo, en lugar de que emerja a través de los Estados una renovada determinación para eliminarlo de raíz.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos ya arribó casi a un siglo de lucha por los derechos de la mujer en el continente.

¿Cuánto tiempo más habrá que esperar?

CIFRAS MAS RECIENTES

Un estudio realizado en Nicaragua por los expertos del BID, arrojó resultados que podrían reflejar lo que en la actualidad sucede en la región.

· El 32,8 por ciento de las mujeres entre 16 y 49 años son víctimas de violencia física severa(golpes, lanzamiento de objetos, uso de instrumentos cortopunzantes, quemaduras y empujones fuertes).

· El 45 por ciento de las mujeres sufren amenazas, gritos, insultos, o presencian destrucción de sus bienes personales.

· El 13,8 por ciento de las mujeres informan haber sufrido moretones como consecuencia de golpes de sus cónyuges.

· El 63,1 por ciento de los hijos de mujeres víctimas de violencia física severa han repetido alguna vez un año escolar.

· Los hijos de víctimas de violencia física abandonan en promedio general sus estudios escolares.

· En hogares con violencia física grave sobre la mujer, los hijos son 100 veces más propensos a ser hospitalizados.

· El 41 por ciento de las mujeres que no trabajan en forma remunerada son víctimas de violencia física grave, mientras que sólo el 10 por ciento de las que trabajan fuera de sus casas y perciben ingresos no lo son.