OEA/Ser.G
CP/doc.3541/02
8 enero 2002
Original: inglés
QUINTO
INFORME DE LA MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS
ESTADOS AMERICANOS A HAITÍ
Progreso hacia un acuerdo inicial
Este
documento se distribuye a las misiones permanentes
y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización
INTRODUCCIÓN
Con base en intensas consultas sobre Haití entre los
Jefes de Estado y de Gobierno en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada
en la ciudad de Quebec, Canadá, del 18 al 22 de abril de 2001, el Primer
Ministro canadiense Jean Chrétien declaró en la ceremonia de clausura, en la
parte pertinente de su intervención: “hemos pedido al Secretario General de la
OEA, César Gaviria, que actúe conjuntamente con la CARICOM, celebre consultas,
visite Port-au-Prince en un futuro cercano, informe de sus conclusiones a la
OEA antes de la próxima Asamblea General, y asegure un adecuado seguimiento de
la cuestión”.
En cumplimiento de esta solicitud, el Secretario General
de la OEA y la ex Primera Ministra de Dominica, señora Eugenia Charles,
encabezaron una misión conjunta de la OEA y la CARICOM a Haití, del 29 al 31 de
mayo de 2001, para continuar los esfuerzos emprendidos bajo la égida de la OEA
a efectos de resolver la crisis política derivada de las desordenadas
elecciones legislativas y locales celebradas en Haití en mayo de 2000.[1]/
La misión celebró consultas
con el Presidente Jean-Bertrand Aristide, con representantes de Fanmi Lavalas y
Convergencia Democrática y con otros sectores de la comunidad política, la
sociedad civil y la iglesia. La misión llegó a la conclusión de que, debido a
la desconfianza entre los dos principales protagonistas, el clima no era
propicio para mantener negociaciones directas con miras a resolver la crisis.
Cuando la misión se
disponía a abandonar el país, el Presidente Aristide envió una carta al
presidente del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea
General en la que se incluían cinco elementos que, en su opinión, “impulsarían
una solución de esta situación”, y solicitaba el apoyo de la comunidad
internacional a su iniciativa. La carta fue publicada como documento
AG/INF.260/01.
La Asamblea General
tomó los elementos que el Presidente ofrecía como base para las negociaciones y
aprobó la resolución 1831 para iniciar un proceso encaminado a concertar un
“acuerdo de base amplia entre el Gobierno de Haití, los partidos políticos, la
sociedad civil y otras instituciones pertinentes de la sociedad haitiana”,
encomendando al Secretario General que intensificara sus esfuerzos en la
consecución de ese objetivo. La resolución se adjunta como anexo 1.
En la implementación
de la resolución de la Asamblea General, la OEA ha tratado de alcanzar un
acuerdo consensual, sostenible y suficientemente amplio como para resolver la
crisis política. Un acuerdo que satisfaga esos criterios sólo es posible si se
tienen en cuenta las preocupaciones de las dos partes.
Tratando de fomentar
la confianza en un proceso paso a paso, la OEA adoptó un criterio que procuraba
la firma de un acuerdo inicial en torno a una serie de elementos clave, a lo
que seguiría, más tarde, la negociación de un acuerdo global en torno a una
gama más amplia de elementos.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto de
la Organización han avanzado sustancialmente en su intento de negociar un
acuerdo inicial. Los elementos principales del mismo eran la constitución de un
consejo electoral creíble y un acuerdo sobre una serie de medidas que crearían
un ambiente propicio para unas elecciones aceptables. Sin embargo, sus empeños
fracasaron hasta ahora al no lograr un consenso suficientemente amplio para
concluir las conversaciones, debido a las profundas diferencias en cuanto a la
fecha de esas elecciones y la situación de los funcionarios locales elegidos el
21 de mayo de 2000 durante el período comprendido entre la firma de un acuerdo
y la fecha de la celebración de nuevas elecciones. También existen dificultades
para reconciliar la estrategia de Fanmi Lavalas de lograr un acuerdo inicial
limitado estrictamente a los parámetros de la resolución de la Asamblea
General, y la intención de Convergencia Democrática de que se tengan en cuenta
la mayoría de sus preocupaciones, si no todas, en el acuerdo inicial.
A efectos de llevar
las conversaciones a una conclusión exitosa, en diciembre la OEA presentó a las
dos partes una propuesta de transacción que procura atender sus preocupaciones.
Se entiende en casi todos los ámbitos que la misma constituye la base para un
acuerdo justo que podría dar resultado. Sin embargo, la violencia y el desorden
intermitentes de origen político han creado un clima de inseguridad y
desconfianza mutua que sigue obstaculizando una conclusión exitosa.
El presente informe
abarca las negociaciones desde la aprobación de la resolución 1831 de la
Asamblea General, el 5 de junio de 2001, hasta la última ronda de
conversaciones, el 12 de diciembre de 2001.
En cumplimiento del mandato de la Asamblea General, el
Secretario General Gaviria y el Secretario General Adjunto Einaudi visitaron
Haití del 29 de junio al 3 de julio de 2001, a fin de fomentar un diálogo que
permitiera resolver la crisis.
Con el antecedente de
las declaraciones de la oposición política de que la resolución de la OEA no
atendía sus preocupaciones principales, la delegación sometió a su
consideración un documento de trabajo que incluía medidas paralelas para crear
un clima favorable a la celebración de elecciones creíbles.
El primer avance
importante en las conversiones se logró cuando Fanmi Lavalas y Convergencia
Democrática acordaron una fórmula para el establecimiento de un nuevo Consejo
Electoral Provisional (CEP). El Presidente Aristide y todos los sectores
involucrados en las negociaciones aceptaron que la fórmula de consenso crearía
una institución que satisfaría las normas previstas en la resolución de la
Asamblea General.
Las deliberaciones en
torno al mandato del CEP no llegaron a un acuerdo. En un momento crítico de las
deliberaciones, la Iniciativa de la Sociedad Civil propuso que los 18 senadores
y todos los diputados elegidos el 21 de mayo de 2000 se presentaran de nuevo a
las elecciones a fines de 2002, y que se celebraran elecciones locales al mismo
tiempo. Se propuso también que no se impugnarían las elecciones del 26 de
noviembre, en la que fueron elegidos el señor Jean-Bertrand Aristide y nueve
senadores. Convergencia Democrática respaldó la propuesta; Fanmi Lavalas no la
objetó; ambas partes pidieron un plazo para celebrar consultas.
Sin embargo, cuando se
reanudaron las deliberaciones, tras un cuarto intermedio de siete horas, Fanmi
Lavalas declaró en una contrapropuesta que siete senadores ya habían
renunciado, cinco senadores cuyos escaños no habían sido impugnados habían
convenido renunciar y seis senadores cuya elección no había sido impugnada
habían acordado que su mandato concluiría en 2004 y no en 2006.
La sesión fue
suspendida el martes 3 de julio, cuando quedó claro que no se podía lograr
consenso y ambas partes requerían más tiempo para reflexionar y mantener
consultas.
El Secretario General regresó a Port-au-Prince del 13 al
15 de julio de 2001 para impulsar las negociaciones. Durante esa ronda de
negociaciones, ambas partes llegaron a un consenso en torno a los siguientes
aspectos que se encontraban pendientes al suspenderse las negociaciones el 3 de
julio:
—
Papel y comportamiento de la Policía en el proceso electoral.
—
Establecimiento, funciones y modus operandi de una Comisión de
Garantías Electorales.
—
Cuestiones relativas al complemento de personal y la gestión
administrativa del CEP.
—
Normalización de las relaciones entre Haití y las instituciones
financieras internacionales.
El consenso en torno a estas cuestiones se refleja en la
Rev. 8 del proyecto de acuerdo inicial, que se adjunta a este informe como
anexo 2.
El domingo 15 de julio, el
Secretario General convocó una reunión entre representantes de la comunidad
internacional de donantes, por un lado, y el gobierno y Fanmi Lavalas, por el
otro, a efectos de examinar las relaciones de Haití con la comunidad en el
contexto de las negociaciones.
Las delegaciones del gobierno y de Fanmi Lavalas estaban
encabezadas por el Primer Ministro Chéréstal y el Senador Yvon Neptune,
presidente interino de Fanmi Lavalas, respectivamente. La comunidad de donantes
estaba representada por los embajadores de Estados Unidos, Francia, España,
Alemania, la Unión Europea y el Jefe del Organismo Canadiense de Desarrollo
Internacional en Port-au-Prince.
El Primer Ministro indicó que el gobierno había realizado
enormes sacrificios desde las elecciones controvertidas para corregir las
fallas identificadas por la comunidad internacional. Recalcó que la
interpretación del gobierno de la resolución 1831 de la Asamblea General de la
OEA, del 5 de junio de 2001, era que, a cambio de la renuncia de los siete
senadores impugnados, se iniciaría un proceso del cual la normalización de las
relaciones de Haití con la comunidad internacional sería un componente vital e
integral. Señaló que infería que existían pocas medidas recíprocas de parte de
la comunidad internacional a los esfuerzos del gobierno. La posición del Primer
Ministro fue respaldada por el Senador Neptune.
La comunidad hizo presente a la delegación que la
resolución de la OEA creaba una dinámica que facilitaba las negociaciones
directas e identificó tres etapas en la resolución:
—
La renuncia de los senadores impugnados
—
La creación de un consejo electoral creíble, independiente y neutral,
con un mecanismo operativo
—
La negociación de un acuerdo global
La comunidad preveía el retorno gradual a una relación
normal, con un desembolso gradual de fondos tras una solución positiva de la
crisis.
El Primer Ministro Chéréstal tomó nota de toda la
información proporcionada por las representaciones, pero expresó su
preocupación de que la normalización podría no comenzar tras la firma de un
acuerdo preliminar, sino tras la concertación de un acuerdo global.
El Secretario General expresó la opinión de que los
intercambios de ideas eran francos pero útiles puesto que imprimían
transparencia a las relaciones entre Haití y la comunidad internacional. Señaló
la necesidad de un mayor fomento de la confianza, lo que se vería facilitado
por un acuerdo.
Durante las deliberaciones sobre el mandato del CEP,
Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática acordaron que las elecciones
legislativas debían celebrarse en noviembre de 2002 para 18 senadores y todos
los miembros de la Cámara de Diputados. Las dos partes no llegaron a un
consenso sobre las elecciones para las colectividades territoriales.
Convergencia Democrática se inclinaba por celebrar las elecciones locales junto
con las elecciones legislativas, en la misma fecha de noviembre de 2002.
Fanmi Lavalas propuso mayo de 2003 para las elecciones
locales y luego ofreció, como segunda opción, una elección para el legislativo
y las colectividades territoriales en una fecha a determinar, entre marzo y
julio de 2003. Convergencia Democrática presentó, como contrapropuesta, la
primera ronda de elecciones para el legislativo en noviembre de 2002, y la
segunda ronda de dichas elecciones junto con las elecciones locales, en una
fecha a ser determinada por el CEP.
Convergencia Democrática presentó una nueva propuesta,
que no había sido considerada, sobre un calendario para los titulares que
fueron elegidos en las elecciones del 21 de mayo de 2000, a fin de que quedaran
vacantes los escaños antes de las nuevas elecciones. Fanmi Lavalas objetó
enérgicamente el calendario de abandono de los cargos en base a que la OEA no
había detectado deficiencias en las elecciones locales y, por tanto, los
funcionarios debían considerarse debidamente elegidos y debía permitirse que
concluyeran su mandato. Además, Fanmi Lavalas argumentó que esa exigencia
amenazaría seriamente los planes para la conmemoración del bicentenario de la
Independencia de Haití en enero de 2004.
El Secretario General suspendió las negociaciones cuando
quedó claro que era improbable llegar a un consenso sobre esta cuestión vital
en el curso de las negociaciones.
El 28 de julio de 2001, hombres
armados atacaron la academia de policía cerca de Port-au-Prince y tres
destacamentos policiales en el país. Cinco oficiales de policía resultaron
muertos y se informó de 14 heridos. Once presuntos ex miembros del disuelto
ejército haitiano fueron arrestados en la República Dominicana en relación con
el incidente. El Gobierno de Haití describió los ataques como un intento de
derrocamiento y acusó a la oposición política de complicidad en el incidente.
La oposición rechazó esas acusaciones y declaró que el gobierno estaba usando
el incidente como pretexto para detener y perseguir a sus partidarios.
El incidente creó un renovado clima de desconfianza en la
comunidad política y amenazó con frustrar las negociaciones. La oposición
utilizó el incidente para exigir garantías adicionales o el fortalecimiento de
los mecanismos de control o verificación en el acuerdo inicial.
En cumplimiento de una disposición
de la resolución 1831 del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, el Secretario General estableció, el 2 de octubre de 2000, un
Grupo de Amigos de Haití para contribuir a los empeños por resolver las
dificultades del país. El Grupo estaba constituido por los países siguientes:
Argentina, Alemania, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, España, Estados Unidos de
América, Francia, Guatemala, México, Noruega, República Dominicana y Venezuela.
Entre numerosas funciones, el Grupo de Amigos sirve de
órgano asesor oficioso al Secretario General y ayuda a presentar opiniones y
temas a las autoridades políticas de Haití. También brinda apoyo a diversas
actividades explícitamente dispuestas por mandato de la resolución de la
Asamblea General, tales como el fortalecimiento de la democracia, la promoción
de los derechos humanos y el desarrollo social y económico en Haití..
El Secretario General Adjunto
Einaudi emprendió una nueva misión a Haití del 12 al 14 de octubre de 2001 para
relanzar las negociaciones y tratar de llegar a un acuerdo inicial.
Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática acordaron
reanudar las negociaciones directas a partir del punto en que se encontraban
cuando fueran suspendidas el 15 de julio. Asimismo, acordaron el siguiente
temario:
—
La fecha de las elecciones
—
El calendario de salida de quienes ocupaban cargos
—
El clima para unas elecciones creíbles
Las negociaciones fueron intensas y revelaron las
diferencias sustanciales entre ambas partes. El Embajador Einaudi trató de
centrar las conversaciones en las fechas de las elecciones en forma neutral y
desapasionada, evitando la explicación de las razones por las cuales debían
celebrarse, y presentó la propuesta siguiente:
—
Elecciones para dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados en
noviembre de 2002
—
Elecciones para las colectividades territoriales en marzo de 2003
—
Elecciones indirectas que se celebrarían después de las mencionadas
elecciones
La propuesta de la OEA no trataba la cuestión de cuándo
los funcionarios electos dejarían sus cargos, pero estaba dentro de los
parámetros de lo que el gobierno había ofrecido en julio.
Fanmi Lavalas solicitó que la OEA enmendara su posición
volviendo a poner el adjetivo “anticipadas” para calificar las elecciones.
Asimismo, sugirió junio como fecha para las elecciones locales e indicó que su
voluntad de adelantar esas elecciones respecto de la fecha fijada de noviembre
de 2003 procuraba exclusivamente adaptarse a la conmemoración del bicentenario
de la Independencia de Haití.
El Embajador Einaudi decidió mantener su propuesta como
transacción y evitar todo adjetivo que favoreciera a alguna de las partes.
Convergencia Democrática aceptó la propuesta de la OEA sin condiciones. Fanmi
Lavalas rechazó la propuesta insistiendo en el adjetivo “anticipadas” para
negar a la oposición toda oportunidad de sostener que se trataba de nuevas
elecciones porque las del 21 de mayo de 2000 eran inválidas.
El reiterado rechazo de Fanmi Lavalas a la transacción
propuesta interrumpió las negociaciones.
Sin embargo, algo se había adelantado. Fanmi Lavalas y
Convergencia Democrática reafirmaron su aceptación de noviembre de 2002 para
las elecciones legislativas. No obstante, las conversaciones fracasaron porque
no pudieron acordar una fecha para las elecciones locales. El gobierno quería
que los funcionarios locales que fueron elegidos el 21 de mayo de 2000
concluyeran su mandato. Convergencia consideraba que esa posición constituía un
obstáculo a la neutralidad porque el control de las autoridades locales por
parte de Lavalas iría en detrimento de la oposición en las elecciones.
La OEA presentó un mecanismo para responsabilizar por sus
actos a los funcionarios locales desacreditados y eximir a los demás, a fin de
permitir una semblanza de justicia. Fanmi Lavalas y el gobierno respondieron
por escrito con una contrapropuesta de carácter general. Convergencia estuvo de
acuerdo en principio con el mecanismo de la OEA, pero prometió agregar algunos
elementos nuevos.
Cuando se suspendieron las negociaciones, el 14 de
octubre de 2001, las posiciones de Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática
sobre las cuestiones debatidas eran las siguientes:
Propuesta de la OEA (respaldada por Convergencia)
A. Organizar, en noviembre
de 2002, elecciones para la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.
B. Organizar, a más tardar en marzo de
2003, elecciones para las colectividades territoriales. Las elecciones
indirectas se celebrarán después de esas elecciones.
A. Organizar elecciones anticipadas en
noviembre de 2002 para la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.
B. Organizar elecciones para las
colectividades territoriales en una fecha a ser determinada por el Consejo
Electoral Provisional durante el primer semestre de 2003. Las elecciones
indirectas se celebrarán después de las de las colectividades territoriales.
Los que ocuparon
los escaños parlamentarios en las elecciones de mayo de 2000 permanecerán en
sus cargos hasta que se declaren los resultados de las elecciones propuestas y
los nuevos parlamentarios electos presten juramento para ocupar los escaños.
B. Colectividades
territoriales (Alcaldes y CASEC)
Los funcionarios
que ocuparon los cargos en las elecciones del 21 de mayo de 2000 permanecerán
en funciones hasta la conclusión de su mandato, en enero de 2004.
Propuesta de Convergencia Democrática
A.
Los senadores y diputados, ASEC y DV mantienen sus cargos hasta marzo
de 2002.
B. La Comisión de Garantías Electorales
examinará los antecedentes de los alcaldes y CASEC para garantizar que no
tuvieron un comportamiento antidemocrático.
Los que cumplan
los requisitos serán designados como Agentes Ejecutivos Interinos, que
permanecerán en sus cargos hasta que asuman sus sucesores, normalmente unos dos
meses después de las elecciones.
Los considerados
inmerecedores del cargo serán sustituidos. Una Comisión conjunta de Fanmi
Lavalas y Convergencia Democrática recomendará su sustitución.
En una reunión oficiosa del Grupo de
Amigos en la sede de la OEA en Washington, D.C., para debatir los resultados de
las conversaciones de octubre, se formó un consenso en torno a una propuesta
del Embajador de la Argentina ante la OEA de que, sobre la base de consultas
oficiosas en torno a los temas en cuestión, la OEA debía proponer algunos
elementos de acuerdo a ambas partes. La idea dio lugar en última instancia a un
documento titulado “Elementos para una propuesta de transacción”, formulado
para lo que se preveía como la ronda final de conversaciones para concertar un
acuerdo inicial (anexo 3).
El Secretario General César Gaviria
visitó brevemente Haití el 30 de noviembre de 2001 para exhortar a Fanmi
Lavalas y Convergencia Democrática a emprender con decisión y mayor resolución
las negociaciones hacia un acuerdo inicial.
El Secretario General estuvo acompañado de los
Embajadores Albert Ramdin, Denneth Modeste y Sergio Romero, el Representante
Personal del Secretario General en Haití.
La delegación mantuvo conversaciones separadas, durante
un período de seis horas, con el Presidente Aristide, miembros de Convergencia
Democrática, los representantes de la Iglesia Católica Romana y representantes
del Grupo de Amigos de Haití.
El Secretario General se formó la
impresión de que tanto el Presidente como los integrantes de la oposición
estaban dispuestos a debatir las cuestiones pendientes y explorar fórmulas preparatorias
de negociaciones globales. Subrayó ante todas las partes la importancia de
concluir las conversaciones con celeridad, en aras del interés nacional, y
comunicó que las medidas ulteriores dependerían de una evaluación de parte del
Secretario General Adjunto Luigi R. Einaudi.
El Embajador Einaudi llegó a Haití
el 5 de diciembre, cinco días después de la partida del Secretario General, con
el propósito de celebrar consultas bilaterales en torno a la propuesta de
transacción formulada por la OEA.
En un período de siete días, la delegación de la OEA
examinó con las dos partes los elementos de transacción de la OEA, procurando
aperturas para lograr un consenso en torno a las cuestiones pendientes. Fanmi
Lavalas demostró cierta disposición a transigir en torno a la fecha de las
elecciones y a la situación de los funcionarios locales después de la firma del
acuerdo. La delegación de Lavalas pareció dispuesta a aceptar la celebración de
una elección conjunta en marzo de 2003 para el legislativo y las autoridades
locales. Cuando Convergencia parecía dispuesta a aceptar la fecha de enero de
2003 para las elecciones legislativas y locales, la delegación de la OEA se
persuadió de que la fecha de la elección no era un problema insuperable.
Sin embargo, las conversaciones se vieron opacadas por un
clima de inseguridad, desconfianza mutua y recriminaciones ocasionado por la
muerte cruenta del periodista local Brignol Lindor, el 3 de diciembre, a manos
de una turba presuntamente vinculada a Fanmi Lavalas. Convergencia se hizo eco
de acusaciones generalizadas de que el alcalde de Petit-Goave, ciudad en la que
se produjo el incidente, apenas unos días antes del mismo había amenazado
públicamente la vida del mismo periodista. En el contexto de las negociaciones
en que el comportamiento de los funcionarios locales es un asunto crítico, el
incidente endureció la posición de Convergencia, que insistió en su mecanismo
para el abandono de los cargos por parte de esos funcionarios antes de las
próximas elecciones.
Cuando se hizo evidente que no se llegaría a un acuerdo
en el curso de la visita, el Embajador Einaudi solicitó a ambas partes
respuestas por escrito al documento de la OEA sometido a su consideración.
Sobre la base de las conversaciones con el Presidente
Aristide, la delegación de la OEA se formó la clara impresión de que el
documento de Lavalas representaba un ofrecimiento serio de nuevas
deliberaciones en torno a los elementos de los documentos de la OEA que el
Presidente consideraba que podían formar la base de una solución, si la
oposición demostraba mayor flexibilidad.
Convergencia Democrática afirma que
existieron gruesas irregularidades en las elecciones locales y legislativas del
21 de mayo de 2000 y en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de
2000. Señala que si Jean-Bertrand Aristide se niega a otorgar nuevas
concesiones sobre el 21 de mayo, insistirá en su impugnación de la legitimidad
de las elecciones presidenciales.
Fanmi Lavalas acepta que las elecciones legislativas no
fueron perfectas, pero repudia toda implicación de que las mismas deban
desconocerse por fraudulentas. En esta posición, esgrime el apoyo del informe
oficial de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que se concentraba en
“irregularidades” específicas. Fanmi Lavalas rechaza frontalmente todo intento
de Convergencia Democrática de cuestionar la integridad de las elecciones
presidenciales del 26 de noviembre de 2000.
En el curso de las negociaciones directas, el 2 de julio
de 2001, Convergencia Democrática ofreció una concesión importante al acordar
no impugnar las elecciones presidenciales. Los negociadores de Convergencia
Democrática actuaron en la expectativa de que Fanmi Lavalas cedería en relación
con las elecciones legislativas y municipales del 21 de mayo. Fanmi Lavalas en
realidad ofreció nuevas elecciones legislativas y municipales, pero por razones
políticas se negó a celebrar las elecciones municipales en la fecha que ambas
partes habían convenido para las elecciones legislativas: noviembre de 2002.
Al acordar nuevas elecciones a todos
los niveles, Jean-Bertrand Aristide demostró su voluntad de corregir las
elecciones del 21 de mayo. Sin embargo, su insistencia en que los funcionarios
locales completen sus mandatos es enérgicamente resistida por los dirigentes de
Convergencia, por dos razones: les priva de la oportunidad de reclamar que las
elecciones del 21 de mayo de 2000 fueron nulas e inválidas y garantiza que
Fanmi Lavalas estará en condiciones de abusar del poder en las votaciones
cuando se celebren nuevas elecciones.
La cuestión de la fecha en que los electos en las
elecciones del 21 de mayo de 2000 dejarían sus cargos se complica aún más por
la incertidumbre en cuanto a lo que ello implicaría para la legitimidad de su
acción mientras ocupen los cargos. Por ejemplo, ¿cuáles serían las
implicaciones para medidas tales como la ratificación parlamentaria de
préstamos del BID pendientes? Dentro de Haití, un repudio general a las medidas
del parlamento actual difícilmente contribuiría a la estabilidad.
En las primeras horas de la mañana
del lunes 17 de diciembre, un grupo armado lanzó un ataque contra el palacio
presidencial de Port-au-Prince. Se informó de la muerte de cinco oficiales de
policía en el ataque.
En ulteriores actos de violencia, fueron incendiadas las
residencias de varios líderes de la oposición y las oficinas de Convergencia
Democrática y de tres de los partidos que la integran.
Existe cada vez más la impresión de que esos hechos
atrasaron seriamente el avance de las negociaciones y crearon condiciones que
no favorecen el diálogo.
El 27 de diciembre dos importantes dirigentes de
Convergencia se dirigieron por escrito al Secretario General pidiendo la
invocación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana y adjuntaron
su versión de los hechos del 17 de diciembre. El informe de Convergencia se
centra en lo que denomina “actos de guerra contra Convergencia” tras el ataque
al Palacio. Entre ellos menciona el incendio y saqueo de las oficinas del
partido y de residencias privadas en todo el país, así como actos contra
periodistas. En muchos de esos actos, Convergencia registra la participación de
Fanmi Lavalas y de ministerios de gobierno. El 1 de enero, en un mensaje a la
nación en ocasión del 198 aniversario de la Proclama de la Independencia de
Haití, el Presidente Jean-Bertrand Aristide reconoció que “hay una crisis en
nuestro país; no obstante, ni la crisis ni la ambición deben hacernos olvidar
que somos hermanos y hermanas” y recalcó que “necesitamos puentes de diálogo y
no muros de exclusión”.
Tanto Fanmi Lavalas como Convergencia Democrática tienen
que estar en condiciones de argumentar que obtuvieron logros suficientes en
cualquier acuerdo para poder suscribirlo y recomendarlo a sus partidarios.
Sobre la base de los elementos del
proyecto de acuerdo que ya han sido aceptados por ambas partes, Convergencia
Democrática obtendría los siguientes logros:
—
Una fórmula convenida para un Consejo Electoral Provisional creíble,
neutral e independiente.
—
La presencia de una Misión Especial de la OEA para controlar la
implementación del acuerdo.
—
El despliegue de la Misión de Observación Electoral de la OEA para
garantizar la credibilidad de las elecciones.
—
Asistencia internacional para fortalecer a los partidos políticos.
Convergencia
también obtendría ventajas adicionales si ambas partes aceptan la propuesta de
transacción para poner fin a la crisis.
—
Nuevas elecciones legislativas y locales.
—
Sustitución de los funcionarios locales que abusaron del poder y un
mecanismo para controlar el cumplimiento de la constitución, la ley electoral y
el acuerdo político.
En general, la oposición
lanzaría su campaña electoral en un entorno político más propicio para
elecciones creíbles.
Tras la firma del acuerdo inicial,
la OEA emprenderá el proceso de normalización de las relaciones de Haití con
las instituciones financieras internacionales, de conformidad con la resolución
1831 de la Asamblea General.
La inyección de fondos retenidos por la comunidad
internacional de donantes en la economía haitiana generaría una actividad
económica que mejoraría el bienestar de la población. Ello contribuiría a la
estabilidad del país, garantizando un mandato más seguro al presidente.
El acuerdo reduciría el espectro de la ilegitimidad que
ha echado sombras sobre las instituciones políticas de Haití, los funcionarios
elegidos y todas sus deliberaciones desde las elecciones impugnadas.
La OEA reconoce que tanto Fanmi Lavalas como Convergencia
Democrática han hecho importantes concesiones –y lo celebra– respecto de sus
posiciones originales, y que se ha avanzado enormemente en los empeños por
llegar a una solución.
Sin embargo, la Organización se siente hondamente
preocupada ante la intensificación de la espiral de violencia y agresión mutua
que profundiza la crisis y ocasiona un mayor deterioro de las condiciones
económicas y sociales de Haití.
ANEXO I
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 5 de junio de 2001)
LA ASAMBLEA GENERAL,
TENIENDO EN CUENTA:
Que el preámbulo de la Carta de
la OEA establece que la democracia representativa es condición indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;
Que,
de acuerdo con la Carta, uno de los propósitos esenciales de la Organización es
promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al
principio de no intervención;
Que otro de sus propósitos es
promover, por medio de la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y
cultural;
El Compromiso de Santiago con la
Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano (1991), la Declaración de
Managua (1993) y las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de las
Américas (Miami, 1994, y Santiago 1998);
Que los Jefes de Estado y de
Gobierno de las Américas, en la Tercera Cumbre de las Américas, pusieron
énfasis en su compromiso de defender y fortalecer la democracia en todo el
Hemisferio;
El compromiso de la OEA y de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) de continuar sus aportaciones al fortalecimiento
de la democracia en Haití;
RECORDANDO las conclusiones de la
Misión de Observación Electoral de la OEA en Haití sobre las elecciones del 21
de mayo de 2000, presentadas en el informe al Consejo Permanente
(CP/doc.3383/00);
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución
CP/RES. 772 (1247/00), del 4 de agosto de 2000, en la cual el Consejo
Permanente, por solicitud del Gobierno de Haití, autorizó al Secretario General
a encabezar una misión en Haití para “identificar, con el Gobierno de Haití y
otros sectores de la comunidad política y la sociedad civil, las opciones y
recomendaciones destinadas a resolver, a la mayor brevedad posible,
dificultades como las que han surgido de las diferentes interpretaciones de la
Ley Electoral, y seguir fortaleciendo la democracia en ese país”;
TOMANDO NOTA de los informes
presentados al Consejo por la Secretaría General acerca de las visitas a Haití
del Secretario General y el Secretario General Adjunto durante el período
comprendido entre el 16 de agosto de 2000 y el 10 de febrero de 2001, y de los
informes de esas misiones incluidos en los documentos CP/doc.3349/00, del 24 de
agosto de 2000, CP/doc.3371/00, del 9 de noviembre de 2000 y CP/doc.3419/01
corr. 2, del 13 de marzo de 2001;
TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN:
La exposición del Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto de Haití ante el Consejo Permanente el 14 de
marzo de 2001;
La resolución CP/RES. 786
(1267/01) corr. 2 adoptada por el Consejo Permanente de la OEA, en la cual
resolvió “expresar la convicción de que la solución de la crisis surgida a raíz
de las elecciones del 21 de mayo de 2000 es fundamental para la democracia y el
respeto de los derechos humanos en Haití”;
Que en esa resolución el Consejo
Permanente también resolvió “solicitar al
Secretario General que realice las consultas necesarias con el Gobierno de
Haití y otros sectores de la comunidad política y la sociedad civil, teniendo
en cuenta la exposición del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Haití
sobre la posibilidad de un diálogo para resolver la crisis surgida a raíz de
las elecciones del 21 de mayo de 2000 y el fortalecimiento de la democracia y
el respeto de los derechos humanos en Haití[SR1]”
y que presente “un informe sobre sus
consultas y, si procede, proponer otras medidas que pudieran contribuir al
fortalecimiento del proceso democrático en Haití”;[SR2]
La declaración formulada por el
Presidente de la Tercera Cumbre de las Américas, el Primer Ministro de Canadá,
en la ceremonia de clausura celebrada el 22 de abril de 2001, en la que
reconoció los problemas que continúan limitando el desarrollo democrático,
político, económico y social de Haití en el futuro cercano y solicitó al
Secretario General que, en colaboración con la CARICOM, visitara Haití,
informara a la OEA sobre el resultado de sus observaciones y garantizara un
seguimiento adecuado;
La decisión adoptada el 9 de mayo
de 2001 por el Presidente de la Conferencia de la Comunidad del Caribe
(CARICOM), el Primer Ministro de Barbados, y el Secretario General de la OEA
para constituir una Misión Conjunta OEA-CARICOM a Haití;
La visita de la Misión Conjunta
OEA-CARICOM, realizada del 29 al 31 de mayo de 2001, dirigida por el Secretario
General y la ex Primera Ministra de Dominica, señora Eugenia Charles, cuyo
informe figura en el documento AG/INF.264/01;
PREOCUPADA de que la crisis
política continúa sin resolverse y que la persistente desconfianza entre los
actores políticos continúa obstaculizando la posibilidad de entablar
conversaciones de amplio alcance que puedan conducir a una solución sostenible
de los problemas surgidos de las elecciones del 21 de mayo de 2000, con base en
un acuerdo general entre el Gobierno de Haití, los partidos políticos y la
sociedad civil y otras instituciones pertinentes de la sociedad haitiana, con
miras a resolver la crisis política y fortalecer la democracia y el respeto a
los derechos humanos en ese país;
RECONOCIENDO la necesidad de
contar con asistencia financiera y técnica con miras a contribuir a la
promoción del desarrollo económico y social de Haití; y
RECIBIDA una carta del Presidente
de Haití al Presidente del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la
Asamblea General de la OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de
Costa Rica (AG/INF.260/01 corr.1),
RESUELVE:
1. Reiterar su profunda preocupación por
la continuación de la crisis política en Haití, surgida a raíz de las elecciones
del 21 de mayo de 2000.