OEA/Ser.G
CP/doc.
3616/02
28 mayo
2002
Original: español
ACTUAL SITUACIÓN EN
VENEZUELA
(Documento presentado por la Delegación de Venezuela en la sesión
del Consejo Permanente celebrada el 28 de mayo de 2002)
ACTUAL SITUACIÓN EN VENEZUELA
Informe que la Misión Permanente de la República
Bolivariana de Venezuela presenta para la consideración del Consejo Permanente
de la OEA
Washington D.C., Martes 28 de mayo de 2002
I. Antecedentes
Venezuela sufrió el 11 de abril de 2002 un golpe
de Estado que significó una interrupción abrupta del orden democrático y
constitucional.
La Comunidad Internacional condenó estos hechos.
El Hemisferio parecía retrotraerse a aciagas situaciones del pasado, signadas
por el quebrantamiento de las libertades fundamentales y el irrespeto a los
derechos humanos. Durante las cuarenta y ocho (48) horas, que el gobierno de facto permaneció en el
poder, los golpistas mostraron su naturaleza represiva y antipopular.
Los Jefes de Estado de los países miembros del
Grupo de Río, reunidos en San José de Costa Rica, el 12 de abril de 2002,
cuestionaron la ruptura del orden constitucional, e instaron a la normalización
de la institucionalidad democrática. Asimismo, solicitaron la convocatoria a
una sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, conforme al
artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Este foro político, reunido
el 13 de abril en la ciudad de Washington D.C., adoptó la Resolución CP/RES.
811 (1315/02) titulada “Situación en Venezuela”, mediante la cual también
condenó la alteración del orden constitucional y convocó a un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
El día 18 de abril de 2002, se realizó, en
Washington, D. C., el Vigésimo Noveno Período Extraordinario de Sesiones.
Histórica la decisión tomada. Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Delegación, aprobaron la Resolución
AG/RES.1 (XXIX-E02) denominada: “Apoyo a la Democracia en Venezuela”, mediante
la cual expresaron su “satisfacción por el restablecimiento del orden
constitucional y del gobierno democráticamente elegido del Presidente Hugo
Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela”. Manifestaron “la
determinación de los Estados Miembros de seguir aplicando, con estricto apego a
la letra y al espíritu; y sin distinción, los mecanismos previstos por la Carta
Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia
representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para sustituir a
cualquier gobierno democrático en el Hemisferio”. Respaldaron “la iniciativa
del Gobierno de Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin
exclusiones”, y exhortaron “a todos los sectores de la sociedad venezolana para
que participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de
lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela...”.
Por otra
parte, los Cancilleres encomendaron al Consejo Permanente de la Organización
presentar “un informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período
de sesiones de la Asamblea General”. En cumplimiento de ese mandato la reunión
de hoy aprobará el Informe.
En este contexto, nuestra Delegación presenta las
consideraciones que tiene el Gobierno de Venezuela sobre los trágicos y
desafortunados hechos ocurridos y las políticas que se adelantan actualmente
para lograr la plena normalidad institucional en nuestro país.
II. Restitución del orden constitucional
Como es
del dominio de la Comunidad Internacional, un clamoroso movimiento popular, en
alianza con una Fuerza Armada Nacional, apegada a los valores fundamentales de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, logró el
restablecimiento del orden constitucional y restituyó en la primera
magistratura al Presidente Hugo Chávez Frías. Hecho inédito y sin precedentes en la historia política de nuestro
Continente. Gobernantes democráticamente electos fueron removidos del ejercicio
de sus funciones mediante golpes de Estado, sin que inmediatamente aparecieran
movimientos sociales y políticos con fuerza suficiente para restaurarlos. No
fue éste el caso de Venezuela. La Fuerza Armada demostró ser, en la mayoría de
sus componentes y estructuras fundamentales de mando, profundamente
democrática.
Las primeras palabras del Presidente Hugo Chávez,
al reasumir sus funciones como Jefe de Estado, en la madrugada del domingo 14
de abril de 2002, estuvieron orientadas a promover un clima de paz y
reconciliación. Convocó al imperio de la racionalidad política. A la
reunificación del país. Se comprometió a continuar implementando el proyecto
político que lidera (en aras de alcanzar un país más justo, equitativo,
libertario), en un marco democrático y pacífico. Hizo un llamado a la reflexión
de todos los sectores políticos y sociales, sin exclusión alguna, para buscar
alternativas, apegadas a la Constitución. Expresó que regresaba a cumplir con
la alta función encomendada por el pueblo soberano, sin ánimo de retaliación ni
espíritu revanchista. Reafirmó la disposición de su gobierno de respetar los
derechos humanos, sin menoscabo alguno. Manifestó su disposición de convocar a
un gran diálogo nacional con el propósito de superar los principales problemas
que aquejan al país.
El gobierno venezolano heredó, desafortunadamente,
un país plagado de injusticias. Los cuantiosos ingresos nacionales derivados de
las exportaciones petroleras no fueron utilizados, por quienes habían ejercido el poder público en los últimos años,
para desarrollar de manera integral el país; para modernizar el Estado; para corregir las seculares
iniquidades y alcanzar una sociedad más inclusiva. Por el contrario, las
desigualdades sociales, económicas y territoriales se profundizaron. La pobreza
creció a niveles sin precedentes.
III.
Agresiones contra la democracia venezolana
La Constitución Nacional promulgada en 1999
postula el ejercicio de la democracia participativa, protagónica y responsable
de los ciudadanos. Principios que viabilizan la democracia representativa, en
la medida en que generan mecanismos de comunicación y diálogo para que todos y,
en particular, los excluidos de siempre sean escuchados por quienes dirigen la
cosa pública.
En Venezuela se ha intensificado, como nunca, la
participación política. En apoyo al Presidente Chávez se movilizan
frecuentemente sectores sociales, especialmente los que Frank Fannon llamara
“los condenados de la tierra”. Los opositores políticos recurrentemente toman
las calles para expresarse. Expresiones inequívocas del pluralismo político que
caracteriza a una sociedad democrática, como la venezolana de este tiempo.
El amplio debate que se da en Venezuela, expresa
el necesario y complejo proceso de cambios de naturaleza progresista que
demanda el país en todos los órdenes. Un verdadero desafío histórico. La
mayoría determinante de nuestra sociedad aspira profundizar y perfeccionar la
democracia, conjugando la vigencia del estado de derecho, con un estatuto de
equidad económica, social y
territorial. Para el Gobierno de
Venezuela, Democracia y Justicia son dos caras de una misma moneda.
Hay, sin embargo, quienes se oponen a los cambios.
Muchos de ellos por confusión. Una minoría, la que ha detentado los privilegios
del poder y usufructuado groseramente las inmensas riquezas generadas por la
economía petrolera venezolana, ha logrado desafortunadamente irrigar su
antidemocrática ideología. Minoría que se opone obstinadamente a cualquier
alternativa que signifique equilibrio y justicia en la distribución de la
riqueza. En su insensata conducta recurre hasta al expediente del racismo para
descalificar a los sectores populares y sus líderes. El racismo ha logrado
lamentablemente, en Venezuela, ensanchar su clientela. La ideología que lo
soporta, que estaba confinada a reducidos nichos, ha penetrado en ciertos estratos de la sociedad. Preocupante
fenómeno en una sociedad que históricamente se ha configurado, al influjo de
una cultura igualitaria y tolerante.
El Gobierno considera legítima a la oposición.
Absolutamente necesaria para perfeccionar la democracia. Ella nunca había
tenido en nuestro país tantas posibilidades de expresarse. No pocas veces se
desborda en sus críticas. Aún así, sus voceros reciben un tratamiento, por
parte del Gobierno, respetuoso y considerado. A los golpistas del 11 de abril
se les ha resguardado sus derechos humanos, el debido proceso. Y hasta se les
invita al Parlamento Nacional, donde hay una correlación de fuerzas mayoritaria
que respalda al Presidente Chávez, para que expresen sus opiniones, las cuales
son amplia e instantáneamente divulgadas a través de todos los medios de
comunicación. Cuan tolerante el gobierno venezolano. Conducta sin parangón en
la historia de América Latina y el Caribe.
El crimen, la tortura, la cárcel y la persecución han sido las recetas
que, con cierta frecuencia, se ha aplicado a los disidentes políticos, a
quienes irrumpen contra los poderes constituidos.
El cabecilla civil de la operación golpista
publica sus artículos de opinión en la prensa nacional. Guardaba detención en
su propia casa, junto a su familia. De allí logró acceder hasta la residencia
de la Embajada de Colombia, país que le concedió asilo. El presidente Chávez ha
autorizado que se le otorgue el salvoconducto que le permitirá salir del país.
El Presidente Chávez ha reafirmado, de manera
reiterada, la necesidad del entendimiento nacional. Manifestantes de la
oposición, de manera recurrente, se lanzan a las calles. Igual derecho tienen
los partidarios del Presidente de defender sus banderas. El estado de
excepción, situación prevista en la
Constitución Nacional, nunca se ha decretado a pesar de las difíciles
circunstancias por las cuales ha
atravesado el país.
En esta hora, cuando las tensiones políticas han
alcanzado elevada temperatura, el diálogo es la única vía para encontrar
soluciones a los conflictos de intereses.
Los planes conspirativos para desestabilizar el
orden democrático no han cesado. En honor a la verdad, se iniciaron desde el
mismo momento en que el Presidente Chávez obtuvo la victoria electoral. A pesar
de la derrota que han sufrido los sectores antidemocráticos, aún insisten en
provocar confrontaciones indeseables y se rehusan a participar en el diálogo
que propone el Jefe del Estado. Haciendo uso de ingentes recursos adelantan en
el país y en el exterior una campaña para desprestigiar al Gobierno. Su obsesión
es derrocar al Presidente Chávez, por
cualquier medio, aún a costo de la ruina del país. Ninguna alternativa
desestiman para lograr sus insensatos propósitos. Se resisten a competir en el
terreno de la democracia y a acatar el orden constitucional.
Las autoridades competentes investigan los sucesos
golpistas y a sus actores, con sindéresis y magnanimidad. Tratan de determinar,
con estricto apego al orden jurídico vigente, las responsabilidades que
competen a los protagonistas del desafuero.
IV. Lamentables consecuencias
El colofón del llamado a la huelga general
indefinida fue la marcha de la oposición convocada el 11 de abril para hacer el
recorrido desde Parque del Este hasta Chuao sede de PDVSA, en Caracas. La
muchedumbre fue manipulada en su emotividad, fervor y buena fe, por algunos
líderes quienes auparon a que continuara hacia el Palacio de Miraflores,
contraviniendo las normas que autorizan previamente cualquier movilización de
calle.
Diversos personeros del gobierno -y hasta el
propio Presidente de la República- llamaron la atención de los líderes de la
manifestación, para que actuaran con
mayor prudencia, ponderación y racionalidad a fin de evitar un
enfrentamiento altamente inconveniente entre los grupos antagónicos en la
periferia del Palacio de Miraflores. Se hizo caso omiso a estos llamados,
creándose un ambiente de confusión y enfrentamiento. Sobrevino entonces la
tragedia: derramamiento de sangre.
Los días 11, 12 y 13 de abril fueron trágicos.
Ocurrieron muertes y graves atentados contra la propiedad privada. La angustia
y el desasosiego invadieron los hogares venezolanos.
Unos
pocos actores del mundo civil y militar, quienes habían diseñado con antelación
una estrategia golpista y antidemocrática, manipularon y utilizaron el
incuestionable derecho que tiene cualquier sector de la sociedad a disentir de
las políticas oficiales. Eso fue lo que ocurrió el 11 de abril. Ese día
activaron dispositivos militares previamente programados para derrocar al
Presidente legítimamente electo. Y lo lograron por pocas horas. Las lamentables
muertes ocurridas en medio de la confusión y la violencia, fueron enarboladas
por sectores de la oposición para inculpar al Presidente. Miembros de la
oficialidad militar fueron, ciertamente, confundidos en su buena fe. En medio
de la caótica situación y de la manipulación mediática los golpistas
detuvieron e incomunicaron al Presidente. Nombraron a un gobernante de facto
quien anunció, en el marco de su juramentación, en la tarde del 12 de abril, la
disolución de todos los poderes del Estado; la nulidad de la Constitución
aprobada por más del 80% de la población en referéndum, el primero de la
historia del país. Eliminó por decreto 48 leyes de carácter social y económico.
Destituyó a todos los gobernadores, alcaldes, juntas parroquiales, electos por
votación universal y directa. Y hasta eliminó el nombre del país, mancillando
así la figura egregia del Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar. El
gobierno de facto desató una feroz persecución contra parlamentarios y líderes
afectos al Presidente Chávez.
Según el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, la libertad de expresión e información no es ilimitada. Debe
ejercerse con responsabilidad y de un modo tal que no afecte la seguridad del
Estado, la dignidad y honra de las personas. Algunos medios celebraron el
derrocamiento del Presidente constitucional, pero no reseñaron que millones de
venezolanos se habían lanzado a las calles los días 12, 13 y 14 de abril de
2002, en las principales ciudades del país para solicitar su regreso y el
restablecimiento del hilo constitucional.
Aún así, el Gobierno de Venezuela no ha tomado ni
tomará ninguna medida restrictiva o represiva contra ellos. Por el contrario,
el Presidente Chávez ha exhortado a todos aquellos que le respaldan, a respetar
todos los medios y a los comunicadores sociales, dando así, una irrefutable
prueba de tolerancia política. En honor a la verdad, nunca la crítica había
sido ejercida en los medios de comunicación con tanta libertad. Ha habido,
ciertamente, manifestaciones de intolerancia contra varios medios por parte de
partidarios del gobierno. El Presidente y otras altas autoridades han
cuestionado estas indeseables practicas y han hecho un llamado para que no
vuelvan a repetirse.
V. El
histórico retorno del Presidente.
El sábado 13 de abril, desde tempranas horas de la
mañana se inició una masiva concentración popular en el Fuerte Tiuna, principal
establecimiento militar del país. Los miles de manifestantes exigían la
liberación del Presidente Hugo Chávez Frías. Protestas similares se
multiplicaban en numerosas ciudades del interior. En las inmediaciones del
Palacio de Miraflores, una multitud de personas se congregó para reclamar el
retorno del Presidente Hugo Chávez.
En horas
de la tarde, el gobierno de facto –asediado por una inmensa muchedumbre
popular- fue perdiendo el control del Palacio de Gobierno. Los golpistas
huyeron y el pueblo recuperó el principal símbolo del poder. En la madrugada
del domingo 14 de abril, el Presidente Chávez reasumió su alta investidura. Un
movimiento cívico-militar, profundamente democrático, restableció el hilo
constitucional en una acción insólitamente pacífica, sin paralelo en la
historia contemporánea de nuestro hemisferio.
Esa misma tarde, algunos miembros del gabinete de
gobierno constitucional reingresaron al palacio de Miraflores. Se conoce la
noticia de que el Presidente no había renunciado, divulgada por la iniciativa
audaz y valiente de un soldado que estaba en servicio en uno de los sitios
donde el Jefe de Estado había sido detenido. Militares democráticos de Caracas,
Maracay y de todo el país exigen el retorno a la constitucionalidad. Mientras
tanto, algunas cadenas de noticias internacionales, transmiten esos
acontecimientos de gran significado histórico. En verdad, fue la fuerte
convicción democrática de la sociedad venezolana, y el apego de mayoritarios
sectores militares al estado de derecho, lo que determinó la gran victoria de la democracia venezolana, dándose al
mundo una lección de madurez cívica.
En el
marco de las respectivas competencias y facultades que les confiere la
Constitución, las instituciones que forman los poderes públicos del Estado
venezolano, están implementando, en estos momentos, una serie de iniciativas
dirigidas a fortalecer la estabilidad democrática y proponer la reconciliación
de todos los venezolanos. Se busca establecer consensualmente las bases de una
gobernabilidad democrática inspirada en la libertad y la justicia.
La
disposición del Jefe del Estado de impulsar el diálogo, no ha quedado en
promesas. Mediante decreto del 28 de abril de 2002 estableció la Comisión para
el Diálogo, que él mismo preside. Designó para coordinarla al nuevo
Vicepresidente Ejecutivo de la República, Doctor José Vicente Rangel, ex
ministro de Defensa y ex Canciller. Personalidad de probada trayectoria
democrática y consecuente defensor, durante su vida pública, de los derechos
humanos. La Comisión se ha conformado con amplia participación de diversos
sectores de la vida nacional; por una pluralidad de representación “intuito
persona”. Su primera reunión se celebró el día 16 de mayo de 2002. Allí se
vienen tratando los temas más importantes que gravitan en la actual situación
nacional.
Sus miembros han elaborado consensualmente un
decálogo que comprende los temas sociales acuciantes, como la necesidad de
superar la extendida pobreza que existe en el país. Y en lo político-institucional,
se dialoga sobre la duración del período constitucional; la reforma de la
Constitución; el papel de los Círculos Bolivarianos; el rol del Poder
Ciudadano; la integración del Consejo Nacional Electoral. Énfasis especial
dedican a la consideración de los lamentables hechos de violencia ocurridos
durante el día del golpe y los subsiguientes. Recomiendan adelantar un plan
para lograr una reducción considerable en el uso de las armas de fuego, con el
objeto de impedir que éstas estén en manos de la población civil; prerrogativa
que corresponde exclusivamente a la Fuerza Armada, a los cuerpos de seguridad
del Estado y a las personas debidamente autorizadas.
El Presidente Chávez ha admitido públicamente, en
autocrítica sin precedentes en la historia de Venezuela, que durante el proceso
de construcción democrática su Gobierno ha cometido errores.
Su llamado al diálogo y a la reconciliación de
todos los venezolanos ha sido reiterado y categórico.
En tal
sentido, se han tomado una serie de iniciativas con el objeto de promover un
intenso proceso de diálogo nacional, sin exclusiones, con estricto apego a la
Constitución Bolivariana.
De manera inmediata se han ido concretando
iniciativas para este diálogo nacional, que ha sido respaldado por los Cancilleres
reunidos durante el Vigésimo Período
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General celebrada el 18 de mayo del
2002.
Las Mesas de Diálogo tienen por objeto consolidar
la participación de la sociedad venezolana en los actos fundamentales del
Estado. Sus recomendaciones servirán de referencia para las políticas que
lleven adelante todos los poderes del Estado. Allí las decisiones se toman por
consenso.
Para su debida consideración e implementación, el
decálogo se ha distribuido en cinco Comisiones de Equilibrio: Político; Social;
Económico, Territorial e Internacional. Al mismo tiempo, se propone fomentar el
diálogo en las regiones con el apoyo de las universidades, gobernaciones y
alcaldías.
En la agenda del Diálogo se plantean cuestiones
fundamentales para alcanzar un amplio acuerdo político:
-
Respetar la
Constitución y las leyes de la República;
-
Condenar los golpes de Estado como forma de producir
cambios en la sociedad;
-
Rechazar la violencia y la intolerancia en todas sus
manifestaciones;
-
Respaldar la independencia de los poderes del Estado
en los términos establecidos en la Constitución;
-
Garantizar
la impecable investigación de los hechos de violencia ocurridos los días 11,
12, 13, y 14 de abril;
-
Examinar el
rol de los medios de comunicación;
-
Establecer
criterios de transparencia y equilibrio para avanzar en el proceso de diálogo;
-
Recomendar
una lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad;
-
Democratizar
el diálogo para que este se produzca a todos los niveles y en todas las
regiones del país;
-
Regularizar
y controlar la tenencia de armas, conforme a la ley;
-
Garantizar
la transparencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos.
Por otra
parte, también se han creado Comisiones de Mediación con diversos sectores para
procurar el acercamiento con la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV), y la Federación de Cámaras de Industria y Comercio del país
(FEDECAMARAS), Medios de Comunicación y la Iglesia.
Una Comisión Especial del Parlamento investiga lo
sucedido durante la interrupción inconstitucional. La integran diputados de
todas las tendencias políticas y es presidida por un diputado de la oposición.
En ese marco se desarrolla un intenso proceso de interpelaciones, tanto a personas
afectas al Gobierno como contrarias a él.
Luego de
un intenso debate parlamentario se adoptó unánimemente la decisión de crear una
Comisión de la Verdad, formada por miembros de la sociedad civil. Con el objeto
de reglamentar su actuación y hacer más transparente sus ejecutorias, será
promulgada una Ley de la República denominada: “Ley sobre la Comisión de la
Verdad”. Ensayo absolutamente novedoso en el hemisferio ya que las comisiones
de la verdad que se han creado hasta ahora, al menos oficialmente, tuvieron por
objeto el esclarecimiento de los hechos y lesiones de derechos humanos
correspondientes a períodos históricos pasados de cada país y nunca, como será
el ejemplo venezolano, a situaciones presentes o en pleno desarrollo. Son los
casos, por ejemplo, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP) creada en Argentina por Decreto-Ley 187/83 del 15 de diciembre de
1983, o la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) creada en Chile,
mediante Decreto Supremo Nro. 355 de 24 de abril de 1990. Ambas comisiones
fueron creadas con el objeto preciso de investigar y esclarecer atroces
violaciones de derechos humanos acaecidas en situaciones históricas o regímenes
políticos pasados.
Las interpelaciones públicas por parte de la
Asamblea Nacional a los principales protagonistas, tanto del Gobierno como de
la oposición, constituyen la mejor demostración de la vigencia del Estado
democrático de Derecho en Venezuela.
Han sido interpelados altos jerarcas del estamento político y militar. Incluso,
se tiene prevista la comparecencia del propio Presidente Hugo Chávez, quien ha
mostrado su disposición a dialogar y colaborar con la Comisión Especial, aún
cuando -dada su condición de Jefe de Estado- en obsequio de principios
constitucionales vigentes en el país, podría negarse a comparecer o restringir
su colaboración exclusivamente a responder por escrito el cuestionario que se
le cursaría. Caso único en la historia política de Venezuela.
Promueve acciones en defensa de los derechos
humanos. Fomenta un clima de
tolerancia; la cultura de paz y la conciencia democrática. En lo inmediato,
promueve la búsqueda de la reconciliación, en aras del relanzamiento de las potencialidades
de la Nación.
Para el
logro de sus objetivos fortalece el equipo de fiscales designados en
criminalística y medicina forense, para atender con mayor celeridad las
investigaciones respecto a la identidad de los autores de los hechos que
ocasionaron víctimas fatales y heridos
entre los días aciagos de abril.
A su vez, investiga la posible responsabilidad
penal de funcionarios de algunas alcaldías del área metropolitana de Caracas,
que pudieron haber actuado en esos días, fuera del marco de la ley. Asimismo,
las acciones de determinados funcionarios que participaron en allanamientos,
sin orden judicial y en detenciones arbitrarias. Diseña mecanismos de
protección para familiares de las víctimas y testigos, con la finalidad de
facilitar el proceso investigativo.
Por otra
parte, pone en practica un plan de acción coordinado por la Dirección de
Protección de los Derechos Fundamentales y por la Dirección de Delitos Comunes.
Plan ejecutado por cuatro grupos de
trabajo, formados por fiscales y coordinadores
que se ocupan de investigar las muertes, lesiones y saqueos. Cuentan con
la asistencia de la Dirección de Asesoría Técnico-Científico e Investigaciones
del Ministerio Público, implantándose, en ese sentido, el “Sistema de
Seguimiento de Casos”.
Con relación a las medidas cautelares adoptadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha comisionado distintos
representantes fiscales, con el
propósito de esclarecer la veracidad de los hechos denunciados y establecer las
responsabilidades a que hubiere lugar, dando así cumplimiento a dichas medidas.
El
Gobierno de Venezuela reconoce la solidaridad mostrada por la OEA, en momentos
cruciales para la vida democrática del país. Valora en alto grado la Resolución
de la Asamblea General AG/RES. 1 (XXIX E/2) del 18 de abril de 2002, donde se
acuerda:
“Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA que el
Gobierno de Venezuela requiriera para la consolidación de su proceso
democrático”
Como se ha explicado a lo largo de este informe,
en Venezuela se avanza hacia la búsqueda de un consenso nacional. Lo cual no
niega que cada sector siga defendiendo sus banderas y proyectos políticos. El
proceso de diálogo está en plena evolución y desarrollo, aunque aún persisten
algunos escollos. Acuerdos preliminares existen ya. Otros, igualmente
sustantivos, se irán formando en los próximos días. El apoyo principal que
demanda el Gobierno de Venezuela de la
OEA es fundamentalmente de tipo político. En ese sentido, la Resolución ya
mencionada constituye una testimonial evidencia de apoyo al Gobierno y a la
democracia en nuestro país.
El Gobierno espera, a la luz del proceso de
diálogo y reconciliación que se
adelanta, consolidar mayores consensos. Estaría inclinado a solicitar el
apoyo específico del máximo organismo hemisférico, en caso de que este fuere
necesario, para profundizar y perfeccionar la institucionalidad democrática en
Venezuela.
CP09974S01.DOC