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1.1 Antecedentes generales

En julio de 1978, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela firmaron en Brasilia el Tratado de Cooperación Amazónica, en el cual las Partes Contratantes "convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas acciones produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios".

Dentro de este marco, Colombia y Ecuador suscribieron en Bogotá, el 2 de marzo de 1979, el Acuerdo de Cooperación Amazónica, para promover y controlar las actividades que se desarrollen a nivel binacional en la región amazónica, teniendo como órgano ejecutivo a la Comisión Mixta de Cooperación Amazónica Colombiana-Ecuatoriana (COMCACE).

En las reuniones de la COMCACE, así como en otras reuniones de carácter binacional que se han realizado en la frontera, los países propusieron un conjunto de actividades binacionales y analizaron diferentes alternativas para cumplir adecuadamente con ellas. Para algunas actividades específicas, como salud y telecomunicaciones, se definieron programas de trabajo para que sean realizados por las instituciones sectoriales de los dos países. Para los más complejos problemas del desarrollo sostenible y la conservación de recursos, se propuso un plan de estudios que contemplara la problemática desde una perspectiva multisectorial.

En la Declaración de Rumichaca, suscrita por los Presidentes de Colombia y Ecuador el 15 de febrero de 1985, se reafirmó la decisión de los Gobiernos de impulsar las acciones sectoriales en el ámbito fronterizo, y en el Memorándum de Entendimiento suscrito por los Cancilleres en la misma fecha se estableció que la II Reunión de la COMCACE debería considerar la elaboración de un estudio socio-económico de las cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo.

En la II Reunión de la COMCACE, celebrada en Quito en julio de 1985, se resolvió iniciar la elaboración de un plan para la cuencas de los ríos Putumayo y San Miguel de los dos países, con el propósito de identificar proyectos de cooperación e integración socioeconómica.

Dentro de este marco legal y luego de dos reuniones técnicas preparatorias realizadas en Ipiales, en abril de 1986 se aprobó en Bogotá, en la III Reunión de la COMCACE, los términos de referencia para la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo (PSP), rector de las actividades del mismo. En julio de 1986 se aprobó en Quito el programa de trabajo para la elaboración del diagnóstico, iniciándose oficialmente las actividades del Plan en agosto del mismo año. La coordinación binacional de las acciones la asumieron las dos Cancillerías, mientras que la ejecución de los estudios se encargó en Colombia al extinto Instituto de Hidrología, Meteorología, y Adecuación de Tierras del Ministerio de Agricultura (HIMAT), y en Ecuador a la Dirección de Regionalización Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (PRONAREG) actualmente la Dirección Nacional de Recursos Naturales (DINAREG). A partir de 1994-95, la fase final de programación y de la ejecución del Plan fueron encargadas en Colombia al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) del Ministerio de Medio Ambiente, y en Ecuador al Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana (ECORAE).

Para cumplir las actividades propuestas en los términos de referencia se solicitó la cooperación técnica del Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente (DDRMA), de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA). A través de su proyecto Plurinacional de Cooperación Amazónica, el DDRMA proporcionó los consultores internacionales y nacionales para la formulación de los proyectos a nivel de prefactibilidad, además de asesores permanentes a las unidades técnicas y recursos necesarios para apoyo logístico, investigaciones de campo y reuniones binacionales de coordinación. La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) apoyó financieramente estas actividades, a través de sendos acuerdos de cooperación suscritos con la SG/OEA en 1990 y 1991. Los recursos proporcionados por CIDA totalizaron aproximadamente US$250.000, la mayor parte de los cuales fueron otorgados mediante servicios técnicos directos de especialistas canadienses.

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