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Contexto

Informe de la Misión de Observación Electoral conjunta de la OEA y la CARICOM sobre la primer ronda de las Elecciones Presidenciales y Legislativas del 28 de noviembre de 2010 en Haití

Introducción

Las elecciones del 28 de noviembre se celebraron en las circunstancias menos favorables y propicias. Muchos comentadores opinaban que era “imposible e imprudente” celebrar elecciones en un país cuya capital había sido devastada y cuya población había sido diezmada por el terremoto del 12 de enero de 2010, aunque los expertos de la OEA y la ONU habían concluido que sí podían celebrarse. La ya frágil capacidad institucional del país había sido aún más comprometida y los efectos sociales y materiales de la catástrofe no solo eran todavía visibles, sino que habían sido exacerbados por el mortífero brote de cólera de octubre.

El ambiente preelectoral
Al acercarse el día de las elecciones, se vivía la clara sensación de una dinámica positiva para las elecciones. El ambiente político se había vuelto más favorable y alentador con la creciente participación de candidatos, partidos y plataformas políticas que al principio habían intentado boicotear los comicios. No obstante, existían una serie de signos perturbadores:
- alegaciones de distribución de armas;
- un aumento sustancial de la violencia preelectoral;
- la contratación y capacitación de supervisores y de funcionarios electorales no había funcionado ordenadamente;
- informes de parte de uno de los principales candidatos presidenciales de alegados planes de intentar un fraude masivo y de intimidación para impedir la concurrencia de votantes a las urnas;
- el comienzo tardío de la campaña de información pública, en particular respecto de la información a los electores sobre los locales de votación;
- grupos de la sociedad civil habían expresado su preocupación por la precisión de las listas electorales.
La propia Misión Conjunta, en sus comunicados de prensa y en sus conversaciones con los grupos interesados, antes del día de las elecciones, el 28 de noviembre de 2010, había expresado o deplorado públicamente una serie de las preocupaciones señaladas:
- el recordatorio de que, con la firma del Código de Conducta, los candidatos y partidos políticos se habían comprometido a “promover la tolerancia y a renunciar al uso de armas y de agresiones físicas o verbales, y a respetar el derecho de los partidos rivales y de sus apoyantes a reunirse y hacer campaña sin perturbaciones en todo el país”.
- el llamamiento a todos los líderes políticos para que demostraran un “liderazgo responsable exhortando a todos sus partidarios a mantener la calma y a demostrar contención y tolerancia”;
- los cambios hechos por el CEP a los nombres de los supervisores y la no inclusión de personas designadas por los partidos políticos para trabajar en las elecciones, sin una explicación adecuada de parte del CEP;
- el papel vital desempeñado por los supervisores en el funcionamiento ordenado de las mesas de votación el día de las elecciones;
- una exhortación a los electores a que cumplieran su deber cívico y a que participaran masivamente en las elecciones;
- un llamado a la calma el día de las elecciones y a tener paciencia durante la espera de los resultados preliminares, y
- un llamado a la policía y los jueces de paz haitianos para que estuvieran a la altura de sus responsabilidades el día de las elecciones.

En una carta de 26 de noviembre al Presidente del CEP, la Misión Conjunta se expresó con firmeza respecto de sus preocupaciones ante el cambio de nombres de los supervisores y de los funcionarios electorales, señalando que las modificaciones habían levantado sospechas acerca del CEP y habían dado lugar a críticas por lo que se consideraba una conducta partidista de su parte en favor de Inité. En la carta se recomendaba que el CEP explicara públicamente las razones de la modificación de las listas dado que estaba en tela de juicio su credibilidad y estaba en juego la integridad de las elecciones. En la carta también se abordaban las preocupaciones expresadas por algunos grupos de observación electoral nacionales por la confiabilidad del padrón electoral. Indicaban que la Misión no podía evaluar su precisión ya que el CEP, pese a su carta del 26 de octubre y los posteriores contactos verbales y telefónicos, nunca le había dado acceso a su base de datos ni a la información pertinente para realizar dicha evaluación.

También se planteaba la cuestión de ayudar a los electores a identificar los lugares de votación de los diversos circuitos, así como la entrega del Manual de procedimientos operativos del centro de cómputos, compromiso con los candidatos y partidos políticos que el CEP todavía no había cumplido.

Aparte de esas preocupaciones, la Misión había insistido reiteradamente, en sus comunicados de prensa y comentarios públicos, que el mayor obstáculo para el éxito de las elecciones era la falta de credibilidad del CEP y la gran desconfianza acerca de su imparcialidad. También se recalcaba que, como consecuencia de esta falta de confianza, todas las carencias y fallas se magnificarían y serían examinadas desde esa óptima particular. Aunque el CEP, consciente de esa percepción negativa, había tomado medidas para realzar su imagen a través de un mayor empeño en la comunicación, transparencia y relaciones con candidatos y partidos políticos, destruyó la escasa confianza que había logrado granjearse por su incapacidad para atender las preocupaciones de los partidos políticos por la modificación de las listas de supervisores y de trabajadores electorales. La desorganización del 28 de noviembre sencillamente reconfirmaría todas las dudas, preocupaciones y sospechas suscitadas al principio.

Día de las elecciones
La presencia de la Misión Conjunta en el terreno pasó gradualmente, de un grupo básico de cinco personas en el mes de agosto, a 28 observadores el 1 de octubre y a 118 el día de las elecciones, desplegando en todo el país más de 50 equipos de dos personas el día de las elecciones, cada uno de ellos dotado de un cuestionario detallado. Pero la presencia de la OEA en el terreno resulta pequeña en comparación con los 6.000 observadores emplazados por las organizaciones civiles haitianas de observación electoral. A su llegada, todos los grupos fueron capacitados en los procedimientos de observación de la OEA y recibieron información sobre el entorno electoral y político en que actuarían. También se les suministraron los informes y comunicados de prensa de la Misión.

Se consideraba que la labor y la presencia de la Misión contribuiría a:
- reforzar la integridad de las elecciones, disuadiendo o denunciando, según correspondiera, las irregularidades y el fraude electoral;
- reducir el riesgo de violencia el día de los comicios;
- reforzar la confianza pública en el proceso electoral, y
- aportar recomendaciones para mejorar el proceso electoral.
En general, el día de las elecciones se caracterizó por la desorganización, disfuncionalidad, varios tipos de irregularidades, votos amañados e incidentes de intimidación y vandalismo en las mesas de votación, así como por hechos de violencia. A estar a la información que la Misión fue recibiendo de sus equipos de todo el país en el curso de la mañana, los problemas parecían concentrarse en algunas regiones, incluido Port-au-Prince. En su mayor parte, la votación en las provincias parecía desarrollarse en forma relativamente ordenada, aunque se habían observado irregularidades similares (apertura tardía de las mesas, dificultades de los electores para encontrarlas o para encontrar sus nombres en el padrón electoral parcial dentro de las mesas). Sin embargo, se informó de un incidente grave de violencia temprano en la mañana, en Desdunes, Artibonite.

Las alegaciones reiteradas de que había existido un fraude masivo parecían predisponer a que toda falla o problema se magnificara, se sacara de contexto y se percibiera como una manifestación del fraude previsto. Por ejemplo, los representantes de los partidos, a quienes se dijo que no podían estar presentes en las mesas en un número mayor de cinco al mismo tiempo, llamaban rápidamente a sus centros de operaciones para quejarse de que se había impedido deliberadamente su ingreso. La Misión dio seguimiento a una serie de estas denuncias hechas por varios partidos políticos. Los electores que no podían encontrar sus mesas o sus nombres en el padrón parcial reaccionaron de la misma manera, denunciando que había fraude. Un gran número de electores de Port-au-Prince y de otras ciudades fueron afectados por ese problema. La saturación de los locales y la renuencia o ignorancia de los funcionarios de las mesas que no permitían que los electores emitieran su voto en base a una declaración jurada recogida por dichos funcionarios no hizo más que agravar la frustración de los votantes. También hubo alegaciones de votos amañados en la capital, que los integrantes del grupo básico investigaron pero resultaron ser falsas.

Tarde, en la mañana, la desorganización, la frustración de los electores y los crecientes incidentes de saqueo de las mesas de votación causaron un alarmante aumento de la tirantez. Todo ello culminó con informes de que la abrumadora mayoría de los candidatos a la Presidencia reclamarían la suspensión o anulación de las elecciones. El grupo básico de embajadores se reunió en dos oportunidades, a mediodía y un poco más tarde, a las 14.00 horas, para analizar la situación y trazar la estrategia que mejor ayudara a las autoridades haitianas a responder a esta nueva crisis. En el curso de la segunda reunión, a la que había sido invitado el Jefe de la Misión Conjunta y el Secretario General Adjunto de la OEA, el Jefe de la MINUSTAH recibía noticias periódicas acerca del deterioro de la seguridad en la capital. Teniendo en cuenta este creciente deterioro y los anteriores signos de dificultades inminentes, así como la posibilidad real de que se extendiera la violencia en Port-au-Prince, el Jefe de la Misión tomó la decisión de hacer volver a los observadores que estaban en el terreno en el Departamento Oeste, donde está la capital. La recomendación se extendió también a otros departamentos donde se había desatado la violencia. En consecuencia, también se decidió hacer regresar a los observadores del Departamento Norte, en aras de proteger su seguridad personal.

Pese al pedido de anulación de la mayoría de los candidatos a la Presidencia, el proceso electoral continuó hasta el final con el cómputo y la divulgación de los resultados en la gran mayoría de las mesas. Esa tarde, tras consultas entre la comunidad internacional y dos de los principales candidatos que habían pedido la anulación, y luego de contactos del Foro Económico del Sector Privado con esos candidatos, los Sres. Manigat y Martelly cambiaron de posición, con lo que, sin duda alguna, ayudaron a salvar el proceso electoral.

En vista del carácter controvertido de los hechos registrados el día de las elecciones, la Misión se dio cuenta de que sería necesario divulgar públicamente su posición con respecto a la validez de las elecciones, por lo que pidió a los coordinadores de los 11 departamentos electorales que suministraran urgentemente informes sobre sus observaciones. Esta información fue utilizada para preparar un informe detallado de las observaciones de la Misión Conjunta sobre la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas y sobre el ambiente en el que habían ocurrido. El informe fue divulgado públicamente el 29 de noviembre, en el curso de una conferencia de prensa. La Misión consideró “si las irregularidades que había observado tenían una magnitud y una sistematicidad que invalidaran la legitimidad del proceso. Sobre la base de sus observaciones en los 11 departamentos electorales, la Misión concluyó que “no creía que esas irregularidades, aún siendo graves, invalidaran necesariamente el proceso”. La Misión también sostuvo la opinión de que la decisión de casi todos los candidatos a la Presidencia de pedir la anulación, había sido “precipitada y de lamentar” y señaló que el proceso había continuado hasta el final. Asimismo, subrayó que la Ley Electoral incluía disposiciones para que cualquier candidato impugnara la elección de otro en caso de irregularidades o fraude.

Entre los aspectos más positivos del proceso electoral, cabe señalar una serie de elementos que ilustran la modernización y la mayor apertura política: el recurso a las encuestas como herramienta de la campaña y el uso de los mensajes electrónicos y otras formas de redes sociales por parte de algunos candidatos durante la campaña. La creciente participación del sector privado como parte interesada en el proceso electoral, no sólo por su aporte al financiamiento de los candidatos, merece ser resaltada. Muchos de los observadores de la Misión comentaron el gran número de jóvenes y de mujeres que trabajaron en las mesas de votación. Los observadores quedaron particularmente impresionados por la diligencia e imparcialidad de las mujeres.

El ambiente del día siguiente a las elecciones
La Misión continuó su observación del proceso electoral al día siguiente de las elecciones con el despliegue de un equipo de observadores para supervisar el comienzo de la compilación y el cómputo de los votos en el Centro de Cómputos, el 29 de noviembre. También tomó medidas para organizar charlas en que los observadores de corto plazo que dejarían el país el 2 de diciembre brindaran sus
conclusiones.

Supervisión del Centro de Cómputo de Votos
Los observadores de la Misión experimentaron algunas dificultades para acceder de inmediato a la información sobre los procedimientos, las medidas de control de calidad y los criterios utilizados por los funcionarios del Centro de Cómputos en la verificación de las hojas de resultados y sobre el borrador de Manual de Operaciones. Los funcionarios no se mostraron inmediatamente dispuestos a brindar la información, por lo que debió insistirse para obtenerla. Fue preciso recurrir al Director General del CEP a fin de obtener los elementos que requería la Misión y otros observadores internacionales para cumplir sus funciones de supervisión.

Pronto quedaron en claro las razones de esa renuencia a ser transparentes. No se habían definido en gran detalle las directrices para el control a nivel del sistema ni los controles de calidad y legales. El propio Manual de procedimientos era un borrador que no había sido aprobado con la autoridad legal del CEP.

Una de las primeras observaciones de la Misión se relacionaba con la medida de control inicial implementada para identificar las hojas de resultados destinadas a la verificación visual. Este umbral de control se fijó en los 225 votos para cualquiera de los candidatos. La Misión señaló que, en vista de la baja tasa de participación, usar el 50% del número de electores de una mesa era un porcentaje demasiado elevado. Esta medida de control fue posteriormente reducida a 150 electores como medida final de control.
La mayor dificultad se experimentó en la supervisión de la labor de verificación a cargo de los abogados de la Dependencia de Control Legal. La oficina en que estaban alojados tenía muy poco espacio para la circulación de los observadores entre los escritorios en que trabajaban los abogados. Estos, en su mayor parte, no mostraron una actitud de colaboración ni estar dispuestos a responder a las preguntas que se les formulaban. El examen de su trabajo realizado por el Director del Centro de Cómputos y los asistentes técnicos como parte del control de calidad final se realizó en un espacio de trabajo más favorable, que se prestaba a una supervisión más minuciosa.

Resumen de las conclusiones de los observadores de corto plazo y los coordinadores
Durante las charlas realizadas después de las elecciones, los observadores y coordinadores pudieron expresarse libremente y relatar sus propias experiencias, puntos de vista y observaciones. Ello permitió un diálogo abierto entre el Grupo Básico y los operadores en el terreno. Por varias razones, estas charlas tuvieron también importancia capital para la Misión Conjunta. Permitieron que el Grupo Básico determinara si los informes, comunicados y comentarios públicos de la Misión en relación con el proceso electoral reflejaban cabalmente las opiniones y observaciones de los observadores. Ello era particularmente así con respecto al informe detallado que la Misión Conjunta divulgó el 29 de noviembre, en que se evaluaba el día de las elecciones y en que la Misión había concluido que las irregularidades y fraudes observados no “invalidaban necesariamente” el proceso. Las charlas posteriores también dieron lugar a recomendaciones prácticas que fueron incluidas en la lista remitida a la consideración del CEP.

Por último, esas reuniones también fueron importantes porque dieron lugar a recomendaciones prácticas para mejorar la labor y el funcionamiento de la Misión.

Otras reuniones de análisis posteriores a las elecciones
La Misión también mantuvo conversaciones con las misiones de organizaciones internacionales que participaron en la supervisión del día de las elecciones – la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea, la Misión de Observación Electoral de la Organización Internacional de la Francofonía y representantes de las embajadas que habían emplazado observadores (de Estados Unidos, Canadá y Japón). En estas charlas se subrayó que las misiones de observación de las organizaciones internacionales compartían la misma apreciación del día de las elecciones – desorganización, instancias de violencia y fraude, aunque se oponían a su anulación.

La Misión también se reunió con el jefe de uno de los principales grupos de observadores locales, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), para intercambiar opiniones sobre el día de las elecciones. Corresponde señalar que los informes de los grupos de la sociedad civil (el Foro Económico del Sector Privado) y de los grupos de observación electoral haitianos (RNDDH, JuriMedia) que fueron entregados a la Misión, pese a sus duras críticas a las fallas, irregularidades y fraudes que opacaron el día de las elecciones, no pedían su anulación.

Publicación de los resultados preliminares
A la publicación de los resultados preliminares de las elecciones, la tarde del 7 de diciembre, siguieron de inmediato manifestaciones violentas en favor del Sr. Martelly, que quedó tercero, y no segundo, como sus partidarios esperaban. La turbulencia paralizó a Port-au-Prince y Les Cayes, así como a otras partes del país, durante casi tres días. Aparte del Sr. Martelly, los resultados fueron rechazados por varios de los protagonistas internacionales principales por considerarlos incongruentes con el cómputo de votos realizado por las organizaciones de la sociedad civil haitiana.

En un empeño por superar este nuevo problema, el CEP propuso la creación de una comisión especial de verificación integrada por representantes del propio CEP, de los grupos de observadores nacionales e internacionales y del sector privado y la comunidad de donantes. Esta propuesta fue rechazada por los grupos de la sociedad civil con el argumento de que estaba fuera del contexto de la Ley Electoral. Luego de este contratiempo, el 13 de diciembre, el Presidente Préval solicitó la asistencia de la OEA a través del envío de dos misiones de expertos –una para verificar el cómputo de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y otra para asistir en la etapa de impugnaciones de dichas elecciones presidenciales.

Las demoras resultantes en la continuación del proceso electoral crearon problemas de logística y operativas a la Misión Conjunta. Tras la partida de sus coordinadores entre el 17 y el 21 de diciembre, la Misión Conjunta venía funcionando con una presencia muy reducida en los últimos dos meses.

La Misión usó ese intervalo posterior a la impugnación de
los resultados preliminares y de continuación del proceso electoral para realizar un análisis de esos resultados y plantear una serie de preocupaciones y cuestiones, algunas de las cuales fueron también planteadas por los candidatos, todo lo cual exigía una aclaración del CEP. Entre las cuestiones planteadas estaba la preocupación respecto de la exactitud de las listas de votación y las dificultades experimentadas por los electores para hallar sus mesas de votación, así como la dispersión de electores de la misma dirección en relación con varios centros de votación. En la respuesta técnica del CEP se informó que las disposiciones de la Ley Electoral de 2010 exigían un aumento del número de centros de votación de 785 a 1.500 y que ello había dado lugar a una distribución diferente de electores en los centros de votación. También se plantearon las dificultades experimentadas por los electores en el mayor campamento de desplazados y se recibió la explicación de que los habitantes de ese lugar no habían aprovechado la facilidad que se les había brindado de registrarse allí para votar en el lugar. En una carta al CEP de 26 de enero de 2011, la Misión también planteó la preocupación por el gran número de mesas de votación en las que no se terminó la votación y recomendó que la misma se debía realizar en los lugares en que no se hubiera recibido más del 10% de las hojas de resultados y tantos electores habían sido privados del derecho a votar.

La Misión también dio seguimiento a las críticas de fraude de parte del grupo estadounidense Haiti Democracy Project y respondió con sus conclusiones a la organización, tras plantear sus preocupaciones al CEP.

Misión de verificación de expertos de la OEA
Demorada por las preocupaciones del Gobierno de Haití por el carácter invasivo del mandato inicial y por su composición, la Misión de Expertos llegó el 30 de diciembre y dejó el país el 9 de enero de 2011. Su informe fue presentado oficialmente al Presidente Préval el 13 de enero por el Jefe de la Misión de Observación Electoral Conjunta de la OEA y la CARICOM. La inmediata filtración del informe por parte de uno de los expertos disminuyó la integridad de la Misión de Expertos y de su labor. Aunque contrariado por la filtración del informe, por aspectos de la metodología y con la opinión de que usurpaba funciones al CEP y divulgaba resultados, el Presidente transmitió oficialmente el informe al CEP para su implementación el 18 de enero. El CEP de inmediato informó que implementaría las recomendaciones técnicas para mejorar la segunda ronda de elecciones. Indicó también que tendría en cuenta la recomendación respecto de la ubicación del segundo y tercer candidatos durante la etapa de litigio e impugnaciones del proceso electoral, que se había suspendido a la espera de la verificación y del informe de la Misión de Expertos de la OEA.

La Misión de Expertos Jurídicos de la OEA y la etapa de litigios e impugnaciones
La segunda misión de expertos de la OEA llegó al país el 24 de enero a fin de dar seguimiento a la reanudación de la etapa de litigios e impugnaciones del proceso electoral y el dictamen en torno a las denuncias contra los resultados preliminares de las elecciones presidenciales por parte del tribunal electoral (BCEN). Su informe fue remitido al Gobierno de Haití el 4 de febrero de 2011.

La Misión Conjunta observó la etapa de litigios e impugnaciones en relación con las elecciones legislativas a nivel del BCEN. En razón de las demoras en el proceso electoral y de la partida de sus observadores y coordinadores a mediados de diciembre, la supervisión del proceso a nivel local (BCED) se vio gravemente obstaculizada. A nivel del BCEN, la misión observó con satisfacción que los candidatos al parlamento habían presentado un gran número de quejas y aprovecharon los recursos legales que les brindaba la Ley Electoral para tratar de obtener reparación a sus denuncias de irregularidades o fraude que alegaban perjudicaban sus resultados. Este recurso a la dimensión del debido proceso de las elecciones fue de vital importancia para demostrar que las reivindicaciones podían abordarse efectivamente dentro de los procedimientos del régimen de derecho.

Proclamación de los resultados finales de la primera ronda
Al concluir la etapa de litigios e impugnaciones, se proclamaron los resultados finales de la primera ronda de las elecciones presidenciales y legislativas en la mañana del 3 de febrero de 2011, tras una larga noche de espera por su publicación. Con ello se ponía fin a la crisis política resultante de la impugnación de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con el calendario electoral revisado, la segunda ronda de las elecciones presidenciales y legislativas tendrá lugar el 20 de marzo de 2011.

Comunicaciones e información pública
Desde su arribo en agosto de 2010, la Misión Conjunta puso el acento en su estrategia de comunicaciones. Divulgó hasta la fecha 18 comunicados de prensa y su Jefe de Misión concedió un gran número de entrevistas y asistió a cuatro concurridas conferencias de prensa con medios locales e internacionales. La Misión también dio charlas para ofrecer antecedentes sobre el proceso electoral a solicitud de representantes de la prensa internacional, a medida que iban llegando al país. Aparte de divulgar públicamente sus actividades, observaciones y preocupaciones, formuló una serie de recomendaciones al CEP y a los partidos políticos y candidatos. Un aspecto que ha sido el leitmotiv y tema recurrente de la información pública de la Misión es la importancia de respetar la Ley Electoral y los procedimientos del debido proceso que contiene.

Conclusiones
La Misión Conjunta ha debido funcionar en un entorno político particularmente difícil. Como se señaló, la falta de confianza en el CEP y la opinión generalizada sobre su parcialidad y sesgo en favor de la plataforma oficial y sus líderes constituyó un obstáculo serio para la integridad y credibilidad del CEP que la institución no fue capaz de superar. El mal manejo de las etapas críticas del proceso erosionó aún más la escasa credibilidad con la que aún contaba.

El hecho de que la OEA participara institucionalmente en la preparación de las elecciones merced a la asistencia técnica que brindó a la Oficina Nacional de Identificación (ONI), responsable de brindar las tarjetas de identidad que permitían votar, dio lugar a críticas de que la misión era juez y parte en el proceso electoral. También derivaron factores políticos negativos del boicoteo de las elecciones por una serie de partidos políticos tradicionales y de otra índole, del enrarecido clima creado por las alegaciones de intimidación y fraude masivo que precedieron al día de las elecciones, así como de la ausencia del partido Fanmi Lavalas, en particular. La crisis política resultante de las elecciones impugnadas y el papel que la OEA estaba llamada a desempeñar para resolver la situación sumó otra dimensión de complejidad al entorno político.

Las adversas condiciones en que funcionó la Misión también plantearon serias dificultades, ya que ésta tuvo que desenvolverse con muchos menos recursos de los que había solicitado. Una de las consecuencias críticas fue la imposibilidad de mantener los contratos de los observadores y coordinadores hasta el final de la etapa de litigio e impugnaciones del proceso electoral. Aparte de los aspectos de seguridad y logística, la Misión también debía enfrentar la amenaza que planteaba el brote de cólera de fines de octubre, recomendando medidas de precaución y prevención a los obse rvadores.

La Misión Conjunta mantuvo excelentes relaciones de trabajo con varios grupos de interesados haitianos –partidos políticos y candidatos, autoridades gubernamentales y electorales, la sociedad civil y los medios de prensa –y actores internacionales, en el proceso electoral. La amplia gama de recomendaciones formuladas por la Misión así como las planteadas por la Misión de Verificación de Expertos de la OEA pueden contribuir a una mejora en la organización y los procedimientos de la segunda ronda electoral y, con ello, contribuir a la recuperación de la credibilidad y legitimidad de un proceso impugnado. El CEP tomó medidas para implementar una serie de estas recomendaciones.
La calma con la que el país celebró los resultados finales de esta primera ronda ilustra la aceptación del hecho de que, en las elecciones, un aspecto vital del proceso democrático, hay ganadores y perdedores. Esta aceptación pacífica de los resultados electorales fue también una demostración de democracia en acción a nivel más amplio en la sociedad, por lo cual el pueblo haitiano, sus líderes políticos y el Gobierno merecen encomio.

Referencia: S-01