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Reportaje

• El Protocolo de San Salvador es una herramienta que protege los derechos económicos, sociales y culturales para las personas en el hemisferio.

• Los países que han ratificado el Protocolo, 16 a la fecha, están obligados a presentar informes cada tres años, que permitan verificar el grado de cumplimiento de los derechos contenidos en el Protocolo.

• Los informes presentan una radiografía detallada de la situación actual de cada uno de los derechos.

• La primera ronda incluyó los derechos a la seguridad social, la educación y la salud, en donde varios países ya muestran avances y en algunos casos, estancamientos.

13 de noviembre de 2017

América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí "la más desigual"; una realidad en la que muchos gobiernos, organizaciones y personas han enfocado su preocupación. Desde la perspectiva institucional, la OEA ha promovido el lema de “más derechos para más gente” no solo como una máxima, sino como una vía para lograr “nivelar el terreno para todos”.

Ese es precisamente el espíritu que mueve la labor de quienes trabajan hoy en transformar en realidad los compromisos adquiridos por los países en un Pacto Internacional, de carácter vinculante, que se conoce como el Protocolo de San Salvador. Se trata de una serie de deberes que firmaron 19 Estados del hemisferio han acordado lograr en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más específicamente en los derechos a la seguridad social, la educación, la salud, la alimentación adecuada, el trabajo y los derechos sindicales, el medio ambiente sano y los beneficios a la cultura.

El Protocolo, aprobado en 1988 se ha convertido en la base para hacer seguimiento al progreso logrado en estos temas que inciden directamente en lograr una mayor equidad en la región. A la fecha, ha recibido ratificaciones de 16 Estados Parte. En el contexto de la OEA, y como labor del grupo de expertos y expertas que integran el mecanismo de monitoreo, fueron elaborados una serie de indicadores que los países deben informar para ser evaluados. Los indicadores permiten no solo informar sobre los avances, sino recibir el apoyo y comentarios de parte de expertos para continuar avanzando en las áreas en las que aún quedan rezagos.

A través de un informe nacional, aquellos Estados que forman parte del Protocolo reportan sobre cada indicador de progreso, es decir: hacen públicas las medidas y acciones que han tomado para garantizar el goce de estos derechos y el impacto que han tenido. Pero el proceso no culmina allí, un grupo de expertos y expertas que integran el Grupo de Trabajo para el Análisis de los informes previstos en el Protocolo de San Salvador, analiza los informes y hace observaciones y recomendaciones que buscan promover que cada Estado continúe avanzando para dar cumplimiento a sus obligaciones, diseñar y aplicar sus políticas públicas con enfoque de derechos.

Algunos logros

El proceso de reportes ya inició e incluye los derechos a la seguridad social, la salud y la educación. Hoy, gracias a esta intensiva labor del Grupo de Trabajo ha sido posible constatar significativos avances en 7 de los 16 países que forman parte de este proceso a la fecha, entre ellos:

• Poder constatar cómo en el tema de seguridad social en el Uruguay se dio un aumento en la proporción de cotizantes que pasó de un 73% en 2009 a 80% en 2011. Aumento que no solo se dio en términos de cobertura, sino también tuvo una incidencia en la reducción de la brecha de género..
• Igualmente, vale la pena resaltar que hoy en Uruguay la cobertura educativa alcanza casi el total de los niños y niñas entre 6 y 11 años y que la misma se ha ido extendiendo en el caso de los niños y niñas de 5 años, y en los adolescentes entre 12 y 13 años.
• En el caso de Colombia, el informe refleja la creación del Sistema de Seguridad Social el cual obliga a todo empleador a afiliar a sus trabajadores/as al Sistema.
• En el tema de salud, Bolivia reportó que la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 52 a 40 por cada 1.000 nacidos vivos entre 2006 y 2011; en el mismo período la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años se redujo de 65 a 51 por cada 1.000 nacidos vivos
• Bolivia también reportó la creación de la unidad de políticas intracultural y plurilingüe, un currículo regionalizado que incorpora al sistema educativo plurinacional saberes, cosmovisiones, valores e historias de las naciones y pueblos indígenas originarios así como la publicación de alfabetos en lenguas indígenas

Estos son solo algunos ejemplos. Sin embargo, uno de las mayores contribuciones de este sistema de informes es el uso que cada país puede hacer de los mismos. Los ejemplos de iniciativas de gobierno que han garantizado avances en el ejercicio de derechos, sirven como ejemplo y modelo para sus vecinos del hemisferio.

Algunos desafíos

Los desafíos para lograr que se garantice el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales no están solo en la parte estructural, de acceso o de creación de políticas. El sistema de indicadores del Protocolo ha revelado que hacer mediciones y tener datos desagregados por género, raza, identidad sexual, edad, área geográfica, es un elemento clave para una verdadera “universalización” de cada uno de estos derechos.

Muchas de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo presenta a cada país indican la ausencia de datos más precisos que reflejen, por ejemplo, cuantas niñas en áreas rurales o de bajos recursos, han sido beneficiadas por el aumento de la cobertura de educación en algún lugar remoto del hemisferio. Solo así podemos medir y asegurar que nuestro esfuerzo por lograr más derechos para más gente está siendo efectivo para todos y todas.

Referencia: C-054/16