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CANCILLERES DE LAS AMÉRICAS ADOPTAN LA DECLARACIÓN DE SAN PEDRO SULA “HACIA UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA”

San Pedro Sula, Honduras - Con el compromiso de promover una cultura de paz y no violencia, basada “en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad”, se procedió al cierre de la versión número 39 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sesión de dos días se desarrolló en San Pedro Sula, Honduras.

La jornada de deliberaciones fue concluida formalmente con la aprobación de la Declaración de San Pedro Sula, un documento de 32 párrafos que se centró en el lema “Hacia una cultura de la No Violencia”. La versión preliminar ya había sido entregada el pasado 22 de mayo de 2009, y fue ratificada la madrugada de este 4 de junio por los delegados asistentes a la Asamblea General.

La Declaración de San Pedro Sula advierte en sus considerandos que los gobiernos tienen la función fundamental de fortalecer una cultura de la paz, por las consecuencias para el desarrollo social, económico, político y cultural de las sociedades americanas. Cita, en específico, el riesgo que sectores vulnerables de la población sufren en torno a la violencia en los distintos países, que afecta especialmente a mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Especial mención realiza la Declaración a garantizar “el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afro-descendientes, los migrantes y sus familias y las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos afectados por la violencia generada por cualquier tipo de discriminación, incluida la basada en el origen racial o étnico, la orientación sexual y la xenofobia”.

También refuerza la necesidad de aumentar las instancias de cooperación para luchar contra el tráfico de armas, ilícito al que se relaciona con el grado de violencia que enfrentan las sociedades. Otros temas adyacentes al tema de la violencia en el continente corresponden al tráfico de drogas, el consumo de alcohol, la existencia de las pandillas, los problemas en el sistema carcelario y la explotación sexual de menores de edad. Asimismo, el documento advierte sobre las condiciones de riesgo social que la actual crisis económica puede desencadenar en la forma de violencia, producto del desmejoramiento de las condiciones de vida y la marginalidad.

La Declaración de la Asamblea de la OEA cita otros mecanismos y resoluciones que se han concretado en el pasado, entre ellas la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/25, por el que se proclamó el periodo 2001-2010 como el “Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”, y la resolución 61/271 de la misma Asamblea, por el cual se creó el “Día Internacional de la No Violencia”. En cuanto al sistema interamericano, se citan las resoluciones de la Asamblea General de la OEA bajo el título “Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas” de 2006, y “Prevención de la delincuencia y la violencia en las Américas”, de 2008.

También se destaca la Declaración de Bridgetown titulada “Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica”, de la OEA, aprobada en Barbados en 2002, y también la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en México en 2003. Otros instrumentos han advertido sobre la protección contra la violencia a la mujer, la trata de personas y otros temas críticos de la agenda por la paz. La Declaración de San Pedro Sula busca, por tanto, potenciar los esfuerzos que el continente ha implementado en los últimos años para crear una cultura de paz y no violencia duradera.


A continuación el texto de la Declaración de San Pedro Sula.

LOS MINISTROS Y MINISTRAS DE RELACIONES EXTERIORES Y JEFES Y JEFAS DE DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), reunidos en San Pedro Sula, Honduras, con ocasión del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General,

RECONOCIENDO Y TOMANDO EN CUENTA la preocupación expresada por sus sociedades acerca de la violencia en el Hemisferio, así como las consecuencias que ésta tiene sobre el desarrollo social, económico, político y cultural de los pueblos, afectando a todos los grupos de la población, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, con grave deterioro de su calidad de vida;

CONSIDERANDO que una cultura de paz y no violencia debe entenderse como el conjunto de valores, actitudes y conductas basadas en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad; que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad que caracteriza a los pueblos del Hemisferio; y que debe ser promovida mediante la educación, el diálogo y la cooperación;

TENIENDO EN CUENTA que los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia;

RECORDANDO que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotadas como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente las unas con las otras;

TOMANDO EN CUENTA que el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales representan la base del establecimiento y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia;

PREOCUPADOS por las graves consecuencias que la violencia tiene en el goce y el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

RECONOCIENDO que la violencia y la delincuencia son obstáculos graves para la convivencia social y el desarrollo democrático y socioeconómico en el Hemisferio, y que existe la urgente necesidad de un enfoque integral para su prevención;

TENIENDO PRESENTE que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, así como para su plena e igualitaria participación en la sociedad;

RECORDANDO la importancia de prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad;

CONSIDERANDO la importancia de incentivar y fortalecer la responsabilidad social en la promoción de una cultura de paz y no violencia, con la participación voluntaria de la ciudadanía, de la comunidad, de los medios de comunicación y del sector privado;

TOMANDO EN CUENTA que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión es esencial para la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia, por ser fundamental para la democracia, la promoción del pluralismo y la tolerancia, así como para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia y prevenir violaciones de los derechos humanos;

PREOCUPADOS por el impacto de la crisis económica y financiera, especialmente sus consecuencias sociales y sus efectos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

REAFIRMANDO el respeto pleno por los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional;

TENIENDO PRESENTE la pertinencia de, entre otros, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; las declaraciones en la materia de las asambleas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); y la campaña mundial “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”, lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2008;

RECORDANDO:

Que tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de la Organización de los Estados Americanos abogan por el rechazo a la violencia y promueven una cultura de paz;

La importancia de los instrumentos jurídicos del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano sobre la materia;

La Declaración de Bridgetown: Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica, adoptada por la Asamblea General de la OEA celebrada en Bridgetown, Barbados, en 2002, así como la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad celebrada en Ciudad de México, México, en 2003, en la que se resaltó el alcance multidimensional de la seguridad y que la razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana;

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/25, mediante la cual se proclamó el período comprendido entre los años 2001 y 2010 “Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”, y demás resoluciones de la Asamblea General de la ONU relacionadas con la materia, así como la Declaración y Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre una Cultura de Paz de 1999;
La resolución 61/271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Día Internacional de la No Violencia”;

La resolución 63/23 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada”;

Las resoluciones de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 2164 (XXXVI-O/06) “Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas”, que destacó la importancia de la educación para la paz, y AG/RES. 2431 (XXXVIII-O/08) “Prevención de la delincuencia y la violencia en las Américas”, así como las demás resoluciones de la Asamblea General de la OEA sobre la materia;

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, así como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las secciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño;

Los resultados de la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, realizada en Ciudad de México, México, en 2008; de la Reunión de Ministros sobre Prevención de Violencia y Lesiones en las Américas, realizada en Mérida, México, en 2008; y de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, realizada en Buenos Aires, Argentina, en 2009; y

Que las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaran que la naturaleza polifacética de la violencia exige la adopción de estrategias multisectoriales con el compromiso de los gobiernos y las partes interesadas en todos los niveles de la toma de decisiones: local, nacional e internacional;

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN los importantes trabajos realizados por los diferentes órganos, organismos y entidades del sistema interamericano destinados a la prevención de la violencia;

TOMANDO NOTA:

Que, de acuerdo con el Informe mundial de la violencia y la salud de la OMS, la violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales;

De las preocupaciones expresadas por los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el informe de la Primera Conferencia Internacional sobre las Causas Estructurales de la Violencia; y

De los trabajos realizados en el marco del Foro Interamericano de Paz, incluyendo el seminario “Democratización del Conocimiento para la Creación de una Cultura de Paz - Plan Ceibal”, realizado en Montevideo, Uruguay, en 2009;
RECONOCIENDO:

Que la violencia puede manifestarse tanto entre los individuos como en las familias y en otros ámbitos de la comunidad;

Que la desigualdad y la exclusión social, así como la falta de oportunidades en las sociedades, contribuyen al incremento de la violencia y que, en consecuencia, es esencial un desarrollo económico y social que ofrezca igualdad de oportunidades, justicia e inclusión social;

El papel fundamental de la familia en la promoción y el fortalecimiento de una cultura de paz y no violencia;

Que los niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos a conductas violentas en el hogar, en la escuela y en los espacios públicos debido a una variedad de factores, incluidos los culturales, económicos, sociales, étnicos y políticos;

Que la intolerancia y la violencia en contra de los migrantes y sus familias atentan contra una cultura de paz y no violencia;

Que la violencia en la sociedad, incluida la violencia armada, obstaculiza la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, por lo tanto, puede afectar el desarrollo económico y social, esencial para una cultura de paz y no violencia;

La necesidad de eliminar el tráfico, la fabricación y el uso ilícitos y el desvío de armas pequeñas y ligeras, toda vez que agravan la violencia en la sociedad e impiden la consolidación de una cultura de paz y no violencia;

Que la reducción progresiva de la violencia, el respeto a los derechos humanos, el buen gobierno, la buena gestión pública, el combate de la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento y respeto a los valores democráticos y el Estado de derecho son indispensables para crear y sostener una cultura de paz y no violencia;

La contribución de la cultura a la promoción de la cohesión y la inclusión social, así como el efecto positivo de las actividades culturales, el aporte de las industrias creativas y el emprendimiento cultural como medios para combatir, reducir y prevenir la violencia;

Que los medios de comunicación libres, plurales, independientes y responsables pueden contribuir activamente a la promoción de los valores de la paz y la no violencia, la tolerancia y el respeto irrestricto a los derechos humanos; y

Que una cultura de paz y no violencia incluye esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras,

DECLARAN:

1. Su compromiso de promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia, entendida como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el respeto a la vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad.

2. La necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad en el fomento de una cultura de paz y no violencia.

3. La importancia de realizar una amplia difusión de los derechos humanos, mediante políticas públicas que consoliden los esfuerzos de los Estados Miembros para promover una cultura de paz y no violencia.

4. La importancia de adoptar las medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como de procurar asegurar que la legislación nacional aborde los actos de violencia contra ellos y procure garantizar que las víctimas reciban la asistencia legal que se requiera para obtener la reparación que corresponda.

5. Su compromiso de promover acciones dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y sus familias y las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos afectados por la violencia generada por cualquier tipo de discriminación, incluida la basada en el origen racial o étnico, la orientación sexual y la xenofobia.

6. La importancia de promover políticas para una mayor concientización y sensibilización de la ciudadanía orientadas a combatir la discriminación contra las personas con discapacidad y evitar que sus derechos sean vulnerados por actos de violencia.

7. La necesidad de promover el fortalecimiento de las instituciones del Estado para la protección y la seguridad de los individuos y el combate de la impunidad, con pleno respeto a los derechos humanos, así como de facilitar el acceso y la administración de la justicia.

8. Su determinación de formular políticas públicas y propiciar medidas legislativas, cuando corresponda, encaminadas a combatir la violencia y la discriminación.

9. Su compromiso de desarrollar políticas públicas y fortalecer la cooperación multilateral con el objeto de promover un empoderamiento efectivo de las mujeres en los ámbitos político, social y económico, así como de alentar acciones de carácter educativo para eliminar los patrones culturales que favorecen la violencia y la discriminación hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes.

10. Su compromiso de avanzar en la promoción y la implementación de legislaciones internas que prevengan, eliminen y sancionen todo tipo de violencia contra las mujeres.

11. La necesidad de propiciar espacios de colaboración y diálogo entre las autoridades públicas y las comunidades, de acuerdo con las características de cada población, a fin de desarrollar programas de prevención de violencia y resolución de conflictos.

12. Su determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.

13. La importancia de desarrollar e implementar programas educativos, comenzando en los primeros años de formación y educación, tanto en el sistema formal como informal, que promuevan una cultura de paz y no violencia.

14. La necesidad de brindar asistencia integral, de acuerdo con las respectivas legislaciones internas, a las víctimas de la violencia que permita su recuperación.

15. Su compromiso de continuar auspiciando políticas, programas y medidas que fomenten el papel de la familia en la promoción de una cultura de paz y no violencia.

16. Su preocupación por la publicación, circulación o difusión, incluyendo en la Internet, de materiales que deliberadamente defiendan, promuevan o inciten al odio o a la violencia.

17. La importancia de apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales en la recuperación y el resguardo de los espacios públicos, a fin de ofrecer un entorno seguro.

18. Su determinación de formular y promover políticas que incorporen el deporte, las artes y otras actividades culturales, incluido el intercambio de experiencias, que propicien el respeto por la diversidad y el patrimonio cultural, y que incluyan estímulos a las industrias creativas y el emprendimiento cultural, las cuales fortalecen una cultura de paz y no violencia.

19. Su compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica para combatir la delincuencia y la violencia, mediante la adopción de estrategias que enfaticen el papel de la prevención en sus diversos niveles y la administración de justicia.

20. La importancia de la cooperación multilateral basada en el pleno respeto a la soberanía de los Estados, teniendo en cuenta el principio de responsabilidad compartida para hacer frente de manera integral al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos.

21. La necesidad de desarrollar y fortalecer programas de prevención contra el uso y abuso de drogas ante la violencia que este consumo genera en las escuelas, universidades, comunidades y lugares de trabajo.

22. La necesidad de desarrollar y fortalecer programas de prevención y tratamiento contra el abuso del consumo de alcohol, con el fin de prevenir la violencia asociada a éste.

23. Su decisión de enfrentar el problema de las pandillas delictivas, sus aspectos conexos y sus efectos en el entorno social, con un enfoque integral que comprenda, entre otros, su prevención y la rehabilitación y reinserción de las personas afectadas por este fenómeno, fortaleciendo la cooperación para su combate, a fin de eliminar la violencia e intimidación que provocan en la sociedad.

24. La necesidad de continuar los esfuerzos en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Programa de Acción).

25. La importancia de intensificar la cooperación, de acuerdo con los compromisos internos e internacionales, para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, a fin de continuar enfrentando la delincuencia y la violencia en la sociedad, como parte de la consolidación de una cultura de paz y no violencia.

26. La necesidad de continuar promoviendo la organización de un sistema penitenciario fundado en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción a la sociedad.

27. Su determinación de enfrentar todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en especial la pornografía infantil en todas sus manifestaciones, incluyendo en la Internet, y de crear conciencia sobre la dimensión y los efectos de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial.

28. Su compromiso de adoptar políticas y programas para garantizar la inclusión social, económica y cultural de los y las jóvenes, a fin de crear las condiciones necesarias para que la juventud pueda vivir en una sociedad pacífica y no violenta.

29. Su compromiso de promover el respeto y la tolerancia por la diversidad cultural, identidades y religiones de los pueblos, con el objetivo de fomentar una cultura de paz y no violencia.

30. Su compromiso de promover el respeto y la protección del medio ambiente en el contexto de una cultura de paz y no violencia mediante, entre otros, el fortalecimiento institucional y la capacitación de recursos humanos para la formulación de estrategias y proyectos de desarrollo para asegurar la sostenibilidad del medio ambiente.

31. Su intención de emprender iniciativas de cooperación coordinadas para mitigar el impacto de la crisis económica y financiera y sus efectos en los programas sociales, con el apoyo, cuando proceda, de los organismos internacionales, regionales y subregionales.

32. Solicitar a la Secretaría General que, con el apoyo de los Estados Miembros, realice las acciones necesarias para lograr la implementación de la presente Declaración.

Referencia: AG-17-09