APUNTES DEL INFORME DE LA OEA SOBRE LOS HECHOS DE FEBRERO DEL 2003 EN BOLIVIA

 

 

1. Antecedentes y Alcance del Informe de la OEA

 

1. El Informe se origina en una solicitud del Gobierno Boliviano a la OEA en comunicación del Canciller el 14 de Febrero de 2003, solicitando una investigación imparcial de los hechos ocurridos el 12 y 13 de febrero. Luego el 6 de Marzo se reunirían el Presidente de la República, el Fiscal General y el Secretario General para establecer el marco de referencia del trabajo de la OEA. Se concluye en esta reunión que la OEA trabajaría:

 

2. Con la Fiscalía General de la República mediante cooperación técnica, a través de expertos internacionales en áreas afines a la investigación criminal, quienes apoyarían a los fiscales del proceso en la investigación de los hechos de febrero. Se acordó, igualmente, que el apoyo de la OEA a la Fiscalía en nada podría menoscabar la autonomía del Ministerio Público en Bolivia, ni suplantarla en sus funciones constitucionales.

 

3. Con el Gobierno Nacional, en la elaboración y presentación de un informe para dar una versión de los hechos de febrero, que permitiera avanzar en la discusión sobre  las fallas institucionales durante esos sucesos y que recomendara al Gobierno y al país posibles acciones para fortalecer la democracia,  así como para tomar decisiones sobre responsabilidades políticas, mas allá del proceso de resolver los problemas que se interponen en la  investigación judicial. En ese sentido, el objetivo del Informe:

 

                                                               i.      Se  limita a describir los hechos ocurridos;

                                                              ii.      A dar sus conclusiones al respecto;

                                                            iii.      A ayudar al poder ejecutivo a establecer responsabilidades políticas sobre sus funcionarios y;

                                                            iv.       A realizar recomendaciones para evitar la recurrencia de hechos de esta naturaleza

 

Hoy la OEA esta presentando el Informe mencionado en este punto.  Este NO compromete al Ministerio Público, ni a la Fiscalía General de la República, ni al poder judicial en sus funciones jurisdiccionales, ni expresa la opinión de los organismos competentes sobre la investigación. A la OEA no le asisten funciones jurisdiccionales, por lo tanto no es de su esfera señalar a las personas que intervinieron en la comisión de delitos

 

2. Conclusiones Preliminares de la Investigación de la OEA

 

1. Con respecto a los actos contra Palacio y el Presidente de la República

 

                                                               i.      Los disparos realizados contra el Palacio Presidencial han estado dirigidos a los lugares o ambientes en los cuales el Presidente realiza la mayor parte de sus funciones. Si bien es evidente que la vida del Primer Mandatario estuvo amenazada, no existen por el momento suficientes evidencias para afirmar de manera categórica que dichos disparos respondieron a un plan preestablecido para asesinar al Presidente de la República de Bolivia.

 

                                                              ii.      A juicio de la OEA, en esos días no hubo una insurrección generalizada en Bolivia. Hubo marchas, estuvieron presentes un número significativo de personas desafiando el orden constitucional, se presentaron escaramuzas, pero no una insurrección. Por el contrario, la inmensa mayoría de bolivianos permaneció atónita frente al desarrollo de estos hechos, temió por la suerte del país y de sus instituciones democráticas y no respaldó salidas inconstitucionales.

 

2. Con respecto a la Acción Militar

 

                                                               i.      El 12 y 13 de Febrero las Fuerzas Militares actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho ante el ataque policial,  y actuaron de  forma contenida y proporcional.

 

                                                              ii.      Sin embargo, las conductas de algunos uniformados y su participación en algunos hechos del 13 de febrero,  deben ser investigadas y aclaradas para, en caso de existir conductas antijurídicas, se deben aplicar las sanciones correspondientes.

 

3. Con respecto a la Acción Policial

 

                                                               i.      Este Informe considera que lo ocurrido el 12 y 13 de Febrero es una insubordinación de miembros de la Policía contra la Constitución y las leyes bolivianas. Una insubordinación que quebrantó las instituciones políticas de acuerdo con el ordenamiento jurídico boliviano y según la Carta Democrática Interamericana.

 

                                                              ii.      Las conductas de miembros de la PN y su participación en algunos hechos del 12 y 13 de febrero deben ser investigadas y aclaradas para, en caso de existir conductas antijurídicas, aplicar las sanciones correspondientes.

 

3. Recomendaciones

 

1. A todos los actores políticos, sociales, religiosos y económicos de Bolivia

 

                                                               i.      Es evidente que Bolivia requiere hoy suscribir acuerdos explícitos sobre las reglas de juego mínimas para participar en forma transparente de la democracia, que comprometan la acción política y social de todas las organizaciones con vocación pública, sin excepción alguna, así su propósito sea el ejercer el derecho a la oposición y crítica al sistema democrático mismo.  Se trata de acuerdos  que definan los principios que unen a todos los actores políticos y sociales, y que inclusive pueda tener alguna participación internacional.

 

2. Al Presidente y al Congreso

 

                                                               i.      La Fiscalía General de la República debe remitir, en función a los casos específicos, los asuntos que deban ser conocidos por la jurisdicción ordinaria y los que deban ser tratados en la jurisdicción militar.

 

                                                              ii.      El país debe separar las labores de policía de seguridad de las funciones de investigación, y en ese sentido tiene que hacerse realidad que las funciones de policía judicial, con sus recursos humanos, técnicos y presupuestales, pasen en su totalidad al Ministerio Público.

 

                                                            iii.      De manera transitoria, y con miras al propósito de la investigación, debería implementarse el  mecanismo para que la Fiscalía General de la República pueda contratar, amparada en su Ley Orgánica, asesores o investigadores especializados, lo que le permita contar con un cuerpo de investigadores que dependan orgánica, funcional y operativamente de esa sola institución.

 

                                                            iv.      Es necesario que el Estado indemnice y repare a las víctimas. Excepcionalmente y sólo para éste caso particular, el Poder Ejecutivo debe constituir una Instancia que realizará una evaluación de todos los daños personales sufridos como consecuencia directa de la violencia del 12 y 13 de Febrero de 2003.

 

                                                             v.      A juicio de la OEA, la separación inmediata de funciones de mando en la Policía a  quienes lideraron el amotinamiento del 12 y 13 de febrero por violación del Art. 215 de la Constitución Política del Estado, mientras se llega a la conclusión de la investigación penal correspondiente, es una condición necesaria para el fortalecimiento no sólo de la institución policial, sino también para la credibilidad en la justicia.

 

                                                            vi.      El Gobierno debe avocar con urgencia la creación de una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, que sea una política de estado y no sólo de la actual administración.

 

3. A los partidos políticos y al Congreso Boliviano

 

                                                               i.      La tarea de una reforma política en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad es particularmente importante para el futuro de Bolivia.

 

                                                              ii.      También así el tema de la participación de las poblaciones indígenas en el proceso político, en consonancia con el esfuerzo hemisférico por conseguir que  esa participación sé de una manera permanente, ética y responsable.

 

                                                            iii.      Es necesario conseguir un pacto social o acuerdo nacional que permita lograr convergencia en temas nacionales. Puede ser poco útil para dirimir las diferencias y grandes desacuerdos que han surgido entre el Gobierno y la oposición o usarlo para dirimir las diferencias sobre el modelo económico o la política antidrogas. Pero es importante para establecer los consensos nacionales; para abrir los canales de participación y para buscar los instrumentos que permitan realizar una reforma política en el país y establecer acuerdos sobre temas económicos que faciliten sacar a Bolivia de su actual situación.

 

4. A la Comunidad Internacional

 

                                                               i.      Es preciso apoyar al sector productivo y bancario, sensiblemente debilitados por el escaso crecimiento económico de los últimos cuatro años. Fortalecer el sector de las exportaciones y en particular aprovechar mejor los beneficios del ATPDEA.

 

                                                              ii.      La estrategia de desarrollo del país para asegurar que se logren niveles de crecimiento que aseguren una reducción sustancial de la pobreza y mejoren los índices de desarrollo humano de nuevo, hace  indispensable que se tome una decisión oportuna para el desarrollo de los proyectos dirigidos a explotar las vastas reservas de gas y petróleo, particularmente el proyecto LNG, basada en criterios económicos y financieros razonables. Tal proceso, sin embargo, dado el elevado grado de cuestionamiento al que esta sometido, debe estar regido por un intenso proceso de consultas y participación ciudadana, debe ser muy transparente y debe contar para su decisión  con mucha persuasión  y con un alto grado de apoyo ciudadano.

 

                                                            iii.      Es muy importante conseguir un apoyo suficiente y oportuno del Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión los problemas no fueron solo sobre condicionalidad sino sobre oportunidad.

 

                                                            iv.      Un programa de fortalecimiento de la Justicia y del Ministerio Público es absolutamente prioritario en Bolivia.

 

                                                             v.      También lo es la creación de un Programa Nacional  de Protección y Promoción de Derechos Humanos.

 

                                                            vi.      Es indispensable trasladar a Bolivia el “know how” que existe hoy en el mundo y en las Américas sobre solución de conflictos locales.

 

                                                          vii.      También ofrecer a Bolivia asesoría y apoyo para iniciar una vasta tarea de Reforma de la Policía