Presentado a los medios de
comunicación por Fernando Jaramillo en Caracas el 11 de abril de 2003
Acuerdo
preliminar entre la representación del Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y
sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática
1.
Los
suscritos miembros de la Mesa de Negociación y Acuerdos,
representantes del Gobierno Nacional y de las fuerzas
políticas y sociales que lo apoyan, así como de las
organizaciones políticas y de la sociedad civil que
conforman la Coordinadora Democrática, suscribimos el
presente acuerdo con el espíritu de encontrar el camino de
la concordia para el desarrollo del país. Para ello
reiteramos los principios que nos trajeron a esta mesa entre
los cuales queremos destacar la voluntad que ambas partes
tenemos para que los problemas de Venezuela puedan ser
resueltos por los Venezolanos, y nuestra convicción de la
necesidad de encontrar una solución constitucional,
pacífica, democrática y electoral.
2.
Ambas
partes expresamos nuestra total adhesión y respeto a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su
respeto, y al régimen legal que la desarrolla, se basa la
prevalencia del Estado de Derecho. La Constitución contempla
un conjunto de valores y normas para expresar los principios
fundamentales de convivencia social y política, y establece
los mecanismos de solución de diferencias. Cualquier cambio
para atender las experiencias del proceso político que se ha
vivido debe ser hecho dentro de sus normas y de una manera
preferentemente consensuada por los actores y protagonistas
políticos de la vida pública venezolana, respetando los
principios de pluralidad y proporcionalidad en la
participación de las fuerzas políticas.
3.
Ambas
partes somos conscientes de que en el momento histórico que
vivimos es necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental
para garantizar una democracia pluralista y vigorosa donde
continuemos teniendo espacio para todos y donde la justicia
social, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, el
estado de derecho y la convivencia democrática sean los
valores esenciales. Tenemos conciencia de que hay que
colocar esos valores más allá de la controversia política y
partidista. Muy especialmente estimamos que tales valores
deben redefinirse y profundizarse en una serie de políticas
públicas que se dirijan a áreas concretas como salud,
educación, seguridad ciudadana, administración de justicia,
seguridad social, desarrollo económico, empleo y vivienda.
4.
En la
presente circunstancia queremos expresar que estamos
convencidos de que Venezuela y el pueblo venezolano
continuarán transitando el camino democrático con sentido de
hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano y
voluntad de reconciliación.
5.
Somos
conscientes de que es necesario consolidar en nuestra
sociedad una modalidad de pluralismo en la que sea posible
el ejercicio de la política por todos los actores de la vida
nacional. Venezuela necesita el concurso de todos para
continuar su camino en paz y en democracia, de modo que cada
quien exprese sus ideas, asuma sus posiciones y tome
decisión entre las distintas opciones que políticamente se
le ofrecen.
6.
El Gobierno y las Fuerzas Políticas y sociales que lo
apoyan, y las organizaciones políticas y de la sociedad
civil representadas por la Coordinadora Democrática expresan
su adhesión a los principios consagrados en la Carta
Democrática Interamericana, que declara el derecho de los
pueblos a vivir en democracia y la obligación de los
Gobiernos y todos los ciudadanos de promoverla y defenderla.
Ambos sectores comparten los valores allí consignados, como
aquellos según los cuales al poder no puede accederse sino
con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones libres justas y transparentes; y la separación e
independencia de los poderes públicos; la democracia
representativa que se refuerza y enriquece con la
participación permanente, ética y responsable de la
ciudadanía, en un marco de legalidad; el estricto respeto a
los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, a
la libertad de expresión, de información y de prensa, a la
eliminación de todas las formas de discriminación e
intolerancia. Ambas partes también reconocen las estrechas
relaciones entre la democracia y la lucha contra la pobreza,
entre la democracia y el desarrollo, y entre la democracia y
la prevalencia de los derechos humanos.
7.
Ambas
partes manifestamos nuestra adhesión a los principios de la
Carta de la OEA; al derecho internacional como norma de
conducta de los estados en sus relaciones reciprocas; al
respeto a la soberanía y a la no-intervención; a la
autodeterminación de los pueblos; a la igualdad jurídica de
todos los estados; y a la solución pacífica de las
controversias.
8.
Las partes
signatarias de este Acuerdo ratificamos la vigencia y
nuestra plena adhesión y compromiso con la “Declaración
contra la Violencia por la Paz y la Democracia’’ suscrita el
18 de Febrero del 2003, la cual debe considerarse como
parte integrante de este Acuerdo.
9.
Ambas
partes coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de
la fuerza por parte de la Fuerza Armada Nacional, y policías
metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa
fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y
en la de asegurar la esencia de un Estado democrático. La
función de los órganos policiales será dirigida por las
autoridades civiles que ejercen su mando conforme lo
disponen la Constitución y la Ley, para lo cual se deberá
dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y a las
decisiones judiciales que regulan las labores de
Coordinación de Seguridad Ciudadana. En todo caso los
cuerpos de policía y cualquier otro organismo de seguridad
con competencias nacionales, estadales o municipales, no
deberán utilizarse como instrumentos de represión arbitraria
o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones
que impliquen intolerancia política.
10.
Las partes
nos comprometemos a adelantar, con el apoyo de las
instituciones del Grupo Tripartito Internacional, una
vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil,
basada en la ley aprobada en la Asamblea Nacional, y con el
apoyo y la observación de instituciones internacionales, sin
menoscabo de nuestra soberanía nacional. Las partes
seguiremos las conclusiones de la Mesa de Diálogo realizada
por la Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el
desarme de la Población Civil.
11.
Exhortamos
a las fracciones políticas representadas en la Asamblea
Nacional a concluir la Ley para la conformación de la
Comisión de la Verdad, a fin de que la misma coadyuve en el
esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 y coopere
con los órganos judiciales para que se establezcan las
debidas responsabilidades y se sancione a los culpables.
12.
En la
búsqueda de una salida electoral a la situación política que
ha vivido el país y como lo señala la síntesis operativa,
las partes después de una discusión profunda sobre el tema,
hemos avanzado en el presente acuerdo en que, tal y como lo
expresa la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, se prevé la eventual celebración de un referendo
revocatorio del mandato del Presidente de la República, si
así se solicita por el número exigido de electores y se
aprueba por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que
se establezca que se han cumplido los requerimientos
constitucionales y legales. Para este propósito, hemos
estimado importante aclarar algunos aspectos para que el
mecanismo contenido en el Art. 72 de la Constitución pueda
ser aplicado de la manera más transparente y eficaz posible,
sin perturbaciones o interferencias de ningún sector, sea
del Gobierno o de la oposición.
13.
Ambas
partes asumimos que tal y como lo decidió el Tribunal
Supremo de Justicia, por medio de su Sala Constitucional en
sentencia del día 13 de febrero de 2003, la mitad del
período presidencial se cumple el 19 de agosto de 2003.
14.
Las dos
partes coincidimos en que resulta indispensable contar a la
brevedad posible con un árbitro electoral a ser designado en
la forma prevista en la Constitución, sin menoscabo de las
decisiones judiciales, que ofrezca garantías de
imparcialidad y transparencia en cualquier proceso electoral
y referendario. En ese sentido, se considera muy importante
el trabajo que se está adelantando en la Asamblea Nacional.
Las dos Partes manifestamos nuestra disposición a coadyuvar
como factor de entendimiento en todo lo referente a la
conformación y operatividad del Árbitro Electoral, sin
interferir en el proceso normal que se está llevando a cabo
por el poder legislativo nacional. Se dispuso mantener una
vinculación estrecha con el proceso de designación de la
nueva Directiva del CNE y prestar el apoyo y la asistencia
que se consideren necesarios, con el objeto de agilizar
todas las instancias operativas del órgano electoral.
15.
Desde el
comienzo de la Mesa de Negociación y Acuerdos las dos Partes
hemos manifestado, en reiteradas oportunidades, nuestra
inquietud por la necesidad de crear un clima político y
electoral apropiado. Las partes hemos decidido que en las
presentes circunstancias la manera más eficiente de
contribuir a mejorar el clima político y electoral es a
través de acuerdos en la Mesa.
16.
Las dos
partes estamos comprometidas con la libertad de expresión,
tal como esta consagrada en nuestras normas
constitucionales, legales y en la Carta Democrática
Interamericana. Las dos partes nos proponemos trabajar con
los medios de comunicación públicos y privados, para
promover su identificación con los propósitos enunciados en
este documento y en la Declaración contra la violencia y por
la paz y la democracia, particularmente en lo que hace
relación a la desactivación de la violencia y sobre su papel
de informar a los ciudadanos sobre las opciones políticas
con un sentido de equidad e imparcialidad.
17.
En lo
referente a la financiación por parte del Estado de los
referendos revocatorios, los representantes del Gobierno han
manifestado el compromiso de éste de disponer de todos los
recursos necesarios para que los mismos se lleven a cabo
oportunamente, siempre y cuando se cumpla con todos los
requisitos legales que las normas establecen. En lo
referente al Plan República, igualmente se hace énfasis en
que si todo el procedimiento se ajusta al ordenamiento
legal, los órganos competentes del Estado estarán en
disposición de activar dicho plan ante la solicitud de las
autoridades electorales, en los mismos términos y
condiciones en que habitualmente ha sido ejecutado en
procesos electorales anteriores. Los miembros de la Mesa
elaborarán una comunicación formal conjunta dirigida a las
autoridades que correspondiera, haciendo referencia a este
punto de una manera clara una vez el CNE haga las
solicitudes correspondientes.
18.
La OEA, el
Centro Carter y las Naciones Unidas, han manifestado su
disposición para prestar la asistencia técnica que les sea
requerida por el Poder Electoral de la República Bolivariana
de Venezuela para la realización de cualquier tipo de
consulta electoral. Esta asistencia técnica podría incluir
desde las actividades preparatorias o preelectorales hasta
las actividades propias de observación electoral. En lo
referente al apoyo directo que se le puede prestar al CNE,
es importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto
con recursos humanos como materiales, que estas tres
organizaciones han ofrecido.
19.
Se acuerda
entrar en relación inmediata con la Directiva del CNE
competente, dentro del propósito que asiste a esta Mesa,
cual es fortalecer el Sistema Electoral venezolano,
coadyuvando en la identificación de las áreas en las que se
requeriría apoyo internacional.
20.
La fecha en
la que debería realizarse el eventual referendo revocatorio
del mandato del Presidente de la República, una vez
cumplidos los requisitos legales y constitucionales
pertinentes, la determinará el CNE en los plazos
correspondientes según las previsiones del artículo 184 de
la Ley del Sufragio y Participación Política, sin ningún
tipo de demora que afecte su realización. En tal sentido
ambas partes aceptamos que dicha ley regirá la realización
del mencionado referendo y la misma no será modificada en
las normas que regulan los procesos referendarios.
21.
Las partes
convienen en que la Mesa de Negociación y Acuerdos seguirá
tratando una serie de temas aun no resueltos, los cuales son
inherentes o conexos con los aquí tratados, así como también
continuará haciendo el seguimiento operativo y la
instrumentación de los puntos contenidos en este segundo
acuerdo, a los fines de lograr su concreción.
22.
La OEA, el
Centro Carter y el PNUD, conforme a sus respectivos
mandatos, y con base en lo estipulado en la síntesis
operativa desarrollarán un papel de garantes del presente
acuerdo. El facilitador estará a disposición de las partes
para apoyarlas en el desarrollo de los acuerdos o para
dilucidar cualquier diferencia que pueda surgir para su
cabal cumplimiento.
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