TRIGÉSIMO TERCER
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P
8-10
de junio de 2003 AG/doc.
4231/03 add. 1
Santiago,
Chile 7
junio 2003
Original: español
Punto
XIV del temario
INFORME SOBRE LA LABOR
DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
EN VENEZUELA
INFORME SOBRE LA LABOR
DE FACILITACIÓN
DEL SECRETARIO GENERAL EN VENEZUELA
I.
Introducción.
El 13 de Abril de 2002 el Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos condenó la alteración del orden
constitucional en Venezuela, los lamentables hechos de violencia que causaron
la pérdida de vidas humanas, instó a la normalización de la institucionalidad
democrática, y envió una misión encabezada por el Secretario General de la OEA
para investigar los hechos y adelantar las gestiones que considerara necesarias
para restablecer el orden constitucional.
El 18 de Abril de 2002 el Secretario General
presentó el informe de su visita. Ese mismo día, en reunión extraordinaria, la
Asamblea General de la OEA por medio de la Resolución AG/RES.1 (XXIX-/02)
acordó brindar el apoyo y la ayuda de la Organización de los Estados Americanos
que el Gobierno de Venezuela requiriese para la consolidación de su proceso
democrático.
Asimismo, la Declaración AG/DEC.28 (XXXII-0/02)
reiteró el ofrecimiento de apoyo y ayuda, en tanto la Resolución CP/RES.821
(1329/02) saludó la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y realizar
un proceso de diálogo que contara con la participación de todos los sectores
del país y con el apoyo de la comunidad internacional y alentaba al Gobierno y
a todos los sectores de la oposición, así como a los sectores sociales e
instituciones de Venezuela para que a través del diálogo y en estricto apego a
la Constitución de la República, se lograra la reconciliación nacional tan
esperada por el pueblo venezolano y la comunidad internacional.
En junio de 2002, en Barbados, la Asamblea General
a través de la Declaración sobre la Democracia en Venezuela reiteró su apoyo al
diálogo nacional convocado por el Presidente Chávez y el ofrecimiento de
colaborar en el mismo en el marco de la Carta Democrática de la OEA.
En julio tras la visita a Venezuela del ex
presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, la OEA, el PNUD y el Centro Carter,
en cumplimiento de la resolución OEA AG/RES.1 (XXIX-E/02) iniciaron la
exploración de una posible facilitación de las tres organizaciones para un
diálogo entre el gobierno y la oposición.
II.
Invitación.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
sectores de la oposición representados en la Coordinadora Democrática invitaron
a participar a la OEA, al Centro Carter y al PNUD en el proceso de búsqueda de
soluciones a la situación por la que atraviesa el país. El Gobierno de
Venezuela, mediante comunicación enviada por parte del vicepresidente de la
república, José Vicente Rangel al Secretario General Cesar Gaviria, expresó su
disposición de buscar un mecanismo consensuado de acercamiento entre el
Gobierno, los diferentes actores de la oposición y otros sectores de la vida
nacional, mecanismo que incluiría la designación de una o varias personas
calificadas en el ámbito internacional que facilitaran el diálogo y la búsqueda
de acuerdos democráticos en el marco de la constitución. De igual forma, en
carta enviada al Secretario General de la OEA, sectores de la oposición
agrupados bajo el nombre de Coordinadora Democrática de Venezuela, expresaron
su agrado con la propuesta de que la OEA, el PNUD y el Centro Carter
contribuyeran a facilitar un diálogo nacional.
(Ver anexos)
III.
Diseño y realización de las misiones preparatorias.
En atención a las invitaciones referidas, la OEA,
el PNUD y el Centro Carter constituyeron un grupo de trabajo conjunto
–denominado Misión Tripartita- el cual procedió al establecimiento de una
estrategia de aproximación, exploración y creación de condiciones tendiente a
la facilitación de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación en
Venezuela.
Entre el 8 y el 13 de septiembre de 2002 la
comisión tripartita internacional, conformada por Fernando Jaramillo (OEA),
Elena Martínez (PNUD) y Jennifer McCoy del Centro Carter, visitó Venezuela con
el fin de asistir a los representantes del Gobierno y de la oposición
venezolana en la búsqueda y el diseño de mecanismos que resultaran aceptables para
ellos y que permitieran tratar los temas sustanciales de interés de las partes.
La misión internacional mantuvo reuniones con el
Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, con el Presidente de la
Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Baltazar Porras, con miembros de la
Coordinadora Democrática, propietarios de medios de comunicación, directivos de
Fedecámaras, dirigentes de la CTV, diputados oficialistas y opositores,
directivos de la Asamblea Nacional, entre otros actores nacionales.
La Misión Tripartita obtuvo importantes avances
durante su accionar, destacándose como fundamentales la disposición al diálogo
de todos los sectores; el avance con el Gobierno y con la oposición en la
elaboración de una Declaración de Principios por la Paz y la Democracia; las
coincidencias en el Gobierno y en la oposición en cuanto a algunos temas
sustantivos a resolver; la identificación de otros temas que podían ser parte
de una agenda más amplia.
Entre el 2 y el 4 de octubre de 2002, el
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César
Gaviria, atendiendo una invitación que le extendiera el jefe del Estado
venezolano, Hugo Chávez Frías, realizó una visita al país, con el fin de
propiciar que el gobierno y la oposición definieran una agenda común de diálogo
que les permita conjuntamente buscar soluciones a la crisis venezolana.
Como producto de las gestiones del Secretario
General, días más tarde el Gobierno de la República y la Coordinadora
Democrática suscribieron la Declaración de Principios por la Paz y la
Democracia en Venezuela, a través de la cual los firmantes destacan que los
problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos por los mismos Venezolanos,
en el marco de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela, su completa adhesión a los principios democráticos y a la justicia
oportuna, repudian el recurso de la violencia, reconocen la necesidad de buscar
caminos que fortalezcan la convivencia democrática del pueblo venezolano y que
censuren la perturbación a las normas que la rigen, declaran su disposición
para iniciar un proceso de conversaciones sinceras entre todos los sectores a
fin de lograr soluciones aceptables de los conflictos políticos que contribuyen
a los desequilibrios que padece el país, reiteran su solicitud de apoyo y
asistencia del Grupo de Trabajo conformado por representantes de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter (TCC), comprometen su colaboración con
el Grupo de Trabajo a fin de explorar las fases preparatorias para poner en
marcha un proceso de acuerdos asistido y verificable que permita alcanzar, a
través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas al marco
constitucional y reafirman su convicción de que Venezuela y el pueblo
Venezolano sabrán superar la presente situación, pacífica y democráticamente,
asegurando la vigencia del estado de derecho y la dignidad de todos sus
ciudadanos.
Durante el mes de octubre de 2002, el contexto
político venezolano estuvo enmarcado por numerosos acontecimientos, entre los
que pueden destacarse dos marchas (una en rechazo y otra en apoyo al Presidente
de la República), un “Paro Cívico” (el tercero de los últimos 12 meses), un
pronunciamiento de un grupo de militares, quienes se declararon en
"desobediencia legítima" y se concentraron en la plaza Altamira, así
como el avance en el proceso de recolección de firmas tendientes a solicitar
ante el CNE la convocatoria a referendo consultivo.
El 22 de octubre de 2002, el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, anunció su
próxima visita a Venezuela (a partir del 27 de octubre) y expresó que “Los
recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela ponen de relieve la prolongada
y profunda polarización en ese país, así como la necesidad de pasar de un clima
de confrontación a un marco de negociación directa entre el gobierno y la
oposición. Es imperativo que los venezolanos enfrenten los problemas actuales
dentro del orden constitucional y el estado de derecho, por medio de los
mecanismos democráticos previstos en la Constitución.” El Secretario General
refirió, asimismo, que "La naturaleza pacífica de las marchas recientes de
la oposición y del gobierno, así como del paro laboral del 21 de octubre, es
evidencia clara de progreso hacia una solución consensuada. Estos eventos
demostraron que la sociedad venezolana es capaz de canalizar sus diferencias en
forma democrática y que el recurso a la violencia no es un resultado inevitable
del disenso. Destacó como "otra indicación positiva” que el gobierno y los
sectores de la oposición hayan firmado la Declaración de Principios para la Paz
y la Democracia en Venezuela, presentada en septiembre por la misión conjunta
de la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
El Secretario General anunció la presentación de
propuestas específicas para trabajar sobre los tres temas ya aceptados como
puntos de negociación entre las partes (el fortalecimiento del sistema
electoral, la investigación de los hechos del 11 de abril pasado y la necesidad
de desarmar a la población civil), así como una estructura y una agenda para un
debate que incluya los temas críticos que siguen dividiendo a la sociedad
venezolana.
En la sesión ordinaria del Consejo Permanente de
la Organización de Estados Americanos se discutió la situación política en
Venezuela. El Secretario General expuso sobre sus actividades. Se refirió a la
Declaración de Principios, indicó que los problemas políticos deben ser
resueltos en el marco de la constitución y las leyes y destacó la importancia
de la total adhesión a los principios democráticos y la justicia oportuna, así
como un repudio a los hechos de violencia. Mencionó que entre los temas
acordados, está el fortalecimiento del sistema electoral, la necesidad de
apoyar un proceso de investigación sobre los hechos de abril y el desarme. A efectos de apoyar el proyecto de facilitación
en Venezuela, la Secretaría General, a través de la Unidad para la Promoción de
la Democracia y su Programa Especial para la Promoción del Diálogo y la
Resolución de Conflictos, diseñó una propuesta conteniendo los objetivos y
funcionamiento de estos componentes1. Por su
parte, el embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, pidió ayuda de esta
organización para resolver la situación del país.
Un grupo de militares venezolanos hizo público un
comunicado en el cual invitaban a la insurrección castrense, la desobediencia
civil y pedían la renuncia del Presidente Chávez. Gaviria señaló que tales
actitudes y demandas quebrantan la lealtad constitucional que los oficiales de
las Fuerzas Armadas le deben al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
Agregó que se contraviene el artículo cuarto de la Carta Democrática
Interamericana, de la OEA, el cual establece que uno de los "elementos
esenciales" de la democracia es "la subordinación constitucional de
todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida
y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la
sociedad". Tal obligación se extiende a todos los integrantes de las
instituciones y sectores. El Secretario General hizo un llamado a todas las
fuerzas de oposición en Venezuela, a la sociedad civil y a los demás
protagonistas de la vida pública venezolana, para que recurran únicamente a los
medios democráticos, pacíficos y constitucionales para tramitar sus diferencias
con el gobierno de Venezuela.
Ante el pronunciamiento de los oficiales de la
FAN, la Coordinadora Democrática declaró que la responsabilidad fundamental de
este tipo de eventos recae exclusivamente en el gobierno, que la situación se
agrava hasta límites intolerables por la persecución de que son objeto los
oficiales no afectos al gobierno, que nuevamente le exigen al Presidente que
renuncie y que permita que se exprese la voluntad del pueblo. Ratificaron su
rechazo a cualquier salida que implique un golpe o autogolpe de estado, así
como exigieron a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia que
cumplan con su deber. Reiteraron su voluntad de resolver la crisis por medios
democráticos y a través de una consulta popular y mencionan la contribución que
a ello pueden hacer los organismos internacionales
Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de
2002, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, continuó su tarea de
facilitación en Venezuela.
Tal como lo adelantara, el Secretario General
presentó a ambas partes la propuesta de un diseño de proceso que recogía las
valoraciones y recomendaciones que en su oportunidad hicieran la Misión
conjunta de los 3 organismos (“Grupo Tripartita”) y las partes, y esbozaba los
lineamientos generales de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación
entre las principales fuerzas opositoras y el gobierno venezolano.
Como Objetivo Principal se planteó facilitar un
proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Venezolano y representantes
de la Coordinadora Democrática, mediante el establecimiento de una Mesa de
Trabajo, Diálogo y Negociación. Dicha Mesa tendría una duración de
aproximadamente un mes (hasta el 4 de diciembre), plazo que podría ser
prolongado por acuerdo de las partes. Sería conducida por un Facilitador
Internacional, y apoyada por un equipo técnico especializado en el campo de la
negociación y resolución de conflictos a través de los organismos
internacionales que componen el Grupo Tripartita.
Como Objetivos Específicos se señalaron los de
discutir el tema electoral como mecanismo para resolver el actual impasse
político; discutir temas adicionales de interés recogidos en una agenda de
trabajo, que conlleven a acciones e iniciativas que el Estado y la oposición
puedan cumplir, contribuyendo con ello a establecer un mínimo grado de
confianza mutua, y estimular a las partes a lograr acuerdos concretos y
medibles para avanzar en los temas escogidos, y para evaluar la conveniencia de
una posible continuidad de este esfuerzo.
Una primera ronda de búsqueda de consensos básicos
fue auspiciada por la Misión Tripartita: Tras ella, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y la oposición a través de los principales integrantes
de la Coordinadora Democrática resolvieron (a) aceptar la Declaración de
Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela como marco general de
compromiso con un proceso de concertación y negociación; (b) aceptaron iniciar
un diálogo sin condiciones previas; e (c) identificaron unos temas centrales
como puntos de la agenda de negociación.
Para la siguiente fase de acercamiento entre las
partes, y con el propósito de avanzar rápidamente en la iniciación de un
proceso de diálogo y de negociación, el Secretario General de la OEA, César
Gaviria, cumpliría las funciones de Facilitador Internacional.
El Gobierno designaría seis representantes para la
Mesa. De la misma manera, se le solicitaría a la Coordinadora Democrática
designar seis integrantes adicionales a la Mesa, en representación de esa
instancia.
El Facilitador Internacional y los delegados de
ambas partes, procederían a instalar lo antes posible la Mesa de Negociación y
Acuerdos.
En este proceso facilitador, los representantes de
la mesa tendrían que (a) ratificar una agenda específica; (b) definir un
cronograma, los mecanismos y procedimientos específicos para el funcionamiento
de la Mesa de Negociación y Acuerdos; (c) definir reglas de juego internas de
la negociación y externas de cara a la sociedad y la comunidad internacional;
(d) acordar una estrategia de comunicación para el manejo de los medios y
transmisión de los resultados logrados en el proceso de facilitación y
negociación. Asimismo, se sugirió que se considerara la realización de una
campaña de divulgación sobre la marcha del proceso de la Mesa de Negociación y
Acuerdos, conducida por el Grupo Tripartita, (e) considerar el establecimiento
de Mesas de trabajo complementarias con el fin de hacer llegar propuestas
concretas a la Mesa principal.
Se decidió dar seguimiento a la implementación de
los acuerdos alcanzados, según lo consensuado por las partes durante la
negociación y siguiendo un cronograma establecido para el cumplimiento de los
mismos. Para este fin, se trabajaría cercanamente con la Asamblea Nacional para
ratificar el compromiso de las partes de respaldar los acuerdos logrados. El
papel de la Misión Tripartita concluiría con la implementación de los acuerdos
de la Mesa.
Un Facilitador Internacional sería responsable de
guiar los acuerdos políticos de la Mesa de Trabajo, Diálogo y Negociación. La
Misión Tripartita, integrada por representantes de alto nivel de la OEA, PNUD y
el Centro Carter, apoyaría el papel de los tres Organismos que representa, en
observar, verificar y servir como garantes del proceso de negociación, y en el
seguimiento de los acuerdos. Un equipo operativo2
brindaría apoyo técnico para el funcionamiento idóneo de la Mesa.
Se propuso que la sede de la Mesa de Negociación y
Acuerdos en Venezuela fueran las instalaciones de la Conferencia Episcopal
Venezolana.
La propuesta establecía como enfoques prioritarios
de la facilitación: (a) los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos
sólo por los venezolanos, dentro del marco de la constitución política y de las
leyes, como lo han reiterado en diversas ocasiones tanto el Gobierno como la
Oposición; (b) que la negociación se propiciaría desde la perspectiva de
prevalencia del interés nacional por sobre los intereses sectoriales y sobre la
base de la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela,
firmada por el Gobierno y por la Coordinadora Democrática; (c) que la instancia
de facilitación tendría márgenes de flexibilidad procesal para el desempeño de
sus funciones, dentro del marco de la legalidad, la ética y la transparencia.
En tal sentido, funcionará bajo criterios proactivos, previa anuencia de las
partes y de la atención a los insumos aportados por éstas; (d) que la comunidad
internacional, a través de la Misión Tripartita, tendrá una participación
activa en el proceso, pudiendo asumir tres papeles básicos (i) brindar acompañamiento
político al Facilitador Internacional de la Mesa de Negociación y Acuerdos con
el apoyo de un equipo operativo, (ii) servir de Observador, Verificador y/o
Garante de las reglas del juego, del proceso de negociación y del cumplimiento
de los acuerdos a los que se llegue, a través de los mecanismos que se acuerden
con las partes y, (iii) apoyar la difusión de los avances en la Mesa de
Negociación y Acuerdos, principalmente en el ámbito hemisférico e
internacional.
Tanto el Facilitador Internacional y la Misión
Tripartita, como el Equipo Operativo observarían en todo momento los siguientes
principios: (a) Respeto, entendido como la conducta institucional que en la
práctica guarda absoluta consideración a la dignidad de las personas, sus
organizaciones y sus visiones y propuestas para la construcción de la futura
Venezuela; (b) Imparcialidad, que implica el compromiso de asegurar a los
grupos o sectores involucrados en la problemática, que los procesos facilitados
tendrán reglas claras e iguales para todos; (c) Transparencia, supone que las
deliberaciones se harán de cara a la Nación venezolana, de forma tal que sea el
ciudadano el principal fiscalizador, así como el primer beneficiario del
proceso de diálogo. El Facilitador Internacional, a través de la Misión
Tripartita, informaría en forma periódica los desarrollos del diálogo y
guardaría la confidencialidad cuando así fuera acordado por las partes; (d)
Agregación, en el sentido de crear condiciones que propicien la inclusión de
todos los sectores de la sociedad venezolana en el proceso deliberativo,
buscando que el diálogo como instrumento para la tramitación de los conflictos
se replicara a través y en todos los niveles y en todas las organizaciones de
la sociedad. Se trata de un factor fundamental para logro de la gobernabilidad
del país; (e) Autenticidad, lo cual implica tomar en cuenta en el diseño y en
la conducción del diálogo en todo momento, tanto la opinión de las contrapartes
nacionales como de la propia realidad venezolana. Es supuesto de este criterio
el reconocimiento de que son los propios venezolanos los únicos quienes tienen
derecho a interpretar sus realidades y tomar las decisiones más adecuadas para
la construcción de su propio futuro.
Las gestiones de facilitación del Secretario
General dieron como resultado acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora
Democrática relativos a aspectos mínimos de funcionamiento sobre los cuales se
enmarcaría el desarrollo de la Mesa de Negociación y Acuerdos:
§
El papel del Facilitador Internacional de la Mesa sería
desempeñado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria.
§
La Mesa se integraría por seis representantes de ambas
partes. Los representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática debían
ser designados por el acto administrativo o político que correspondiese.
§
La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus
respectivos mandatos, apoyarían técnicamente al Facilitador en su tarea.
§
Se solicitaría a la Conferencia Episcopal Venezolana la
facilitación de una Sede.
§
Solamente el Facilitador tendría a su cargo el “reporte
oficial” al público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte
podría expresar libremente sus consideraciones, aceptando explícitamente que
las mismas no comprometieran a la Mesa sino que fueran reflejo de sus propias
opiniones.
§
La Mesa buscaría acuerdos para solucionar la crisis del
país por la vía electoral, así como también sobre los siguientes temas:
fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e
instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
§
En la primera reunión las partes trabajarían con el
facilitador sobre la definición de los procedimientos, el orden y secuencia de
las sesiones y la elaboración de criterios para organizar el funcionamiento de
la Mesa.
§
Se propuso el establecimiento de Mesas de Trabajo
Complementarias, con delegados de ambas partes, para elaborar propuestas y
recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego llevarlas a la
Mesa principal.
§
La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme sus
respectivos mandatos, desarrollarían un papel de garantes del proceso para
lograr el cumplimiento de los acuerdos.
§
Si cualquiera de los acuerdos a que se llegara por medio
de este proceso requiriese ser considerado en el seno de la Asamblea Nacional,
se encontraría un mecanismo adecuado, previamente acordado entre las partes,
para que este cuerpo tuviese oportuno conocimiento de ellos y pudiera actuar
conforme a sus atribuciones constitucionales.
Los citados acuerdos entre el Gobierno de la
República y la Coordinadora Democrática resultaron formalizados mediante la
elaboración del documento denominado “Síntesis Operativa de la Mesa de
Negociación y Acuerdos”.
Contexto Nacional previo
a la instalación de la Mesa de Negociación y Acuerdos
Es importante delinear
el contexto político antes de la instalación de la Mesa. El 4 de noviembre, a
media mañana, una delegación de la oposición, liderada por la agrupación
Primero Justicia consignó más de dos millones de firmas ante el Consejo
Nacional Electoral (CNE), para convocar a consulta popular. En horas de la
tarde la GN lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los seguidores del
Presidente. En el centro se produjeron numerosos enfrentamientos con más de 20
personas heridas de bala y más de 70 personas con lesiones por asfixia u
objetos contundentes.
Cerca de las seis de la
tarde, sujetos con las caras cubiertas destrozaron la fachada de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y vehículos estacionados en
los alrededores.
El 6 de noviembre, alegando
un supuesto fraude en la consignación de las firmas, la jefa de la fracción
parlamentaria del MVR, Cilia Flores, solicitó al CNE la designación de
representantes de esa tolda política para presenciar el acto de verificación y
cotejo de firmas con el REP y con el Registro Nacional de Cedulación.
El presidente de
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, se reunió
con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César
Gaviria, para notificarle que la central obrera decidió promover el paro
indefinido. No obstante, reveló que la Mesa de Negociación y Acuerdos podría
instalarse durante la tarde siguiente.
Mohamed Merhi,
resolvió desistir de su protesta pacífica extrema. Después de una conversación
con el Secretario General de la OEA, César Gaviria, el padre de la víctima más
joven de los sucesos del 11 de abril se convenció de detener la huelga de
hambre que mantuvo durante 9 días y que puso en vilo su vida. Merhi declaró que
confíaba en que la mediación de César Gaviria en la instalación de las mesas de
diálogo para formar una comisión de investigación de los hechos de abril, tarde
o temprano, traería justicia a Venezuela.
El presidente
Chávez requirió 'la regulación de la situación jurídica de los miembros del
Consejo Nacional Electoral', ante el Tribunal Supremo en el recurso que
interpuso en la Sala Constitucional, con asistencia de la procuradora, en el
cual solicitó un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de varios
artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En el escrito destacó que los
funcionarios del CNE 'deben continuar en el ejercicio de sus cargos, con el fin
de evitar un vacío institucional', lo que descartaría la posibilidad de que el
CNE quede acéfalo, como lo denunciaron diputados de oposición. El primer vicepresidente del CNE, Alfredo Avella, aseguró que el recurso
presentado por el presidente de la República no detendría el proceso de
convocatoria del referendo consultivo porque el CNE se rige por la Ley del
Sufragio y no por la Ley del Poder Electoral.
El general de brigada
(Ej.) Vidal Rigoberto Martínez invitó a sus compañeros de armas a respaldar una
huelga indefinida, reiterando que los uniformados que se encuentran en la plaza
Francia de Altamira sólo abandonarían el lugar cuando el presidente Hugo Chávez
renuncie a su cargo, y explicó que el paro 'sería cívico-militar'.
El 7 de noviembre el
presidente de la República, Hugo Chávez, insistió que se incurriría en un
'fraude constitucional' si el Consejo Nacional Electoral convoca a un referendo
consultivo para revocarle su mandato, a solicitud de electores de la oposición.
'Los que llevaron unas firmas al CNE hace unos días pretenden ahora, a través
de un fraude constitucional, sacarme', y lo incluyó dentro de un 'golpe
continuado'. El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, advirtió que a
pesar de que el TSJ negó la inconstitucionalidad que invocó el Gobierno para la
Ley Orgánica del Poder Electoral, el Ejecutivo confíaba en que la Sala
Constitucional declararía la inconstitucionalidad de la convocatoria de un
referendo que sometiera a consulta el mandato de un cargo de elección popular
como la Presidencia de la República, que solicita la oposición.
La plenaria de
la Asamblea Nacional aceptó, con los votos del oficialismo, la renuncia de dos
de los directivos del CNE, Roberto Ruiz y Vicente González, en un intento por
generar 'un vacío de poder' en el organismo comicial. El debate sobre las
dimisiones fue solicitado por el MVR en sesión del jueves en la tarde, pocas
horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el
recurso de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del Poder
Electoral (LOPE).
Sería la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la que se encargue de
designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en caso
de que se presente un vacío institucional por el incumplimiento por parte de la
Asamblea Nacional (AN) de los mandatos legítimos que establece la Carta Magna,
tal como estableció un fallo de la Sala Constitucional que, por unanimidad,
declaró sin lugar la solicitud de inconstitucionalidad de varios artículos de
la Ley Orgánica del Poder Electoral, incoado por el presidente Hugo Chávez.
En este contexto, las partes acordaron iniciar las
rondas de negociaciones el 8 de noviembre de 2002, así como la designación de
sus respectivas representaciones para dicho proceso. Se estableció que la sede
de las conversaciones sería el Seminario San José, ubicado en el Municipio El
Hatillo. Aunque no quedó escrito, la Coordinadora Democrática estableció como
fecha máxima para deliberar, el 4 de diciembre de 2002.
El Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela nombró –mediante nota formal- a José
Vicente Rangel (Vicepresidente de la República), Roy Chaderton (Ministro de
Relaciones Exteriores), Aristóbulo Isturiz (Ministro de Educación, Cultura y
Deportes), María Cristina Iglesias (Ministra de Trabajo), Ronald Blanco
(Gobernador del Estado de Táchira), Nicolás Maduro (Diputado ante la Asamblea
Nacional) y Jorge Valero (Embajador de la RBV ante la OEA, con carácter de
Asesor). Por su parte, la Coordinadora Democrática –también mediante nota
formal- designó a Timoteo Zambrano (Alianza Bravo Pueblo), Américo Martín
(Organizaciones No Gubernamentales), Alejandro Armas (Diputado ante la Asamblea
Nacional), Eduardo Lapi (Gobernador del estado Yaracuy), Manuel Cova
(Secretario General de la Central de Trabajadores de Venezuela), Rafael Alfonso
(miembro de Fedecámaras) y Juan M. Raffalli (Primero Justicia, con carácter de
Asesor).
El 16 de
diciembre, tras más de 5 semanas de reuniones en el marco de la Mesa, el
Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/Res. 833 (1348/02) respaldando la
institucionalidad democrática en Venezuela y la gestión de facilitación del
Secretario General de la OEA.
Asimismo un mes
más tarde, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, informó que
recibiría apoyo de un Grupo de Países Amigos conformado Brasil, Chile, España,
Estados Unidos, México y Portugal, para continuar las negociaciones en
Venezuela. El Grupo de Países Amigos se reunió por primera vez el 24 de enero
de 2003 en Washington donde se acordó que una
delegación conformada por vicecancilleres y otros altos funcionarios de los
seis países visitaría Caracas la semana siguiente. El Grupo de Amigos se ha
reunido tres veces desde ese momento, una vez en Caracas el 31 de enero; la
segunda vez en Brasilia el 10 de marzo; y la tercera vez en Caracas el 9 de
mayo.
RESUMEN DEL PROCESO DE
FACILITACION
Para entender el desarrollo del proceso durante
los últimos seis meses es importante repasar algunos de los elementos más
relevantes que lo enmarcan. Es claro que el papel cumplido por el Secretario
General fue el de facilitador, y así lo
expresó en reiteradas oportunidades. Por su parte el Gobierno también
hizo mucho énfasis en que el Secretario General fue invitado a Venezuela en
esta calidad exclusivamente. Las propuestas que se presentaron fueron a
petición de las dos partes. Este es un
breve resumen del proceso de facilitación, con los desarrollos más importantes.
Antes del inicio de todo este proceso, en el caso
particular de la OEA, era indispensable obtener la invitación del Gobierno de
Venezuela, lo que se logró a través de una comunicación suscrita por el
Vicepresidente Rangel. Por otra parte la oposición, representada por la
Coordinadora Democrática también envió
una invitación directa a la OEA para que facilitara el diálogo entre las
partes. Como marco del proceso de negociación se trabajó, conjuntamente con las
partes, un documento denominado SINTESIS OPERATIVA, el cual fue suscrito por
éstas el día 7 de noviembre de 2002 luego de un largo proceso de
intermediación. Es importante resaltar dicho documento, ya que las partes se
comprometieron a encuadrar la negociación dentro de esos términos, y muchos de
los temas que están incluidos en otros documentos emanados de la Mesa tienen su
fundamento en el mismo.
La Mesa de Negociación y Acuerdos se instaló el
día 8 de Noviembre del 2002. Esta desde entonces se vió afectada por factores
coyunturales que influyeron en su funcionamiento. Vale destacar, en el mes de
diciembre del 2002, la intervención de la Policía Metropolitana por parte del
gobierno, lo que generó como reacción de la oposición, el llamado al paro
general. Este paro se convirtió en indefinido, y se unió a él parte de la
industria petrolera a través de PDVSA. En el mes de diciembre y en los meses
siguientes la Mesa se dedicó exclusivamente a atender esta situación. Hasta el
día 2 de diciembre en la madrugada, unas horas antes de que se iniciara el paro
convocado por la oposición, la mesa estuvo trabajando para que se diera un
acuerdo que pudiera evitar dicha situación. Ese acuerdo no se logró, pero
existió la voluntad de ambas partes de realizarlo.
Una vez iniciado el paro, las dos partes se
tomaron las calles para expresar públicamente sus desacuerdos, lo que generó en
el país un ambiente explosivo y peligroso. La reanudación de las reuniones de
la Mesa sirvió en ese momento para que existiera un canal de comunicación
permanente y fluido, evitando muchos enfrentamientos. Para esa época los hechos
de la Plaza Altamira en donde murieron 3 personas afectaron nuevamente el
desarrollo de la Mesa. Hasta ese entonces las partes utilizaron la Mesa como un
mecanismo para evitar enfrentamientos en la calle, producto de esta coyuntura.
Solo algunos de los objetivos consagrados en la Síntesis Operativa, se habían
tratado de forma parcial. El gobierno condicionó su retorno a la Mesa al
levantamiento del paro, pero a raíz de los acontecimientos de la Plaza
Altamira, la Mesa se volvió a reunir en pleno para tratar de contrarrestar la
escalada de violencia que se estaba dando en las calles.
A partir de enero, se comenzó un trabajo con las
partes para tratar de desmontar el paro. Este trabajo encontró un gran
obstáculo en la marcada diferencia entre la visión de ambas partes de la
realidad. El gobierno argumentaba que no era necesario tratar ese tema ya que
no existía paro, y se trataba de un simple sabotaje a la industria petrolera. Y
la oposición mantenía su esquema de mantener parados el comercio y la mayoría
de industrias del país.
Una vez se normalizó la situación en lo referente
al paro, la Mesa comenzó a trabajar en un acuerdo contra la violencia.
Adicionalmente, las partes solicitaron a la facilitación que presentara
una propuesta sobre la instrumentación
de la Comisión de la Verdad. Dicha propuesta fue presentada a las partes. La
Coordinadora la aceptó en su integridad. El día 18 de febrero de 2003, se suscribió
la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” firmada por las
dos parte en acto formal, presidido por el Secretario General, el
Vicepresidente de la República y los demás miembros de la Mesa.
Luego de este primer acuerdo suscrito por la Mesa
el proceso se vio influido nuevamente por el entorno. El presidente de
Fedecámaras (Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción) fue detenido y puesto a disposición de un Juez. Por otra parte se
dictaron órdenes de captura contra algunos directivos de PDVSA y contra Carlos
Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Todos ellos acusados supuestamente de haber promovido el paro y, con esta
actitud de incurrir en algunos delitos tipificados en el código penal. La Mesa
después de este incidente, comenzó a trabajar en uno de sus objetivos
centrales, como es el de encontrar un acuerdo para solucionar la crisis del
país por la vía electoral, tal como lo consagra la Síntesis Operativa. Para este
propósito, y con el fin de impulsar la mesa en un momento determinante, ya que
las partes no encontraban un tema común de discusión, el Presidente Jimmy
Carter presentó dos propuestas. Por una parte la posibilidad de una enmienda
constitucional con el propósito de adelantar las elecciones; y por otra parte
la posibilidad de realizar un referendo revocatorio, con acuerdos sobre fecha y
forma de realizarlo. A partir de esta propuesta la Mesa tomó una dinámica
diferente, y las partes se centraron en la discusión del tema de una salida
electoral. Cada una de las partes presentó sus comentarios a la propuesta del
Presidente Carter, y con base en esos insumos comenzamos el trabajo que nos
trajo hasta el momento actual.
El gobierno mantuvo su posición sobre el Referendo
Revocatorio como única salida, y la Coordinadora Democrática asumió las dos
propuestas Carter, privilegiando finalmente el Referendo Revocatorio. Después
de largas discusiones sobre sus visiones en cuanto al Referendo Revocatorio,
las dos partes solicitaron a la facilitación que produjera un documento de
trabajo en el cual se recogieran las diferentes visiones sobre este tema. Es
así como la facilitación presentó a las partes el documento “Temas
Procedimentales sobre el Referendo Revocatorio a ser discutidos en la Mesa de
Negociación y Acuerdos”. Las dos partes recibieron el documento y decidieron
comenzar a trabajar en un acuerdo sobre la base del mismo. Para darle forma de
acuerdo se decidió incorporar varios puntos que habían sido discutidos en la
mesa y que ya habían sido acordados por las partes en los meses anteriores.
Estos puntos se referían a la gobernabilidad, el clima político y electoral, la
violencia, el respeto por las ideas ajenas, entre otros. Las partes estuvieron
muy próximas a aceptar un acuerdo. En este punto se decidió conformar una
comisión de trabajo, para que presentara nuevamente a la mesa un texto que
pudiera ser aceptado por ambas partes. Esta comisión no produjo ningún
resultado, sin embargo la Mesa decidió reunirse nuevamente en pleno. En las
reuniones de la Mesa, que comenzaron nuevamente el 8 de Abril del 2003, se
comenzó a trabajar nuevamente sobre el documento base presentado por la
facilitación. Luego de tres días de trabajo, y con claridad meridiana, las dos
partes expresaron su conformidad con un texto, el cual servia de base para un
acuerdo. Se entendió también que las dos partes pondrían a consideración de sus
instancias el acuerdo de la mesa, para luego firmarlo formalmente. Se aclaró
también, que las partes no estaban obligadas a suscribirlo si no se aprobaba,
pero que ese documento era final, y si se aprobaba no estaba sujeto a cambios.
Los representantes de las dos partes en la mesa estuvieron plenamente de
acuerdo con la divulgación del contenido del documento, que constituía un
preacuerdo.
El 24 de abril el Gobierno presentó una nueva
versión del documento del preacuerdo al
que se llegó en la Mesa el 11 de abril de 2003, con otra redacción, en el cual
había cambios de forma y otros que la
oposición consideraba de fondo. De lo que se entiende, la posición del Gobierno
se basaba en que el acuerdo final se debía someter a aprobación de las fuerzas
sociales y políticas que lo apoyan, y como resultado de esas consultas surgió
la versión revisada presentada por ellos. Básicamente se argumentaba que no se
podía expresar en el documento la presunción de que el Gobierno no iba a
cumplir con los preceptos legales y constitucionales; los cuales están
consagrados en la ley y en la constitución y por lo tanto era innecesario
reiterarlos.
Por su parte la oposición argumentaba que era indispensable que se
mantuviera en el documento la mención al articulo 184 de la Ley del Sufragio y
participación Política, la cual consagra un término de 90 días para la
realización del referendo una vez recibidas las correspondientes firmas por el
CNE. Igualmente consideraban necesario el compromiso expreso de las dos partes
de no modificar las normas que regulan los procesos de referendo. Otro de los
puntos indispensables para la oposición, era que se mantuviera la mención clara
de que los organismos internacionales estarían dispuestos a prestar la
asistencia técnica requerida en materia electoral así como en el tema del
desarme de la población. Igualmente, para la Coordinadora Democrática era de
gran importancia, mantener la mención de que la OEA, el Centro Carter y el
PNUD, con base a lo estipulado en la Síntesis Operativa desarrollarían un papel
de garantes.
El 8 y 9 de mayo tuvo lugar en Caracas la tercera
reunión del grupo de países amigos del Secretario General para Venezuela.
Después de sostener reuniones con el Secretario General de la OEA, los
representantes del Centro Carter y el PNUD, los Vice Cancilleres y autoridades
de alto nivel emitieron un comunicado en el que respaldaban la labor de
facilitación del Secretario General y exhortaban a las partes a llegar a un
acuerdo que diera fin a la crisis. La facilitación se comprometió entonces con
las partes en que trabajaría en un nuevo texto basado en la versión aprobada en
la Mesa el 11 de abril y en la versión presentada por el Gobierno el 24 de
abril. La nueva versión del texto fue
consultada y enviada a las partes. El 23 de mayo el Gobierno anunció su
intención de aceptar dicho texto y firmar el acuerdo, el 27 de mayo la Coordinadora
Democrática hizo lo propio. El 29 de mayo se firmó el acuerdo en Caracas en
presencia del Secretario General de la OEA y de los representantes del Centro
Carter y del PNUD.
El texto del acuerdo es prueba de que por grandes
que sean las diferencias políticas, lo que une a los venezolanos es mucho más
de lo que los separa. Todos por igual, a partir de ahora, están obligados a
respetar los preceptos allí consignados en pos de la defensa del orden
constitucional; del respeto al estado de derecho; de la aceptación de los
elementos constitutivos de la nacionalidad que a todos imponen la convivencia
social y política; y de la búsqueda de
una democracia participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente
representativa.
Para la OEA es particularmente importante el
reconocimiento que gobierno y oposición hacen del compromiso hemisférico
denominado la Carta Democrática, donde se consignan los valores que a todos nos hermanan, se establece el
derecho de nuestros pueblos de vivir en democracia y la obligación de
todos, gobierno y ciudadanos, de
promoverla y defenderla. La suscripción
de este acuerdo es una clara manifestación del respeto de esos principios y de
su valoración. El acuerdo reconoce también los principios consagrados en la
Carta de la OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos que, con la
Carta Democrática, generan el conjunto de obligaciones jurídico-políticas que
conforman y reglan el Sistema Interamericano.
El numeral 12 contiene el principal logro del
acuerdo. Sin duda la eventual
utilización del articulo 72 si se dan, según el Consejo Nacional Electoral, los
requisitos constitucionales, representa la salida pacifica, democrática
electoral y constitucional que tan intensamente se buscó en la Mesa de
Negociación y Acuerdos. El acuerdo constituye la solución a la que hace
referencia la resolución 833 del Consejo
Permanente de la OEA, que todos hemos invocado como necesaria o como
indispensable en este periodo de intensa agitación, de profundos cambios y
grandes desencuentros en la vida institucional del Venezuela.
ANEXO 1
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811(1315/02) SITUACIÓN EN VENEZUELA.
OEA/Ser.P
AG/doc.9
(XXIX-E/02)
18
de abril de 2002
Original:
español
INFORME DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA OEA, CÉSAR GAVIRIA,
EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.811(1315/02)
SITUACIÓN EN VENEZUELA
Me corresponde como Secretario General de la OEA
rendir en este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General el
informe que dispuso nuestro Consejo Permanente mediante resolución
CP/RES.811(1315/02) en desarrollo del Artículo 20 de la Carta Democrática. En
dicha resolución se me ordenó investigar los hechos ocurridos el 11 y 12 de
abril, y emprender las gestiones necesarias, incluidos los buenos oficios, para
promover la más pronta normalización de
la institucionalidad democrática.
Tan pronto los Presidentes del Grupo de Río
concluyeron su reunión en Costa Rica el pasado viernes 12 de abril, fui
informado de sus decisiones tanto por el Presidente Miguel Angel Rodríguez como
por su Canciller Roberto Rojas. Con ellos tuve la oportunidad de intercambiar
opiniones a lo largo del día y con la Presidenta de nuestro Consejo, la
Embajadora Margarita Escobar, estuvimos
atentos a sus deliberaciones. Al finalizar dicha reunión procedimos a hacer
algunas consultas con el fin de dar cumplimiento a la solicitud presentada por
el Grupo de Río, en el sentido de reunir lo antes posible el Consejo Permanente.
Los Presidentes también me pidieron que tomara
contacto con la realidad política de Venezuela a través de los medios
que considerara mas adecuados.
Es conveniente señalar que el grupo de Río
consideró la renuncia del Presidente Chávez como un hecho cumplido, así como
también la destitución del vicepresidente y de su gabinete, por lo cual no se
solicitó su restitución como parte de las acciones necesarias para defender el
orden constitucional.
En sesiones informales y privadas el viernes en la
noche y el sábado anteriores, bajo la acertada dirección de la Embajadora
Margarita Escobar, el Consejo examinó la situación en Venezuela, condenó la alteración del orden
constitucional y los lamentables hechos de violencia, y expresó su solidaridad
con el pueblo de ese país. En la mañana del sábado, el que se autodenominaba
presidente del gobierno de transición, llamó a la OEA para informar que se
había alterado el orden constitucional y para hacer algunas otras afirmaciones
que estaban contenidas en un mensaje que fue circulado a las delegaciones. También dijo que se
querían hacer representar en la reunión por un funcionario de la misión de
Venezuela y que luego enviarían cartas credenciales. Todo ello se puso en
conocimiento de las misiones. Yo le expresé a él que al dia siguiente viajaría
a Caracas con el mandato que me diera el Consejo Permanente.
El Secretario General, según
lo autorizó el Consejo Permanente, se
hizo acompañar de las embajadoras Margarita Escobar, Presidente del Consejo
Permanente, y Lisa Shoman, Representante de Belice y vocera del CARICOM.
Algunos de los embajadores del Grupo de Río no me pudieron acompañar por la
rapidez con la que se tuvo que desplegar la misión. Las embajadoras me han dado
apoyo y consejos muy valiosos, pero debo aclarar que todo lo afirmado por mí,
en reuniones privadas o ante los medios de comunicación en dicha misión,
así como el contenido de este informe,
son de mi exclusiva responsabilidad.
Ustedes sabrán comprender la
dificultad de rendir un informe sobre los hechos. No obstante, me he propuesto
hacer una presentación sucinta sobre los antecedentes de lo ocurrido entre 11
al 13 de abril, la cual de ninguna manera puede interpretarse como una
justificación de la alteración del orden constitucional. Es apenas un contexto
en el cual se dieron los sucesos trágicos del 11 de abril.
En la muy difícil coyuntura
que han vivido las instituciones democráticas de la Republica Bolivariana de
Venezuela, juzgué también oportuno mirar aspectos de la vida institucional del país en relación con disposiciones de la Carta Democrática.
Tendría que comenzar por decir
que es necesario señalar, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario,
que los organizadores de la manifestación
convocada por la oposición política y muchas organizaciones sociales en
los días precedentes y en el propio 11 de Abril, son diferentes de quienes
usurparon el poder, detuvieron al Presidente Chávez y trataron de instaurar lo
que llamaron un gobierno provisional, cuyo ejercicio del mando encontró un
amplio y generalizado rechazo no solo por su origen fáctico, sino además por
las decisiones que tomó y que significaban el cierre de los organismos elegidos
popularmente, la intervención del poder judicial y de todos los organismos del
llamado “poder moral”, y en la práctica
la derogatoria de la Constitución y de muchos de los actos realizados bajo su
desarrollo.
Podemos afirmar que el
gobierno que estaba apenas en la fase de instauración, sin ninguna legitimidad
democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares. En carta, que
fue del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo
que se auto calificó como gobierno provisional expresamente reconoció la
ruptura constitucional.
Para fortuna de las
instituciones democráticas de Venezuela,
esa alteración del orden constitucional fue revertida por la reacción de
buena parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y por una vigorosa
respuesta ciudadana, tanto de defensores como de opositores del gobierno del
Presidente Chávez.
Como parte de la
responsabilidad que ustedes me encomendaron, me reuní con un amplio grupo de
voceros de algunas de las principales instituciones del país como el Presidente
Hugo Chávez y su canciller; la mesa directiva de la Asamblea Nacional; El Fiscal
General de la Nación, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Presidente del
Tribunal Superior. Igualmente me reuní
con el Cardenal y los representantes de la Conferencia Episcopal; algunos
grupos de la sociedad civil; con representantes de algunos de los principales
diarios, cadenas de televisión y radiales; con la Central de Trabajadores de
Venezuela; los miembros de los partidos
de Oposición en la Asamblea Nacional; y con otras personalidades que llevaron
documentos en los que fijaban posición
sobre los hechos ocurridos e interpretaban a su juicio la realidad Venezolana.
Señores Cancilleres:
De las conversaciones con los
diferentes sectores quisiera resaltar lo siguiente: El Presidente de la
Republica en todas sus alocuciones ha hablado de reflexionar, de rectificar, de
enmendar. Aseguró “que no habría ánimos revanchistas, ni persecuciones, ni
abusos”. Ha dicho que lo ocurrido representa una “inmensa lección”; “que se
debe hacer una profunda reflexión”; que hay que actuar ahora con “calma y cordura”;
que es necesario “corregir lo que sea necesario corregir”; “restablecer el dialogo”.
Habló también de la “unidad
respetando las diferencias” y señaló que como un primer paso convocaría el
Consejo Federal de Gobierno para que sirva de epicentro para el diálogo con
todos los sectores y para alcanzar el mayor consenso posible en materia
económica, social y política. También señaló que el Presidente designado de
PDVSA, como la junta por él designada,
habían renunciado, con lo cual se puso fin al asunto que dio origen a las
últimas jornadas de protesta.
Aunque una buena cantidad de
personeros de instituciones ajenas al gobierno han aceptado la llamada del
Presidente al diálogo, aun después de los fatídicos hechos del 11 y 12 de
abril, existe una excesiva polarización no solo de los protagonistas naturales
de la política, como lo son el gobierno, los partidos y las bancadas de
oposición, sino de casi todas las organizaciones laborales, empresariales, de
la sociedad civil, los representantes de algunos de los otros poderes del
Estado y los medios de comunicación. Esa excesiva polarización tiene
connotaciones de intolerancia que en la práctica impiden el diálogo democrático
y la búsqueda de acuerdos que permitan cierto entendimiento para mantener la paz
social. Pareciera prevalecer el
convencimiento según el cual es inevitable una renovada confrontación entre
amigos y contradictores del gobierno, lo que podría desembocar en mayor
protesta social.
Quiero igualmente señalar una
práctica peligrosa de deliberación en la Fuerzas Armadas, que determina que
muchos protagonistas de la vida pública vivan atentos a lo que los oficiales de
las distintas armas opinan del acontecer político, incluidas las ordenes de su
Comandante en Jefe, el Presidente Constitucional de la República. Muchos buscan
fundamentos para tal forma de deliberación en un artículo de la Constitución.
Los sectores de oposición y
otros protagonistas de la vida social toman de diferentes maneras distancia de
las normas constitucionales. En particular expresan inquietudes sobre la
separación e independencia de los poderes públicos y la falta de contrapesos,
como que sus titulares fueron escogidos por las mayorías que imperaron en la
Asamblea. Los diputados de oposición llaman la atención sobre una reciente
providencia del Tribunal Supremo de Justicia que señaló que el período
presidencial comenzó a partir del mes de enero del 2002.
Después de los acontecimientos
que ya hemos mencionado se han incrementado las denuncias de violación de los
derechos humanos, de intimidación, de vandalismo y saqueos, de pérdidas de
vidas y personas heridas. Esto ha
ocurrido antes, durante y después de la reciente crisis. Nosotros enviamos
estas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en algunos casos, a la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Esta Misión recibió numerosas
quejas sobre la responsabilidad en estos hechos de los Círculos Bolivarianos,
grupos de ciudadanos u organizaciones de base que apoyan el proyecto político
del Presidente. Muchos sectores los responsabilizan de violaciones a los
derechos humanos, de actos de intimidación y de saqueos.
Los representantes de los
dueños de los medios de comunicación y un grupo de periodistas consideran que
los Círculos Bolivarianos son la mayor amenaza a la libertad de prensa y
expresión. Varios de estos casos se han puesto en conocimiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y del Relator para la libertad de Expresión.
Haría bien el gobierno en trabajar en estos aspectos y disipar muchas de las
graves preocupaciones que han surgido.
Los representantes de las
cadenas de televisión se quejan de la manera abrupta como se interrumpieron las
señales de los canales de televisión privados abusando según ellos de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones. Esto produjo una sistemática suspensión de su
programación con largas intervenciones del Presidente y de otros funcionarios
del poder ejecutivo en los días previos al 11 de abril. Reclaman también que el
gobierno, según lo recomienda la CIDH, haga “ una condena categórica a las
agresiones de las que han sido objeto los trabajadores de comunicación social”.
Por otra parte las autoridades
que representan los poderes del Estado señalaron la falta de objetividad de
algunos medios para informar sobre los sucesos que condujeron a la restauración
del orden constitucional. Algunos medios han registrado esa preocupación o
queja sobre lo acontecido, y han dado explicaciones que no soy llamado a
calificar como satisfactorias o no, así como no lo soy de la validez de las
quejas referidas.
Los miembros de los partidos
de oposición en la Asamblea Nacional consideran conculcados sus derechos como
minorías. Llamaron la atención sobre el uso de los mecanismos de la ley
habilitante. Esta es una vieja disposición en las Constituciones de Venezuela
que da al ejecutivo un gran poder legislativo. El gobierno del Presidente
Chávez hizo uso amplio de tales facultades, y ello ha demostrado la gran
resistencia que genera la aprobación de normas sin el proceso de transacciones
que se da en el debate parlamentario y sin la discusión pública que se daría en
la Asamblea.
La Central de Trabajadores de
Venezuela (CTV) planteó la imperiosa
necesidad de que el poder ejecutivo acepte la escogencia de sus directivos
conforme al resultado de la elección convocada por iniciativa del propio
gobierno nacional. Esta Central y sus directivos tienen el reconocimiento de la OIT, y ese reclamo se puede también
mirar a la luz del artículo 10 de la Carta Democrática. Los directivos de la
CTV también reclaman la convocatoria del diálogo Tripartito.
Por estas consideraciones, en
las reuniones con los diferentes sectores señalé acciones que a mi juicio se
deben acometer con urgencia para evitar ulteriores expresiones de descontento
que pudieran dar origen a la repetición de los trágicos sucesos del 11 y 12 de
abril. En todo caso es importante que hoy se reiteren algunos de los considerandos y dispositivos
de la resolución del Consejo, sobre todo en lo referente a la condena de
cualquier quebrantamiento del orden constitucional y de los violentos sucesos
que llevaron a la muerte de un número apreciable de personas.
La OEA, sus países miembros,
el resto de la Comunidad Internacional y algunas organizaciones como la Iglesia
Católica a través de la Conferencia
Episcopal podrían prestar su concurso para propiciar el diálogo y asegurar que
estos hechos no se vuelvan a repetir.
Quisiera resaltar además
algunas acciones que se deben tomar para desactivar algunos de los más graves
conflictos, recuperar la gobernabilidad,
ganar estabilidad política y propiciar la recuperación económica.
Es fundamental que todos los
sectores de la sociedad, por lo menos la totalidad de los que he citado,
busquen mecanismos o acuerdos que permitan hacer del respeto a la Constitución
la base fundamental y el marco de acción para todos los protagonistas de la
vida pública venezolana.
Es indispensable un acuerdo
para que el artículo 350 de la Constitución no se interprete como un derecho
general a la rebelión. Tal interpretación puede llevar a más y peores actos de
violencia. Todos deben poner de su parte para un acuerdo en tal sentido.
Es esencial que gobierno,
oposición, fuerzas sociales, organizaciones de derechos humanos y medios de
comunicación, se comprometan a rechazar toda forma de deliberación de la fuerza
pública y respalden la aplicación de los códigos militares que sancionan tales
conductas. También es esencial que se abandone la interpretación según la cual
el citado artículo de la Constitución puede servir de base a la conducta de
oficiales de distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza en tal
sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de insubordinación
contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería ser categórica al señalar la subordinación
constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil
legalmente constituida, tal como lo señala el artículo cuarto de la Carta
Democrática.
Existe la imperiosa necesidad
de acudir solo a los medios pacíficos. El estado, sin que sobre ello pueda
haber la menor duda, debe mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza.
Se deben investigar las denuncias según las cuales hay sectores que están
poniendo en peligro ese componente esencial de la seguridad pública. En todo caso
cualquier uso de las armas debe hacerse
bajo autorización y dentro de la normatividad acordada o dispuesta por las
Fuerzas Armadas.
Es muy importante para la
democracia venezolana que la investigación sobre el desenlace trágico de las
manifestaciones del 11 de abril se realice de manera que sus conclusiones sean
aceptadas por todos, y que los responsables reciban todo el peso de la ley. Lo
que señalo no debería interpretarse como un menoscabo de los poderes
legítimamente constituidos. Con un buen grado de voluntad política podría
conseguirse tal resultado. En todo caso hay que aprender de lo ocurrido porque
cuando se dan manifestaciones de varios centenares de miles de personas los
riesgos son enormes.
Se nos informó que en el seno
de la Asamblea Nacional se ha avanzado en conformar una Comisión de 25 miembros
que se encargaría de investigar los hechos, aunque existen diferencias en
cuanto al nombre de la Comisión, al mecanismo de integración y a su
composición.
Gobierno y oposición deberían
hacer lo que esté a su alcance para afianzar la independencia de los poderes y
establecer sus debidos contrapesos. Más allá de la importancia de asegurar la
supremacía de la Constitución, es
fundamental restablecer la confianza en el estado de derecho y asegurar que
todos los estamentos sociales estén dispuestos a acatarla. Así lo dispone el
artículo cuarto de la Carta Democrática.
Cualquier acuerdo entre los
distintos sectores de la vida venezolana debe pasar, como lo señala la Carta
Democrática, por el pleno respeto a la libertad de expresión y por ende de
prensa. Debe quedar claro que cualquier queja o deficiencia debe resolverse
conforme a la Declaración de Chapultepec. Esta Secretaría expresó públicamente
su confianza en que el gobierno del presidente Chávez resolverá de manera
satisfactoria las preocupaciones de seguridad e intimidación que alegan los
representantes de Medios de Comunicación con los que me reuní.
En el tema de la televisión,
es importante acordar un código de conducta que, mas allá de la legislación,
asegure la compatibilidad de las transmisiones de interés público con la
programación normal.
La comunidad internacional
debería prestarle a Venezuela apoyo para asegurar que de nuevo los partidos y
las agrupaciones o movimientos políticos sean los principales protagonistas de
la vida pública. El vacío que han dejado y que han pretendido llenar otros
sectores sociales ha demostrado de manera palmaria sus limitaciones. Aquí
cabrían acciones en el marco del artículo quinto de la Carta Democrática.
Quiere esta Misión agradecer
la hospitalidad y adecuado apoyo que recibió del Gobierno del Presidente
Chávez. Espero haber cumplido con la disposición de nuestro Consejo Permanente
al someter este informe a su consideración. La OEA debe estar a disposición del
gobierno y el pueblo de Venezuela para que de la trágica experiencia vivida se
puedan colegir actitudes y acciones que nos aseguren que estos hechos infaustos
y trágicos no se vuelvan a repetir.
Muchas gracias
ANEXO 2
RESOLUCIÓN OEA
AG/RES.1(XXIX-E/02)
VIGÉSIMO NOVENO PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P
18 de abril de
2002 AG/RES.
1 (XXIX-E/02)
Washington, D.C. 18
abril 2002
. Original: español
AG/RES. 1 (XXIX-E/02)
APOYO
A LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
(Resolución aprobada en la primera sesión plenaria y sujeta a revisión por
la Comisión de Estilo)
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO que el Consejo Permanente, en aplicación de
lo prescrito por el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y luego
de analizar la situación creada en la República Bolivariana de Venezuela,
aprobó la resolución CP/RES. 811 (1315/02) y decidió convocar a un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General;
TENIENDO EN CUENTA que la Carta Democrática
Interamericana reconoce como elementos esenciales de la democracia
representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en
el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el
régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e
independencia de los poderes públicos; y
TENIENDO PRESENTE el informe presentado por el Secretario
General de la OEA sobre la misión a Venezuela que le encomendara el Consejo
Permanente con el objeto de investigar los hechos y emprender las gestiones
diplomáticas,
RESUELVE:
1. Expresar satisfacción por el
reestablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente
elegido del presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de
Venezuela.
2. Manifestar la determinación de los
Estados Miembros de seguir aplicando, con estricto apego a la letra y espíritu,
y sin distinción, los mecanismos previstos por la Carta Democrática
Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa,
reiterando el rechazo al uso de la violencia para sustituir a cualquier gobierno
democrático en el Hemisferio.
3. Respaldar la iniciativa del Gobierno de
Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones, y
exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen en
el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno
ejercicio de la democracia en Venezuela, con pleno apego a la Constitución, y
tomando en cuenta los elementos esenciales de la democracia representativa
contenidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
4. Alentar al Gobierno de Venezuela en su
voluntad expresa de observar y aplicar plenamente los elementos y componentes
esenciales de la democracia representativa, como lo estipulan los artículos 3 y
4 de la Carta Democrática Interamericana.
5. Alentar al Gobierno y a todos los
sectores sociales e instituciones de Venezuela, a desarrollar sus actividades
respetando el estado de derecho, así como a la búsqueda de la reconciliación
nacional.
6. Expresar satisfacción de que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya aceptado la invitación que el
Gobierno de Venezuela hiciera en septiembre de 1999, para realizar una visita
in loco a Venezuela que se efectuará en la primera semana de mayo del presente
año.
7. Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA
que el Gobierno de Venezuela requiera para la consolidación de su proceso
democrático
8 Encomendar al Consejo Permanente de la Organización que
presente un informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General.
ANEXO 3
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE [CP/RES.821 (1329/02)]
APOYO AL PROCESO DE
DIÁLOGO EN VENEZUELA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE [CP/RES.821 (1329/02)]
APOYO AL PROCESO DE DIÁLOGO
EN VENEZUELA
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS,
RECORDANDO
la resolución AG/RES. 1 (XXIX-E/02), en la cual se acordó respaldar la
iniciativa del Gobierno de Venezuela a convocar un diálogo nacional, sin
exclusiones, y exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana para que
participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de
lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela;
CONSIDERANDO
que en la resolución AG/RES. 1 (XXIX-E/02) se acordó brindar el apoyo y la
ayuda de la Organización de los Estados Americanos que el Gobierno de Venezuela
requiera para la consolidación de su proceso democrático, y que en la
Declaración AG/DEC. 28 (XXXII-O/02) se reiteró este apoyo y ayuda;
CONSIDERANDO
que las visitas realizadas a Venezuela por el ex presidente de los Estados
Unidos, Jimmy Carter, y por representantes de la Secretaría General de la OEA,
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Centro
Carter, son gestiones que inciden de manera positiva en el diálogo político;
CONSIDERANDO
que el Gobierno de Venezuela, mediante comunicación enviada por el
Vicepresidente de la República José Vicente Rangel, al Secretario General de la
OEA César Gaviria, expresa su disposición de buscar un mecanismo consensuado de
acercamiento entre el Gobierno, los diferentes actores de oposición y otros
sectores de la vida nacional, el cual incluiría la designación de una o varias
personas calificadas en el ámbito internacional, que faciliten el diálogo y la búsqueda
de acuerdos democráticos en el marco de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela;
TENIENDO
EN CUENTA que, en carta enviada al Secretario General César Gaviria, sectores
de la oposición en Venezuela, agrupados bajo el nombre de Coordinadora
Democrática de Venezuela, expresaron su agrado con la propuesta de la OEA, el
PNUD y el Centro Carter y su interés de que éstos desarrollen dicha propuesta;
y
CONSIDERANDO
que el Embajador Representante Permanente de la República Bolivariana de
Venezuela ha presentado un informe sobre el proceso de diálogo que impulsa en
su país el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías,
RESUELVE:
1. Reiterar la disposición de la
Organización de los Estados Americanos de brindar el apoyo y la ayuda que el
Gobierno de Venezuela requiera para la realización del proceso de diálogo y la
consolidación de su proceso democrático.
2. Saludar la iniciativa del Gobierno de
Venezuela de impulsar y realizar un proceso de diálogo que cuente con la
participación de todos los sectores del país y con el apoyo de la comunidad
internacional.
3. Respaldar los buenos oficios realizados
en Venezuela por la Organización de los Estados Americanos, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter, alentándoles a
que continúen estos esfuerzos.
4. Alentar al Gobierno y a todos los
sectores de la oposición, así como los sectores sociales e instituciones de
Venezuela para que a través del diálogo, y en estricto apego a la Constitución
de la República, se logre la reconciliación nacional que tanto espera el pueblo
venezolano y la comunidad internacional.
Los
abajo firmantes, comprometidos con el pueblo Venezolano,
·
Reafirmamos que los problemas de Venezuela pueden y deben ser
resueltos por los mismos Venezolanos, en el marco de la Constitución y de las
leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
·
Reafirmamos
nuestra completa adhesión a los principios democráticos y a la justicia
oportuna y repudiamos el recurso de la violencia que causó la muerte de
personas.
·
Reconocemos la necesidad de buscar caminos que fortalezcan la convivencia
democrática del pueblo venezolano y que censuren la perturbación a las normas
que la rigen.
·
Declaramos nuestra disposición para iniciar un proceso de
conversaciones sinceras entre todos los sectores a fin de lograr soluciones
aceptables de los conflictos políticos que contribuyen a los desequilibrios que
padece nuestro país.
·
Reiteramos expresamente nuestra solicitud de apoyo y asistencia del
Grupo de Trabajo conformado por representantes de la Organización de Estados
Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Centro Carter (TCC).
·
Comprometemos nuestra colaboración abierta con el Grupo de Trabajo a fin
de explorar las fases preparatorias para poner en marcha un proceso de acuerdos asistido y verificable que permita
alcanzar, a través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas
al marco constitucional.
·
Reafirmamos nuestra convicción de que Venezuela y el pueblo Venezolano
sabrán superar la presente situación, pacífica y democráticamente, asegurando
la vigencia del estado de derecho y la dignidad de todos sus ciudadanos.
ANEXO 5
SÍNTESIS OPERATIVA
DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS
MESA DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS
Síntesis Operativa:
La Mesa de
Negociación y Acuerdos entre el Gobierno de la Republica Bolivariana de
Venezuela y la Coordinadora Democrática, funcionará con:
Facilitador Internacional, el papel del Facilitador Internacional de la
Mesa será desempeñado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria.
Participantes: La Mesa se
integrará por seis representantes de ambas partes. Los representantes del Gobierno y de la
Coordinadora Democrática deben estar designados por el acto administrativo o
político que corresponda.
Equipo Técnico Tripartito: La OEA,
el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus respectivos mandatos, apoyarán
técnicamente al Facilitador en su tarea.
Sede: Se solicitará a la Conferencia
Episcopal Venezolana la facilitación de una Sede.
Estrategia de Comunicación:
Solamente el Facilitador tendrá a su cargo el “reporte oficial” al
público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte podrá expresar libremente sus
consideraciones, aceptando explícitamente que las mismas no comprometerán a la
Mesa sino que serán reflejo de sus propias opiniones.
Objetivos: La Mesa
buscará acuerdos para solucionar la crisis del país por la vía electoral, así
como también sobre los siguientes temas:
fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e
instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
Procedimientos: En la primera
reunión las partes trabajarán con el facilitador sobre la definición de los
procedimientos, el orden y secuencia de las sesiones y la elaboración de
criterios para organizar el funcionamiento de la Mesa.
Mesas de Trabajo Complementarias: Se propone el establecimiento de Mesas de
Ttabajo Complementarias, con delegados de ambas partes, para elaborar
propuestas y recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego
llevarlas a la Mesa principal.
Acuerdos asistidos y verificables: La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme
sus respectivos mandatos, desarrollarán un papel de garantes del proceso para
lograr el cumplimiento de los acuerdos.
Asamblea Nacional: Si cualquiera
de los acuerdos a que se llegue por medio de este proceso requiere ser
considerado en el seno de la Asamblea Nacional, se encontrará un mecanismo
adecuado, previamente acordado entre las partes, para que este cuerpo tenga
oportuno conocimiento de ellos y pueda actuar conforme a sus atribuciones
constitucionales.
Caracas, 7 de
noviembre de 2002
ANEXO 6
RESPALDO A LA
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA
Y A LA GESTIÓN DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
OEA/Ser.G
CP/RES. 833 (1348/02)
16 diciembre 2002
Original: español
CP/RES. 833 (1348/02)
RESPALDO A LA
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA
Y A LA GESTIÓN DE FACILITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
HABIENDO ESCUCHADO la presentación del Representante
Permanente de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos sobre
los incidentes que pudieran desestabilizar el orden constitucional democrático
en Venezuela;
HABIENDO ESCUCHADO el informe oral del Secretario General
sobre su papel en el proceso de facilitación con relación a la situación en
Venezuela;
TENIENDO EN CUENTA la
grave situación política por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela,
y deplorando los hechos de violencia que han tenido lugar en ese país;
CONSIDERANDO que la
Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia
representativa es un elemento indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo
de la región;
CONSIDERANDO que el
artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana proclama que “los pueblos de
América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla” y, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 7 de la Carta Democrática
Interamericana;
RECORDANDO la resolución
CP/RES. 811 (1315/02) de 13 de abril de 2002, “Situación en Venezuela”, la
resolución AG/RES.1 (XXIX-E/02) de 18 de abril de 2002 “Apoyo a la democracia
en Venezuela”; la declaración AG/DEC. 28 (XXXII-O/02) “Declaración sobre la
Democracia en Venezuela”, de 4 de junio de 2002; la resolución CP/RES.
821(1329/02) de 14 de agosto de 2002 “Apoyo al proceso de diálogo en
Venezuela”; y el Comunicado del Presidente del Consejo Permanente de la OEA, de
9 de diciembre de 2002, en los cuales se reitera la disposición de la
Organización de los Estados Americanos de brindar el apoyo y la ayuda que el
Gobierno de Venezuela requiera para la consolidación de su proceso democrático;
Convencidos de que la
Mesa de Negociación y Acuerdos y la facilitación del Secretario General de la
OEA constituyen esfuerzos urgentes, importantes y constructivos para la
búsqueda de una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral en
Venezuela; y
Teniendo en cuenta la
iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y realizar un proceso de
diálogo, sin exclusiones, y las gestiones de facilitación de la Organización de
los Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
el Centro Carter para encontrar una solución constitucional, democrática,
pacífica y electoral,
RESUELVE:
1. Respaldar plenamente la
institucionalidad democrática y constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, cuyo gobierno preside Hugo Chávez Frías, y rechazar categóricamente
cualquier intento de golpe de estado o alteración del orden constitucional
venezolano que afecte gravemente el orden democrático.
2. Respaldar enérgicamente y de manera
inequívoca al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
en sus gestiones de facilitación del diálogo, que cuentan con la cooperación
del Centro Carter y el PNUD, en aras de encontrar a la brevedad una solución
pacífica a la crisis, respetando el orden constitucional y en el marco de la
Carta Democrática Interamericana.
3. Urgir al Gobierno de Venezuela y a la
Coordinadora Democrática para que en negociaciones de buena fe alcancen una
solución constitucional, democrática, pacífica y electoral en el marco de la Mesa
de Negociación y Acuerdos que cuenta con la facilitación del Secretario General
de la OEA.
4. Respaldar el derecho del pueblo
venezolano de elegir a sus gobernantes de acuerdo con las normas
constitucionales y expresar en forma terminante que cualquier situación que
contravenga el estado de derecho y la institucionalidad democrática de
Venezuela es incompatible con el sistema interamericano y, particularmente con
la Carta Democrática Interamericana.
5. Instar al Gobierno de Venezuela a velar
por el respeto, y a todos los sectores de la sociedad a preservar, el libre
ejercicio de los elementos esenciales de la democracia para favorecer una
salida constitucional, democrática, pacífica y electoral.
6. Hacer un llamado a todos los sectores
de Venezuela a que respeten los principios consagrados en la Carta Democrática
Interamericana, incluidos, entre otros, el respeto a los derechos humanos, el
estado de derecho, la transparencia y la buena gestión de los asuntos públicos.
7. Instar al Gobierno de Venezuela a que
vele por el pleno disfrute de la libertad de expresión y de prensa y hacer un
llamado a todos los sectores de la sociedad venezolana para que contribuyan al
fomento de la paz y de la tolerancia entre todos los venezolanos y a todos los
actores sociales a que se abstengan de estimular la confrontación política y la
violencia.
8. Reiterar la determinación de los
Estados Miembros de seguir aplicando con estricto apego a la letra y el
espíritu, y sin distinción, los mecanismos previstos por la Carta Democrática
Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa y
el rechazo al uso de la violencia para reemplazar cualquier gobierno
democrático en el Hemisferio.
9. Solicitar al Secretario General de la
OEA que continúe informando al Consejo Permanente sobre sus gestiones de
facilitación con relación a la situación en la República Bolivariana de
Venezuela y teniendo en cuenta la existencia de otros mecanismos en el sistema
interamericano, como la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores.
ANEXO 7
DECLARACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA, POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
DECLARACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA, POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
Caracas, 18 de febrero
de 2003
Convencidos de nuestras elevadas responsabilidades
en este momento histórico, y conscientes también de la profunda vocación
democrática del pueblo venezolano, que por ello ama la paz y desea la
reconciliación, rechaza las opciones contrarias a la constitución y abraza la
democracia, las delegaciones que en esta Mesa de Negociación y Acuerdos
representan al Gobierno Nacional, y los sectores políticos y
sociales que lo respaldan, y a la Coordinadora Democrática que agrupa a
la oposición, hemos decidido suscribir en forma conjunta la presente
DECLARACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA, POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA.
Con ella, esperamos dejar meridianamente clara
nuestra convicción de que el pueblo venezolano tiene una inquebrantable
voluntad para fortalecer sus valores esenciales como sociedad organizada,
amenazados por un clima de confrontación y de conflicto que debe detenerse.
Esperamos, con esta declaración, contribuir significativamente en el
afianzamiento de un clima de entendimiento entre todos los venezolanos.
1. Rechazamos
la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y
cualquier retórica que de alguna manera contribuya o estimule la confrontación.
Proponemos el uso de un lenguaje de respeto mutuo, de tolerancia, de
consideración por las ideas ajenas, de supremo aprecio por la vida y sus
valores esenciales, y especialmente por la dignidad humana cuya preeminencia ha
sido consustancial al pueblo venezolano. En consecuencia, hacemos un llamado,
directo e inmediato, a todos los actores políticos y sociales, para que den su
efectivo aporte dirigido al reestablecimiento de un clima de paz y sosiego en
todo el país, mediante la pronta moderación del tono, estilo y contenido de sus
expresiones. Ello es absolutamente necesario para que el país tenga la
convivencia democrática que todos requerimos y deseamos.
2. De
manera enfática manifestamos que la violencia, en cualquiera de sus expresiones
o modalidades, practíquela quien la practique y cualquiera sea su origen, es
absolutamente injustificable y por ello condenable. De allí que emplacemos a
todas las autoridades y organismos administrativos y jurisdiccionales
competentes, a actuar sin contemplaciones, para investigar y sancionar la
pérdida de vidas humanas o las lesiones a éstas dirigidas, así como cualesquiera
otros hechos de violencia; y en general demandamos se respete y se exija
respeto para la Constitución y las leyes de la República. En este mismo
sentido, exhortamos a la Asamblea Nacional para que, mediante la sanción de la
ley que corresponda y con los mecanismos que en ella se prevean, ponga en
funcionamiento la Comisión de la Verdad para el logro de los propósitos antes
enunciados, tomando en consideración los aportes que en este sentido produzca
la Mesa de Negociación y Acuerdos.
3. Rechazamos
categóricamente que manifestaciones de violencia e intolerancia, así como
expresiones que signifiquen agravio u ofensa, puedan ser forma de dirimir las
diferencias políticas. Por ello, nos comprometemos a colocar todo nuestro
esfuerzo en crear condiciones que permitan fortalecer y consolidar un clima de
paz y tolerancia, en el cual se resuelvan las divergencias por medios pacíficos
y democráticos.
4. Hacemos
un llamado al pueblo venezolano para que todos observemos conductas que se
enmarquen en los principios y normas que sustentan los derechos humanos y su
efectivo respeto. De esta forma, debe cesar y proscribirse toda actitud directa
o indirecta de agresión, amenaza, hostigamiento o violencia, que en
cualquier forma quebrante o impida el libre ejercicio de los derechos
consagrados en la Constitución y en las leyes, así como en los Tratados
Internacionales que comprometen a Venezuela.
5. Exhortamos
a todas las iglesias e instituciones religiosas, a los gremios profesionales,
sindicatos, partidos políticos y organizaciones similares de la sociedad, a
promover acciones y emitir mensajes destinados a exaltar los valores
democráticos y los principios de paz, tolerancia y convivencia, y a condenar la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones. En la medida en que tales
acciones y mensajes se hagan del público conocimiento y esas organizaciones
conforme sus propios procedimientos continúen asumiendo un papel activo para la
realización de los propósitos que los originan, se estará dando un aporte de
gran importancia para el mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la
democracia en nuestro país.
6. En
esta campaña por la paz y la democracia y contra la violencia y la
intolerancia, los medios de comunicación social públicos y privados, juegan un
papel de fundamental trascendencia, mediante la emisión de programas y mensajes
que promuevan la paz, la tolerancia y la convivencia. Las partes en esta Mesa
ratifican su total respeto a la vigencia efectiva de los derechos
Constitucionales a la libertad de expresión y de información, conforme a
los principios que el texto magno establece en sus artículos 57 y 58. En
ese sentido, tanto las actividades que desarrollen los medios de comunicación
públicos y privados, como las expresiones que a través de ellos se viertan, así
como las actividades que se dirijan a establecer cualquier responsabilidad que
de tales actividades o expresiones se derive, deben enmarcarse estrictamente en
la Constitución y en las leyes, de forma que no signifiquen limitaciones
indebidas en el ejercicio de tales derechos. Las partes ratifican su
convencimiento respecto a que los medios de comunicación social, públicos y
privados, son indispensables para el cabal ejercicio de los fundamentales
derechos antes mencionados, todo dentro del marco de los deberes y
derechos fijados por la Constitución y las leyes para todos los ciudadanos.
7. Asumimos el
compromiso de mantener y perfeccionar un enlace permanente entre los factores
políticos y sociales que apoyan al Gobierno de la República, y los que están representados
en la Coordinadora Democrática. Ello nos permitirá ejercer una acción sostenida
que se dirija al cumplimiento efectivo de los contenidos de la presente
Declaración, y a evitar todos los hechos que pudieran lesionarla y fuesen
capaces de acarrear consecuencias lamentables. El trabajo que hemos iniciado en
ese sentido, desde esta Mesa de Negociación y Acuerdos, nos comprometemos a
mantenerlo y a mejorarlo.
8. Por
último, expresamos que en el curso de los próximos días dedicaremos nuestro
esfuerzo a trabajar y desarrollar temas conexos al fundamental que se contiene
en la presente Declaración, como lo son el que se refiere a la Comisión de la
Verdad y el del desarme de la población civil. Ellos son compromisos que las
partes adquirieron ante las comunidades nacional e internacional,
particularmente de cara al pueblo de Venezuela, en la Declaración de Principios
por la Paz y la Democracia en Venezuela y la llamada Síntesis Operativa que
regla las deliberaciones y decisiones de esta Mesa. Ratificamos nuestro
reconocimiento, en nombre de todo el país, al valioso aporte proporcionado por
el Facilitador, Dr. César Gaviria, y el Grupo de Trabajo Tripartito integrado
por la OEA, el PNUD y el Centro Carter, en la seguridad de alcanzar prontos y
nuevos acuerdos en temas de tanta importancia.
Esta
DECLARACIÓN la formulamos de buena fe, con el propósito de crear, en el marco
de la vigencia plena de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y de las Leyes, el clima más propicio para solucionar nuestras
diferencias en forma democrática y soberana.
ANEXO 8
ACUERDO ENTRE LA
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LOS
FACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES QUE LO APOYAN Y LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA Y LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LA CONFORMAN
Caracas,
23 de mayo de 2003
1.
Los suscritos miembros de la Mesa de Negociación y
Acuerdos, representantes del Gobierno Nacional y de las fuerzas políticas y
sociales que lo apoyan, así como de las organizaciones políticas y de la
sociedad civil que conforman la Coordinadora Democrática, suscribimos el
presente Acuerdo con espíritu de tolerancia para contribuir al fortalecimiento
del clima de paz en el país. En ese sentido reiteramos los principios y mecanismos
que nos trajeron a esta mesa, que constan en la Síntesis Operativa acordada por
las partes desde el momento de su instalación, así como nuestra convicción de
encontrar una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral.
2.
Expresamos nuestra total adhesión y respeto a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su respeto y en
el régimen legal que la desarrolla, se basa la prevalencia del Estado de
Derecho. La Constitución contempla un conjunto de valores y normas para
expresar los principios fundamentales de convivencia social y política, y
establece los mecanismos de solución de diferencias. Cualquier cambio
para atender las experiencias del proceso político que se ha vivido debe ser
hecho dentro de sus normas y de una manera preferentemente consensuada.
3.
Somos conscientes de que en el momento histórico que
vivimos es necesario ponerse de acuerdo sobre lo fundamental para garantizar
una democracia participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente
representativa, donde continuaremos teniendo espacio para todos y donde la
justicia social, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, el estado de
derecho y la convivencia democrática sean los valores esenciales. Tenemos
conciencia de que hay que colocar esos valores más allá de la controversia
política y partidista, y que los mismos deben guiar las políticas,
especialmente en materias de preponderante interés social.
4.
Queremos expresar que estamos convencidos de que
Venezuela y el pueblo venezolano continuarán transitando el camino democrático
con sentido de hermandad, respeto por las convicciones de cada venezolano y
voluntad de reconciliación.
5.
Estamos conscientes, que es necesario consolidar en nuestra sociedad el pluralismo
contenido en la Constitución, donde la política ejercida por todos los actores
de la vida nacional sea coherente con los valores señalados en la misma.
Venezuela necesita el concurso de todos para continuar su camino en paz y en
democracia, de modo que cada quien exprese sus ideas, asuma sus posiciones y
tome decisión entre las distintas opciones que políticamente se le ofrece.
6.
Expresamos nuestra adhesión a los principios consagrados
en la Carta Democrática Interamericana, que declara el derecho de los pueblos a
vivir en democracia y la obligación de los gobiernos y todos los ciudadanos de
promoverla y defenderla. Todos los sectores, asumiendo lo dispuesto por el
Artículo 6º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
relación con la democracia participativa, comparten los valores allí
consignados, como aquellos según los cuales al poder no puede accederse sino
con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones libres, justas
y transparentes, y la separación e independencia de los poderes públicos; la
democracia representativa que se
refuerza y enriquece con la participación permanente, ética y responsable de la
ciudadanía, en un marco de legalidad; el estricto respeto a los derechos
humanos, a los derechos de los trabajadores, a la libertad de expresión, de
información y de prensa, a la eliminación de todas las formas de discriminación
e intolerancia. Ambas partes también reconocen las estrechas relaciones entre
la democracia y la lucha contra la pobreza, entre la democracia y el
desarrollo, y entre la democracia y la prevalencia de los derechos humanos.
7.
Invocamos los principios de la Carta de la Organización
de Estados Americanos, OEA, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos;
el derecho internacional como norma de conducta de los estados en sus relaciones
reciprocas; el respecto a la soberanía y a la no-intervención; a la
autodeterminación de los pueblos; a la igualdad jurídica de todos los estados;
y a la solución pacifica de las controversias.
8.
Ratificamos la vigencia y nuestra plena adhesión y compromiso
con la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” suscrita el
18 de febrero de 2003, la cual debe considerarse como parta integrante de este
Acuerdo.
9.
Coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de la
fuerza por parte del Estado, a través de la Fuerza Armada Nacional, y policías
metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa fundamental e
indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de asegurar la esencia de
un Estado democrático. La función de los órganos policiales será dirigida
por las autoridades civiles que ejercen su mando conforme lo disponen la
Constitución y la Ley, para lo cual se deberá dar cabal cumplimiento a las
disposiciones legales y a las decisiones judiciales que regulan las labores de
Coordinación de Seguridad Ciudadana. En todo caso, con apego a la Ley,
debe racionalizarse la tenencia de armas por parte de los cuerpos de policía, y
cualquier otro organismo de seguridad con competencias nacionales, estadales o
municipales. Ninguno de estos cuerpos deberá utilizarse como instrumento
de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar
acciones que impliquen intolerancia política.
10.
Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de
desarme efectivo de la población civil, basada en la ley aprobada en la
Asamblea Nacional, haciendo para ello uso soberano de todos los mecanismos y
recursos que en ella se prevén, así como del apoyo técnico de las instituciones
internacionales. Las partes seguiremos las conclusiones de la Mesa de
Diálogo realizada por la Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el
desarme de la Población Civil.
11.
Exhortamos a los grupos parlamentarios de opinión
representados en la Asamblea Nacional a concluir la Ley para la conformación de
la Comisión de la verdad, a fin de que la misma coadyuve en el esclarecimiento
de los sucesos de Abril de 2002 y coopere con los órganos judiciales para que
se establezcan las debidas responsabilidades y se sancione a los culpables.
12.
Las partes, en cumplimiento del objetivo
establecido en la Síntesis Operativa para buscar acuerdos con el fin de
contribuir a la solución de la crisis del país por la vía electoral,
coincidimos en que dicha solución se logra con la aplicación del Artículo 72 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se prevé la
eventual celebración de referendos revocatorios del mandato de todos los cargos
y magistraturas de elección popular que han arribado a la mitad del período
para el cual fueron elegidos (Gobernadores, Alcaldes, Legisladores Regionales y
Diputados a la Asamblea Nacional), o arribarán a dicha mitad en el
transcurso de este año, como es el caso del Presidente de la República conforme
a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de febrero del 2003.
Tales referendos, incluyendo los ya solicitados y los que se solicitaren en
adelante, serán posibles si son formalmente requeridos por el número exigido de
electores y se aprueban por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se
establezca que se han cumplido los requisitos constitucionales y legales.
13.
Coincidimos en que resulta indispensable contar a la
brevedad posible con un árbitro electoral confiable, transparente e imparcial,
a ser designado en la forma prevista en la Constitución. En este sentido,
se considera muy importante el trabajo que se está adelantando en la Asamblea
Nacional. Las dos partes manifestamos su disposición a coadyuvar como
factor de entendimiento en todo lo referente a la conformación y operatividad
del Árbitro Electoral, sin interferir en el proceso normal que se está llevando
a cabo por el Poder Legislativo Nacional.
14.
Estamos comprometidos con la libertad de expresión, tal
como está consagrada en nuestras normas constitucionales y legales; así como en
la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Carta Democrática
Interamericana. Las dos partes nos proponemos trabajar con los medios de
comunicación públicos y privados, para promover su identificación con los
propósitos enunciados en este documento y en la declaración contra la violencia
y por la paz y la democracia, particularmente en lo que hace relación a la
desactivación de la violencia y a su papel de informar a los ciudadanos sobre
las opciones políticas, con un sentido de equidad e imparcialidad, lo cual
contribuiría significativamente a crear el clima más apropiado para que se
realicen con éxito los procesos electorales y referendos previstos en el
Artículo 72 de la Constitución.
15.
Asumimos que en la Constitución y en las Leyes de la República
se prevén los requisitos y mecanismos idóneos y necesarios para que proceda,
por parte de la Autoridad Pública competente, la financiación oportuna de los
referendos revocatorios y cualquier otro mecanismo de consulta popular, que
deban efectuarse una vez autorizada su procedencia por el órgano público
competente. En lo referente el Plan República, éste será activado ante la
solicitud de las autoridades electorales, en los mismos términos y condiciones
en que habitualmente ha sido ejecutado en procesos electorales anteriores.
16.
La OEA, el Centro Carter y las Naciones Unidas, han
manifestado su disposición a prestar la asistencia técnica que les sea
requerida por las autoridades competentes de la República Bolivariana de
Venezuela, para la realización de cualquier tipo de consulta electoral,
ajustándose cualquier requerimiento al principio de la legalidad contenido en
la Constitución de la República. Esta asistencia técnica podría incluir desde
las actividades preparatorias o pre-electorales hasta las actividades propias
de observación electoral. En lo referente al apoyo directo que se le
puede prestar al CNE, es importante resaltar la voluntad de colaboración, tanto
con recursos humanos como materiales, que estas tres organizaciones han ofrecido.
17.
La fecha en la que deberán realizarse los referendos
revocatorios ya solicitados, así como aquellos que puedan llegar a solicitarse,
la determinará el CNE, una vez cumplidos los requisitos legales y
constitucionales pertinentes, y en forma que resulte diligente y oportuna,
conforme a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política,
comprometiéndonos a no proponer ni impulsar modificaciones a dicha norma.
18. Las partes reconocemos el apoyo y la
facilitación que han prestado a esta Mesa los representantes de la OEA,
particularmente su Secretario General, el Centro Carter y el PNUD, que con la
firma de este Acuerdo culmina constructivamente su función.
Reconocemos la importancia de la labor de acompañamiento que estas
instituciones pueden cumplir en el futuro para la materialización de este
Acuerdo y expresamos nuestra voluntad de seguir contando con la colaboración
internacional.
19. Finalmente, ambas partes convienen crear
el Enlace permanente establecido en el apartado 7) de la Declaración contra la
Violencia por la Paz y la Democracia, designando cada una dos representantes,
con el fin de abrir canales de comunicación y ejercer acciones dirigidas al
cumplimiento efectivo de los contenidos de dicha Declaración y de este acuerdo,
manteniendo el contacto con la facilitación internacional cuando lo consideren
necesario.
Caracas,
23 de mayo de 2003
PL07004S01
Los Miembros de la Mesa
José
Vicente Rangel |
Timoteo
Zambrano |
Roy
Chaderton Matos |
Alejandro
Armas |
María
Cristina Iglesias |
Manuel
Cova |
Ronald
Blanco La Cruz |
Américo
Martín |
Nicolás
Maduro |
Eduardo
Lapi |
Los Facilitadores
César
Gaviria
(OEA)
Francisco
Diez
(Centro Carter)
Antonio
Molpeceres
(PNUD)
Los Asesores
Omar
Meza Ramírez |
Juan
Manuel Raffalli |
1. Esta propuesta fue presentada a la Comisión Europea,
institución que acordó contribuir con 600.000 Euros para su implementación.
2. Ha estado conformado por expertos en facilitación y
promoción del diálogo, y más específicamente, por expertos en temáticas
especializadas objeto de la discusión en la Mesa, proveídos por los organismos
internacionales integrantes del Grupo Tripartito (Unidad para la Promoción de
la Democracia-OEA, Centro Carter y PNUD).