INFORME SOBRE LA LABOR
DE FACILITACIÓN
DEL SECRETARIO GENERAL EN VENEZUELA
I.
Introducción.
El 13 de Abril de 2002 el Consejo Permanente de la
Organización de los Estados Americanos condenó la alteración del orden
constitucional en Venezuela, los lamentables hechos de violencia que causaron
la pérdida de vidas humanas, instó a la normalización de la institucionalidad
democrática, y envió una misión encabezada por el Secretario General de la OEA
para investigar los hechos y adelantar las gestiones que considerara necesarias
para restablecer el orden constitucional.
El 18 de Abril de 2002 el Secretario General
presentó el informe de su visita. Ese mismo día, en reunión extraordinaria, la
Asamblea General de la OEA por medio de la Resolución AG/RES.1 (XXIX-/02)
acordó brindar el apoyo y la ayuda de la Organización de los Estados Americanos
que el Gobierno de Venezuela requiriese para la consolidación de su proceso
democrático.
Asimismo, la Declaración AG/DEC.28 (XXXII-0/02)
reiteró el ofrecimiento de apoyo y ayuda, en tanto la Resolución CP/RES.821
(1329/02) saludó la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y realizar
un proceso de diálogo que contara con la participación de todos los sectores
del país y con el apoyo de la comunidad internacional y alentaba al Gobierno y
a todos los sectores de la oposición, así como a los sectores sociales e
instituciones de Venezuela para que a través del diálogo y en estricto apego a
la Constitución de la República, se lograra la reconciliación nacional tan
esperada por el pueblo venezolano y la comunidad internacional.
En junio de 2002, en Barbados, la Asamblea General
a través de la Declaración sobre la Democracia en Venezuela reiteró su apoyo al
diálogo nacional convocado por el Presidente Chávez y el ofrecimiento de
colaborar en el mismo en el marco de la Carta Democrática de la OEA.
En julio tras la visita a Venezuela del ex
presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, la OEA, el PNUD y el Centro Carter,
en cumplimiento de la resolución OEA AG/RES.1 (XXIX-E/02) iniciaron la
exploración de una posible facilitación de las tres organizaciones para un
diálogo entre el gobierno y la oposición.
II.
Invitación.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y
sectores de la oposición representados en la Coordinadora Democrática invitaron
a participar a la OEA, al Centro Carter y al PNUD en el proceso de búsqueda de
soluciones a la situación por la que atraviesa el país. El Gobierno de
Venezuela, mediante comunicación enviada por parte del vicepresidente de la
república, José Vicente Rangel al Secretario General Cesar Gaviria, expresó su
disposición de buscar un mecanismo consensuado de acercamiento entre el
Gobierno, los diferentes actores de la oposición y otros sectores de la vida
nacional, mecanismo que incluiría la designación de una o varias personas
calificadas en el ámbito internacional que facilitaran el diálogo y la búsqueda
de acuerdos democráticos en el marco de la constitución. De igual forma, en
carta enviada al Secretario General de la OEA, sectores de la oposición
agrupados bajo el nombre de Coordinadora Democrática de Venezuela, expresaron
su agrado con la propuesta de que la OEA, el PNUD y el Centro Carter
contribuyeran a facilitar un diálogo nacional.
(Ver anexos)
III.
Diseño y realización de las misiones preparatorias.
En atención a las invitaciones referidas, la OEA,
el PNUD y el Centro Carter constituyeron un grupo de trabajo conjunto
–denominado Misión Tripartita- el cual procedió al establecimiento de una
estrategia de aproximación, exploración y creación de condiciones tendiente a
la facilitación de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación en
Venezuela.
PRIMERA MISIÓN
TRIPARTITA
Entre el 8 y el 13 de septiembre de 2002 la
comisión tripartita internacional, conformada por Fernando Jaramillo (OEA),
Elena Martínez (PNUD) y Jennifer McCoy del Centro Carter, visitó Venezuela con
el fin de asistir a los representantes del Gobierno y de la oposición
venezolana en la búsqueda y el diseño de mecanismos que resultaran aceptables para
ellos y que permitieran tratar los temas sustanciales de interés de las partes.
La misión internacional mantuvo reuniones con el
Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, con el Presidente de la
Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Baltazar Porras, con miembros de la
Coordinadora Democrática, propietarios de medios de comunicación, directivos de
Fedecámaras, dirigentes de la CTV, diputados oficialistas y opositores,
directivos de la Asamblea Nacional, entre otros actores nacionales.
La Misión Tripartita obtuvo importantes avances
durante su accionar, destacándose como fundamentales la disposición al diálogo
de todos los sectores; el avance con el Gobierno y con la oposición en la
elaboración de una Declaración de Principios por la Paz y la Democracia; las
coincidencias en el Gobierno y en la oposición en cuanto a algunos temas
sustantivos a resolver; la identificación de otros temas que podían ser parte
de una agenda más amplia.
MISIÓN
SECRETARIO GENERAL
Entre el 2 y el 4 de octubre de 2002, el
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César
Gaviria, atendiendo una invitación que le extendiera el jefe del Estado
venezolano, Hugo Chávez Frías, realizó una visita al país, con el fin de
propiciar que el gobierno y la oposición definieran una agenda común de diálogo
que les permita conjuntamente buscar soluciones a la crisis venezolana.
Como producto de las gestiones del Secretario
General, días más tarde el Gobierno de la República y la Coordinadora
Democrática suscribieron la Declaración de Principios por la Paz y la
Democracia en Venezuela, a través de la cual los firmantes destacan que los
problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos por los mismos Venezolanos,
en el marco de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela, su completa adhesión a los principios democráticos y a la justicia
oportuna, repudian el recurso de la violencia, reconocen la necesidad de buscar
caminos que fortalezcan la convivencia democrática del pueblo venezolano y que
censuren la perturbación a las normas que la rigen, declaran su disposición
para iniciar un proceso de conversaciones sinceras entre todos los sectores a
fin de lograr soluciones aceptables de los conflictos políticos que contribuyen
a los desequilibrios que padece el país, reiteran su solicitud de apoyo y
asistencia del Grupo de Trabajo conformado por representantes de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter (TCC), comprometen su colaboración con
el Grupo de Trabajo a fin de explorar las fases preparatorias para poner en
marcha un proceso de acuerdos asistido y verificable que permita alcanzar, a
través de un mecanismo consensuado, soluciones políticas ajustadas al marco
constitucional y reafirman su convicción de que Venezuela y el pueblo
Venezolano sabrán superar la presente situación, pacífica y democráticamente,
asegurando la vigencia del estado de derecho y la dignidad de todos sus
ciudadanos.
Durante el mes de octubre de 2002, el contexto
político venezolano estuvo enmarcado por numerosos acontecimientos, entre los
que pueden destacarse dos marchas (una en rechazo y otra en apoyo al Presidente
de la República), un “Paro Cívico” (el tercero de los últimos 12 meses), un
pronunciamiento de un grupo de militares, quienes se declararon en
"desobediencia legítima" y se concentraron en la plaza Altamira, así
como el avance en el proceso de recolección de firmas tendientes a solicitar
ante el CNE la convocatoria a referendo consultivo.
El 22 de octubre de 2002, el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, anunció su
próxima visita a Venezuela (a partir del 27 de octubre) y expresó que “Los
recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela ponen de relieve la prolongada
y profunda polarización en ese país, así como la necesidad de pasar de un clima
de confrontación a un marco de negociación directa entre el gobierno y la
oposición. Es imperativo que los venezolanos enfrenten los problemas actuales
dentro del orden constitucional y el estado de derecho, por medio de los
mecanismos democráticos previstos en la Constitución.” El Secretario General
refirió, asimismo, que "La naturaleza pacífica de las marchas recientes de
la oposición y del gobierno, así como del paro laboral del 21 de octubre, es
evidencia clara de progreso hacia una solución consensuada. Estos eventos
demostraron que la sociedad venezolana es capaz de canalizar sus diferencias en
forma democrática y que el recurso a la violencia no es un resultado inevitable
del disenso. Destacó como "otra indicación positiva” que el gobierno y los
sectores de la oposición hayan firmado la Declaración de Principios para la Paz
y la Democracia en Venezuela, presentada en septiembre por la misión conjunta
de la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
El Secretario General anunció la presentación de
propuestas específicas para trabajar sobre los tres temas ya aceptados como
puntos de negociación entre las partes (el fortalecimiento del sistema
electoral, la investigación de los hechos del 11 de abril pasado y la necesidad
de desarmar a la población civil), así como una estructura y una agenda para un
debate que incluya los temas críticos que siguen dividiendo a la sociedad
venezolana.
En la sesión ordinaria del Consejo Permanente de
la Organización de Estados Americanos se discutió la situación política en
Venezuela. El Secretario General expuso sobre sus actividades. Se refirió a la
Declaración de Principios, indicó que los problemas políticos deben ser
resueltos en el marco de la constitución y las leyes y destacó la importancia
de la total adhesión a los principios democráticos y la justicia oportuna, así
como un repudio a los hechos de violencia. Mencionó que entre los temas
acordados, está el fortalecimiento del sistema electoral, la necesidad de
apoyar un proceso de investigación sobre los hechos de abril y el desarme. A efectos de apoyar el proyecto de facilitación
en Venezuela, la Secretaría General, a través de la Unidad para la Promoción de
la Democracia y su Programa Especial para la Promoción del Diálogo y la
Resolución de Conflictos, diseñó una propuesta conteniendo los objetivos y
funcionamiento de estos componentes. Por su
parte, el embajador de Venezuela ante la OEA, Jorge Valero, pidió ayuda de esta
organización para resolver la situación del país.
Un grupo de militares venezolanos hizo público un
comunicado en el cual invitaban a la insurrección castrense, la desobediencia
civil y pedían la renuncia del Presidente Chávez. Gaviria señaló que tales
actitudes y demandas quebrantan la lealtad constitucional que los oficiales de
las Fuerzas Armadas le deben al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
Agregó que se contraviene el artículo cuarto de la Carta Democrática
Interamericana, de la OEA, el cual establece que uno de los "elementos
esenciales" de la democracia es "la subordinación constitucional de
todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida
y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la
sociedad". Tal obligación se extiende a todos los integrantes de las
instituciones y sectores. El Secretario General hizo un llamado a todas las
fuerzas de oposición en Venezuela, a la sociedad civil y a los demás
protagonistas de la vida pública venezolana, para que recurran únicamente a los
medios democráticos, pacíficos y constitucionales para tramitar sus diferencias
con el gobierno de Venezuela.
Ante el pronunciamiento de los oficiales de la
FAN, la Coordinadora Democrática declaró que la responsabilidad fundamental de
este tipo de eventos recae exclusivamente en el gobierno, que la situación se
agrava hasta límites intolerables por la persecución de que son objeto los
oficiales no afectos al gobierno, que nuevamente le exigen al Presidente que
renuncie y que permita que se exprese la voluntad del pueblo. Ratificaron su
rechazo a cualquier salida que implique un golpe o autogolpe de estado, así
como exigieron a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia que
cumplan con su deber. Reiteraron su voluntad de resolver la crisis por medios
democráticos y a través de una consulta popular y mencionan la contribución que
a ello pueden hacer los organismos internacionales
MISIÓN SECRETARIO
GENERAL(II)
Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de
2002, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, continuó su tarea de
facilitación en Venezuela.
Tal como lo adelantara, el Secretario General
presentó a ambas partes la propuesta de un diseño de proceso que recogía las
valoraciones y recomendaciones que en su oportunidad hicieran la Misión
conjunta de los 3 organismos (“Grupo Tripartita”) y las partes, y esbozaba los
lineamientos generales de un proceso de acercamiento, diálogo y negociación
entre las principales fuerzas opositoras y el gobierno venezolano.
Como Objetivo Principal se planteó facilitar un
proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Venezolano y representantes
de la Coordinadora Democrática, mediante el establecimiento de una Mesa de
Trabajo, Diálogo y Negociación. Dicha Mesa tendría una duración de
aproximadamente un mes (hasta el 4 de diciembre), plazo que podría ser
prolongado por acuerdo de las partes. Sería conducida por un Facilitador
Internacional, y apoyada por un equipo técnico especializado en el campo de la
negociación y resolución de conflictos a través de los organismos
internacionales que componen el Grupo Tripartita.
Como Objetivos Específicos se señalaron los de
discutir el tema electoral como mecanismo para resolver el actual impasse
político; discutir temas adicionales de interés recogidos en una agenda de
trabajo, que conlleven a acciones e iniciativas que el Estado y la oposición
puedan cumplir, contribuyendo con ello a establecer un mínimo grado de
confianza mutua, y estimular a las partes a lograr acuerdos concretos y
medibles para avanzar en los temas escogidos, y para evaluar la conveniencia de
una posible continuidad de este esfuerzo.
Una primera ronda de búsqueda de consensos básicos
fue auspiciada por la Misión Tripartita: Tras ella, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y la oposición a través de los principales integrantes
de la Coordinadora Democrática resolvieron (a) aceptar la Declaración de
Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela como marco general de
compromiso con un proceso de concertación y negociación; (b) aceptaron iniciar
un diálogo sin condiciones previas; e (c) identificaron unos temas centrales
como puntos de la agenda de negociación.
Para la siguiente fase de acercamiento entre las
partes, y con el propósito de avanzar rápidamente en la iniciación de un
proceso de diálogo y de negociación, el Secretario General de la OEA, César
Gaviria, cumpliría las funciones de Facilitador Internacional.
El Gobierno designaría seis representantes para la
Mesa. De la misma manera, se le solicitaría a la Coordinadora Democrática
designar seis integrantes adicionales a la Mesa, en representación de esa
instancia.
El Facilitador Internacional y los delegados de
ambas partes, procederían a instalar lo antes posible la Mesa de Negociación y
Acuerdos.
En este proceso facilitador, los representantes de
la mesa tendrían que (a) ratificar una agenda específica; (b) definir un
cronograma, los mecanismos y procedimientos específicos para el funcionamiento
de la Mesa de Negociación y Acuerdos; (c) definir reglas de juego internas de
la negociación y externas de cara a la sociedad y la comunidad internacional;
(d) acordar una estrategia de comunicación para el manejo de los medios y
transmisión de los resultados logrados en el proceso de facilitación y
negociación. Asimismo, se sugirió que se considerara la realización de una
campaña de divulgación sobre la marcha del proceso de la Mesa de Negociación y
Acuerdos, conducida por el Grupo Tripartita, (e) considerar el establecimiento
de Mesas de trabajo complementarias con el fin de hacer llegar propuestas
concretas a la Mesa principal.
Se decidió dar seguimiento a la implementación de
los acuerdos alcanzados, según lo consensuado por las partes durante la
negociación y siguiendo un cronograma establecido para el cumplimiento de los
mismos. Para este fin, se trabajaría cercanamente con la Asamblea Nacional para
ratificar el compromiso de las partes de respaldar los acuerdos logrados. El
papel de la Misión Tripartita concluiría con la implementación de los acuerdos
de la Mesa.
Un Facilitador Internacional sería responsable de
guiar los acuerdos políticos de la Mesa de Trabajo, Diálogo y Negociación. La
Misión Tripartita, integrada por representantes de alto nivel de la OEA, PNUD y
el Centro Carter, apoyaría el papel de los tres Organismos que representa, en
observar, verificar y servir como garantes del proceso de negociación, y en el
seguimiento de los acuerdos. Un equipo operativo
brindaría apoyo técnico para el funcionamiento idóneo de la Mesa.
Se propuso que la sede de la Mesa de Negociación y
Acuerdos en Venezuela fueran las instalaciones de la Conferencia Episcopal
Venezolana.
La propuesta establecía como enfoques prioritarios
de la facilitación: (a) los problemas de Venezuela pueden y deben ser resueltos
sólo por los venezolanos, dentro del marco de la constitución política y de las
leyes, como lo han reiterado en diversas ocasiones tanto el Gobierno como la
Oposición; (b) que la negociación se propiciaría desde la perspectiva de
prevalencia del interés nacional por sobre los intereses sectoriales y sobre la
base de la Declaración de Principios para la Paz y la Democracia en Venezuela,
firmada por el Gobierno y por la Coordinadora Democrática; (c) que la instancia
de facilitación tendría márgenes de flexibilidad procesal para el desempeño de
sus funciones, dentro del marco de la legalidad, la ética y la transparencia.
En tal sentido, funcionará bajo criterios proactivos, previa anuencia de las
partes y de la atención a los insumos aportados por éstas; (d) que la comunidad
internacional, a través de la Misión Tripartita, tendrá una participación
activa en el proceso, pudiendo asumir tres papeles básicos (i) brindar acompañamiento
político al Facilitador Internacional de la Mesa de Negociación y Acuerdos con
el apoyo de un equipo operativo, (ii) servir de Observador, Verificador y/o
Garante de las reglas del juego, del proceso de negociación y del cumplimiento
de los acuerdos a los que se llegue, a través de los mecanismos que se acuerden
con las partes y, (iii) apoyar la difusión de los avances en la Mesa de
Negociación y Acuerdos, principalmente en el ámbito hemisférico e
internacional.
Tanto el Facilitador Internacional y la Misión
Tripartita, como el Equipo Operativo observarían en todo momento los siguientes
principios: (a) Respeto, entendido como la conducta institucional que en la
práctica guarda absoluta consideración a la dignidad de las personas, sus
organizaciones y sus visiones y propuestas para la construcción de la futura
Venezuela; (b) Imparcialidad, que implica el compromiso de asegurar a los
grupos o sectores involucrados en la problemática, que los procesos facilitados
tendrán reglas claras e iguales para todos; (c) Transparencia, supone que las
deliberaciones se harán de cara a la Nación venezolana, de forma tal que sea el
ciudadano el principal fiscalizador, así como el primer beneficiario del
proceso de diálogo. El Facilitador Internacional, a través de la Misión
Tripartita, informaría en forma periódica los desarrollos del diálogo y
guardaría la confidencialidad cuando así fuera acordado por las partes; (d)
Agregación, en el sentido de crear condiciones que propicien la inclusión de
todos los sectores de la sociedad venezolana en el proceso deliberativo,
buscando que el diálogo como instrumento para la tramitación de los conflictos
se replicara a través y en todos los niveles y en todas las organizaciones de
la sociedad. Se trata de un factor fundamental para logro de la gobernabilidad
del país; (e) Autenticidad, lo cual implica tomar en cuenta en el diseño y en
la conducción del diálogo en todo momento, tanto la opinión de las contrapartes
nacionales como de la propia realidad venezolana. Es supuesto de este criterio
el reconocimiento de que son los propios venezolanos los únicos quienes tienen
derecho a interpretar sus realidades y tomar las decisiones más adecuadas para
la construcción de su propio futuro.
Las gestiones de facilitación del Secretario
General dieron como resultado acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora
Democrática relativos a aspectos mínimos de funcionamiento sobre los cuales se
enmarcaría el desarrollo de la Mesa de Negociación y Acuerdos:
§
El papel del Facilitador Internacional de la Mesa sería
desempeñado por el Secretario General de la OEA, César Gaviria.
§
La Mesa se integraría por seis representantes de ambas
partes. Los representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática debían
ser designados por el acto administrativo o político que correspondiese.
§
La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme a sus
respectivos mandatos, apoyarían técnicamente al Facilitador en su tarea.
§
Se solicitaría a la Conferencia Episcopal Venezolana la
facilitación de una Sede.
§
Solamente el Facilitador tendría a su cargo el “reporte
oficial” al público del desarrollo y de los avances de la Mesa. Cada parte
podría expresar libremente sus consideraciones, aceptando explícitamente que
las mismas no comprometieran a la Mesa sino que fueran reflejo de sus propias
opiniones.
§
La Mesa buscaría acuerdos para solucionar la crisis del
país por la vía electoral, así como también sobre los siguientes temas:
fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e
instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad.
§
En la primera reunión las partes trabajarían con el
facilitador sobre la definición de los procedimientos, el orden y secuencia de
las sesiones y la elaboración de criterios para organizar el funcionamiento de
la Mesa.
§
Se propuso el establecimiento de Mesas de Trabajo
Complementarias, con delegados de ambas partes, para elaborar propuestas y
recomendaciones específicas en los temas de la Agenda para luego llevarlas a la
Mesa principal.
§
La OEA, el Centro Carter y el PNUD, conforme sus
respectivos mandatos, desarrollarían un papel de garantes del proceso para
lograr el cumplimiento de los acuerdos.
§
Si cualquiera de los acuerdos a que se llegara por medio
de este proceso requiriese ser considerado en el seno de la Asamblea Nacional,
se encontraría un mecanismo adecuado, previamente acordado entre las partes,
para que este cuerpo tuviese oportuno conocimiento de ellos y pudiera actuar
conforme a sus atribuciones constitucionales.
Los citados acuerdos entre el Gobierno de la
República y la Coordinadora Democrática resultaron formalizados mediante la
elaboración del documento denominado “Síntesis Operativa de la Mesa de
Negociación y Acuerdos”.
Contexto Nacional previo
a la instalación de la Mesa de Negociación y Acuerdos
Es importante delinear
el contexto político antes de la instalación de la Mesa. El 4 de noviembre, a
media mañana, una delegación de la oposición, liderada por la agrupación
Primero Justicia consignó más de dos millones de firmas ante el Consejo
Nacional Electoral (CNE), para convocar a consulta popular. En horas de la
tarde la GN lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los seguidores del
Presidente. En el centro se produjeron numerosos enfrentamientos con más de 20
personas heridas de bala y más de 70 personas con lesiones por asfixia u
objetos contundentes.
Cerca de las seis de la
tarde, sujetos con las caras cubiertas destrozaron la fachada de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y vehículos estacionados en
los alrededores.
El 6 de noviembre, alegando
un supuesto fraude en la consignación de las firmas, la jefa de la fracción
parlamentaria del MVR, Cilia Flores, solicitó al CNE la designación de
representantes de esa tolda política para presenciar el acto de verificación y
cotejo de firmas con el REP y con el Registro Nacional de Cedulación.
El presidente de
la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, se reunió
con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César
Gaviria, para notificarle que la central obrera decidió promover el paro
indefinido. No obstante, reveló que la Mesa de Negociación y Acuerdos podría
instalarse durante la tarde siguiente.
Mohamed Merhi,
resolvió desistir de su protesta pacífica extrema. Después de una conversación
con el Secretario General de la OEA, César Gaviria, el padre de la víctima más
joven de los sucesos del 11 de abril se convenció de detener la huelga de
hambre que mantuvo durante 9 días y que puso en vilo su vida. Merhi declaró que
confíaba en que la mediación de César Gaviria en la instalación de las mesas de
diálogo para formar una comisión de investigación de los hechos de abril, tarde
o temprano, traería justicia a Venezuela.
El presidente
Chávez requirió 'la regulación de la situación jurídica de los miembros del
Consejo Nacional Electoral', ante el Tribunal Supremo en el recurso que
interpuso en la Sala Constitucional, con asistencia de la procuradora, en el
cual solicitó un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de varios
artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En el escrito destacó que los
funcionarios del CNE 'deben continuar en el ejercicio de sus cargos, con el fin
de evitar un vacío institucional', lo que descartaría la posibilidad de que el
CNE quede acéfalo, como lo denunciaron diputados de oposición. El primer vicepresidente del CNE, Alfredo Avella, aseguró que el recurso
presentado por el presidente de la República no detendría el proceso de
convocatoria del referendo consultivo porque el CNE se rige por la Ley del
Sufragio y no por la Ley del Poder Electoral.
El general de brigada
(Ej.) Vidal Rigoberto Martínez invitó a sus compañeros de armas a respaldar una
huelga indefinida, reiterando que los uniformados que se encuentran en la plaza
Francia de Altamira sólo abandonarían el lugar cuando el presidente Hugo Chávez
renuncie a su cargo, y explicó que el paro 'sería cívico-militar'.
El 7 de noviembre el
presidente de la República, Hugo Chávez, insistió que se incurriría en un
'fraude constitucional' si el Consejo Nacional Electoral convoca a un referendo
consultivo para revocarle su mandato, a solicitud de electores de la oposición.
'Los que llevaron unas firmas al CNE hace unos días pretenden ahora, a través
de un fraude constitucional, sacarme', y lo incluyó dentro de un 'golpe
continuado'. El vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, advirtió que a
pesar de que el TSJ negó la inconstitucionalidad que invocó el Gobierno para la
Ley Orgánica del Poder Electoral, el Ejecutivo confíaba en que la Sala
Constitucional declararía la inconstitucionalidad de la convocatoria de un
referendo que sometiera a consulta el mandato de un cargo de elección popular
como la Presidencia de la República, que solicita la oposición.
La plenaria de
la Asamblea Nacional aceptó, con los votos del oficialismo, la renuncia de dos
de los directivos del CNE, Roberto Ruiz y Vicente González, en un intento por
generar 'un vacío de poder' en el organismo comicial. El debate sobre las
dimisiones fue solicitado por el MVR en sesión del jueves en la tarde, pocas
horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el
recurso de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del Poder
Electoral (LOPE).
Sería la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la que se encargue de
designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en caso
de que se presente un vacío institucional por el incumplimiento por parte de la
Asamblea Nacional (AN) de los mandatos legítimos que establece la Carta Magna,
tal como estableció un fallo de la Sala Constitucional que, por unanimidad,
declaró sin lugar la solicitud de inconstitucionalidad de varios artículos de
la Ley Orgánica del Poder Electoral, incoado por el presidente Hugo Chávez.
En este contexto, las partes acordaron iniciar las
rondas de negociaciones el 8 de noviembre de 2002, así como la designación de
sus respectivas representaciones para dicho proceso. Se estableció que la sede
de las conversaciones sería el Seminario San José, ubicado en el Municipio El
Hatillo. Aunque no quedó escrito, la Coordinadora Democrática estableció como
fecha máxima para deliberar, el 4 de diciembre de 2002.
El Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela nombró –mediante nota formal- a José
Vicente Rangel (Vicepresidente de la República), Roy Chaderton (Ministro de
Relaciones Exteriores), Aristóbulo Isturiz (Ministro de Educación, Cultura y
Deportes), María Cristina Iglesias (Ministra de Trabajo), Ronald Blanco
(Gobernador del Estado de Táchira), Nicolás Maduro (Diputado ante la Asamblea
Nacional) y Jorge Valero (Embajador de la RBV ante la OEA, con carácter de
Asesor). Por su parte, la Coordinadora Democrática –también mediante nota
formal- designó a Timoteo Zambrano (Alianza Bravo Pueblo), Américo Martín
(Organizaciones No Gubernamentales), Alejandro Armas (Diputado ante la Asamblea
Nacional), Eduardo Lapi (Gobernador del estado Yaracuy), Manuel Cova
(Secretario General de la Central de Trabajadores de Venezuela), Rafael Alfonso
(miembro de Fedecámaras) y Juan M. Raffalli (Primero Justicia, con carácter de
Asesor).
El 16 de
diciembre, tras más de 5 semanas de reuniones en el marco de la Mesa, el
Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/Res. 833 (1348/02) respaldando la
institucionalidad democrática en Venezuela y la gestión de facilitación del
Secretario General de la OEA.
Asimismo un mes
más tarde, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, informó que
recibiría apoyo de un Grupo de Países Amigos conformado Brasil, Chile, España,
Estados Unidos, México y Portugal, para continuar las negociaciones en
Venezuela. El Grupo de Países Amigos se reunió por primera vez el 24 de enero
de 2003 en Washington donde se acordó que una
delegación conformada por vicecancilleres y otros altos funcionarios de los
seis países visitaría Caracas la semana siguiente. El Grupo de Amigos se ha
reunido tres veces desde ese momento, una vez en Caracas el 31 de enero; la
segunda vez en Brasilia el 10 de marzo; y la tercera vez en Caracas el 9 de
mayo.
RESUMEN DEL PROCESO DE
FACILITACION
Para entender el desarrollo del proceso durante
los últimos seis meses es importante repasar algunos de los elementos más
relevantes que lo enmarcan. Es claro que el papel cumplido por el Secretario
General fue el de facilitador, y así lo
expresó en reiteradas oportunidades. Por su parte el Gobierno también
hizo mucho énfasis en que el Secretario General fue invitado a Venezuela en
esta calidad exclusivamente. Las propuestas que se presentaron fueron a
petición de las dos partes. Este es un
breve resumen del proceso de facilitación, con los desarrollos más importantes.
Antes del inicio de todo este proceso, en el caso
particular de la OEA, era indispensable obtener la invitación del Gobierno de
Venezuela, lo que se logró a través de una comunicación suscrita por el
Vicepresidente Rangel. Por otra parte la oposición, representada por la
Coordinadora Democrática también envió
una invitación directa a la OEA para que facilitara el diálogo entre las
partes. Como marco del proceso de negociación se trabajó, conjuntamente con las
partes, un documento denominado SINTESIS OPERATIVA, el cual fue suscrito por
éstas el día 7 de noviembre de 2002 luego de un largo proceso de
intermediación. Es importante resaltar dicho documento, ya que las partes se
comprometieron a encuadrar la negociación dentro de esos términos, y muchos de
los temas que están incluidos en otros documentos emanados de la Mesa tienen su
fundamento en el mismo.
La Mesa de Negociación y Acuerdos se instaló el
día 8 de Noviembre del 2002. Esta desde entonces se vió afectada por factores
coyunturales que influyeron en su funcionamiento. Vale destacar, en el mes de
diciembre del 2002, la intervención de la Policía Metropolitana por parte del
gobierno, lo que generó como reacción de la oposición, el llamado al paro
general. Este paro se convirtió en indefinido, y se unió a él parte de la
industria petrolera a través de PDVSA. En el mes de diciembre y en los meses
siguientes la Mesa se dedicó exclusivamente a atender esta situación. Hasta el
día 2 de diciembre en la madrugada, unas horas antes de que se iniciara el paro
convocado por la oposición, la mesa estuvo trabajando para que se diera un
acuerdo que pudiera evitar dicha situación. Ese acuerdo no se logró, pero
existió la voluntad de ambas partes de realizarlo.
Una vez iniciado el paro, las dos partes se
tomaron las calles para expresar públicamente sus desacuerdos, lo que generó en
el país un ambiente explosivo y peligroso. La reanudación de las reuniones de
la Mesa sirvió en ese momento para que existiera un canal de comunicación
permanente y fluido, evitando muchos enfrentamientos. Para esa época los hechos
de la Plaza Altamira en donde murieron 3 personas afectaron nuevamente el
desarrollo de la Mesa. Hasta ese entonces las partes utilizaron la Mesa como un
mecanismo para evitar enfrentamientos en la calle, producto de esta coyuntura.
Solo algunos de los objetivos consagrados en la Síntesis Operativa, se habían
tratado de forma parcial. El gobierno condicionó su retorno a la Mesa al
levantamiento del paro, pero a raíz de los acontecimientos de la Plaza
Altamira, la Mesa se volvió a reunir en pleno para tratar de contrarrestar la
escalada de violencia que se estaba dando en las calles.
A partir de enero, se comenzó un trabajo con las
partes para tratar de desmontar el paro. Este trabajo encontró un gran
obstáculo en la marcada diferencia entre la visión de ambas partes de la
realidad. El gobierno argumentaba que no era necesario tratar ese tema ya que
no existía paro, y se trataba de un simple sabotaje a la industria petrolera. Y
la oposición mantenía su esquema de mantener parados el comercio y la mayoría
de industrias del país.
Una vez se normalizó la situación en lo referente
al paro, la Mesa comenzó a trabajar en un acuerdo contra la violencia.
Adicionalmente, las partes solicitaron a la facilitación que presentara
una propuesta sobre la instrumentación
de la Comisión de la Verdad. Dicha propuesta fue presentada a las partes. La
Coordinadora la aceptó en su integridad. El día 18 de febrero de 2003, se suscribió
la “Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia” firmada por las
dos parte en acto formal, presidido por el Secretario General, el
Vicepresidente de la República y los demás miembros de la Mesa.
Luego de este primer acuerdo suscrito por la Mesa
el proceso se vio influido nuevamente por el entorno. El presidente de
Fedecámaras (Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción) fue detenido y puesto a disposición de un Juez. Por otra parte se
dictaron órdenes de captura contra algunos directivos de PDVSA y contra Carlos
Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Todos ellos acusados supuestamente de haber promovido el paro y, con esta
actitud de incurrir en algunos delitos tipificados en el código penal. La Mesa
después de este incidente, comenzó a trabajar en uno de sus objetivos
centrales, como es el de encontrar un acuerdo para solucionar la crisis del
país por la vía electoral, tal como lo consagra la Síntesis Operativa. Para este
propósito, y con el fin de impulsar la mesa en un momento determinante, ya que
las partes no encontraban un tema común de discusión, el Presidente Jimmy
Carter presentó dos propuestas. Por una parte la posibilidad de una enmienda
constitucional con el propósito de adelantar las elecciones; y por otra parte
la posibilidad de realizar un referendo revocatorio, con acuerdos sobre fecha y
forma de realizarlo. A partir de esta propuesta la Mesa tomó una dinámica
diferente, y las partes se centraron en la discusión del tema de una salida
electoral. Cada una de las partes presentó sus comentarios a la propuesta del
Presidente Carter, y con base en esos insumos comenzamos el trabajo que nos
trajo hasta el momento actual.
El gobierno mantuvo su posición sobre el Referendo
Revocatorio como única salida, y la Coordinadora Democrática asumió las dos
propuestas Carter, privilegiando finalmente el Referendo Revocatorio. Después
de largas discusiones sobre sus visiones en cuanto al Referendo Revocatorio,
las dos partes solicitaron a la facilitación que produjera un documento de
trabajo en el cual se recogieran las diferentes visiones sobre este tema. Es
así como la facilitación presentó a las partes el documento “Temas
Procedimentales sobre el Referendo Revocatorio a ser discutidos en la Mesa de
Negociación y Acuerdos”. Las dos partes recibieron el documento y decidieron
comenzar a trabajar en un acuerdo sobre la base del mismo. Para darle forma de
acuerdo se decidió incorporar varios puntos que habían sido discutidos en la
mesa y que ya habían sido acordados por las partes en los meses anteriores.
Estos puntos se referían a la gobernabilidad, el clima político y electoral, la
violencia, el respeto por las ideas ajenas, entre otros. Las partes estuvieron
muy próximas a aceptar un acuerdo. En este punto se decidió conformar una
comisión de trabajo, para que presentara nuevamente a la mesa un texto que
pudiera ser aceptado por ambas partes. Esta comisión no produjo ningún
resultado, sin embargo la Mesa decidió reunirse nuevamente en pleno. En las
reuniones de la Mesa, que comenzaron nuevamente el 8 de Abril del 2003, se
comenzó a trabajar nuevamente sobre el documento base presentado por la
facilitación. Luego de tres días de trabajo, y con claridad meridiana, las dos
partes expresaron su conformidad con un texto, el cual servia de base para un
acuerdo. Se entendió también que las dos partes pondrían a consideración de sus
instancias el acuerdo de la mesa, para luego firmarlo formalmente. Se aclaró
también, que las partes no estaban obligadas a suscribirlo si no se aprobaba,
pero que ese documento era final, y si se aprobaba no estaba sujeto a cambios.
Los representantes de las dos partes en la mesa estuvieron plenamente de
acuerdo con la divulgación del contenido del documento, que constituía un
preacuerdo.
El 24 de abril el Gobierno presentó una nueva
versión del documento del preacuerdo al
que se llegó en la Mesa el 11 de abril de 2003, con otra redacción, en el cual
había cambios de forma y otros que la
oposición consideraba de fondo. De lo que se entiende, la posición del Gobierno
se basaba en que el acuerdo final se debía someter a aprobación de las fuerzas
sociales y políticas que lo apoyan, y como resultado de esas consultas surgió
la versión revisada presentada por ellos. Básicamente se argumentaba que no se
podía expresar en el documento la presunción de que el Gobierno no iba a
cumplir con los preceptos legales y constitucionales; los cuales están
consagrados en la ley y en la constitución y por lo tanto era innecesario
reiterarlos.
Por su parte la oposición argumentaba que era indispensable que se
mantuviera en el documento la mención al articulo 184 de la Ley del Sufragio y
participación Política, la cual consagra un término de 90 días para la
realización del referendo una vez recibidas las correspondientes firmas por el
CNE. Igualmente consideraban necesario el compromiso expreso de las dos partes
de no modificar las normas que regulan los procesos de referendo. Otro de los
puntos indispensables para la oposición, era que se mantuviera la mención clara
de que los organismos internacionales estarían dispuestos a prestar la
asistencia técnica requerida en materia electoral así como en el tema del
desarme de la población. Igualmente, para la Coordinadora Democrática era de
gran importancia, mantener la mención de que la OEA, el Centro Carter y el
PNUD, con base a lo estipulado en la Síntesis Operativa desarrollarían un papel
de garantes.
El 8 y 9 de mayo tuvo lugar en Caracas la tercera
reunión del grupo de países amigos del Secretario General para Venezuela.
Después de sostener reuniones con el Secretario General de la OEA, los
representantes del Centro Carter y el PNUD, los Vice Cancilleres y autoridades
de alto nivel emitieron un comunicado en el que respaldaban la labor de
facilitación del Secretario General y exhortaban a las partes a llegar a un
acuerdo que diera fin a la crisis. La facilitación se comprometió entonces con
las partes en que trabajaría en un nuevo texto basado en la versión aprobada en
la Mesa el 11 de abril y en la versión presentada por el Gobierno el 24 de
abril. La nueva versión del texto fue
consultada y enviada a las partes. El 23 de mayo el Gobierno anunció su
intención de aceptar dicho texto y firmar el acuerdo, el 27 de mayo la Coordinadora
Democrática hizo lo propio. El 29 de mayo se firmó el acuerdo en Caracas en
presencia del Secretario General de la OEA y de los representantes del Centro
Carter y del PNUD.
El texto del acuerdo es prueba de que por grandes
que sean las diferencias políticas, lo que une a los venezolanos es mucho más
de lo que los separa. Todos por igual, a partir de ahora, están obligados a
respetar los preceptos allí consignados en pos de la defensa del orden
constitucional; del respeto al estado de derecho; de la aceptación de los
elementos constitutivos de la nacionalidad que a todos imponen la convivencia
social y política; y de la búsqueda de
una democracia participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente
representativa.
Para la OEA es particularmente importante el
reconocimiento que gobierno y oposición hacen del compromiso hemisférico
denominado la Carta Democrática, donde se consignan los valores que a todos nos hermanan, se establece el
derecho de nuestros pueblos de vivir en democracia y la obligación de
todos, gobierno y ciudadanos, de
promoverla y defenderla. La suscripción
de este acuerdo es una clara manifestación del respeto de esos principios y de
su valoración. El acuerdo reconoce también los principios consagrados en la
Carta de la OEA y en la Convención Americana de Derechos Humanos que, con la
Carta Democrática, generan el conjunto de obligaciones jurídico-políticas que
conforman y reglan el Sistema Interamericano.
El numeral 12 contiene el principal logro del
acuerdo. Sin duda la eventual
utilización del articulo 72 si se dan, según el Consejo Nacional Electoral, los
requisitos constitucionales, representa la salida pacifica, democrática
electoral y constitucional que tan intensamente se buscó en la Mesa de
Negociación y Acuerdos. El acuerdo constituye la solución a la que hace
referencia la resolución 833 del Consejo
Permanente de la OEA, que todos hemos invocado como necesaria o como
indispensable en este periodo de intensa agitación, de profundos cambios y
grandes desencuentros en la vida institucional del Venezuela.
