TERCER INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CP/RES. 822

Este tercer informe del Secretario General se presenta al Consejo Permanente de conformidad con lo estipulado en el párrafo 14 de la resolución CP/822 del 4 de septiembre de 2002, y abarca el período comprendido entre el 4 de enero de 2003 y el 4 de marzo de 2003.

La situación en Haití sigue siendo sumamente preocupante y el estancamiento político no ha hecho más que solidificarse desde que la campaña pública en favor del desplazamiento del Presidente Aristide cobró bríos en Cap Haitien, a mediados de noviembre de 2002. La decisión del presidente de nombrar a siete de los nueve miembros requeridos para integrar un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) abrió una nueva controversia. Alianzas opositoras, grupos de estudiantes, miembros del sector empresarial y algunos grupos de la sociedad civil se han manifestado resueltamente contra la participación en el proceso electoral bajo la autoridad del Presidente Aristide y de sus partidarios. Reina la sensación de que todas las partes aguardan, simplemente, la visita de la Delegación de alto nivel, que debía realizarse a mediados de febrero y se postergó, por razones técnicas, hasta los días 19 y 20 de marzo.

Para salir del estancamiento, constituir un CEP digno de confianza y organizar elecciones adecuadas en 2003, el gobierno debe demostrar su voluntad política de tomar difíciles decisiones adicionales a fin de cumplir cabalmente con sus obligaciones dentro del marco de las resoluciones 806 y 822 de la OEA. Se ha logrado un progreso importante en cuanto a la solución del problema de las reparaciones a las víctimas de los sucesos del 17 de diciembre de 2001 y a la firma de términos de referencia adicionales entre el gobierno y la Misión Especial de la OEA respecto de la asistencia técnica en materias de gobernanza, derechos humanos y justicia (véase los textos en el Anexo 1), pero la evolución en lo que atañe al clima de seguridad, el desarme y la impunidad ha sido notoriamente insuficiente. En cuanto a la reforma del comando y la estructura de control del cuerpo policial no se ha avanzado y, al contrario, el escepticismo respecto de la institución se ha acentuado a raíz de hechos ampliamente publicitados, como el asesinato de tres jóvenes en un suburbio de Puerto Príncipe. Al mismo tiempo, varios ejemplos de comportamiento profesional, como el ofrecido en Jacmel durante la visita de un grupo de la sociedad civil, han demostrado lo que puede lograrse merced a órdenes y dirección apropiadas, inclusive en el plano local. La falta de progresos perceptibles en el enjuiciamiento de implicados en la violencia del 17 de diciembre de 2001 también ha contribuido al presente estancamiento y será inevitable el abordaje de este y otros problemas de impunidad si ha de lograrse algún avance.

El 19 de febrero de 2003, la Misión Especial de la OEA para el fortalecimiento de la democracia en Haití (Misión Especial) emitió una declaración señalando la necesidad de un “firme respaldo para la rápida aplicación de las resoluciones 806 y 822 del Consejo Permanente, por parte de todos los sectores afectados”. Esto debe incluir, además del gobierno, a la Convergencia Democrática, las entidades de la sociedad civil que deben proponer integrantes para el CEP y otros miembros de la clase política haitiana, así como la comunidad internacional. El Secretario General Adjunto ha reiterado que la urgente puesta en práctica de esas resoluciones, incluido el mejoramiento de la seguridad y la organización de elecciones dignas de fe este año, sigue siendo la senda óptima para conjurar los problemas de desarrollo político, económico y social que enfrenta Haití.

En el plano económico, el aumento entre 52% y 96% de los precios de los combustibles que el gobierno anunció el 3 de enero, la depreciación constante y radical del gourde y la consiguiente inflación, avivaron considerablemente las protestas públicas. Durante la última semana de febrero, otro aumento de los precios de los combustibles reforzó el incremento de los precios en general y acentuó la sensación creciente de exasperación en el país. El presidente culpó a la oposición y a la comunidad internacional responsable de las “sanciones económicas” contra Haití, por el deterioro de la situación económica y la imposibilidad de su gobierno de mantener los subsidios para los precios de los combustibles. La evaluación del Directorio Ejecutivo del FMI, tras las consultas regulares celebradas con Haití en enero, conforme al Artículo IV, consignó una serie de problemas de política y gestión económica considerables, cuya solución aún está pendiente.

En comparación con el período que abarcó el segundo informe, que se caracterizó por las demostraciones violentas, el que trata este informe fue menos radical. Aunque el número de muertos o heridos en el curso de manifestaciones disminuyó sensiblemente, los casos de violencia por razones políticas aumentaron y continuaron siendo motivo de preocupación. Además, las huelgas, marchas y manifestaciones, algunas pacíficas y otras violentas, continuaron alterando la vida en todo el país y contribuyeron al clima de inseguridad. Una serie de ataques contra periodistas, amenazas de muerte contra activistas defensores de los derechos humanos y otros actos de intimidación contra estudiantes, personal hospitalario de Puerto Príncipe y miembros de la comunidad empresarial, cobraron suma resonancia y fueron denunciados en los ámbitos nacional e internacional. Al mismo tiempo, la celebración anual del Carnaval transcurrió en medio de una atmósfera generalmente pacífica.

También constituye motivo de preocupación la inestabilidad en la Meseta Central (una zona particularmente inquietante) y en las ciudades de Petit Goâve y Gonaïves. Funcionarios del gobierno han descrito como la rama armada de la oposición a grupos de ex militares que operan en Petit Goâve y en la Meseta Central, implicados en ataques contra cuartelillos policiales, acusación que la Convergence Démocratique rechaza enérgicamente.

FORMACIÓN DEL CONSEJO ELECTORAL PROVINCIAL (CEP)

El 7 de febrero de 2003, el Presidente Aristide estableció por decreto un nuevo CEP, sobre la base prescrita en la resolución 822, con siete de los nueve miembros que estipula la Constitución, pero sin despedir al CEP existente. En el decreto se prevé que el número de miembros aumente a nueve y que el consejo funcione una vez que sus miembros hayan prestado juramento ante la Suprema Corte. Los dos cargos vacantes están reservados para representantes de la Convergence Démocratique y el grupo de “otros partidos políticos” que se han abstenido de nombrar ocupantes para ellos y, en su mayoría, se mantienen unidos en su reclamo de alejamiento del presidente. Un vocero de la Convergencia sostuvo que la formación del CEP de siete miembros es ilegal.

Entre los nombrados por el presidente, los representantes de cinco entidades (la Conferencia Episcopal de Haití (católica romana), la Federación Protestante de Haití, la Iglesia Episcopal de Haití, la Comisión de Justicia y Paz (en nombre de las organizaciones defensoras de los derechos humanos) y la Cámara de Industria y Comercio de Haití (en nombre de la comunidad empresarial)) anunciaron que no prestarían juramento como miembros del CEP hasta que no se creara un entorno conducente a la celebración de elecciones y estipularon que debía mejorarse la seguridad, desarmarse a las bandas, arrestarse a Amio Métayer, fugitivo de la justicia y liberarse a los prisioneros políticos. En una declaración a la prensa librada el 10 de febrero (Anexo 2), las entidades dijeron que es lamentable la decisión del presidente de establecer un CEP sin prestar atención a inquietudes legítimas. También manifestaron su preocupación por el proceso democrático en Haití ante el constante deterioro de la situación en material de seguridad pública y derechos humanos e instaron al presidente a que cumpla sus compromisos de conformidad con las resoluciones 806 y 822.

ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS

El 12 de enero, el Presidente Aristide se entrevistó con dos dirigentes de la Convergence Démocratique, en la Nunciatura Apostólica, para tratar la situación política. Esta iniciativa y el auspicioso pago de reparaciones al OLP, el 29 de enero, no sirvieron para quebrar el estancamiento político.

El movimiento de la sociedad civil, que agrupa a una coalición de 184 organizaciones de la sociedad civil que se proclaman representantes de 12 sectores de la sociedad, siguió cobrando vigor en el debate político. El 20 de enero, la coalición de 184 entidades emitió un comunicado de prensa (Anexo 3) con su conclusión de que el gobierno no tiene la voluntad política para, entre otras cosas, resolver la crisis política, atenerse a sus compromisos estipulados en la resolución 822 o crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos, sociales y económicos. La coalición prometió que presentaría un plan de acción para el establecimiento de un “nuevo contrato social” a fin de resolver la crisis (véase más adelante). El 24 de enero, la coalición organizó una huelga general, que recibió un considerable apoyo, para protestar por lo que considera un desgobierno general del país.

A modo de celebración del segundo aniversario de su asunción del gobierno, el 7 de febrero, el Presidente Aristide anunció ante una manifestación de miles de personas la constitución del nuevo CEP y un aumento del salario mínimo. El aniversario provocó numerosas declaraciones públicas de crítica para el gobierno, emitidas por dirigentes de los partidos de oposición, organizaciones defensoras de los derechos humanos y personalidades religiosas de todo el país. El 14 de febrero, un grupo de dirigentes protestantes (que no participaron en la formación del CEP) denunció la formación de la institución y reclamaron el alejamiento del Presidente Aristide. Una semana después, un portavoz de la Convergence Démocratique declaró públicamente que el gobierno estaba llevando a cabo una campaña de terror contra la oposición, la prensa, los estudiantes, los grupos defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil. Añadió el portavoz que la coalición opositora se mantenía fiel al compromiso con la resolución 822 y con la realización de elecciones creíbles, pero no con el Presidente Aristide en el poder.

Pese a los numerosos pronunciamientos de figuras públicas en respaldo a la oposición, las marchas contra el gobierno fueron, por varias razones, menos y con menor resonancia durante el período que cubre este informe. El grupo Initiative Citoyenne, con sede en Cap Haitien, que en noviembre de 2002 había organizado la marcha Cri de Vertières con la participación de miles de personas, organizó un “fin de semana de la esperanza” los días 8 y 9 de febrero. Se estima que en esa marcha de fin de semana participaron de 1.000 a 2.000 opositores y la demostración terminó abruptamente cuando la policía resolvió una disputa en torno al recorrido a fuerza de gases lacrimógenos y balazos. Una marcha organizada el 17 de febrero por el Mouvement Syndical Haïtien para protestar por el alto costo de la vida, contó con la asistencia de apenas treinta a cincuenta personas. Los dirigentes de la oposición atribuyen la merma de la participación al clima de miedo creado por los partidarios de Fanmi Lavalas.

El 21 de febrero, la coalición de las 184 entidades lanzó una campaña pública para la configuración de un “nuevo contrato social” con la sociedad civil en todo el país. Unos sesenta miembros del grupo, acompañados por quince periodistas, viajaron desde Puerto Príncipe hasta Jacmel a fin de presentar una propuesta escrita a la sociedad civil de ese departamento, incluida la dirigencia religiosa. En la reunión también participaron unas 60 personas de Jacmel y el comportamiento de la policía fue ejemplar. La campaña, bautizada “Caravana de la Esperanza”, incluirá viajes a los otros ocho departamentos haitianos a fin de presentar el plan de unificación y desarrollo de la nación.

Durante el mes de febrero, varios dirigentes de partidos de oposición y voceros sindicales cuestionaron públicamente la medida en que la resolución 822 de la OEA fuera suficiente como estrategia de solución de la crisis política en curso.

CLIMA DE SEGURIDAD

El 8 de enero, al término de la tregua promovida por el gobierno entre diciembre de 2002 y enero de 2003, con motivo de las fiestas tradicionales, la embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa instando al pleno respeto a los derechos políticos, poniendo énfasis en la necesidad de respeto a los derechos de reunión y a la libertad de expresión. En el período inmediato, los informes sobre actos de persecución política se intensificaron significativamente a pesar de los reclamos de ONG internacionales, entre otros. El vacío de seguridad se hizo mayor a medida que en el seno de la policía nacional se multiplicaban los conflictos internos y las denuncias de influencias de los traficantes de drogas.

El asesinato de un estudiante de medicina de la Universidad de Haití, el 7 de enero, fue sumamente politizado por las asociaciones universitarias y otros sectores de la oposición política. El 13 de enero tuvo lugar una marcha pacífica para denunciar el crimen, la inseguridad y la persecución política, con la participación de varios centenares de manifestantes que recorrieron las calles de Puerto Príncipe voceando consignas contra el gobierno, sin que hubiera incidentes y bajo una protección policial ejemplar.

El 10 de enero, por lo menos cinco personas resultaron heridas cuando partidarios del gobierno chocaron en Puerto Príncipe con miembros de una marcha opositora que protestaban por el aumento de precio de los combustibles. Se estima que unas 200 personas manifestaron contra el gobierno bajo protección policial, encabezadas por dirigentes opositores y por el ex coronel Himmler Rébu. Éste fue acusado por partidarios de Fanmi Lavalas de haber herido a dos miembros de esa organización que lo asaltaron a pedradas después de haberse separado, según dijeron, de la columna protegida por la policía. El fiscal del estado libró una citación (que aparentemente fue retirada más tarde).

El 10 de enero, la violencia se expandió desde las calles de Puerto Príncipe hasta el hospital estatal más importante del país, cuando miembros de organizaciones populares partidarias del gobierno exigieron atención médica inmediata para sus heridos. Muchos funcionarios del hospital huyeron del nosocomio presas del miedo y el incidente desembocó en una prolongada huelga de enfermeras y médicos residentes que, según informes periodísticos, provocó numerosas muertes debido a la falta de cuidados médicos. Un sindicato de enfermeras y un grupo de médicos residentes publicaron un informe acerca de varios actos de intimidación y asaltos de partidarios del gobierno contra profesionales médicos, denunciando que habían aterrorizado al personal del hospital. Se informó que la policía y el Ministerio de Salud estaban tomando medidas para solucionar esos problemas.

Otros actos de intimidación y violencia tuvieron por blanco a periodistas. El 22 de febrero, la directora de Radio Haïti Inter, Michele Montas, viuda del antiguo director de la estación, Jean Dominique, que pereció asesinado, clausuró la emisora por tiempo indeterminado debido a las constantes amenazas contra las vidas de los empleados y después del atentado contra su vida que tuvo lugar el 25 de diciembre, a raíz del cual fue muerto un guardaespaldas, a lo que siguió otro ataque a balazos contra su casa, en enero. Montas dijo que había tomado la decisión para evitar más muertes. El 12 de enero, el director de Radio Schekina, en St. Marc fue herido gravemente a balazos en su estudio. El personal de Radio Métropole, en Puerto Príncipe, fue víctima de ataques perturbadores y en Cap Haitien fueron destruidos los equipos de Radio Máxima, que hasta el 4 de marzo aún no había reanudado sus transmisiones.

El único asesinato durante una manifestación denunciado durante el período que trata este informe, ocurrió en Gonaïves, el 8 de febrero. Testigos acusaron a la policía de haber ultimado a un partidario de la oposición cuando éste, desde una barricada, lanzaba piedras contra la policía. La Initiative Citoyenne denunció inicialmente que 30 personas habían sido heridas por la policía durante la manifestación del “fin de semana de la esperanza” el 8 de febrero, en Cap Haitien, pero no insistió en sus aseveraciones. Se confirmaron los informes según los cuales manifestantes antigubernistas trataron de incendiar un vehículo del estado y acosaron a un periodista partidario del gobierno.

El 19 de febrero, la Misión Especial, tras consultas con el Grupo de Amigos de Haití, emitió un comunicado de prensa deplorando los actos de violencia e intimidación contra grupos y sectores específicos, como periodistas, estaciones de radio, estudiantes, personal médico, empresarios, sindicalistas y activistas de los derechos humanos en todo el país. La Misión Especial instó al gobierno a que redoblara esfuerzos a fin de asegurar el respeto a las normas de derechos humanos y al régimen de derecho. A ese comunicado siguió otro del Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestó su grave preocupación por el incremento de las amenazas contra periodistas en Haití. Puede encontrarse ambos documentos en el sitio de la Misión Especial en la red.

Otro motivo de preocupación fue la serie de asaltos armados contra cuartelillos policiales en la Meseta Central y uno en el norte, atribuidos al mismo grupo de ex militares que, según se denunció, había atacado el cuartelillo policial de Lascahobas en diciembre pasado. Este grupo de ex militares, denominado “el ejército de los sin madre” por los partidarios del gobierno, reclama el alejamiento del Presidente Aristide y el retorno del ejército al poder. Se denunció que, el 16 de febrero, un agente de una unidad especializada de la policía fue muerto por miembros de ese grupo en las cercanías de Pernale, en la Meseta Central. Las autoridades policiales sostienen que se ha comprobado la vinculación del movimiento de ex militares de la zona con uno que opera en las afueras de Petit Goâve. El gobierno organizó varias operaciones policiales especiales para desmantelar el movimiento y dijo que en la Meseta Central fueron detenidos nueve ex militares. La inquietante situación planteada en la Meseta Central deberá seguirse atentamente.

Petit Goâve fue nuevamente escenario de una serie de actos de violencia que se abrió con el asesinato de un activista de Fanmi Lavalas, el 1 de febrero. Varios días de violencia siguieron al crimen, durante los cuales fue quemado otro miembro de Lavalas (que luego fallecería) y varias casas. El coordinador local de la denunció que fue obligado a abandonar su casa por partidarios del gobierno. Se denunció que el 18 de febrero se efectuaron disparos contra el conspicuo cortejo fúnebre que acompañaba los restos del activista de Fanmi Lavalas y el mismo día, más tarde, se intentó el incendio de la casa de un periodista opositor y dos de sus hijos, también periodistas, fueron arrestados. Ambos bandos se acusaron de haber desatado la violencia.

La guerra entre bandas prosiguió en la zona de Cité Soleil, Puerto Príncipe, con un saldo denunciado de varias muertes. Aunque, en cierta medida, imperó más tranquilidad en Gonaïves durante el período que abarca este informe, la insólita situación allí planteada no cambió sustancialmente con respecto a la que se describió en el segundo informe del Secretario General.

LA POLICÍA

La Policía Nacional Haitiana (PNH) se encuentra en su nivel más reducido desde 1995, con una fuerza efectiva que asciende a poco más de la mitad del número obligatorio de 7.000 funcionarios. El respeto por la jerarquía ha desaparecido en gran medida y se considera que numerosos oficiales son cómplices de los traficantes de drogas. El reciente anuncio estadounidense de que Haití no había cumplido con las leyes de los Estados Unidos sobre drogas y necesitaría una exención para seguir recibiendo ayuda y los informes sobre una lista de funcionarios haitianos a los que se negó visa de entrada a los Estados Unidos, despertaron suma atención. La corrupción, la política y la reincorporación de oficiales que habían sido dados de baja por violación de los derechos humanos o delitos de otra índole, también han dañado la moral de la policía. El 14 de febrero, cuatro asistentes superiores del Jefe de Policía fueron arrestados por el Inspector General, acusados de estar involucrados en el tráfico de drogas, pero el Jefe de Policía los liberó poco después. Se denunció que los asesores estaban implicados en una operación con estupefacientes por la cual también había sido detenido el jefe de la dependencia especializada en la lucha contra el tráfico de drogas. En el término de una semana, el Director de la Policía Judicial huyó del país y fue reemplazado.

A pesar de estos y otros problemas apremiantes, en varias oportunidades la fuerza policial dio muestras de estar capacitada para brindar protección profesional a las manifestaciones y reuniones anunciadas de la oposición, en especial a la marcha que organizaron estudiantes universitarios en Puerto Príncipe, para protestar por el asesinato de uno de sus compañeros y a la reunión de la Caravana de la Esperanza, en Jacmel.

Es evidente que serán necesarias decisiones políticas relativas a reformas de fondo, fortalecimiento de la administración y la cadena de comando, planes de capacitación serios y tiempo –así como, huelga decirlo, recursos adicionales- para reforzar a la PNH y ayudarla a convertirse en un cuerpo plenamente profesional y en un pilar imparcial de respaldo al régimen de derecho y a las instituciones democráticas de Haití, que use responsablemente sus recursos. Miembros de la Misión Especial y representantes del gobierno que componen la comisión técnica conjunta de seguridad, se reunieron regularmente durante el período a fin de examinar expedientes concretos, profesionalización de la policía, desarme y seguridad para las elecciones, pero el progreso es demasiado lento.

La meta inmediata de la Misión Especial es el reclutamiento de unos 25 a 30 policías extranjeros para que trabajen en la profesionalización del cuerpo. Durante el mes de febrero, miembros de la Misión Especial entrevistaron a catorce postulantes en varios países del Caribe, de habla francesa y créole. Los asesores serán asignados a los nueve departamentos y al cuartel central policial, a la Inspection Generale, a la Academia de Policía y a otras unidades especializadas.

Uno de los tres especialistas en seguridad de la Misión Especial siguió asesorando y orientando a la Academia de Policía y asistió para la concepción y ejecución de programas de capacitación. La actual clase de la Academia, que es la 14ª y consta de unos 850 cadetes, se inició en septiembre de 2002 y se ha previsto que la próxima reciba alrededor de 500 reclutas y se inicie en junio de 2003. Se ha previsto para fines de marzo de 2003 el comienzo de la capacitación en servicio de comisarios e inspectores, divididos en cinco grupos. La Misión Especial ofrecerá una considerable asistencia para este esfuerzo importante y también dictará cursos sobre desarme, seguridad electoral, mantenimiento del orden público y liderazgo. La misión también trabaja en el refuerzo de las nociones de los instructores en materias de derecho y derechos humanos.

Seguridad para las elecciones

La Misión Especial propone que se brinde asistencia técnica en materia de seguridad para las elecciones, por intermedio de sus especialistas. Propone, asimismo, que se reclute a por lo menos 100 funcionarios policiales extranjeros (sujeto a la disponibilidad de fondos) que serán distribuidos en todo el país, para asistir a la PNH, no para sustituirla. Se encomendará a los especialistas y a los asesores policiales internacionales la preparación de un plan de seguridad para el proceso electoral y la provisión de seguridad para los miembros y funcionarios del CEP y de la Comisión de Garantías Electorales. La Misión Especial también se propone organizar un cuerpo internacional de, por lo menos, 200 observadores electorales que se esparcirán por todo el país para controlar el proceso electoral y trabajar con el CEP y con la PNH en cuestiones de seguridad a lo largo de todo ese proceso.

Desarme

La proliferación de armas ilícitas, su uso para la consumación de actos delictivos y el uso ilegal de armas siguen constituyendo problemas graves en todo el país. Los aspectos que requieren atención urgente son las actividades de bandas armadas y el personal fuertemente armado que protege a los funcionarios oficiales; la actualización de la legislación pertinente; la preparación de un plan nacional de desarme; el inventario y ulterior destrucción de las armas decomisadas en una ceremonia pública; la elaboración y puesta en práctica de un proyecto experimental de “armas para el desarrollo”; y la organización y ejecución de una campaña de concienciación pública. Este trabajo tomará en cuenta las recomendaciones formuladas en el seminario internacional sobre desarme que la Misión Especial organizó con el PNUD en octubre pasado.

En respaldo de los órganos competentes de la ONU y de acuerdo con las políticas e instrumentos hemisféricos de lucha contra el terrorismo, se considera actualmente con el Ministerio de Justicia la ratificación por Haití de las convenciones internacionales sobre prevención y supresión del terrorismo, de acuerdo con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos (YOC).

LA JUSTICIA

A pesar de algunos progresos conseguidos durante los años recientes, la administración de justicia sigue siendo sumamente débil y se ve acosada por problemas de interferencia política, anacronismo de los códigos, procedimientos engorrosos, falta de personal y equipos e infraestructura inadecuados.

A comienzos de febrero, el Ministro de Justicia chocó con la flamante Asociación Nacional de Magistrados de Haití (ANAMAH) a raíz de la suspensión de un juez, dispuesta unilateralmente por el ministro, después que el magistrado ordenara la libertad, libre de cargos, de un individuo acusado de la posesión de una gran cantidad de cocaína. A modo de reacción y al llamado de la ANAMAH, los jueces fueron a la huelga por tres semanas, a partir del 17 de febrero, en respaldo a su colega y en defensa de la independencia de la judicatura.

En enero, el juez instructor en el caso de Amiot Métayer se vio temporalmente impedido de salir del país cuando su pasaporte fue confiscado, en un incidente que tuvo amplia publicidad. El juez, que había sido víctima de actos de intimidación constantes, recuperó su pasaporte unas semanas más tarde, luego de recibir firmes muestras de respaldo público e inmediatamente buscó refugio en el exterior.

En el caso de Rosemond Jean, el juez instructor libró la acusación definitiva y el juicio se halla pendiente en Puerto Príncipe. Prosper Avril sigue detenido aunque un tribunal de apelaciones ordenó su liberación. En virtud de la resolución 822, el gobierno aceptó la obligación de liberar a los prisioneros en esas circunstancias.

REPARACIONES Y PROCESOS EN RELACIÓN CON LOS HECHOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001

El 29 de enero se registró un avance significativo en el expediente de las reparaciones por los ataques del 17 de diciembre de 2001, cuando el gobierno abonó al partido político OPL 50 millones de gourdes y firmó un acuerdo para pagarle 20 millones más, en cuatro cuotas, entre febrero y mayo de 2003. Esto, empero, no cierra el expediente de las reparaciones, porque aún no se llegó a un acuerdo completo con el partido MOCHRENHA, ni con otras víctimas individuales que no forman parte de la Convergence Démocratique. En el caso de MOCHRENHA, aunque el gobierno manifestó claramente en una carta que el primer pago sólo constituía un anticipo a cuenta, dentro del período a que se refiere este informe no puso término a la cuestión.

La indagatoria penal de los sucesos del 17 de diciembre de 2001, sigue siendo deficiente y plagada de vacíos y demoras graves. Aún no hubo acusaciones definitivas y al cabo de más de un año, sólo hay cuatro detenidos con cargos, tres de ellos en relación con el ataque al Palacio Nacional. De todas las personas identificadas por la Comisión Investigadora de la OEA, sólo unas pocas han sido interrogadas por los jueces investigadores en todo el país y, debe resaltarse, Amiot Métayer se encuentra en libertad en Gonaïves. Hasta ahora no se ha iniciado una indagatoria judicial del papel de la fuerza policial durante los hechos del 17 de diciembre.

CRÍMENES CON MOTIVACIÓN POLÍTICA

Lo que ocurre en este plano ilustra acerca del grado de impunidad.

Los tribunales se pronunciaron a favor de un proceso en los casos de los asesinatos de Jean Dominique y Jean Claude Louissaint, integrantes del equipo de Radio Haiti-Inter. El juez instructor completó su investigación y el 7 de febrero el fiscal del estado presentó su requisitoria definitiva (Réquisitoire définitif). El juez anunció que, de acuerdo con la ley, disponía de un plazo de un mes, hasta el 6 de marzo, para librar las acusaciones definitivas (l’Ordonnance de clôture) contra cualquiera de los principales sospechosos, pero al cierre de este informe, aún no se había cumplido ese trámite.

Aún se halla pendiente una apelación en el caso del asesinato de Brignol Lindor y las audiencias fueron postergadas tres veces durante el período que cubre este informe. Se estima que todavía transcurrirá un lapso considerable antes que el caso concluya.

La Misión Especial no tiene conocimiento de progresos importantes en la investigación de casos anteriores de crímenes con motivación política que figuraban en una lista que se remitió al Ministro de Justicia el 17 de junio de 2002, tras la reunión política en la Nunciatura Apostólica entre el presidente y representantes de la Convergence Démocratique.

DERECHOS HUMANOS

La Misión Especial sigue colaborando con muchas instituciones en la promoción y protección de los derechos humanos, el respaldo a seminarios sobre cuestiones de derechos humanos, instrumento, normas y recursos. La misión también ayuda a los grupos que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos. En febrero, durante un viaje a Cap Haitien, el jefe de la misión se reunió con autoridades locales y puso énfasis en la obligación que éstas tienen de sustentar el régimen de derecho respetando, al mismo tiempo, la libertad de expresión y el derecho de reunión.

La misión continuó controlando y reuniendo información sobre casos de derechos humanos, trabajando en el terreno con otros. Como se ha dicho en este informe, la situación en materia de derechos humanos ha seguido deteriorándose y son especialmente inquietantes las amenazas de muerte contra prominentes activistas de los derechos humanos y otros actos intimidatorios contra activistas individuales y sus organizaciones. El Secretario General de la Asociación de Periodistas Haitianos (AJH) informó que por lo menos 30 periodistas han huido de Haití debido a las persecuciones durante los dos años recientes. Seis de los siete periodistas que se habían ocultado el 21 de noviembre de 2002 debido a la persecución de Amiot Métayer, en Gonaïves, abandonaron el país en febrero. Varias docenas de personas siguen viviendo en la clandestinidad por temor a la persecución política, entre ellos estudiantes universitarios y miembros de la oposición de la Meseta Central y de varias ciudades.

El 26 de febrero, la Misión Especial colaboró con una ONG encabezada por un grupo de destacados residentes de Cité Soleil en la organización de una jornada sumamente provechosa de reflexión sobre los métodos de restablecimiento de un clima sin violencia en Cité Soleil, con exposiciones de especialistas de la misión en seguridad y derechos humanos, un fiscal del estado adjunto, un sociólogo y otros. La prensa se hizo eco de la iniciativa y se consideró que ésta constituía un paso inicial importante en la consideración del grave problema de violencia que ha aquejado durante años a Cité Soleil. En la jornada participaron unos cien ciudadanos.

En octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había acordado medidas cautelares al doctor Lysias Fleury, abogado de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, en virtud de las amenazas contra él libradas por policías y civiles después que a fuera torturado en junio de ese año. Al cierre del período de este informe, el gobierno no había tomado recaudo alguno para brindarle protección, como se lo exigen las convenciones de las que Haití es parte. Entretanto, Fleury había sido citado por las autoridades para que identificara, en un careo insólito, a miembros de la PNH presumiblemente involucrados en las torturas de que fue víctima. Por estas y otras razones, se han intensificado las preocupaciones acerca de su seguridad y ya es hora sobrada de que el gobierno asuma sus responsabilidades en relación con este y otros dos casos en los cuales la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares.

El especialista independiente para Haití, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, preparó un informe sobre su visita de septiembre pasado, que contiene numerosas observaciones y recomendaciones de valor. El informe será considerado por la Comisión, en Ginebra, a partir del 17 de marzo.

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La posición de la comunidad internacional sigue firmemente basada en las resoluciones 806 y 822 del Consejo Permanente de la OEA, con pleno cumplimiento por parte de los distintos responsables, de sus obligaciones y cometidos, contribuyendo a la realización de elecciones exitosas en el transcurso de 2003. Esto requiere, inter alia, la formación inmediata de un CEP, pero está agotándose el plazo para que eso ocurra. Por ende, la comunidad internacional proyecta la visita de una Delegación de alto rango a Puerto Príncipe, el 19 y 20 de marzo, a fin de que inste a la aplicación completa y con la mayor brevedad, de las resoluciones 806 y 822.

Como se informó en enero, el gobierno siguió acusando a la comunidad internacional del mantenimiento de “sanciones económicas” contra Haití y del incumplimiento de su compromiso de adopción de medidas concretas para la normalización de las relaciones de Haití con la comunidad donante, de acuerdo con las resoluciones de la OEA. Las instituciones financieras internacionales sostienen que el gobierno aún no abordó la cuestión de los atrasos y esto sigue obstaculizando los progresos en este sentido.

En un resumen para la prensa de su examen de la economía haitiana practicado en enero de 2003 conforme al Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional dijo que las dificultades políticas han impedido que las autoridades tomen medidas correctivas conducentes a la detención de las pérdidas de reservas internacionales, la contención de la inflación y la promoción del crecimiento. Agregó, inter alia, que el gobierno debe mejorar la transparencia y la responsabilidad de sus gastos, haciendo hincapié en la importancia del refuerzo de la administración del efectivo mediante la restricción del uso de cuentas ministeriales discrecionales.

El Representante Especial del Secretario General presidió prolongadas reuniones consultivas con el Grupo de Amigos de Haití en Puerto Príncipe durante el período que cubre este informe. También durante el período se llevó a cabo una reunión especial de los Amigos con representantes de la Convergence Démocratique y la propia misión se reunió con la CD y, por separado, con miembros del Grupo de las 184.

LA MISIÓN ESPECIAL

El 28 de febrero, el Primer Ministro, Yvon Neptune, y el Jefe de la Misión Especial consumaron un trámite importante con la firma de los tres pliegos pendientes de términos de referencia relativos a la asistencia técnica de la Misión Especial en materia de derechos humanos, justicia y gobernanza, cuya copia se adjunta en el Anexo 1. Están en marcha las deliberaciones para el establecimiento de las comisiones conjuntas y la puesta en práctica de los programas de trabajo.

Al 24 de febrero de 2003, los recursos a disposición de la Misión Especial ascendían a alrededor de US$1,3 millón, tomando en cuenta todas las contribuciones recibidas y los gastos realizados hasta esa fecha. Salvo que reciba recursos adicionales en el corto plazo, la misión no podrá avanzar mucho más allá de los pasos inmediatos. Si bien hay algunos signos alentadores, al cierre del período que abarca este informe la misión no poseía seguridades de recepción de más de la mitad de su solicitud inicial de unos US$12 millones. Esto, a su vez, es sólo alrededor de la mitad de lo que se estima necesario que suministre la comunidad nacional para llevar a cabo las elecciones en la forma debida.

En un plano más positivo, la misión recibió una provechosa contribución de la National Organization for the Advancement of Haitias (NOAH), que fue la primera donación privada y la primera de una organización de haitianos residentes en el exterior. En términos más generales, la misión gestiona la constitución de alianzas con entidades multilaterales y bilaterales, en especial con el PNUD, con vistas, por ejemplo, a las elecciones, el desarme y otras cuestiones.

La misión ha continuado su tarea de información para el público haitiano y su sitio en la red es www.oashaiti.org.

CONCLUSIÓN

El estancamiento actual no puede prolongarse y casi se ha agotado el plazo para el establecimiento de un verdadero CEP y la adopción de las medidas prácticas necesarias para la celebración de elecciones creíbles en 2003.

Pese a ciertos progresos reconocibles en algunos aspectos, el gobierno no ha hecho lo suficiente para convencer a la población haitiana o a la comunidad internacional, de su seriedad en cuanto al cumplimiento de los compromisos que asumió voluntariamente dentro del marco de las resoluciones 806 y 822. Debe poner término a las reparaciones y tomar de inmediato decisiones rigurosas atinentes, entre otros aspectos, a la policía, la impunidad, el desarme y la creación de un clima de confianza en la seguridad para las elecciones. Las garantías verbales no serán suficientes y la forma de proceder es la aplicación rápida y real de los distintos términos de referencia.

Al mismo tiempo, la resolución 822 impone exigencias a todas las partes interesadas. Si bien es cierto que le cabe al gobierno haitiano la principal responsabilidad por las condiciones de seguridad, la sociedad civil y todos los haitianos comparten la obligación de fomentar la seguridad y el desarrollo. Las preocupaciones legítimas del público haitiano acerca de la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y al régimen de derecho, no deben usarse para bloquear las elecciones, que constituyen un portal necesario para el desarrollo político, económico y social de Haití—y, de hecho, para la consecución de un clima de paz y justicia. Empero, aún no se percibe claramente la existencia de las circunstancias bajo las cuales sectores de la oposición estarían dispuestos a cooperar con la celebración de elecciones en 2003, bajo el gobierno de Jean Bertrand Aristide, a quien la comunidad internacional reconoce como Presidente de Haití.

Las cinco entidades que han de nombrar representantes para integrar el CEP deben estar preparadas para asumir sus responsabilidades dentro del marco de la resolución 822 y del proyecto de acuerdo inicial del 12 de junio de 2002, es decir para autorizar a quienes nombraron a que juren y presten servicio como miembros activos e independientes del CEP. La activación de este órgano será, por sí misma, un factor galvanizador del mejoramiento de la atmósfera pública del país. La Misión Especial ha ofrecido su colaboración para la seguridad de los miembros del CEP y de la Comisión de Garantías Electorales y la de sus familiares y allegados. Otros elementos de la seguridad electoral deberán ponerse en práctica de acuerdo con los términos de referencia pertinentes, incluyendo los planes de la Misión Especial ya descritos –con mejoras que cobren efecto paulatinamente, a medida que avancen los preparativos de las elecciones.

Es tiempo de que las instituciones financieras internacionales y el gobierno de Haití resuelvan los importantes problemas pendientes entre ellos, incluido el de los atrasos y, de esta forma, demuestren rápidamente al pueblo haitiano que las profesiones de buena voluntad de la comunidad internacional se llevan a la práctica.

Por ultimo, los estados miembros y los estados observadores de la OEA, así como otras instituciones, deben hacerse presentes con aportes nuevos y significativos para la Misión Especial, en particular para su trabajo en todas las cuestiones de seguridad (ámbito en el cual virtualmente no hay otro actor internacional activo al presente) y para las tareas que debe llevar a cabo en relación con la celebración de elecciones en Haití durante 2003.

TÉRMINOS DE REFERENCIA RELATIVOS A LA JUSTICIA

I. Contexto y justificaciones

Las Resoluciones 806 y 822 de la OEA, del 15 de enero y 4 de septiembre de 2002, confirieron a la Misión Especial de la OEA el mandato de ayudar al Gobierno a desarrollar y reforzar sus instituciones democráticas, notablemente para atender la necesidad de consolidar la independencia de la judicatura y apoyar sus esfuerzos encaminados a luchar contra la impunidad.

Por carta fechada el 29 de octubre de 2002, el Primer Ministro, Sr. Ivon Néptune, solicitó oficialmente en nombre del Gobierno la asistencia de la Misión Especial de la OEA en Haití en la esfera de la justicia.

II. Objetivos

· Reforzar el Estado de Derecho y consolidar la independencia de la judicatura.

· En el contexto de las Resoluciones 806 y 822, reforzar la lucha contra la impunidad mediante la activa persecución penal de los autores de delitos y violaciones de los derechos humanos.

· Reforzar las capacidades del sistema judicial para la realización de investigaciones criminales y en la esfera de la utilización de pruebas científicas.

III. Acciones que han de realizarse y respaldo de la Misión Especial de la OEA

A) Acciones

Las acciones enunciadas no constituyen una lista exhaustiva de las que pueden realizarse para el logro de los objetivos previstos. Toda actividad se realizará teniendo en cuenta las prioridades que han de establecerse y los recursos financieros disponibles, así como las actividades de asistencia en curso o programadas por otros dispensadores de fondos. A los efectos de alcanzar los objetivos establecidos se prevén las siguientes acciones y actividades.

a) Acciones relativas a la independencia de la magistratura

1. Promover la adopción por el Parlamento, y hacer aplicables de manera acelerada, las leyes siguientes relativas a la magistratura:

· Ley sobre el Consejo Superior de la Magistratura

· Ley sobre el Estatuto de la Magistratura

· Ley Orgánica de la Escuela de la Magistratura

2. Realización de actividades de acompañamiento del nuevo Consejo Superior de la Magistratura una vez establecido, y puesta a su disposición de instrumentos jurídicos[1]^/, materiales técnicos[2]^/ y científicos necesarios.

3. Actividades realizadas con los Consejos de la Magistratura de otros países.

4. Realización de actividades de sensibilización sobre la importancia de la magistratura y el papel de los jueces en una sociedad democrática fundada en un verdadero Estado de Derecho.

5. Realización de un seminario sobre la independencia de la magistratura y la separación de poderes en un Estado de Derecho.

6. Realización, en la EMA, de seminarios de capacitación especializada, sobre ética y deontología, destinados a los miembros de la magistratura.

7. Difusión de la jurisprudencia, los procedimientos y los actos de los tribunales superiores en los dos idiomas oficiales del país.

8. Realización de seminarios tendientes a favorecer los intercambios de información sobre derecho comparado y capacitación especializada, para los miembros de la magistratura, sobre la Corte de Justicia del Caribe (CJC) y el sistema jurídico de la CARICOM.

b) Acciones relativas a la consolidación del sistema penal

1. Realización de seminarios que favorezcan el desarrollo de relaciones armoniosas entre los protagonistas del sistema penal del país.

2. Realización de seminarios tendientes a promover la utilización de la mediación, la conciliación, el arbitraje y la solución pacífica de conflictos.

3. Realización de seminarios de capacitación especializada en materia de investigación criminal y utilización de pruebas científicas para los miembros de la magistratura y del personal judicial, de la Policía Judicial y Científica, de los médicos forenses, incluidas etapas de capacitación en el extranjero.

4. Realización de seminarios de capacitación especializada en materia de medicina forense para los miembros de la magistratura, personal judicial y de la Policía Judicial y Científica, incluidas etapas de capacitación en el extranjero.

5. Realización, en la EMA, de seminarios sobre la problemática de las investigaciones criminales y el papel de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

c) Relativas a la lucha contra la impunidad

1. Realizar el seguimiento de la evolución de los expedientes vinculados con los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001 en cuanto a los procesamientos penales y a los expedientes relativos a indemnizaciones.

· Evaluar todos los expedientes, garantizar el seguimiento ante las jurisdicciones apropiadas, y promover, por otra parte, la aplicación completa de las recomendaciones de la Comisión Investigadora Independiente.

· Dar término a la tramitación de todos los expedientes referentes a indemnizaciones conforme a los criterios establecidos por el Consejo Consultivo, y tratar por igual a todos los expedientes de las víctimas, independientemente de que sean personas físicas o instituciones.

2. Ocuparse de los casos de graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en el curso del último decenio y, dentro de un plazo razonable, movilizar la acción pública contra los autores, coautores y cómplices, a los siguientes efectos:

· Realización de investigaciones.

· Identificación de los responsables.

· Procesamiento penal de los responsables.

· Realización de procesos justos y equitativos.

B) Respaldo de la OEA

Trabajando en asociación de esfuerzos con el Gobierno haitiano, teniendo en cuenta los recursos disponibles y en coordinación con los restantes organismos internacionales competentes, la Misión Especial de la OEA está en condiciones de:

1. Proporcionar una asistencia consistente en la puesta en acción de funcionarios internacionales de apoyo a fin de contribuir a la realización de los objetivos previstos.

2. Y hacer disponibles los recursos técnicos y materiales que sean necesarios.

IV. Seguimiento

Se ha creado un Comité Conjunto encargado de velar por la realización de los presentes términos de referencia.

El comité está formado por representantes designados respectivamente por el Presidente de la República, el Primer Ministro y la Misión Especial de la OEA.

El Comité Conjunto podrá disponer, si es necesario, la participación de consultores nacionales e internacionales, con financiamiento a cargo de la Misión Especial de la OEA, a fin de facilitar los trabajos.

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TÉRMINOS DE REFERENCIA RELATIVOS A LA GOBERNABILIDAD

I. Contexto y justificaciones

II. Objetivos

A) GOBERNABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

· Consolidar el Estado de Derecho en Haití.

· Promover una profunda reforma del sistema judicial haitiano a los efectos de adaptarlo a las exigencias de una adecuada administración de la justicia en el marco de un verdadero Estado de Derecho.

· Hacer que la justicia haitiana, como garantía de los derechos de la persona humana, sea más confiable y accesible para todos.

· Reforzar y consolidar la gobernabilidad institucional y local en la esfera de la administración de justicia.

B) GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO

· Promover la transparencia y una sana gestión de los recursos a nivel de las instituciones del Estado.

· Promover una adecuada gobernabilidad y el desarrollo sostenido a nivel de las instituciones locales.

III. Acciones que han de realizarse y respaldo de la Misión Especial de la OEA

A) Acciones

A.1) GOBERNABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

Una de las principales acciones consistirá en la puesta en funcionamiento de una comisión encargada de elaborar la planificación estratégica de un conjunto de acciones y actividades adecuadas para hacer posible una reforma profunda, coherente, participativa y ordenada de la administración de justicia en función de las prioridades establecidas, de los recursos financieros disponibles, y teniendo en cuenta asimismo la duración del mandato de la Misión Especial de la OEA y de las medidas de asistencia en curso o programadas por otros dispensadores de fondos.

En este contexto, cabe citar, sin carácter limitativo, las siguientes acciones y actividades, en el conjunto de las previstas:

a.- Modernización y fortalecimiento administrativo

1. Realización de un Foro Nacional sobre la Reforma Judicial.

2. Creación de una Secretaría Permanente de compilación y coordinación en el seno del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

3. Desarrollo de capacidades operacionales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (comunicaciones, transporte, instrumentos y materiales jurídicos, etc.).

4. Desarrollo de instrumentos técnicos y de apoyo en los dos idiomas oficiales (circulares, directrices, textos de leyes y jurisprudencia, etc.).

5. Reforma de los códigos correspondientes a las esferas específicas de las diferentes ramas del Derecho, y del procedimiento pertinente para su aplicación, y complementación con la labor de otros organismos internacionales.

6. Creación y adopción de recursos, instrumentos estadísticos y medidas encaminados a desarrollar las capacidades técnicas y científicas en materia de administración de justicia, notablemente en lo referente a inspecciones judiciales, investigaciones criminales y medicina forense.

7. Promulgación de nuevas tasas judiciales.

8. Puesta en funcionamiento de un sistema de mejoramiento de las remuneraciones de los agentes de la función judicial.

9. Rehabilitación y creación de tribunales.

b.- Reforma y modernización del sistema de Registro Civil

1. Separación de los Archivos Nacionales de los Archivos del Registro Civil. Relación de este último con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

2. Dotación de recursos para las Oficinas del Registro Civil en materia de registros y actas de estado civil, en los dos idiomas oficiales.

c.- Mejoramiento del nivel de los agentes de la función judicial

1. Organización, en la EMA, de programas de capacitación profesional continua de los miembros de la magistratura, del personal judicial y de auxiliares de justicia (actuarios, funcionarios administrativos, técnicos jurídicos, etc.)

i. Programa de capacitación especializada en materia de investigación criminal para miembros de la magistratura y el personal judicial, la Policía Judicial y Científica y médicos forenses, incluidas etapas de capacitación en el extranjero.

ii. Programa de capacitación especializada para agentes de la función pública, sobre el sistema jurídico de la CARICOM y sobre las reglas de comercio multilateral en general.

iii. Programa de capacitación especializada en materia de medicina forense para miembros de la magistratura, personal judicial y la Policía Judicial y Científica, incluidas etapas de capacitación en el extranjero.

iv. Programa de capacitación especializada en la EMA, sobre ética y deontología, destinado a agentes de intervención del aparato judicial.

v. Programa de capacitación especializada sobre técnicas de mediación, conciliación, arbitraje y resolución pacífica de conflictos.

vi. Sensibilización de la población sobre la problemática de las investigaciones criminales y el papel de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

vii. Establecimiento de una asociación de esfuerzos con los Consejos de la Magistratura de otros países.

2. Difusión y suministro de material jurídico a los tribunales de la República.

A.2) GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y DESARROLLO

Las acciones enunciadas se realizarán teniendo en cuenta las prioridades que han de establecerse y los recursos financieros disponibles, así como las actividades de asistencia en curso o programadas por otros dispensadores de fondos. A los efectos de alcanzar los objetivos establecidos se prevén, sin carácter limitativo, las siguientes acciones y actividades:

1. Iniciación de consultas sobre los temas de la transparencia, una sana administración de los recursos y fondos públicos y el desarrollo.

2. Preparación de diagnósticos regionales y de un diagnóstico de la situación a nivel nacional.

3. Evaluación de aspectos favorables y críticos en relación con los temas anteriormente mencionados.

4. Preparación de políticas, estrategias y actividades que hayan de recomendarse.

5. Elaboración de perfiles de proyectos prioritarios y cronogramas de ejecución.

6. Organización de debates, talleres, conferencias y seminarios sobre transparencia y desarrollo a nivel local.

7. Utilización de los resultados de las investigaciones, tanto en el sector privado como en el público, directamente referentes al papel de las instituciones locales en una mejor transparencia y una mejor administración de los recursos y de las finanzas públicas.

B) Respaldo

Trabajando en asociación de esfuerzos con el Gobierno haitiano, teniendo en cuenta los recursos disponibles y en coordinación con los demás organismos internacionales competentes, la Misión Especial de la OEA está en condiciones de:

1. Proporcionar una asistencia consistente en la puesta en acción de funcionarios internacionales de apoyo a fin de contribuir a la realización de los objetivos previstos.

2. Y hacer disponibles los recursos técnicos y materiales que sean necesarios.

IV. Seguimiento

Se ha creado un Comité Conjunto encargado de velar por la realización de los presentes términos de referencia.

El Comité está formado por representantes designados respectivamente por el Presidente de la República, el Primer Ministro y la Misión Especial de la OEA.

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[1]. Libros de referencias, marco de procedimientos, formularios.

[2]. Computadoras, instrumentos de informática, fotocopiadoras, bancos de datos.