OEA/Ser.G
CP/doc.3643/02
30
agosto 2002 Original:
inglés
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
EN RESPUESTA AL DOCUMENTO CP/INF. 4724/02
Carta de transmisión del SECRETARIO GENERAL
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
El Secretario General
20
de agosto de 2002
Señor Presidente:
Tengo el honor de referirme a la
nota del 6 de agosto de 2002 que me dirigió el Representante Permanente Alterno
de los Estados Unidos ante la OEA y a la nota del Representante Permanente
Alterno dirigida a usted el 7 de agosto de 2002, que fueron publicadas en el
documento CP/INF.4724/02.
Adjunto para distribución al Consejo
Permanente un informe que contiene la información solicitada.
Aprovecho la oportunidad para
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
César
Gaviria
Excelentísimo señor
Roger Noriega
Embajador, Representante Permanente de los Estados
Unidos
ante la
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
EN RESPUESTA AL DOCUMENTO CP/INF. 4724/02
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL EN
RESPUESTA
AL DOCUMENTO CP/INF.4724/02
Antecedentes
Mediante el documento CP/doc.3632/02, del 31 de
julio de 2002, la Misión Permanente de Haití transmitió a la Presidencia del
Consejo Permanente un proyecto de resolución para que fuera considerado en la
reunión ordinaria del Consejo fijada para el 31 de julio de 2002. La
consideración de dicho proyecto de resolución se trasladó a una reunión de la
Comisión General del Consejo Permanente que tuvo lugar el 2 de agosto de
2002.
En el
documento CP/INF.4724/02, del 7 de agosto de 2002 (que se adjunta como Anexo
I), la Misión Permanente de los Estados Unidos solicitó al Secretario General
clarificaciones acerca de tres aspectos mencionados en el proyecto de
resolución presentado por la Delegación de Haití.
Por ende, este informe se refiere a la situación
existente con respecto a:
- El
Proyecto de Acuerdo Inicial que se negocia desde abril de 2001;
- La
aplicación de la resolución CP/RES. 806 (1303/02) corr.1; y
- La gestión
de buenos oficios del Secretario General ante instituciones financieras
internacionales, de conformidad con la resolución AG/RES. 1841
(XXXII-O/02)
El segundo de estos tres aspectos, a saber, la evaluación de la
aplicación de la resolución CP/RES. 806,
plantea problemas complejos, de hecho y de juicio, que entrañan implicaciones
políticas críticas. La Secretaría responde a esta solicitud del mejor modo
posible dejando constancia que la OEA no posee actualmente, en Haití, los
recursos que serían necesarios para responder con más detalle a todos los
aspectos que podrían considerarse pertinentes a la solicitud. Es por
estas razones que el informe incluye en sus conclusiones algunas
consideraciones sobre el papel de la
Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití
(Misión Especial).
Este
este informe debe ser considerado como un complemento del informe CP/doc.3625/02 corr.3, titulado
“Sexto informe de la Misión de la Organización de los Estados Americanos a
Haití” (en adelante, el Sexto Informe),
y del documento anterior CP/doc.3609/02 corr.1, titulado “Situación en Haití: Informe
del Secretario General sobre la aplicación de las resoluciones CP/RES. 806
(1303/02) corr.1 y AG/RES. 1831 (XXXI-O/01)” del 21 de mayo de 2002.
I. EL PROYECTO DE ACUERDO
INICIAL
La solicitud de la Misión de los Estados Unidos de una
clarificación del Proyecto de Acuerdo Inicial Rev. 9 figura en el Anexo I. La
sección pertinente dice así:
Proyecto
de Acuerdo Inicial de la OEA: En la carta del Presidente Aristide del 9 de
julio se dice que “Fanmi Lavalas ya ha aceptado el (Proyecto de) Acuerdo
(Inicial de la OEA) y acordó firmarlo”. Sin embargo, puede observarse que el
Acuerdo que se adjunta como Anexo I al documento del Gobierno de Haití, se
titula concretamente
"Contrapropuesta de Fanmi Lavalas al Proyecto de Acuerdo Inicial,
Revisión 9, del 12 de junio de 2002”.
La Delegación de Haití ha presentado un proyecto de resolución
encomiando al Gobierno de Haití por su apoyo al Acuerdo, pero no queda en claro
si se hace referencia a un apoyo a la contrapropuesta de Fanmi Lavalas, que a
nuestro entender difiere significativamente de la propuesta de compromiso de la
OEA, o si es un respaldo al verdadero Proyecto de Acuerdo Inicial de la OEA. Si
se trata de esto último, es esencial que así lo hagan constar claramente, por
escrito, el Gobierno de Haití y la OEA. Si fuera lo contrario, la Secretaría
debe clarificar esta ambigüedad y señalar todas las discrepancias que existen
entre la contrapropuesta de Fanmi Lavalas y el Proyecto de Acuerdo Inicial de
la OEA.
Como se indicó en el Sexto Informe, la Revisión 9 del
Proyecto de Acuerdo Inicial se presentó a los partidos políticos, Fanmi Lavalas
y la Convergencia Democrática, el 12 de junio de 2002.
Fanmi Lavalas respondió
por escrito el 15 de junio, sugiriendo dos cambios y una adición. Quizá el
cambio clave es que la contrapropuesta de Fanmi Lavalas introdujo un
procedimiento general basado en la Constitución de Haití para sustituir al
calendario de partida, estipulado en la Revisión 9, que es la propuesta de
compromiso de la OEA. Dependiendo de su aplicación, el calendario de partida,
en especial en lo atinente a las autoridades territoriales, puede surtir un
efecto sustancial en el desarrollo de la campaña electoral. Esta
contrapropuesta se adjuntó luego a la carta más amplia del Presidente Aristide,
del 9 de julio, que complementó las condiciones convenidas en el Proyecto de
Acuerdo Inicial (incluyendo disposiciones para la constitución de un Consejo
Electoral Provisional y las relativas a la seguridad durante el período electoral),
con una serie de otros compromisos sobre derechos humanos, libertad de prensa y
desarme.
En su respuesta a la solicitud de clarificaciones, el
Gobierno de Haití afirma, entre otras cosas, que se considera como garante de
los puntos convenidos en el Proyecto de Acuerdo Inicial. La respuesta del
gobierno subraya la necesidad de que el impacto o efecto derivado de todo
acuerdo respete la constitucionalidad y estabilidad de las
instituciones haitianas.
Las respuestas de la Convergencia Democrática al
Proyecto de Acuerdo Inicial Rev. 9 son mucho más numerosas. Su posición original, que se presentó el 11 de julio
de 2002, fue consignada en el Sexto
Informe.<SPAN
style="mso-spacerun: yes"> Ulteriormente, tras un intercambio inicial de correspondencia con
la Presidencia del Consejo Permanente, que tuvo lugar entre el 23 y el 26 de
julio de 2002</SPAN> (CP/INF.4712/02), la Convergencia Democrática volvió
a dirigirse por escrito al Presidente del Consejo Permanente el 30 de julio de
2002, presentando una Propuesta Modificada, fechada el 29 de julio de 2002, en
respuesta al Proyecto de Acuerdo Inicial Rev. 9. Si bien se percibe cierta
evolución, las modificaciones propuestas por la Convergencia reabren la
cuestión de las elecciones del 26 de noviembre de 2000, que nunca fueron materia
de mandato de la OEA o de la Cumbre de las Américas.
En un cuadro comparativo que constituye el Anexo III a
este informe, se presenta el texto del Proyecto de Acuerdo Inicial, Revisión 9,
junto con las posiciones del Gobierno de Haití, la propuesta modificada de la
Convergencia Democrática, del 29 de julio, y comentarios de la Secretaría.
II.
APLICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN CP/RES. 806 (1303/02) corr.1
La resolución CP/RES. 806 (1303/02) corr.1
contiene una serie de compromisos asumidos por el Gobierno de Haití (párrafos 4
y 12); por el Gobierno de Haití y la oposición (párrafos 2 y 7); por el
Gobierno de Haití y la OEA (párrafo 3); por la OEA (párrafos 8, 9, 10, 11 y 14)
y por la comunidad internacional (párrafos 6 y 13). En el cuadro del Anexo IV
aparecen todos los compromisos, su situación y, la fuente de información
indicándose, en cada caso, el documento de la
OEA correspondiente.
También debe tenerse en cuenta un documento
distribuido por solicitud de la Misión Permanente de Haití como documento CP/INF.4720/02 corr.1, titulado “Medidas adoptadas por el Gobierno de
Haití para cumplir las resoluciones 806, 1841 y 1831 de la OEA (al 18 de julio
de 2002)”.
La eficacia de las acciones tomadas por el Gobierno de Haití para
cumplir sus compromisos de conformidad con la resolución CP/RES. 806 ha sido un
tema contencioso entre la oposición y el gobierno.
·
La oposición sostiene
que el gobierno sólo ha tomado medidas cosméticas y que dicho gobierno debe ser
cambiado a fin demostrar a los protagonistas que está dispuesto a crear un
clima de seguridad conducente a una solución consensual de la actual crisis
política y electoral.
·
El gobierno indica que
está comprometido sin reservas a dar cumplimiento a la resolución CP/RES. 806,
que se encuentra en proceso de aplicarla y que la aplicación completa exigirá
tiempo y recursos.
·
Los negociadores de la
OEA y de la CARICOM y el Grupo de Amigos del Secretario General en Haití han
insistido constantemente en la importancia de la aplicación cabal de la
resolución CP/RES. 806, pero han evitado que esto se convierta en una condición
previa para la conclusión del Acuerdo Inicial.
En la Sección II a) infra, la Secretaría describe el estado
actualizado de aplicación de la
resolución por el Gobierno de Haití, se enumeran las medidas tomadas y se
establecen las cuestiones que afectan la aplicación y que pueden considerarse
pendientes. Como se dijo, debe comprenderse que esta actualización no es
completa ni constituye una guía cabal de lo que aún debe hacerse.
COMPROMISOS ASUMIDOS POR
EL GOBIERNO DE HAITÍ DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 806
a.
4 (a): “La realización de una investigación rigurosa e independiente de los
sucesos relacionados con el 17 de diciembre de 2001.”
Medidas tomadas
·
Una Comisión Investigadora especial
designada por la OEA y compuesta por tres destacados juristas internacionales
independientes llevó a cabo una investigación independiente. La Comisión
completó su cometido y emitió su informe, que aparece en el documento
CP/INF.4702/02, el 1 de julio de 2002.
·
En su comunicación del 9 de julio,
el Gobierno de Haití expresó su disposición de poner en práctica las
recomendaciones del informe.
b.
4 (b): “El enjuiciamiento y, cuando corresponda, la destitución de toda persona
que se compruebe que haya sido cómplice en la violencia del 17 de diciembre de
2001 y días siguientes.”
Medidas tomadas
·
El gobierno de Haití comunicó que el
9 de julio de 2002, entregó al Ministro de Justicia el informe completo de la
Comisión Investigadora de los sucesos del 17 de diciembre de 2001, con
instrucciones de que se examinara minuciosamente dicho informe, se investigaran
todas las denuncias de actividades criminales relacionadas con esos hechos y se
arrestara y enjuiciara a todos los responsables de actos de esa índole.
·
Además, el gobierno de Haití ha
informado que dio instrucciones al
Ministro de Justicia para que, dentro de un plazo de 60 días, publique un
informe sobre todas las medidas tomadas con las finalidades señaladas.
·
De acuerdo a las últimas informaciones
recibidas, pareciera haberse logrado progreso en la investigación judicial de
los hechos del 17 de diciembre de 2001. El juez encargado de la investigación
transfirió el expediente judicial al “Parquet” (Ministerio Público) para que se
cumpla el siguiente paso del procedimiento penal, que consiste en la
preparación de la “réquisitoire définitif” (requisitoria definitiva) por el
“Parquet”.
·
El 14 de agosto de 2002, el señor
Reynold Georges, dirigente máximo de ALAH (uno de los constituyentes de la
Convergencia Democrática), notificó a la Misión Especial que las autoridades
judiciales habían arrestado al señor Gardy Registre, principal sospechoso del
incendio de la sede de ALAH, ocurrido el 17 de diciembre de 2001.
Medidas pendientes
·
Al 16 de agosto de 2002 se habían
realizado investigaciones pero no se había enjuiciado a persona alguna
explícitamente acusada de haber participado en los hechos del 17 de diciembre
de 2001.
·
La Secretaría no está en condiciones
de confirmar la aseveración del gobierno según la cual se nombró un panel de
tres jueces investigadores con el cometido de supervisar los casos del 17 de
diciembre. Según la información de que dispone, solo se nombró un juez
investigador, Bernard Saint-Vil, para llevar a cabo estas actuaciones. En estos
momentos no es posible evaluar el alcance y la calidad de las investigaciones
judiciales realizadas hasta el presente.
·
La Comisión Investigadora afirmó que
Amiot Métayer, alias “Cubain”, fue un perpetrador notorio de actividades
violentas el 17 de diciembre de 2001, en la ciudad de Gonaïves. El 3 de julio
de 2002, Métayer fue arrestado y encarcelado por la policía haitiana. Según
Marcel Jean, el juez investigador en Gonaïves, Métayer fue arrestado por la participación
que se le atribuye en el incendio de algunas viviendas del barrio Jubilee, de
Gonaïves, el 12 de mayo de 2002, hecho que no guarda relación con los sucesos
del 17 de diciembre de 2001. El 2 de agosto de 2002, partidarios de Métayer
atacaron la prisión, lo liberaron y también quemaron varios edificios públicos,
entre ellos el que servía de sede al Tribunal de Gonaïves.
·
El mismo juez investigador, Bernard
Saint-Vil, está a cargo de los casos del 17 de diciembre de 2001, de los
asesinatos de Jean Dominique y Jean-Claude Louissaint y (como otros jueces
haitianos) de muchos otros casos, lo que despierta dudas en cuanto a que su
trabajo pueda hacerse en forma eficaz y oportuna, habida cuenta del abultado
caudal de casos a su cargo.
c.
4 (c): “La realización de una investigación rigurosa de todos los crímenes
políticamente motivados.”
Es conveniente dejar constancia que, la identificación
de un crimen como “políticamente motivado” es ambigua cuando se la efectúa en
forma previa a la determinación judicial de sus causas. Durante el debate y la redacción de la
resolución CP/RES. 806, se mencionaron dos casos, a saber, los de Jean
Dominique y Brignol Lindor.
Medidas tomadas
·
El 12 de junio de 2002, durante una
reunión entre el Presidente Aristide y dirigentes de la oposición que tuvo
lugar en la Nunciatura Apostólica en Puerto Príncipe, se analizó una lista
incompleta de crímenes a los que se atribuyen móviles políticos. La lista fue remitida por la oposición al
Ministerio de Justicia e incluye los casos de Jean Dominique, Jean Claude
Louissaint, Brignol Lindor, Ramy Darant, Marc André Diogène, Mireille Durocher
Bertin, Pasteur Antoine Leroy, Jacques Florival, el diputado Jean Hubert
Feuillé, el senador Yvon Toussaint, el padre Jean Pierre-Louis, y los coroneles
Jean Lamy y Max Mayard.
·
Caso de Jean Dominique: El 9 de julio se nombró a un nuevo juez investigador – Bernard
Saint-Vil– del caso Dominique/Louissaint. El magistrado dijo que la señora
Michèle Montas, viuda de Jean Dominique, sería invitada a testificar en el caso
de su marido el lunes 19 de agosto de 2002, como “parte civil”; y que el martes
20 de agosto y el jueves 22, los dos sospechosos que se encuentran bajo
custodia y el senador Dany Toussaint, respectivamente, serían nuevamente
interrogados con respecto a este asunto. Hay indicios de que el juez procedería
de la misma forma que su predecesor, el juez Claudy Gassant.
·
Caso de Brignol Lindor: La investigación del asesinato de Lindor prosigue. En abril, el juez investigador presentó su
informe al “Parquet”, que lo devolvió en junio por considerarlo incompleto.
Inicialmente fueron arrestados dos individuos cuya conexión con el caso aún no
ha sido probada. En junio se practicaron otros dos arrestos – esta vez de
individuos conocidos como activistas de Domi Nan Bwa, la organización que ha
reconocido públicamente que atacó a Lindor.
El “Cartel” (Concejo Municipal) de Petit-Goâve fue
destituido por el gobierno, ante las denuncias de que el alcalde adjunto
participó en el asesinato de Brignol Lindor.
Medidas pendientes
·
Como se indicó, el juez Saint-Vil es
el mismo que investiga los casos del 17 de diciembre de 2001, los asesinatos de
Jean Dominique y Jean-Claude Louissaint, y muchos otros casos.
·
Hasta el momento no se ha finalizado
investigación alguna.
·
La investigación del asesinato de
Jean Dominique, que ya lleva más de dos años, se ha estancado en varias
ocasiones; dos jueces la abandonaron y un
testigo que hubiera sido importante murió en circunstancias sospechosas.
Hasta ahora han sido vanos los esfuerzos judiciales para despojar de su inmunidad
parlamentaria al senador Dany Toussaint que ha sido investigado en relación con
el caso.
·
Como se dijo, el gobierno destituyó
al Concejo Municipal de Petit-Goâve; sin embargo, nadie, incluido el alcalde
adjunto, ha sido encausado.
d.
4 (d)
“La indemnización de organizaciones y personas que sufrieron daños y perjuicios
como resultado directo de los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001.”
Medidas tomadas
·
Consejo Consultivo de
Indemnizaciones: El Gobierno de Haití estuvo de
acuerdo con la propuesta de la OEA de que se nombrara un Consejo Consultivo de
Indemnizaciones, compuesto por tres miembros, con el cometido de examinar los
reclamos de indemnizaciones a raíz de los sucesos del 17 de diciembre de 2001 y
de formular recomendaciones acerca de la validez de cada reclamo y del monto
que debiera abonarse por tal concepto. El gobierno colaboró decididamente con
el Consejo Consultivo y, ante la solicitud de la OEA de que formara parte del
Consejo un representante del gobierno, nombró al Ministro de Obras Públicas,
Harry Clinton, para que integrara ese órgano junto con el Presidente de las
Asociaciones de Seguros Haitianas y el Director del Departamento de Derecho
Internacional de la Secretaría General de la OEA. El Consejo Asesor completó su
examen de los reclamos presentados a comienzos de julio de 2002 y presentó sus
conclusiones al gobierno, como se estipula en los términos de referencia.
·
Acuerdo para el pago de
indemnizaciones: El Estado se ha comprometido
formalmente a indemnizar a todas las entidades, instituciones, organizaciones y
personas que hayan sufrido daños como consecuencia del ataque al Palacio
Nacional, el 17 de diciembre de 2001, conforme a lo estipulado en el párrafo
4(d) de la resolución 806 y en el párrafo 9 de las Recomendaciones de la
Comisión Investigadora de los hechos del 17 de diciembre de 2001.
·
Acuerdo entre el gobierno y los
representantes legales de la Convergencia:
El 9 de julio de 2002, durante la
visita de una misión mediadora de la OEA y la CARICOM, el Ministro de Justicia
y los abogados de la oposición se
reunieron en atención a e a la solicitud que les formulara el Secretario General Adjunto Einaudi,
jefe de la misión. En esa oportunidad
firmaron un protocolo en torno a dos principios: a) un acuerdo negociado entre
las víctimas y el Estado respecto del pago de indemnizaciones y b) el Gobierno
haitiano se comprometió, a la firma del protocolo, a realizar el pago a cada
víctima de acuerdo con procedimientos estipulados por el Consejo Consultivo de
Indemnizaciones, de la OEA.
Medidas pendientes
·
La Secretaría no ha recibido
información de que hayan continuado las tratativas acerca de este asunto o de
que se hayan realizado efectivamente pagos conforme a lo establecido en el
protocolo mencionado.
e.
4(e) “Una invitación a la OEA a que envíe a Haití representantes para
investigar y evaluar la situación y asistir al Gobierno y pueblo de Haití a
fortalecer su sistema e instituciones democráticos."
El Gobierno de Haití extendió esa invitación y el 1 de
marzo de 2002 firmó un acuerdo formal con la OEA para el establecimiento de una
Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití.
La Misión Especial comenzó a trabajar en abril de 2002
en aspectos relativos a seguridad, justicia, derechos humanos, desarrollo
democrático, gobernabilidad y fortalecimiento institucional. Ha trabajado en
estrecho contacto con el gobierno en el fortalecimiento de una serie de
instituciones clave, acordándose brindar prioridad al servicio policial. El
criterio de la misión ha sido lograr la máxima participación del Gobierno de
Haití y de las entidades del sector privado a fin de multiplicar los beneficios
e incrementar la posibilidad de que éstos sean duraderos.
f.
4(f) “Una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
que lleve a cabo una visita in situ
a Haití”
Medidas tomadas
El Gobierno de Haití invitó a la CIDH, que aceptó la
invitación y realizó una visita in situ en mayo 2002, con pleno respaldo
y cooperación del gobierno. Al concluir su visita el 31 de mayo, la delegación
de la CIDH emitió un comunicado de prensa detallado y planea presentar un
informe completo a la brevedad. La próxima visita se ha programado del 21 al 29
de agosto e incluye planes para mantener audiencias, analizar casos y realizar
dos seminarios sobre el sistema interamericano de derechos humanos.
III.
GESTIÓN DE
BUENOS OFICIOS DEL SECRETARIO GENERAL ANTE INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES
De acuerdo con la solicitud de la
Misión Permanente de los Estados Unidos, se consultó al Gobierno de Haití y al
Banco Interamericano de Desarrollo. Conforme a la resolución AG/RES. 1841, la
Secretaría General también aprovechó la oportunidad de la preparación de este
informe para solicitar al Banco Mundial información acerca de la situación
actual de las negociaciones en curso o previstas con el Gobierno de Haití.
A. Banco Interamericano de Desarrollo
Como reacción inicial ante la solicitud de información, el Banco
confirmó a la Secretaría que una misión técnica había visitado Haití desde el
28 de julio al 3 de agosto de 2002 y que sus términos de referencia indicaban
la adopción de las primeras medidas para trabajar con el gobierno en torno a
las condiciones financieras y técnicas necesarias para la eventual reactivación
del programa de préstamos para Haití.
El Banco informó, además, que la misión se había cumplido con éxito, y
que se había llegado a compromisos respecto de la liquidación de atrasos, la
reformulación de préstamos ya firmados y la continuación del diálogo sobre el
desarrollo.
La Misión Técnica encontró un equipo de contrapartida competente y tiene
la intención de proponer que el Banco siga trabajando con el gobierno con vista
a una eventual reactivación. De las actividades en este país. Al prepararse el presente informe la
Administración del Banco se encontraba preparando el informe de misión que se
sometería a consideración del Directorio Ejecutivo cuando éste reanudara su
trabajo tras el receso veraniego, a fines de este mes.
El Gobierno de Haití se
declaró satisfecho por la respuesta preliminar del BID y aguardaba con interés el
restablecimiento de la cooperación entre Haití y el BID (Anexo II A (1), carta
de fecha 2 de agosto de 2002 del Ministro de Economía y Finanzas al Presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo).
B. Banco Mundial
El Banco Mundial informó que su cartera de la AIF en Haití se suspendió
el 29 de enero de 2001 debido a los atrasos en los pagos y al hecho de que las
operaciones en Haití se habían
declarado improductivas desde el 17 de septiembre de 2001. Consecuentemente,
todos los proyectos fueron clausurados el 31 de diciembre de 2001.
En la reunión que el Grupo de Contacto del Banco Mundial con Haití
realizó en febrero de 2002, la comunidad donante convino en que la plena
normalización de las relaciones con el Gobierno de Haití estaría supeditada a
la solución de la crisis política, a la determinación de de una política
macroeconómica prudente confirmada por la aplicación de un programa de
varios meses, controlado por el FMI, y
a un compromiso fehaciente de mejoramiento de la gobernabilidad.
Sin perjuicio de esta posición, el Banco Mundial ha preparado una
estrategia de respaldo que propone la canalización de asistencia con carácter
de donación a la Misión Especial de la OEA en Haití, para financiar actividades
de fortalecimiento de la gobernabilidad. Se ha aprobado una donación de US$1
millón del Fondo Post Conflicto para apoyar esta iniciativa, una vez que se
hayan ultimado los detalles del programa propuesto con la Misión Especial.
Como parte de su estrategia de respaldo, el Banco Mundial también
proyecta la preparación de un examen institucional y de gobernabilidad durante
los próximos 18 meses, una evaluación de la pobreza concentrada en problemas que
enfrentará la Hispaniola de aquí al 2004 y la continuidad del respaldo a la
coordinación con los donantes y el diálogo sobre Haití.
El Banco Mundial prevé la continuidad del diálogo y la cooperación con
la OEA y, apenas las condiciones lo permitan, la renovación de su compromiso
con el Gobierno de Haití.
IV.
EL PAPEL DE LA MISIÓN ESPECIAL DE LA
OEA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN HAITÍ
La Comisión
Investigadora recomendó que “la comunidad de donantes asigne fondos adicionales
para financiar los programas de fortalecimiento económico, social e
institucional en Haití”. Una Misión Especial reforzada podría asumir
responsabilidades adicionales en respaldo de los compromisos del Gobierno de
Haití y acompañar la aplicación cabal de la resolución 806 y la puesta en
marcha de otras iniciativas mediante ciertas salvaguardias, por ejemplo, un
calendario, marcos de referencia, control e información. Esto requeriría tanto
una resolución del Consejo Permanente que imparta a la Secretaría y a la Misión
mandatos e instrucciones adecuados como el financiamiento necesario para
llevarlos a cabo.
Desde abril de 2002 ha
sido evidente que debe establecerse una fórmula de cooperación entre el Estado haitiano, la Misión Especial y
entidades privadas haitianas que pueda ser productiva para todos los interesados. No obstante, es claro que, para llevar a
cabo su mandato de ayudar a Haití a fortalecer la democracia y prestar
asistencia en materia de seguridad, justicia, derechos humanos y
gobernabilidad, se ha previsto que la Misión Especial necesitará recursos
superiores a los de US$3 millones. Además, la mayor parte de los fondos en
consideración en estos momentos están sujetos a condiciones relativas a cuándo y cómo pueden gastarse, según las normas y políticas de las organizaciones
donantes. Ello explica que e los fondos para la cuestión clave de la seguridad
son en la actualidad inferiores a lo que se requiere.
Además de los mandatos que
se le confirieron en la primavera pasada, con posterioridad al informe del
Secretario General del 3 de abril de 2002, a la Misión Especial también podría encomendársele
asistir en la implementación de las disposiciones del “Acuerdo Inicial”, así
como respecto de otros compromisos anunciados por las partes y la comunidad
internacional.. En este contexto, es oportuno dejar constancia que la Misión
Especial puede desempeñar un importante papel en el ámbito de la seguridad y en
el del compromiso para establecer un diálogo nacional.
Es razonable suponer
teniendo en cuenta la importancia crítica que reviste, que a la OEA y a su
Misión Especial se les solicitará asistencia para la planificar, coordinar,
observar las elecciones, así como la
prestación de asistencia necesaria a los dirigentes del Gobierno haitiano
durante el proceso electoral. El financiamiento para la mayor parte de esta
labor de la OEA tendrá que ser provisto por separado.
ANEXO
I: CP/INF. 4724/02 NOTAS DE LA MISIÓN
PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
AL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE Y EL SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE
HAITÍ CONSIDERADO EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL DEL 2 DE AGOSTO DE 2002
OEA/Ser.G
CP/INF.
4724/02
7
agosto 2002
Original:
inglés
NOTAS DE LA
MISIÓN PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
AL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE Y EL SECRETARIO GENERAL
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE HAITÍ
CONSIDERADO
EN LA SESIÓN DE
LA COMISIÓN GENERAL DEL 2 DE AGOSTO DE
2002
Departamento de
Estado de los Estados Unidos
Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la
Organización
de los Estados Americanos
Washington,
D.C. 20520
7
de agosto de 2002
Embajador Roger F. Noriega
Presidente del Consejo Permanente
de la
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C. 20006
Señor Presidente:
En las intervenciones sobre la situación en Haití en la sesión del
Consejo Permanente del 31 de julio y la sesión de la Comisión General del 2 de
agosto, la Delegación de los Estados Unidos propuso que la OEA siguiera un
proceso de dos etapas para determinar la acción futura: (1) una resolución
provisional, adoptada a más tardar el 2 de agosto, que aclarara los hechos y
ayudara a preparar el camino para que la OEA adopte un nuevo enfoque en las
semanas siguientes y (2) una resolución más considerada, detallada que estipulara
claramente cuál podría ser ese enfoque y diera nuevos mandatos al Secretario
General de la OEA. Poco se adelantó el 2 de agosto porque las demás
delegaciones no deseaban adoptar una resolución provisional y la Delegación de
los Estados Unidos no quiso precipitarse y adoptar una resolución de amplio
alcance acerca de un nuevo enfoque sin consideración cuidadosa de los hechos y
las repercusiones. Estamos plenamente dispuestos, no obstante, a trabajar con
otras delegaciones para empezar a redactar una única resolución sobre el nuevo
enfoque una vez que hayamos recibido la información básica para este proceso.
En la sesión de la Comisión General
del 2 de agosto, se hizo cada vez más claro que hay varios puntos que requieren
aclaración adicional. El proyecto de resolución de los Estados Unidos que fue
repartido en esa sesión incluía una solicitud al Secretario General de la OEA
de que brindara esa aclaración. Puesto que no va a haber una resolución
provisional, mi delegación ha solicitado ahora directamente al Secretario
General, por medio de la nota adjunta, que proporcione por escrito una
aclaración de diversos puntos. En particular, hemos solicitado que el
Secretario General: (1) aclare si el Gobierno de Haití ha aceptado el Proyecto
de Acuerdo Inicial de la OEA o sólo la contrapropuesta de Fanmi Lavalas a ese
proyecto; (2) informe sobre todas las medidas adoptadas, en curso o aún no
adoptadas para cumplir la resolución 806 del Consejo Permanente; y (3) presente
información actualizada al Consejo Permanente sobre las medidas adoptadas para
ejecutar aspectos de la resolución 1841 de la Asamblea General con respecto a
la reciente misión técnica a Haití del Banco Interamericano de Desarrollo.
Como manifestó mi delegación en
sesiones recientes del Consejo Permanente y la Comisión General, creemos que la
información solicitada al Secretario General será esencial para ayudar a los
Estados Miembros a proceder con un proyecto de resolución sobre Haití. Por
tanto, hemos solicitado que esta información sea presentada a más tardar el 13
de agosto, a fin de que pueda ser considerada antes de que la Comisión General
reanude el debate sobre el texto de lo que nuestra delegación espera sea una
resolución sobre Haití orientada hacia el futuro.
Mucho
agradeceré que tenga a bien distribuir esta nota y nuestra nota al Secretario
General a todas las misiones permanentes.
Atentamente,
Peter
DeShazo
Representante
Permanente Alterno
Adj Nota al
Secretario General, señor César Gaviria, del 6 de agosto de 2002
Departamento
de Estado de los Estados Unidos
Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la
Organización
de los Estados Americanos
Washington,
D.C. 20520
6
de agosto de 2002
Señor Secretario General:
En nuestras deliberaciones recientes
sobre Haití en la Comisión General y el Consejo Permanente se suscitaron varios
puntos que la Misión Permanente de los Estados Unidos considera que requieren
aclaración por parte de la Secretaría. Mi delegación mucho agradecería a
Vuestra Excelencia que tuviera a bien proporcionar esa aclaración a la brevedad
posible, teniendo en cuenta la necesidad de esa información para orientar el
debate y la preparación de cualquier futura resolución del Consejo Permanente
sobre Haití.
Concretamente,
solicitamos aclaración por escrito en torno a lo siguiente:
1.
Proyecto de Acuerdo Inicial de la
OEA: La carta del
9 de julio del Presidente Aristide dice que “Fanmi Lavalas ya aceptó el
[Proyecto de] Acuerdo [Inicial de la OEA] y acordó firmarlo”. Observamos, sin
embargo, que el Acuerdo que se adjunta como anexo I del documento del Gobierno
de Haití se titula específicamente “Contrapropuesta de Fanmi Lavalas al
Proyecto de Acuerdo Inicial, Rev. 9, 12 de junio de 2002”. La Delegación de
Haití presentó un proyecto de resolución encomiando al Gobierno de Haití por
haber apoyado el Acuerdo, pero no está claro si este apoyo se refiere a la
contrapropuesta de Fanmi Lavalas, que entendemos difiere considerablemente de
la propuesta de compromiso de la OEA, o si es una aceptación del propio
Proyecto de Acuerdo Inicial de la OEA. En este último caso, creemos que es
esencial que ello sea aclarado por escrito, tanto por el Gobierno de Haití como
por la OEA. En el primer caso, la Secretaría debería aclarar esta ambigüedad y
señalar todas las discrepancias entre la contrapropuesta de Fanmi Lavalas y el
Proyecto de Acuerdo Inicial de la OEA.
Excelentísimo señor
César Gaviria
Secretario General
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
2.
Cumplimiento de la resolución 806
del Consejo Permanente: El texto del proyecto
de resolución haitiano encomia al Gobierno de Haití por las medidas que ha
adoptado en cumplimiento de la resolución 806 del Consejo Permanente. Si bien
mi delegación reconoce que el Gobierno de Haití ha en efecto tomado ciertas
medidas para cumplir esta resolución, creemos que es esencial que la Secretaría
presente al Consejo Permanente un informe que claramente indique: (a) qué
medidas de cumplimiento han adoptado el Gobierno de Haití, la OEA y otras
partes, y (b) qué medidas aún deben adoptarse para el pleno cumplimiento de la
resolución 806. En los casos en que la
resolución 806 pide que se concluyan ciertas acciones, mucho agradeceríamos una
aclaración acerca del estado de implementación.
3.
Buenos oficios del Secretario
General ante las instituciones financieras internacionales: La resolución 1841 de la Asamblea General, aprobada hace dos meses en
Barbados, exhorta al Gobierno de Haití y a las instituciones financieras
internacionales a iniciar conversaciones para abordar las cuestiones
financieras y técnicas no resueltas y las medidas de procedimiento “anticipando
una solución negociada de la crisis política y la eventual reanudación de la
cooperación económica normal”. Con ese fin, una misión técnica del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) llegó a Haití el 29 de julio para iniciar conversaciones
con el Gobierno de Haití. Mi delegación solicita que el Secretario General
consulte con el BID y el Gobierno de Haití, de conformidad con la resolución
1841, sobre los resultados de dichas conversaciones y que informe por escrito
al Consejo Permanente.
Mi delegación cree que la
información que aquí se solicita es esencial para entender los actuales
acontecimientos en Haití y debe estar disponible antes de que el Consejo
Permanente adopte una resolución que modifique los mandatos y el enfoque de la
OEA para la solución de la crisis política en Haití. Solicitamos, por tanto,
que tenga a bien presentar la información por escrito al Consejo Permanente
antes del 13 de agosto a fin de facilitar la labor de los Estados Miembros de
la OEA en la determinación de los próximos pasos más apropiados de la
Organización.
Aprovecho
la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más
alta y distinguida consideración.
Peter
DeShazo
Representante
Permanente Alterno
cc: Presidente
del Consejo Permanente
ANEXO II: CARTA DEL
REPRESENTANTE PERMANENTE DE HAITI, EMBAJADOR RAYMOND VALCIN DE FECHA 16 DE
AGOSTO, 2002
Misión
Permanente de Haití
ante
la
Organización
de los Estados Americanos
MPH-OEA 364/02
Washington,
D.C., viernes 16 de agosto de 2002
Señor Secretario General Adjunto:
Tengo
el honor de referirme a su comunicación del 9 de agosto de 2002 relativa a la
solicitud de la Delegación de los Estados Unidos de una aclaración de la
posición del Gobierno de la República de Haití en relación con el Proyecto de
Acuerdo Inicial rev. 9. En ese contexto, permítame dirigir su atención a lo
siguiente:
1.
Ni el Ministro Hunte ni usted mismo,
en su calidad respectiva de co-responsables de la última Misión OEA/CARICOM en
Haití, expresaron en ningún momento una sola duda en cuanto al documento al
cual se hacía referencia (en este caso, la respuesta de Fanmi Lavalas) en los
dos textos que el Ejecutivo haitiano transmitió a esta Misión, es decir, la carta de fecha 9 de julio de 2002 del
Presidente Aristide y el memorando, adjunto a dicha carta, por el cual el
Gobierno de la República de Haití manifestaba su aprobación de la respuesta
enviada por Fanmi Lavalas al Proyecto de Acuerdo rev. 9.
2.
El Gobierno de la Republica de Haití no negoció directamente con la
OEA/CARICOM la Revisión 9 del Proyecto de Acuerdo Inicial. Asimismo,
no le corresponde asumir ese papel, en vista de su condición de garante del
buen funcionamiento del Estado, que se sitúa por encima de las organizaciones
partidarias. El documento de la OEA, rev. 9, fue sometido en vez a los dos
partidos políticos principales. Fanmi
Lavalas le dio su apoyo, sujeto a dos enmiendas, si bien menores, destinadas
a compatibilizar ciertas disposiciones del proyecto de Acuerdo Inicial con el
marco constitucional vigente en el país. Por otra parte, la Convergencia
Democrática, en carta que fue recibida recién el 21 de junio, condicionó su
respuesta “a previos ‘actos concretos’
por parte del Gobierno”, como consta en el sexto informe de la
Misión OEA/CARICOM.
Embajador Luigi Einaudi
Secretario General Adjunto
Organización de los Estados Americanos
3.
La Misión OEA/CARICOM ya respondió a
la respectiva posición de cada partido político. En efecto, declaró
“inaceptables las enmiendas/condiciones propuestas” por la Convergencia; por
otra parte, nunca hizo comentarios sobre la
respuesta de Fanmi Lavalas, apoyada por el Gobierno de Haití –respuesta que la
OEA varias veces calificó de positiva y flexible (entre otras, en el sexto
informe de la Misión).
4.
La posición de las autoridades
haitianas no ha cambiado y continúa siendo perfectamente clara. El Gobierno ha
aceptado hacer “todo lo posible para facilitar el acuerdo de todos los partidos
políticos con los términos del Proyecto de Acuerdo Inicial”. Acoge con beneplácito la aceptación por
parte de Fanmi Lavalas de la Revisión 9, que constituye una base valiosa de
resolución siempre que se logre su harmonización con las disposiciones de la
Constitución de la República de Haití; de ahí las dos enmiendas formuladas en la respuesta de Fanmi Lavalas, que
fueron plenamente apoyadas por el Gobierno de Haití.
5.
Teniendo en cuenta la importante
contribución de la CARICOM a los esfuerzos dirigidos a resolver la crisis
haitiana, sería pertinente colocar la Misión Especial bajo la Misión
OEA/CARICOM, tal como se recomienda en la
respuesta de Fanmi Lavalas, que fue plenamente apoyada por el Gobierno de Haití.
Aprovecho
la oportunidad para reiterar al señor Secretario General Adjunto las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Raymond
Valcin
Representante
Permanente
ANEXO
II A: NOTA DEL 19 DE AGOSTO DE 2002 DEL
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE HAITÍ
REPÚBLICA DE HAITI
Ministerio de Relaciones Exteriores
19 de agosto de 2002
Señor Luigi Einaudi
Secretario General Adjunto
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
Señor Secretario General Adjunto:
Con referencia a la carta del Representante Permanente
de Haití, Embajador Raymond Valcin, del 16 de agosto de 2002, le remito los
adjuntos siguientes:
• Carta del Ministro de
Economía y Finanzas de Haití, señor Faubert Gustave al señor Enrique V.
Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
• Análisis jurídico del
Asesor Jurídico de Haití en los Estados Unidos, Ira Kurzban, en relación con
aspectos de la negociación
• Resumen de las modificaciones de
Fanmi Lavalas a la Revisión 9
• Revisión 9 del Proyecto de Acuerdo Inicial de la OEA
del 12 de junio de 2002 y las modificaciones presentadas por Fanmi Lavalas el 15
de junio de 2002
Aprovecho la oportunidad para reiterar al señor
Secretario General Adjunto las garantías de mi más distinguida consideración.
Atentamente,
Joseph Philippe Antonio
Ministro
ANEXO II A (1): NOTA DEL 2 DE AGOSTO DE 2002
DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL PRESIDENTE DEL BID
REPUBLICA DE HAITÍ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
El Ministro
No BM/BID/801/08‑02 Port‑au‑Prince, 2 de
agosto de 2002
Señor Enrique V. IGLESIAS
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo
Señor Presidente:
Ante todo, quisiera expresarle el
agradecimiento del Gobierno de Haití por su decisión de enviar una Misión
Técnica a nuestro país. Tras haber participado con otros ministros en varias
etapas de las conversaciones con la Misión, pude confirmar la intención del
Banco Interamericano de Desarrollo de establecer un nuevo diálogo dentro del
marco de una cooperación real con Haití. Es obvio que su compromiso personal a
favor de Haití ha sido un factor determinante en la protección de los intereses
del país en el Banco.
Por su parte, el Equipo Técnico
Intersectorial creado para actuar como contrapartida local ha apreciado mucho
la calidad de los intercambios mantenidos y el profesionalismo de los
integrantes de la misión. Se creó un buen ambiente de trabajo que contribuyó a
afianzar la convicción del lado haitiano de que estamos en el umbral del
desbloqueo económico del país. También es nuestro deseo que este nuevo diálogo
estimule a otras contrapartes de nuestro país a revaluar sus posiciones y
acelerar la reanudación de sus actividades en el país.
En todo caso, en vista de este nuevo
espíritu de diálogo y de la importancia de la participación del BID en la implementación
de la estrategia y el programa de desarrollo del país, puedo confirmar la
intención del Gobierno de seguir cumpliendo sus compromisos con el BID, como lo
hiciera en el pasado.
Actualmente se están estudiando
varias opciones para el pago de los atrasos, incluidas las contribuciones de
ciertos países amigos y la negociación de financiaciones puente. Aunque los
contactos con nuestras contrapartes no concluyan a tiempo, el Gobierno adoptará
las medidas necesarias para cumplir las obligaciones del país.
Teniendo en cuenta la fragilidad de
nuestras reservas en divisas, la necesidad de usar parte de los recursos
locales para financiar actividades que apuntan a aliviar el sufrimiento de la
población y la perspectiva del desbloqueo económico, pensamos que estaremos en
condiciones de pagar todos los atrasos en los próximos meses, pues pensamos que
la República de Haití está en el umbral del levantamiento de las sanciones
económicas.
Sin embargo, el Gobierno sigue
preocupado por el hecho de que factores externos y todo tipo de interferencias
pudieran incidir en los resultados positivos y concretos de la cooperación que
el BID y Haití desean reestablecer. Por esta razón, el envío de señales
inequívocas de ambas partes constituye la base sobre la cual construir y
consolidar esta cooperación.
Está claro que, una vez resuelta la
cuestión de los atrasos, la situación de flujos netos negativos netas
empeorará, sin olvidar la probable ocurrencia de desequilibrios coyunturales a
nivel macroeconómico. Por lo tanto, es esencial, dentro del marco de una nueva
cooperación entre el país y su institución, que ésta pronto esté en condiciones
de ayudar al Gobierno a corregir esta situación utilizando todos los
instrumentos financieros y otros a su disposición.
Como usted sabe, señor Presidente,
desde 1998 Haití no está en condiciones de utilizar los recursos del Fondo de
Operaciones Especiales que le fueron asignados. A fin de evitar la repetición
de esta situación, le agradecería que autorizara, cuanto antes, una misión que
pueda definir con el Gobierno un programa operativo para utilizar la asignación
de 2002‑2003.
Aprovecho esta oportunidad para
reiterarle, señor Presidente, las seguridades de mi más alta estima.
Faubert GUSTAVE
ANEXO II A (2): ANÁLISIS
DEL ASESOR JURÍDICO DE LA REPÚBLICA DE HAITI SOBRE TEMAS DE NEGOCIACIÓN
21 de agosto de 2002
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Port-au-Prince, Haití
Estimado señor Ministro:
Conforme a lo solicitado, tengo el
honor de transmitir a Vuestra Excelencia mi análisis jurídico en relación con
las cuestiones que podrían plantearse en relación con las propuestas y las
negociaciones para poner fin al actual “impasse” político. Espero que este
documento le facilite la busqueda de soluciones para estas cuestiones.
Hago propicia esta oportunidad para
expresar al Señor Ministro, los sentimientos de mis máas alta consideración Atentamente,
Ira
J. Kurzban, Esq.
Asesor
Jurídico de la República de Haití
LA
SOLUCIÓN NEGOCIADA DEL IMPASSE POLÍTICO EN HAITÍ
DEBE
CONFORMARSE CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Y
DEMOCRÁTICOS
Existen numerosas ventajas en examinar
los problemas desde diversas perspectivas, por lo cual deben considerarse puntualmente
todas las propuestas serias de los partidos políticos para poner fin al impasse
actual. No puede arribarse a una solución a corto plazo de esta situación a
costa de la Constitución o del desarrollo a largo plazo de la democracia
haitiana.
Aunque la flexibilidad y la
apertura son esenciales para resolver la situación y para el constante
desarrollo de la sociedad haitiana, la discrecionalidad de todos los
involucrados no es ilimitada, sino que está circunscrita por la Constitución de
Haití, sus leyes y los principios fundamentales de la democracia. En este
memorando se examinarán las maneras en que ciertas soluciones propuestas están
así limitadas.
I. Elección del Primer Ministro
El artículo 137 de la
Constitución de Haití exige que el Primer Ministro sea elegido por el
Presidente “entre los miembros del partido que tenga mayoría en el Parlamento”.
Si no hay mayoría, el Presidente elige al Primer Ministro en consulta con los
presidentes de ambas cámaras. En cualquiera de los casos, esta elección debe
ser ratificada por el Parlamento. Esto ocurre en muchos otros países, como
Trinidad y Tobago, donde recientemente el equilibro de poder se modificó por un
escaño, determinando la designación y ratificación de un nuevo Primer Ministro.
Análogamente, el año pasado, en el Senado de los Estados Unidos, cuando un
Senador cambió de partido, el equilibrio de poder pasó de un partido a otro,
dando lugar a un cambio en el líder de la mayoría y en todas las presidencias
de las comisiones. Evidentemente, no es necesario que el ejecutivo y el
parlamento sean del mismo partido, como lo demuestran estos dos ejemplos.
El Parlamento de Haití tiene un
partido claramente mayoritario. Esta mayoría existe inclusive en ausencia de
los siete senadores impugnados a raíz de las elecciones del 21 de mayo de 2000,
los cuales renunciaron a sus cargos el año pasado, en la esperanza de poner fin
a la controversia en torno a su elección. En consecuencia, no se justifica
dejar de lado lo dispuesto en la Constitución, de que el Primer Ministro sea
elegido entre los integrantes del partido mayoritario.
Una vez elegido, el Primer Ministro
puede seleccionar a los miembros de su gabinete entre los partidos no
mayoritarios y en otras esferas de la sociedad civil, como lo ha hecho el
actual Primer Ministro con la creación del segundo gobierno abierto desde marzo
de 2001. El Primer Ministro incluye a los integrantes del gabinete propuestos
en la declaración de política general que presenta al Parlamento después de su
propia ratificación. El Parlamento, en principio, podría demostrar su no
aceptación de ciertas selecciones rechazando las partes del plan que incluyen a
esos ministros propuestos. El Parlamento también podría censurarr un gobierno
que no aprueba mediante un voto de falta de confianza, de una de las cámaras,
obligando al Primer Ministro a iniciar
un nuevo proceso de selección de los miembros del gabinete. De manera que no se
puede desconocer el papel constitucional del Parlamento en la ratificación del
Primer Ministro y la aprobación de la propuesta de gabinete.
II. Necesidad de continuidad del
Parlamento y del gobierno local
La inexistencia del Parlamento crearía dos graves problemas de gobernabilidad.
Primero, sería imposible ratificar a un Primer Ministro. Ello ocurrió en el
gobierno presidencial anterior, cuandoe la mayoría de los mandatos
parlamentarios caducaron antes de que se ratificara a un Primer Ministro, en
medio de una crisis política que retrasó la elección de sus sucesores. El ex
Presidente fue forzado a designar un Primer Ministro interino, por lo cual fue
muy criticado. Segundo, la ausencia de Parlamento elimina uno de los
equilibrios de poder necesarios, dejando al ejecutivo solo para gobernar.
Ninguna de estas situaciones es aceptable.
La continuidad es
igualmente importante a nivel de las 565 secciones comunales de Haití y en las
jurisdicciones geográficas más grandes. Aunque los problemas y la política
nacionales atraen la máxima atención, el gobierno local con frecuencia tiene
más impacto en la vida del ciudadano común. Si los funcionarios actúan
individualmente en forma irregular, sin duda deben ser sustituidos. Existen
ejemplos recientes de disolución y sustitución de salas de jueces por falta de
conducta profesional, especialmente en Petit-Goâve, donde el alcalde fue acusado de incitar al asesinato de
Brignol Lindor, en diciembre último.
Sin embargo, no existe fundamento legal o práctico para despedir en masa
a los funcionarios locales. Al igual que en el caso del Parlamento, una solución
viable de la situación requiere garantizar la continuidad a nivel local.
El actual impasse político se
encuentra en su séptimo año. Una de sus consecuencias más graves ha sido que
durante mucho tiempo Haití no contó con un gobierno completo, o un parlamento,
o los dos. Esta situación obstaculizó seriamente el progreso del país, dado que
una amplia gama de iniciativas, desde la cooperación internacional a la reforma
legal, pasando por el combate contra la droga, la corrupción y otros delitos, fueron
detenidas o paralizadas. Ello, a su
vez, dio lugar a un aumento del delito, un deterioro de la infraestructura del
país y falta de progreso en la democratización de las instituciones de gobierno
de Haití.
No La experiencia de falta de un
Parlamento o de no contar con un gobierno completo no debe repetirse. Sustiuir
la controversia actual por un vacío institucional más grave que, a su vez,
desatará mayores controversias no constituye una soluciónt. Los calendarios y las disposiciones sobre remplazo de funcionarios
deben garantizar la continuidad legislativa.
Si fuera necesario un llamado a elecciones anticipadas para los elegidos en
mayo de 2000, es importante que se celebren lo antes posible. La incertidumbre
en el cargo, tanto para los titulares locales como para los legislativos, es un
impedimento para la necesaria planificación a largo plazo que requiere el
avance de Haití. Esperar más de un año para las elecciones atrasaría en forma
inaceptable las medidas urgentes necesarias para mejorar la suerte del haitiano
medio y consolidar las instituciones democráticas.
No existe fundamento alguno, sea en
la Constitución o en la lógica, para anular los actos realizados por los actuales titulares de cargos electivos . Este Parlamento ha
aprobado una serie de leyes en sus casi dos años de existencia, incluyendo una
legislación histórica sobre narcotráfico, derechos del niño, fomento
institucional y cooperación internacional. Las leyes no estaban muy
partidarizadas ni fueron muy controvertidas, fueron debidamente aprobadas por
el Parlamento y son vitales para el fomento del bienestar de la sociedad
haitiana. Revertir este progreso es insostenible desde el punto de vista legal,
constitucional y humanitario.
La próxima legislatura tiene derecho
a examinar las leyes de su predecesora y a enmendar o derogar todo lo que
considere inadecuado, por una mayoría simple. Las enmiendas constitucionales
tienen que ser votadas inicialmente durante la última sesión de un período
legislativo y deben ser confirmadas por los legisladores entrantes en la
primera sesión del siguiente período, para entrar en vigor sólo después de la
instalación del siguiente Presidente electo.
III. Respeto por el derecho de voto
De acuerdo con la Constitución, la
Carta Interamericana y otros documentos internacionales, la soberanía no radica
en el gobierno ni en los partidos políticos, sino que está en manos de los
ciudadanos de Haití, que delegan algunos poderes en el gobierno, en formas
específicas, por la vía de las elecciones. El simple hecho de intentar decidir por negociación lo que el
pueblo soberanamente ha decidido con
claridad en las urnas, es
inconstitucional y contrario a los principios fundamentales de la democracia.
El gobierno sigue proponiendo,
aceptando e implementando soluciones diferentes de las dictadas por los
resultados oficiales de las elecciones del 21 de mayo de 2001, sobre la base de
que puede haber discrepancias razonables sobre ciertos aspectos de estos
resultados. Para superar la presunción a favor de la soberanía popular, las
discrepancias sólo pueden ser razonables si están documentadas y son
suficientemente sustanciales como para poner en duda si los resultados
oficiales representan, en realidad, la
voluntad del electorado.
Algunos problemas derivados de las
elecciones del 21 de mayo teneian estas caracteristicas.. Por esa razón, el
gobierno instó a la renuncia de los senadores a quienes la OEA, en su Informe
sobre las Elecciones, asoció con postulaciones que deberían haber ido a una
segunda vuelta. Aunque el informe de la OEA no detectó problemas sistemáticos
similares en las elecciones a otros cargos en la votación de mayo de 2000, el
gobierno ha convenido una transacción por la que se fijaría una elección
anticipada para dichos cargos.
No se ha exhibido documentación
similar de los problemas con las elecciones legislativas y presidenciales de
noviembre de 2000. Sin una firme justificación para impugnar el cómputo de los
votos de ese día por el consejo electoral, una solución que no respete los
resultados oficiales constituiría un desconocimiento inadmisible de la voluntad
expresada por el pueblo.
ANEXO
II A (3). RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR FANMI LAVALAS A LA
REVISIÓN 9, DEL PROYECTO DE ACUERDO INICIAL DE LA OEA DEL 12 DE JUNIO DE 2002 Y
MODIFICACIONES DE FANMI LAVALAS PRESENTADAS EL 15 DE JUNIO DE 2002 (PREPARADO
POR EL GOBIERNO DE HAITÍ)
Revisión 9 del Proyecto de Acuerdo Inicial aprobado
por el Gobierno de Haití
el 9 de julio de 2002, aceptado por Fanmi Lavalas
en su contrapropuesta del 15 de junio de 2002
La contrapropuesta de
Fanmi Lavalas tiene sólo dos modificaciones
Resumen de las modificaciones de Fanmi Lavalas a la
Revisión . 9 *
- Para ajustarse a la Constitución haitiana o Ley Electoral, según lo
establecido por el Consejo Electoral Provisional (CEP)
Calendario
de partida (págs. 2-3)
En vez de crear un mecanismo
extra-constitucional para la remoción de los funcionarios elegidos de sus
cargos, Fanmi Lavalas sugiere que sean removidos conforme al artículo 72 de la
Constitución, remplazando los funcionarios por consenso, debido a la inexistencia
del Concejo Departamental cuya función sería hacerlo.
Esto ya se ha hecho en varios casos
cuando la junta municipal fue disuelta y sustituida. El ejemplo más notorio es
en Petit-Goâve, donde el alcalde fue
acusado de incitación al asesinato de Brignol Lindor en diciembre de 2001.
Asimismo, Fanmi Lavalas sugiere que
se supervise a los funcionarios locales antes de las elecciones, conforme a los
preceptos constitucionales en vez de hacerlo bajo los auspicios de la recién
creada Comisión de Garantías Electorales.
Establecimiento
de la Comisión de Garantías Electorales (CGE)
(pág. 4)
La sugerencia de Fanmi Lavalas tiene
por fin colocar al CEP comola más alta autoridad en materia de controversias electorales. Como la CGE fue creada
por el CEP, no deberíaotorgársele una competencia mayor que la del órgano que
la estableció. El CEP ya tiene la competenciasugerida por el texto del proyecto
de acuerdo para investigar casos de violaciones a la constitucion por irregularidades de naturaleza electoral.
La independencia y autonomía del CEP
podría verse comprometida por la sugerencia del Proyecto de Acuerdo de que los
archivos se transfieran a entidades no constitucionales.
- Adición de CARICOM (pág. 5)
Como CARICOM ha sido socio
indispensable de la OEA para resolver el impasse, Fanmi Lavalas sugiere dar
crédito a su papel en el título de la Misión Especial para el Fortalecimiento
de la Democracia en Haití.
* Véase en el documento adjunto, Revisión 9 del Proyecto de Acuerdo Inicial
de la OEA del 12 de junio de 2002 y modificaciones de Fanmi Lavalas presentado
el 15 de junio de 2002, el texto completo de las modificaciones.
Revisión 9 del Proyecto de Acuerdo Inicial de la OEA
del 12 de junio de 2002
y
Modificaciones de Fanmi Lavalas
Presentadas el 15 de junio de 2002
(textos
originales en francés)
Clave:
Texto
tachado = Rev. 9
Texto en negrita = Modificaciones de Fanmi Lavalas
Nosotros, los firmantes,, partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil e iglesias, reafirmamos nuestra
profunda convicción de que es preciso resolver la crisis política y deben
fortalecerse las instituciones democráticas. Nos comprometemos solemnemente a
empeñarnos en la consecución de esos objetivos y a no escatimar esfuerzo alguno
para alcanzarlos, de buena fe, de acuerdo con los esfuerzos del Hemisferio para
fomentar y consolidar la democracia. Por lo tanto, hemos acordado los
siguientes puntos, con la garantía del Gobierno:
·
Convergencia Democrática reconoce y
acepta los resultados de las elecciones del 26 de noviembre de 2000
(presidenciales y un tercio del Senado).
·
Fanmi Lavalas acepta organizar
nuevas elecciones en …… de 2003 , en la
fecha que decida el CEP para la legislatura y las comunidades territoriales.
Un decreto presidencial o el próximo
parlamento elegido (con participación de las dos partes) ratificará y
legitimará todos los actos apropiados, trabajos y tareas ejecutadas por los
oficiales surgidos de las elecciones del 21 de mayo de 2000 (durante el período
en el cual hayan estado en sus cargos).
I.
La
integración de un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) creíble,
independiente y neutral.
Acordamos participar en la
designación de los nueve miembros del CEP, según la siguiente fórmula, a la que
se llegó por consenso. Los miembros tendrán que ser personas que inspiren
respeto y gocen de la confianza de todos los ciudadanos. Antes de la
designación de los miembros, los que suscriben serán consultados acerca de las personas
designadas, a fin de verificar que poseen las calificaciones necesarias.
El CEP tendrá las siguientes
atribuciones, responsabilidades, competencia y garantías:
a.
Organizar, en . . . 2003, elecciones
para sustituir a los miembros del Parlamento que fueron elegidos el 21 de mayo
de 2000.
b.
Organizar elecciones para las
comunidades territoriales. Las elecciones indirectas se realizarán después de
las elecciones de las comunidades territoriales.
c.
Nombrar a los funcionarios
ejecutivos del CEP, encargados de ejecutar sus decisiones.
d.
Examinar las calificaciones de los
funcionarios del CEP para comprobar que cumplen los requisitos de
profesionalismo, idoneidad, imparcialidad y equidad. De ser necesario, el CEP
podrá nombrar a nuevos funcionarios que posean esas calidades.
e.
El CEP recibirá pleno apoyo
financiero y técnico del Gobierno de Haití para asegurar su autonomía y su
capacidad para cumplir sus obligaciones sin interferencias. Además, el Gobierno
adoptará todas decisiones y las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y proteger la autonomía de los
miembros del CEP, de sus funcionarios y asesores, de los candidatos, los
militantes políticos y los ciudadanos, para que puedan ejercer plenamente sus
derechos políticos en todo el territorio nacional.
f.
El CEP podrá solicitar y recibir
asistencia logística, técnica y financiera de la comunidad internacional a
través del Estado.
CALENDARIO DE PARTIDA
A. Senadores y diputados
Quienes ingresaron a la legislatura
como resultado de las elecciones del 21 de mayo de 2000 permanecerán en sus
cargos hasta que los sucesores asuman sus funciones, luego del intervalo normal
posterior a la proclamación del resultado de las elecciones.
B. Comunidades
territoriales
Después de la firma del Acuerdo, un número de funcionarios locales
(determinado por consenso entre Fanmi Lavalas y la Convergencia Democrática)
serán relevados de sus pcargospor conducta abusiva. Los sustitutos,
recomendados entre perosnas integras por la Comisión de Garantías Electorales ,
serán nombrados como agentes ejecutivos
hasta que los nuevos funcionarios
elegidos asuman sus cargos. Los representantes localess (excepto los que
sean desplazados por conducta abusiva) serán elegibles para permanecer en sus
cargos hasta que presten juramento los nuevos funcionarios elegidos. El CEP, a
su discreción, podrá rechazar a toda persona que considere inaceptable para ser
candidato en las elecciones.
Después de la firma del Acuerdo, los elegidos localmente en contravención de
la Constitución y la ley serán removidos de sus cargos conforme al artículo 72
de la Constitución. Las vacantes así producidas serán provistas conforme a la
Constitución. Sin embargo, teniendo en cuenta la inexistencia del Consejo
Departamental, esos representantess localese serán remplazados con base en un
consenso.
Los representantes
locales (excepto los que sean
desplazados por conducta abusiva) serán elegibles para permanecer en sus cargos
hasta que presten juramento los nuevos funcionarios elegidos.
El
CEP, a su discreción y conforme a la Ley Electoral, podrá rechazar a toda
persona que considere inaceptable para ser candidato en las elecciones.
Podría formularse un plan de
compensación para cubrir la pérdida de ingresos causada por la reducción de la
duración de los mandatos.
El resto de los funcionarios
elegidos localmente permanecerían s
cargos hasta que presten juramento e inicien sus funciones los sucesores. Como
se prevé en la actual propuesta de la OEA, la Comisión de Garantías Electorales
supervisará el desempeño de todos los funcionarios elegidos localmente en el
período previo a las elecciones.
El
resto de los funcionarios elegidos localmente permanecerían en sus cargos hasta
que presten juramento e inicien sus funciones los sucesores. La supervisión del
desempeño de todos los funcionarios elegidos localmente en el período previos a
las elecciones se hará de conformidad con lo prescrito en la Constitución.
II.
El
establecimiento de un clima propicioe a la expresión de las preferencias
políticas, que permita la realización
de elecciones libres
Acordamos adoptar todas las medidas
que fomenten la confianza y el respeto entre los partidos políticos y el
Gobierno.
La Policía, en particular, deberá
ejercer la máxima prudencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, en
forma imparcial, neutral y justa. El Consejo Electoral Provisional (CEP) tendrá
autoridad para supervisar que la
Policía Nacional cumpla sus funciones en forma imparcial, neutral y justa. A
tales efectos, el CEP diseñará en
consulta con los partidos políticos, la sociedad civil y las iglesias, un
mecanismo de apoyo para respaldar esta función de control. lesias.
A través de ese mecanismo, y por la
vía de la Comisión de Garantías Electorales, el CEP recibirá denuncias y solicitudes
de los partidos políticos, candidatos y ciudadanos en relación con las
operaciones de la Policía Nacional vinculadas al proceso electoral. Asimismo,
la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de
Observación Electoral podrán informar al CEP de toda deficiencia que puedan
observar.
El CEP tendrá derecho a formular
recomendaciones sobre medidas correctivas al Consejo Superior de la Policía
Nacional (CSPN). Análogamente, podrá comunicarse con el Gobierno de la
República para presentar recomendaciones destinadas a la solución de los
problemas que haya identificado. Las recomendaciones del CEP podrán incluir la
propuesta de plazos específicos para su implementación. El CSPN adoptará todas
las medidas necesarias para considerar las recomendaciones del CEP con la mayor
diligencia, a fin de asegurar el mantenimiento de un clima propicio al éxito de
la campaña, las elecciones y las actividades postelectorales.
El Consejo Superior de la Policía
Nacional garantizará que no haya interferencias con el reclutamiento, las
labores y el comportamiento profesional de la Policía.
El Gobierno de Haití invitará a una
misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar la
observancia de los derechos humanos.
El Gobierno de Haití también solicitaráa
la OEA y a la CARICOM que envíen una Misión de Observación Electoral (MOE) para
que esté presente en el proceso de las elecciones. La MOE brindará al CEP
asistencia técnica y comprobará que existan todas las condiciones necesarias
para garantizar unas elecciones libres, transparentes y justas, que permitan
que los ciudadanos expresen libremente sus preferencias políticas, en una
atmósfera libre de intimidaciones.
El Gobierno de Haití solicitará
asistencia técnica para la Policía Nacional, a fin de ayudar en la preparación
y ejecución de los planes de seguridad.
El CEP establecerá una Comisión de Garantías Electorales (CGE) para:
¨ Fotalecer r la participación y confianza de los ciudadanos,
instituciones, candidatos y partidos políticos en el proceso electoral.
¨ Asistir al CEP a recabar, analizar y procesar las denuncias de
candidatos o ciudadanos con respecto al proceso electoral.
¨ La CGE incluirá, entre otros, a representantes de las organizaciones de observación electoral y , de un órgano de
coordinación nacional integrado sobre la base de la experiencia en
la coordinación de la observación electoral en Haití y de las organizaciones de
la sociedad civil. La Misión de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia
en Haití participará como testigo.
¨ La CGE será dirigida conjuntamente por personalidadesdesignadas por la
Conferencia Episcopal y la Federación Protestante de Haití, bajo la supervisión
del Presidente del CEP.
La Comisión de Garantías
Electorales creará comisiones descentralizadas
a nivel departamental y comunal. Las comisiones
creadas a nivel comunal podrán asistir a las deliberaciones de los consejos
municipales y de los CASEC. Tendrán acceso a los documentos emitidos por estos óorganos y podrán efectuar
investigaciones con respecto a los
expedientes y testimonios relacionados con la actividad de las comunas y los
CASEC. Las comisiones creadas a nivel departamental podrán efectuar
investigaciones respecto de los recursos y personal del Estado en cada
circunscripción.
En casos en que se compruebe
fraude o graves irregularidades con respecto a la Constitución, la ley
electoral o el presente Acuerdo, las comisiones departamentales y comunales
transmitirán el resultado de sus investigaciones a la comisión nacional. La CGE
podrá entonces solicitar al gobierno y al Poder Judicial que adopte las medidas
adecuadas, particularmente lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la
Constitución. Asimismo, la CGE transmitirá el expediente a la Misión de
Observación Electoral (MOE) y a la Misión de la OEA con sede en Port-au-Prince.
¨ La CGE ejercerá sus
funciones en todo el territorio de la República, conforme a la Ley Electoral y
siguiendo las directivas del Consejo Electoral Provisional.
¨ Todo caso de fraude o
irregularidades graves respecto de los cuales las partes interesadas informen a
la CGE serán dirigidos sin demora al CEP para que adopte medidas conforme a la
ley.
III.
Fomento
de un diálogo nacional encaminado a alcanzar un acuerdo político que fortalezca
la democracia y la observancia de los derechos humanos y la promoción del
progreso económico y social.
Estamos de acuerdo con emprender,
dentro de los 30 días a partir de la firma del presente acuerdo y con el
respaldo del Gobierno de Haití y de la Misión Especial de la OEA-CARICOM para el Fortalecimiento de la
Democracia en Haití, un diálogo entre los partidos políticos y las
organizaciones de la sociedad civil, encaminado a diseñar y concretar un
acuerdo político en torno a las cuestiones siguientes:
a.
La seguridad de los ciudadanos, un
sistema judicial y un sistema policial, incluido el establecimiento de
instancias civiles que supervisen a la policía.
b.
El fortalecimiento de la democracia
y de las oportunidades de participación, incluida la institucionalización de
los partidos políticos.
c.
Los derechos humanos.
d.
El desarrollo económico y social.
e.
La gobernabilidad y la
transparencia.
IV.
Fórmulas
para la designación de los miembros del CEP
Acordamos que
el Presidente de la República designe a los miembros del CEP que propongan las
instituciones siguientes:
·
1 representante de Fanmi Lavalas
·
1 representante de Convergencia
Democrática
·
1 representante de los demás
partidos políticos
·
1 representante de la Conferencia
Episcopal
·
1 representante de las iglesias
reformadas coordinadas por la Federación Protestante de Haití
·
1 representante de la Iglesia
Episcopal
·
1 representante del Poder Judicial
·
1 representante de las
organizaciones de empleadores coordinadas por la Cámara de Comercio e Industria
de Haití (CCIH)
·
1 representante de las organizaciones
de derechos humanos coordinadas por Justicia y Paz.
En caso de que una organización o sector
no proponga un candidato dentro del plazo estipulado, la Conferencia Episcopal,
la Federación Protestante de Haití, la Iglesia Episcopal, el Poder Judicial y
el coordinador de las organizaciones de derechos humanos llenarán conjuntamente
el cargo vacante.
Si un miembro del CEP renuncia o es
descalificado o inhabilitado para ejercer sus funciones, será sustituido por el
mismo órgano que haya efectuado su designación.
Según lo previsto en el Capítulo I,
los miembros deberán inspirar respeto y contar con la confianza de todos los
ciudadanos. Antes de su designación, deberán celebrarse consultas entre los
suscritos en relación con los candidatos propuestos a fin de comprobar que
cuentan con las calificaciones necesarias.
V.
Disposiciones
relativas a la cooperación
internacional
Acordamos también pedir al
Secretario General de la OEA que se empeñe, junto con los Estados miembros y la
CARICOM, para restablecer relaciones normales entre Haití y la comunidad
internacional, incluidas las organizaciones financieras internacionales, en la
medida en que se avance en la implementación del presente acuerdo político, a
fin de alcanzar una solución duradera a la crisis desatada por las elecciones
del 21 de mayo de 2000, y ayudar a promover el desarrollo económico y social de
Haití.
Firmado en Port-au-Prince, el
Fanmi Lavalas Convergencia
Democrática
TESTIGOS:
Conferencia
Episcopal ...........................................................
Federación
de Iglesias Protestantes de Haití ...........................................................
Iniciativa
de la Sociedad Civil ...........................................................
Fundación
Nouvelle Haiti ...........................................................
Cámara
de Comercio e Industria ...........................................................
Centro
para la Libre Empresa y la Democracia ...........................................................
Organización
de los Estados Americanos ...........................................................
Comunidad
del Caribe ...........................................................
Unión
Europea ...........................................................
Decano
del Cuerpo Diplomático ...........................................................
Estados
Unidos de América ...........................................................
Canadá ...........................................................
Francia ...........................................................
República
Dominicana ...........................................................
Chile ...........................................................
Visto y aprobado por el Gobierno de Haití
ANEXO
III: TABLA COMPARATIVA DEL ACUERDO INICIAL REV. 9 Y DE LAS RESPUESTAS DEL
GOBIERNO DE HAITI Y DE LA CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA, CON COMENTARIOS HECHOS POR
LA SECRETARÍA GENERAL
NOTA
EXPLICATIVA
El
presente documento representa una comparación entre los proyectos de Acuerdo
Inicial presentados por:
- OEA
- Fanmi Lavalas
- Convergencia
Democrática
En la primera columna
se incluye el texto de la propuesta de Acuerdo Inicial presentada por la OEA el
12 de junio de 2002 a Fanmi Lavalas y a Convergencia Democrática. Este texto
fue glosado como Anexo I del Sexto Informe de la Misión de la Organización de
los Estados Americanos a Haiti (CP/doc.3625/02 corr.3).
En la segunda columna
se incluye la contrapropuesta presentada a la OEA por Fanmi Lavalas el 15 de junio de 2002. Este texto fue glosado como
Anexo IIB del Sexto Informe de la Misión de la Organización de los Estados
Americanos a Haiti (CP/doc.3625/02 corr.3).
En la tercera columna
se incluye la propuesta presentada por Convergencia Democrática, el 29 de julio
de 2002, mediante nota dirigida al Presidente del Consejo Permanente.
Cabe hacer notar que la
propuesta de Convergencia Democrática del 29 de julio de 2002 adopta un
ordenamiento temático diferente respecto del utilizado en el proyecto de
Acuerdo Inicial Revisado 9 que sigue, también, la propuesta de Fanmi Lavalas.
A efectos de poder
comparar los tres textos, este documento mantiene el ordenamiento temático del
Revisado 9, indicando en la columna de "comentarios” la ubicación que el
párrafo correspondiente tiene en la propuesta de Convergencia Democrática.
Asimismo, se deja
constancia que las modificaciones presentadas por las partes a la propuesta de
Acuerdo Inicial presentado por la OEA, se indican con letra itálica y subrayada. Finalmente, en el caso de párrafos
nuevos o alternativos, presentados por
las partes, los mismos se indican en letra negrita.
|
Rev. 9
Propuesta OEA
(12/06/02)
(texto original francés)
|
Propuesta Fanmi Lavalas
(15/06/02)
(texto original francés)
|
Propuesta
Convergencia Democrática (29/07/02)
(texto original francés
|
Comentarios
|
|
Nosotros, los firmantes, partidos políticos, organizaciones de la
sociedad civil e iglesias, reafirmamos nuestra profunda convicción de que es
preciso resolver la crisis política y deben fortalecerse las instituciones
democráticas. Nos comprometemos solemnemente a empeñarnos en la consecución
de esos objetivos y a no escatimar esfuerzo alguno para alcanzarlos, de buena
fe, de acuerdo con los esfuerzos del Hemisferio para fomentar y consolidar la
democracia. Por lo tanto, hemos acordado los siguientes puntos, con la
garantía del Gobierno:
·
Convergencia Democrática reconoce
y acepta los resultados de las elecciones del 26 de noviembre de 2000
(presidenciales y un tercio del Senado).
·
Fanmi Lavalas acepta organizar
nuevas elecciones en xxx de 2003, en la fecha que decida el CEP para la
legislatura y las comunidades territoriales.
Un decreto presidencial o el próximo parlamento elegido (con
participación de las dos partes) ratificará y legitimará todos los actos
apropiados, trabajos y tareas ejecutadas por los oficiales surgidos de las
elecciones del 21 de mayo de 2000 (durante el período en el cual hayan estado
en sus cargos).
I.
La integración de un nuevo Consejo
Electoral Provisional (CEP) creíble, independiente y neutral.
Acordamos participar en la designación de los nueve miembros del CEP,
según la siguiente fórmula, a la que se llegó por consenso. Los miembros
tendrán que ser personas que inspiren respeto y gocen de la confianza de
todos los ciudadanos. Antes de la designación de los miembros, los que suscriben
serán consultados acerca de las personas designadas, a fin de verificar que
poseen las calificaciones necesarias.
El CEP tendrá las siguientes atribuciones, responsabilidades,
competencia y garantías:
a.
Organizar, en xxx 2003, elecciones
para sustituir a los miembros del Parlamento que fueron elegidos el 21 de
mayo de 2000.
b.
Organizar elecciones para las
comunidades territoriales. Las elecciones indirectas se realizarán después de
las elecciones de las comunidades territoriales.
c.
Nombrar a los funcionarios
ejecutivos del CEP encargados de ejecutar sus decisiones.
d.
Examinar las calificaciones de los
funcionarios del CEP para comprobar que cumplen los requisitos de
profesionalismo, idoneidad, imparcialidad y equidad. De ser necesario, el CEP
podrá nombrar a nuevos funcionarios que posean esas calidades.
e.
El CEP recibirá pleno apoyo
financiero y técnico del Gobierno de Haití para asegurar su autonomía y su
capacidad para descargar sus obligaciones sin interferencias. Además, el Gobierno
adoptará todas las decisiones y medidas necesarias para garantizar la
seguridad y proteger la autonomía de los miembros del CEP, de sus
funcionarios y asesores, de los candidatos, los militantes políticos y los
ciudadanos, para que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en todo
el territorio nacional.
f.
El CEP podrá solicitar y recibir
asistencia logística, técnica y financiera de la comunidad internacional a
través del Estado.
CALENDARIO DE PARTIDA
A. Senadores y diputados
Quienes ingresaron a la legislatura como resultado de las elecciones
del 21 de mayo de 2000 permanecerán en sus cargos hasta que los sucesores
asuman sus funciones, luego del intervalo normal posterior a la proclamación
del resultado de las elecciones.
B. Comunidades territoriales
Después
de la firma del Acuerdo, un número de funcionarios locales (determinado por
consenso entre Fanmi Lavalas y la Convergencia Democrática) serán relevados
de sus cargos por conducta abusiva. Los sustitutos, recomendados por la Comisión
de Garantías Electorales, serán nombrados como agentes ejecutivos hasta que
los nuevos funcionarios elegidos asuman sus cargos.
Los representantes locales
(excepto los que sean desplazados por conducta abusiva) serán elegibles para
permanecer en sus cargos hasta que presten juramento los nuevos funcionarios
elegidos.
El CEP, a su discreción, podrá rechazar a toda persona que considere
inaceptable para ser candidato en las elecciones.
Podría formularse un plan de compensación para cubrir la pérdida de
ingresos causada por la reducción de la duración de los mandatos.
El resto de los funcionarios elegidos localmente permanecerán en sus
cargos hasta que presten juramento e inicien sus funciones los sucesores.
Como se prevé en la actual propuesta de la OEA, la Comisión de Garantías
Electorales supervisará el desempeño de todos los funcionarios elegidos
localmente en el período previo a las elecciones.
II. El establecimiento de un clima propicio a la expresión de las
preferencias políticas, que permita la realización de elecciones libres
Acordamos adoptar todas las
medidas que fomenten la confianza y el respeto entre los partidos políticos y
el Gobierno.
La Policía, en particular, deberá ejercer la máxima prudencia y
cuidado en el cumplimiento de sus funciones, en forma imparcial, neutral y
justa. El Consejo Electoral Provisional (CEP) tendrá autoridad para
supervisar que la Policía Nacional cumpla sus funciones en forma imparcial,
neutral y justa. A tales efectos, el l CEP diseñará, en consulta con los partidos políticos, la
sociedad civil y las iglesias. un mecanismo de apoyo para respaldar esta
función de supervisión
A través de ese mecanismo, y por la vía de la Comisión de Garantías Electorales,
el CEP recibirá denuncias y solicitudes de los partidos políticos, candidatos
y ciudadanos en relación con las operaciones de la Policía Nacional
vinculadas al proceso electoral. Asimismo, la misión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Observación Electoral
podrán informar al CEP de toda deficiencia que puedan observar.
El CEP tendrá derecho a
formular recomendaciones sobre medidas correctivas al Consejo Superior de la
Policía Nacional (CSPN). Análogamente, podrá comunicarse con el Gobierno de
la República para presentar recomendaciones destinadas a la solución de los
problemas que haya identificado. Las recomendaciones del CEP podrán incluir
la propuesta de plazos específicos para su implementación. El CSPN adoptará
todas las medidas necesarias para considerar las recomendaciones del CEP con
la mayor diligencia, a fin de asegurar el mantenimiento de un clima propicio
al éxito de la campaña, las elecciones y las actividades postelectorales.
El Consejo Superior de la
Policía Nacional garantizará que no haya interferencias con el reclutamiento,
la labor y el comportamiento profesional de la Policía.
El Gobierno de Haití invitará a una misión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para supervisar la observancia de los
derechos humanos.
El Gobierno de Haití también solicitará a la OEA y a la CARICOM que
envíen una Misión de Observación Electoral (MOE) para que esté presente
durante todo el proceso de las elecciones. La MOE brindará al CEP asistencia
técnica y comprobará que existan todas las condiciones necesarias para
garantizar unas elecciones libres, transparentes y justas, que permitan la
libre expresión de las preferencias políticas, en una atmósfera libre de
intimidaciones.
El Gobierno de Haití
solicitará asistencia técnica para la Policía Nacional, a fin de ayudar en la
preparación y ejecución de los planes de seguridad.
El CEP establecerá una Comisión de Garantías Electorales (CGE) para:
·
Fortalecer la participación y
confianza de los ciudadanos, instituciones, candidatos y partidos políticos
en el proceso electoral.
·
Asistir al CEP a recabar, analizar
y procesar las denuncias presentadas por candidatos o ciudadanos con respecto
al proceso electoral.
·
La CGE incluirá, entre otros, a
representantes de las misiones de observación electoral, de un órgano
nacional de coordinación integrado sobre la base de la experiencia en la
coordinación de la observación electoral en Haití y de las organizaciones de
la sociedad civil. La Misión de la OEA para el Fortalecimiento de la
Democracia en Haití participará como testigo.
·
La CGE será dirigida conjuntamente
por personalidades designadas por la Conferencia Episcopal y la Federación
Protestante de Haití, bajo la supervisión del Presidente del CEP.
·
La Comisión de Garantías
Electorales creará comisiones descentralizadas
a nivel departamental y comunal. Las comisiones
creadas a nivel comunal podrán asistir a las deliberaciones de los consejos
municipales y de los CASEC. Tendrán acceso a los documentos emitidos por
estos organos y podran efectuar investigaciones con respecto a expedientes y
testimonios relacionados con la actividad de las comunas y los CASEC. Las
comisiones creadas a nivel departamental podrán efectuar investigaciones
respecto de los recursos y personal del Estado en cada circunscripción.
En casos en que se compruebe fraude o graves irregularidades con
respecto a la Constitución, la ley electoral o el presente Acuerdo, las
comisiones departamentales y comunales transmitirán el resultado de sus
investigaciones a la comisión nacional. La CGE podrá entonces solicitar al
gobierno y al Poder Judicial que adopte las medidas adecuadas,
particularmente las dispuestas en los artículos 72 y 73 de la Constitución.
Asimismo, la CGE transmitirá el expediente a la Misión de Observación
Electoral (MOE) y a la Misión de la OEA con sede en Port-au-Prince.
III.
Fomento de un diálogo nacional
encaminado a alcanzar un acuerdo político que fortalezca la democracia y la
observancia de los derechos humanos y la promoción del progreso económico y
social.
Estamos de acuerdo con emprender, dentro de los 30 días a partir de la
firma del presente acuerdo y con el respaldo del Gobierno de Haití y de la
Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Democracia en Haití,
un diálogo entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad
civil, encaminado a diseñar y concretar un acuerdo político en torno a las
cuestiones siguientes:
a. La seguridad de los ciudadanos, un sistema judicial y un sistema
policial, incluido el establecimiento de instancias civiles que supervisen a
la policía.
b. La consolidación de la democracia y de las oportunidades de
participación, incluida la institucionalización de los partidos políticos.
c. Los derechos humanos.
d. El desarrollo económico y social.
e. La gobernabilidad y la transparencia.
IV.
Fórmula para la designación de los
miembros del CEP
Acordamos que el Presidente de la República designe a los miembros del CEP que
propongan las instituciones siguientes:
·
1 representante de Fanmi Lavalas
·
1 representante de Convergencia
Democrática
·
1 representante de los demás
partidos políticos
·
1 representante de la Conferencia
Episcopal
·
1 representante de las Iglesias reformistas coordinadas por la Federación
Protestante de Haití
·
1 representante de la Iglesia
Episcopal
·
1 representante del Poder Judicial
·
1 representante de las
organizaciones de empleadores coordinadas por la Cámara de Comercio e
Industria de Haití (CCIH)
·
1 representante de las
organizaciones de derechos humanos coordinadas por Justicia y Paz.
En
caso de que una organización o sector no proponga un candidato dentro del
plazo estipulado, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante de
Haití, la Iglesia Episcopal, el Poder Judicial y el coordinador de las
organizaciones de derechos humanos llenarán conjuntamente el cargo vacante.
Si un miembro del CEP
renuncia o es descalificado o inhabilitado para ejercer sus funciones, será
sustituido por el mismo órgano que haya efectuado su designación.
Según lo previsto en el
Capítulo I, los miembros deberán inspirar respeto y contar con la confianza
de todos los ciudadanos. Antes de su designación, deberán celebrarse
consultas entre los suscritos en relación con los candidatos propuestos a fin
de comprobar que cuentan con las calificaciones necesarias.
V. Disposiciones relativas a la cooperación internacional
Acordamos también solicitar al Secretario General de la OEA que se
empeñe, junto con los Estados miembros y la CARICOM, para restablecer
relaciones normales entre Haití y la comunidad internacional, incluidas las
organizaciones financieras internacionales, en la medida en que se avance en
la implementación del presente acuerdo político, a fin de alcanzar una
solución duradera a la crisis desatada por las elecciones del 21 de mayo de
2000, y ayudar a promover el desarrollo económico y social de Haití.
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